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RADIO FARO TV (2)

Informes sobre los procedimientos para controlar los vertidos al mar

Nieves Lady Barreto: “Es imprescindible la inversión del Convenio de Infraestructuras Hidráulicas para avanzar en depuración y saneamiento”

La consejera de Política Territorial informa sobre los procedimientos que se han puesto en marcha para controlar que los vertidos al mar no causen daños en el medio natural

A día de hoy, se ha incrementado en un 56% el número de expedientes en trámite para la solicitud de autorizaciones

La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha manifestado hoy en el Parlamento que el esfuerzo que están realizando ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias para acabar con los vertidos no autorizados al mar tiene que verse acompañado de la necesaria financiación estatal a través del Convenio de Infraestructuras Hidráulicas para seguir avanzando en saneamiento y depuración.

“Los cabildos y ayuntamientos, como administraciones competentes, deben seguir invirtiendo en infraestructuras pero no pueden asumir solos el alto coste que esto supone. Para ello, cuentan con la ayuda del Gobierno de Canarias que aporta para este fin 151 millones de euros dentro del FDCAN, de los que ya se han ejecutado 20 millones desde 2017. La Consejería de Agricultura, por su parte, ha introducido obras dentro del Convenio de Infraestructuras Hidráulicas que alcanzan el 80 por ciento de los 40 millones anuales comprometidos”.

“El Gobierno de Canarias está cumpliendo, los ayuntamientos y cabildos están empezando a incorporar estas obras a sus presupuestos, pero una de las partes de esta ecuación, el Estado, sigue sin cumplir con sus obligaciones, y sin estas inversiones es imposible avanzar. El Convenio de Infraestructuras Hidráulicas no es una limosna, es un derecho de financiación para Canarias. Nuestras instalaciones para depuración y saneamiento necesitan actualizarse para dar respuesta a las necesidades actuales de nuestra población y para eso es fundamental que los fondos estatales lleguen”.

La consejera destacó durante su intervención el esfuerzo realizado por la Consejería de Política Territorial para poner al día el seguimiento y control de los vertidos al mar. “Cuando a finales de 2017 publicamos el censo actualizado, pusimos en marcha, por primera vez, un proceso de control y seguimiento de los vertidos autorizados. Nunca antes se había hecho. Hasta entonces, nadie se cercioraba de que los titulares de una autorización de vertido desde tierra al mar cumplían con los condicionantes establecidos en la propia autorización”.

“El primer paso para ese seguimiento y control fue el propio censo, que nos dio una fotografía real de cuál era la situación en el Archipiélago e identificó uno a uno los vertidos no autorizados que suponen una amenaza para nuestro medio marino. Con estos datos en la mano, dimos el siguiente paso que fue ponerlo en conocimiento de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural para la apertura de los correspondientes expedientes sancionadores. El trabajo desarrollado por la Agencia ha supuesto, entre otras cosas, que ayuntamientos, cabildos y particulares hayan iniciado el procedimiento para la obtención de una autorización de vertido al mar. Con respecto a 2017, los expedientes en curso han crecido un 56%, pasando de 39 a 61”.

“Este trabajo ha derivado en la extinción de 9 autorizaciones por incumplimiento a los que se suman otros 16 expedientes que están actualmente en trámite de alegaciones, con el fin de determinar si procede o no extinguir la autorización de vertido al mar”, detalló la consejera.

Nieves Lady Barreto explicó que el tercer mecanismo de control, que en este caso se aplica a todos los vertidos que cuentan con autorización, es el análisis de los Programas de Vigilancia y Control (PVC) que todos los titulares deben presentar anualmente y que siempre corresponden a los datos del año anterior. “Hasta 2017, nunca antes se había hecho un seguimiento de los PVC para comprobar si se estaba cumpliendo con los condicionantes de la autorización. A día de hoy, ya se han analizado los datos relativos a 2016 y se está trabajando con los entregados en diciembre 2018, ya que todos los documentos han de presentarse al final de cada año natural”.

“Reforzando esa tarea de control que nos corresponde, se han empezado a hacer inspecciones aleatorias a plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas y de vertido de salmueras, y a grandes industrias con Autorización Ambiental Integrada que hacen vertidos al mar. Se han empezado a realizar en este mandato y continuaremos en los años 2019 y 2020”, anunció.

La consejera explicó que, con el fin de facilitar a las administraciones locales y particulares los complejos trámites para la obtención de la preceptiva autorización, la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad ha invertido 700.000 euros en prestar asesoramiento. “Para ello, elaboramos una guía explicativa del procedimiento de obtención de la autorización de vertidos al mar y de los requisitos técnicos y administrativos y se celebraron varias reuniones presenciales con los titulares de vertidos ilegales, tanto públicos como privados, para detallarles el contenido de la guía y resolver dudas planteadas. Por otro lado, hemos contratado al ITC para que preste un servicio de asesoramiento activo a las administraciones locales e insulares que facilite la tramitación de las correspondientes solicitudes de autorización, además de realizar una revisión preliminar de la documentación antes de su entrega a efectos de que la misma esté completa”, detalló. Como resultado de este asesoramiento, en 2018 se solicitaron 42 autorizaciones de vertido al mar (25 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 17 en la provincia de Las Palmas).

La Consejería está trabajando, por otro lado, en la redacción de una normativa autonómica propia que regule los vertidos al mar en Canarias, de tal forma que se puedan adaptar los condicionantes técnicos a la realidad de las condiciones específicas del Archipiélago, además de intentar clarificar y simplificar el complicado procedimiento de obtención de las autorizaciones de vertido al mar originado por la legislación estatal actual.