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Canarias recibirá 11,59 millones de euros para saneamiento y depuración

Canarias recibirá 11,59 millones de euros de los fondos de recuperación para saneamiento y depuración

El secretario de Estado de Medio Ambiente ha anunciado que en los próximos días se transferirán los fondos para saneamiento y depuración en aglomeraciones de menos de 5.000 habitantes

El Ejecutivo regional ha abordado el asunto de la transferencia de las competencias de Costas y propuesto un posible acuerdo para financiación de infraestructuras hidráulicas de interés para Canarias

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, y el viceconsejero regional de Lucha contra el Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez, han mantenido hoy en Madrid una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; la directora general de la Costa y Mar, Ana María Oñoro; y el director general de Aguas nacional, Teodoro Estrela, para avanzar en el traspaso de las competencias de Costas al Ejecutivo canario, plantear acuerdos de financiación de infraestructuras hidráulicas de interés general para Canarias y conocer el calendario de transferencias de los fondos de recuperación anunciados por el Estado, entre otros asuntos.

Sobre este último aspecto, el Estado ha confirmado la transferencia, en los próximos días, de 11,59 millones de euros de los fondos de recuperación destinados al saneamiento y la depuración en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Sobre la transferencia de Costas, el consejero ha tratado con los representantes del Estado la cuestión del reparto de funciones, por la cual Canarias asumiría la gestión, ordenación y otorgamiento de autorizaciones de uso y ocupación de las playas, zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar y del dominio público marítimo terrestre con instalaciones desmontables, así como la aplicación del régimen sancionador.

En este sentido, José Antonio Valbuena ha señalado que “el próximo paso es fijar el calendario de reuniones que permita formalizar el traspaso de las funciones e ir avanzando en la definición de las competencias que tendrá cada una de las administraciones una vez se produzca la transferencia”.

El Archipiélago también se haría cargo de la gestión de las concesiones demaniales para la instalación de elementos fijos; del régimen sancionador por incumplimiento de las condiciones establecidas en el otorgamiento de las concesiones demaniales; de la gestión del registro de concesiones en el dominio público marítimo terrestre perteneciente al ámbito autonómico canario y de la planificación, elaboración y aprobación de proyectos, gestión y ejecución de obras y actuaciones que sean de interés autonómico, así como del posible establecimiento de contribuciones especiales.

La emisión de informes sobre la calificación de obras de interés general estatal, así como el informe previo al pliego base para redactar los proyectos de obras de interés general del Estado también quedarían dentro de sus competencias.

Valbuena ha explicado que el Ejecutivo regional ejecutará sus competencias priorizando el interés general y la protección del litoral, pero desde la cercanía y el diálogo. “Queremos ser ágiles y cercanos, pero eso en ningún caso va a ser sinónimo de barra libre”, ha apuntado.

La Administración General del Estado sería la responsable de la emisión del informe preceptivo previo a las concesiones para efectuar vertidos al dominio público marítimo terrestre o para instalaciones de acuicultura, entre otras, y del rescate de las concesiones demaniales cuando la presencia de una razón de interés general vinculada a su ámbito de competencia así lo exija, previo informe de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Además, se establecerán fórmulas de colaboración para mejorar el cumplimiento de las funciones de ambas administraciones, como la firma de convenios entre el Ministerio y la Comunidad Autónoma de Canarias para el estudio, ejecución y gestión de obras que sean competencia de ambas administraciones o la facilitación, por parte del Ejecutivo regional a la Administración estatal, de los datos relativos a concesiones y autorizaciones de dominio público marítimo terrestre que se otorguen.