Desde el colectivo La Vinca Ecologistas en Acción, se da una vez más la voz de alarma por la situación de inacción, sobrecarga, descontrol y abandono que está sufriendo la Reserva Natural Especial de Azuaje, que cada fin de semana se ve “invadido” por cientos de personas superando ampliamente la capacidad de carga de este único y frágil espacio natural protegido, ubicado entre los municipios de Firgas y Moya

Durante el último fin de semana incluso se han llegado a producir acampadas en el cauce del barranco, lo que viene a demostrar de manera fehaciente, que las instituciones públicas con responsabilidad en el control, cuidado y mejora de la zona, Cabildo de Gran Canaria, tanto desde la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias como desde el Consejo Insular de Aguas, y los Ayuntamiento de Moya y Firgas, “pasan por completo de este espacio protegido, dándoles lo mismo que haya saturación de personas en el espacio natural, que se dañe su flora y fauna, que se tiren basuras en charcos y veredas… Las tres instituciones miran hacia otro lado y mientras tanto la Reserva Natural Especial de Azuaje (C-4) está cada vez más deteriorada”.

Los ecologistas “creen que situaciones como las sucedidas este fin de semana con personas acampando en el cauce público del barranco suponen además un riesgo importante para las personas que llevan a cabo esta actividad ilegal, ya que estábamos en situación de alerta por fenómenos meteorológicos y unas posibles lluvias en la zona cumbrera podían haber hecho crecer el barranco y provocar graves daños personales, pero ni el posible peligro para la vida de las personas ha hecho que las instituciones se movilicen”.

El Barranco de Azuaje fue declarado por la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios Naturales de Canarias como Parque Natural de Doramas y reclasificado con la aprobación el 16 de noviembre de 1994 de la Ley de Espacios Naturales como Reserva Natural Especial.

El Plan Director de este espacio, aprobado definitivamente con fecha 2 de junio de 2004, recoge en su punto 7. Usos Globales e Intensidad de Uso, que el tipo de uso Recreativo es de intensidad baja, moderada potencialidad y con altas limitaciones para el uso. Por ello, los ecologistas norteños se plantean “Siendo esto así, ¿a qué espera el Cabildo de Gran Canaria para actuar? La dejación de funciones puede suponer un presunto delito por dejación y/o negligencia, estando en juego un biotopo único e irrepetible”.

Azuaje alberga muestra de hábitats amenazados y singulares en Gran Canaria, como son un reducto de laurisilva y el dulceacuícola. Además, hay también buenas muestras de hábitats rupícolas, en las escarpadas laderas del barranco. La flora cuenta con varias especies amenazadas pertenecientes a géneros propios de laurisilva y, en general, con abundantes endemismos. También resultan de gran trascendencia los abundantes restos de fósiles (moldes, etc.) que aparecen en distintos lugares de las laderas del barranco. Destaca igualmente por sus características el espectacular tramo del barranco de gran belleza e interés paisajístico. Además, la presencia continua de agua por su cauce, a modo de pequeño riachuelo, que le confiere características naturales únicas, a la vez que le hace especialmente atractivo para las personas que se acercan a visitarlo.

Desde La Vinca Ecologistas en Acción se considera “LAMENTABLE como se está tratando por parte del Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamiento de Firgas y Moya a este espacio natural, con total dejación de su responsabilidad de custodia y salvaguarda del mismo, preguntándose ¿dónde están los Agentes de Medio Ambiente e incluso la Policía Local?, ya que situaciones como esta que se denuncia, pueden poner en riesgo los motivos que han llevado a su protección e incluso la vida de personas”.

“Desgraciadamente este tipo de acciones contra los recursos naturales se viene produciendo también en otros espacios naturales protegidos y lugares de interés natural de nuestra isla, como Los Tilos de Moya, Barranco de Los Cernícalos, Roque Nublo, Charco de Las Palomas, Charco Azul…, donde la falta de vigilancia y control existente les está llevando a una situación peligrosa para su conservación, especialmente ahora que estamos en plena temporada de nidificación de aves, que necesitan entornos tranquilos, limpios y lo más naturales posible”.

El Partido Socialista en Gáldar ha denunciado la actitud de abandono del Grupo de Gobierno en el municipio con respecto a la casa del escultor galdense Juan Borges Linares. Cabe recordar, que el inmueble del afamado escultor, situado en el barrio de San Isidro, fue hasta sus últimos días su taller y que, tras su muerte, pasó a ser propiedad municipal con el deseo de que se convirtiera en su casa museo.

