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El Gobierno encargará varios estudios para evaluar el puerto de Santa Águeda

El Gobierno encargará varios estudios para evaluar el uso futuro del puerto de Santa Águeda, en Gran Canaria

Los consejeros Sebastián Franquis, Yaiza Castilla y José Antonio Valbuena han constituido hoy la Comisión de Trabajo que analizará el uso futuro de este puerto situado en El Pajar y abrir un proceso participativo con todos los afectados del que emanará un dictamen, de carácter consultivo no vinculante, en el que el único criterio que prevalecerá será la defensa del interés general

La Comisión ha fijado un calendario para escuchar a la empresa, a los agentes económicos y sociales implicados, a las administraciones locales y evaluar los informes que se encargarán con la finalidad de elevar al consejo de Gobierno, en el primer trimestre de 2022, la decisión final

El Gobierno de Canarias ha constituido hoy la Comisión de Trabajo interdepartamental para analizar y valorar los usos que se le pueden dar en un futuro a las instalaciones portuarias de Santa Águeda, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, un puerto al que actualmente se le da uso industrial por parte de la empresa cementera CEISA, pero cuya concesión de dominio público vencerá en octubre de 2022. El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, preside esta Comisión de Trabajo como presidente de la empresa pública Puertos Canarios, a la que pertenece el muelle de Santa Águeda, una comisión en la que también están presentes los titulares de las consejerías de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, y de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, y que ha establecido hoy un cronograma en que se ha fijado el primer trimestre de 2022 como la fecha límite para elevar al consejo de Gobierno la decisión final sobre esta infraestructura portuaria, una decisión que no será vinculante y en el que siempre primará el interés general de la ciudadanía.

“La principal y única competencia que tiene esta comisión es proponer al Gobierno de Canarias una propuesta que, lógicamente, no será vinculante, sino una propuesta para que el Ejecutivo tome una decisión en torno al primer trimestre del año que viene. Lo que hemos hecho hoy es trazar el calendario y los ejes de actuación: escuchar mucho, hacer, proponer y explicar con total transparencia. Estos son los cuatro ejes sobre los que regirán todo el trabajo de la Comisión que hemos constituido”, aseguró el consejero Franquis, “estos cuatro ejes, a los que se suma hablar muy poco o nada desde el Gobierno, definen la manera en que la Comisión ejercerá su responsabilidad sobre el puerto objeto de estudio”.

Según defiende Yaiza Castilla, el Puerto de Santa Águeda tiene una situación geográfica estratégica, al estar situado en una zona clave de Gran Canaria, “por lo que es una infraestructura de interés general para Canarias, que puede tener una enorme trascendencia en los ámbitos económico, laboral, social, industrial, turístico y paisajístico”. De ahí, que el Gobierno se haya propuesto el objetivo de “consensuar la mejor decisión posible para este espacio y garantizar el cumplimiento del interés público”, añadió

El Gobierno de Canarias ha constituido este grupo de trabajo para llevar a cabo el análisis de las opciones posibles para la nueva concesión y proponer la decisión óptima en base al mayor interés público de las mismas. Con este motivo, la Comisión de Trabajo interdepartamental quiere escuchar en los próximos meses a todos los afectados y evaluar todos los análisis necesarios que razonen la decisión final sobre este puerto, unos razonamientos que estarán fundamentados sobre informes técnicos avalados por expertos en las materias implicadas que van a ser encargados en las próximas semanas.

De esta forma, el consejero Franquis adelantó que será necesario realizar una evaluación socioeconómica de cuál puede ser el futuro de este puerto, identificando los costes y beneficios sociales de todas las opciones posibles. Para realizar este análisis del coste-beneficio social se contará con varios informes y se tendrán en cuenta no solo los aspectos económicos y financieros directos e indirectos sobre los agentes implicados sino también otros efectos que deben ser evaluados por los órganos que componen esta mesa de trabajo, como es la evaluación del impacto ambiental (deterioro paisajístico, ruido, contaminación, etcétera) y la evaluación del impacto sobre la ordenación territorial a nivel local e insular.

La Comisión de Trabajo parte de la hipótesis de tres escenarios previos a los que se podrían sumar en los próximos meses nuevas opciones que pueden surgir de los informes de los expertos, del análisis de los estudios encargados y en general, de todo el proceso participativo que comienza ahora.

Para ello, la Comisión de Trabajo ha acordado hoy establecer un proceso de participación de todos los agentes implicados en el futuro uso de este puerto, desde los responsables de CEISA, a representantes empresariales de los sectores afectados (turismo y construcción), agentes sociales, representantes vecinales, a las administraciones afectadas (principalmente al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y al Cabildo de Gran Canaria), y a todos aquellos que la Comisión considere necesario escuchar antes de tomar una decisión.

Sebastián Franquis ha anunciado también que la Comisión ha aprobado hoy en su primera sesión un calendario de actuaciones y plazos con fechas aproximadas con la finalidad de poder elevar al consejo de Gobierno el dictamen no vinculante con la opción elegida antes de finales de marzo del años 2022.

Además de los tres consejeros ya citados, completan la comisión de trabajo por parte del Gobierno de Canarias el viceconsejero de Infraestructura y Transportes, Gustavo Santana, la viceconsejera de los Servicios Jurídicos, Isabel Cubas, la viceconsejera de Turismo, Teresa Berástegui, el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo, Justo Artiles, y el viceconsejero de Planificación Territorial y Transición Ecológica, Leopoldo Díaz.

La creación de esta Comisión interdepartamental, ha indicado Franquis, se justifica porque las decisiones sobre el futuro inmediato del uso del puerto de Santa Águeda deben tener una trascendencia transversal, ya que abarca todos los aspectos relacionados con el modelo social, económico, laboral, turístico, energético y paisajístico de todo el Archipiélago Canario. El Puerto de Santa Águeda, situado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y limítrofe con el de Mogán, está ubicado geográficamente en un enclave natural, entre grandes polos de desarrollo turístico en el sur de la isla de Gran Canaria y es un puerto de interés general de la Comunidad Autónoma de Canarias al que ahora mismo se le da un uso industrial.