El autor de obras tan emblemáticas como el monumento a Tenesor Semidán o la escultura a las Tres Princesas, que desde la década de los setenta son símbolos del municipio, falleció en el año 2004. En la actualidad, tras casi dos décadas de abandono, y de acuerdo a los argumentos socialistas “la situación de la casa es lamentable, demostrando la falta de compromiso del actual Grupo de Gobierno con uno de los artistas galdenses más relevantes”.

Desde el Partido Socialista, se pone de manifiesto que es, además, una demanda compartida por la ciudadanía, de forma especial por los vecinos y vecinas del barrio de San Isidro, que han mostrado, en más de una ocasión, su deseo por poder contar en su barrio con ese museo.

En esta línea, el PSOE de Gáldar presentó en septiembre de 2019 una moción en el Pleno por la que se solicitaba la puesta en marcha de esta iniciativa, a la que el Grupo de Gobierno votó en contra. De acuerdo con lo expresado por los socialistas galdenses “queda demostrada la falta de compromiso con el patrimonio cultural e histórico de nuestro municipio, que además se agrava por el empeño del Grupo de Gobierno de no responder a una demanda ciudadana que pide otorgar al escultor la importancia y el lugar que merece”.

El Juzgado desestima la denuncia de Turcón contra Miguel Hidalgo y el Consejo Insular de Aguas por el proyecto del parque acuático de El Veril

El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha dispuesto sobreseer las actuaciones contra el Consejo Insular de Aguas y su presidente, el consejero del Cabildo de Gran Canaria del Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Aguas, Miguel Hidalgo Sánchez, planteadas por el colectivo ecologista Turcón, por un presunto delito de prevaricación, al “no existir indicios de que los hechos imputados sean constitutivos de infracción penal”.

La denuncia formulada por la representante legal de Turcón, la abogada madrileña Pilar Gómez Pavón, acusaba de “obviar el requerimiento del Estado impulsando la ilegal postura del Consejo Insular, incumpliendo lo obligado a hacer”, según indicaba el grupo ecologista, ya que desde la Dirección General de Patrimonio (el 14 de enero de 2019) se requirió al Consejo Insular a “proceder a depurar la situación registral de los terrenos del Barranco del Veril, a fin de poner término a la doble inmatriculación que afecta a los terrenos entre el Estado y Loro Parque; iniciar los trámites dirigidos a la desafección y posterior entrega a la Administración General del Estado de los aprovechamientos urbanísticos generados por los terrenos de dominio público hidráulico, en el ámbito del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de El Veril, así como de aquellos terrenos que como consecuencia de las obras de canalización y encauzamiento van a perder la naturaleza de dominio público hidráulico; y que hasta en tanto se haga efectiva la desafección se persone en las administraciones urbanísticas competentes para la defensa de los intereses urbanísticos derivado de lo anterior”.

Dicho oficio se reiteró el 25 de abril y el 16 de octubre, remitiéndose también al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, para “dar a conocer que la Administración General del Estado pretende llevar a cabo las actuaciones en la defensa patrimonial de los intereses de la zona, que se la tenga como propietaria de parte de los terrenos”.

Tras diversas consideraciones jurídicas y detallar la doctrina y jurisprudencia existente sobre el delito de prevaricación, la Magistrada del Juzgado número 5, responde que “observamos que no es que haya existido ningún tipo de omisión por parte del Consejo Insular de Aguas, de lo solicitado por la Dirección General de Patrimonio, en relación a los terrenos objeto de conflicto. Hay una argumentación jurídica por cada una de las cuestiones planteadas por la DG de Patrimonio, que son objeto de desglose, razonado jurídicamente en dicho informe, dando las debidas conclusiones en relación a lo interesado por la DG de Patrimonio”, contestación que en términos parecidos realiza el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

“Del estudio de esos informes no podemos decir”, señala la juez, “que la actuación de la parte querellada, no puede ser calificada de injusta, evidente, patente, flagrante y clamo rosa, arbitraria ni grosera, y que carecen de razonamiento alguno. Se podrá estar de acuerdo con esa actuación, pero la misma está debidamente argumentada, puede ser o no equivocada la interpretación en la que se basa para dar respuesta a lo interesado por la DG de Patrimonio, pero no puede predicarse que la misma sea arbitraria, en el sentido que requiere el tipo penal imputado, es más tiene una sólida argumentación que, de ser equivocada, para ello está la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, pero lo que no puede predicarse es que el comportamiento mantenido por el Consejo Insular de Aguas, a través de su representación, sea constitutiva como la parte querellante pretende de prevaricadora”.

El vicepresidente del Consejo Insular de Aguas, Miguel Hidalgo, valora muy positivamente la sentencia, y señala que llama la atención el que los denunciantes no tuvieran en cuenta que el Consejo Insular respondió a los requerimientos de la DG de Patrimonio, así como la utilización de un procedimiento que no es acorde a la actividad denunciada. Para Hidalgo es de destacar que el grupo ecologista fuera representado por la letrada Pilar Gómez Pavón “quien tiene su despacho en el Paseo de la Castellana de Madrid, y que es conocida por ser la abogada del que fuera presidente de la Comunidad Balear, Jaume Matas, de un sobrino de Ruiz Mateos investigado en relación a cuentas en Suiza de su tío o de un imputado en los atentados del 11M. Este colectivo debería informarnos a todos sobre el coste real de los honorarios de esta letrada y cómo los ha abonado. Más que nada por la transparencia y porque sorprende que decidan contratar los servicios de abogados madrileños”.

Asimismo, Hidalgo Sánchez, destaca que el colectivo Turcón se ha significado por sus constantes denuncias contra el Cabildo, particularmente con la tramitación del proyecto Salto de Chira, con numerosas peticiones de documentación ante el Consejo Insular y varias denuncias que han terminado archivadas: ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia; escritos sobre el supuesto uso de dinero público del Cabildo en prensa, con denuncia ante el Tribunal de Cuentas; contra una supuesta privatización del agua de las presas del Cabildo; una denuncia ante la ministra de Transición Ecológica, etc. “Y así con un constante goteo de acciones por parte de este colectivo, con las que pretenden frenar el proyecto, poniendo en duda toda la gestión del mismo ante la opinión pública”, concluye Miguel Hidalgo.

Nueva Canarias Teror se hace eco de las protestas vecinales de todo el Barrio del Palmar contra el gobierno municipal

El barrio del Palmar, anda revuelto en estos días, por la decisión unilateral del edil popular Manuel Fariñas, de dar un solo sentido a la vía de entrada y salida al barrio Los Cantos Las Casillas

Desde este lunes, solo se puede acceder al barrio desde Santidad a través de la calle Padilla, un acceso que implica un recorrido de aproximadamente de tres kilómetros más para cada vecino.

El consistorio formado por populares y socialistas han decidido dar un solo sentido de salida a vía Los Cantos Las Casillas con el alegato de demanda vecinal. Esto ha hecho a los vecinos y vecinas movilizarse y recoger firmas para que vuelva a restablecerse los dos sentidos a la vía.

Nueva Canarias en Teror acusa a los populares de ir contra los vecinos del Barrio del Palmar al cambio de un solo sentido a la vía de Los Cantos Las Casillas al Barrio del Palmar.

Nueva Canarias Teror acusa al Edil Manuel Fariñas (PP)de faltar a la verdad, al ampararse en la demanda vecinal para dar el cambio de un solo sentido a la vía Los Cantos Las Casillas solo de salida y no de entrada, cuando realmente no ha sido una demanda vecinal y en todo caso podría ser de un vecino particular con mucha influencia en el ayuntamiento.

Ni se reunió con los vecinos y vecinas de la zona, ni con la asociación de vecinos y vecinas Guayasen, un barrio que tiene tradición de muy participativo en la toma de decisiones que les afectan y que sin embargo en esta ocasión ha sido ninguneado.

Nueva Canarias Teror demanda que este tipo de decisiones se debe hacer con un amplio consenso de los vecinos y vecinas porque complica la vida de manera innecesaria a muchas personas del barrio.

Nueva Canarias Teror, si el consistorio no retrocede en la medida que ha tomado unilateralmente, en el sentido de volver a dar entrada y salida en esa vía al barrio, llevará una iniciativa al pleno del ayuntamiento al respecto, ya que los inconvenientes que crea este cambio son mayores que los beneficios. Además, se puede ensanchar la vía, darle más margen para aparcadero, se puede mejorar sustancialmente y ver qué alternativas existen con el fin de causar el menor inconveniente a los vecinos y vecinas, en lo que no estamos de acuerdo es en las decisiones fáciles y unilaterales que afectan a todo un barrio sin contar con el barrio.

Desde la alcaldía en 2015, siendo Isabel Guerra alcaldesa reclamó al consistorio de Arucas, que reparara el trozo de calle que les pertenece y que se arreglase el muro de entrada desde las casillas para que los vecinos del barrio no tuviesen dificultad de acceso. Esto mejoró sustancialmente la vía, es inconcebible que ahora unilateralmente este señor decida sin valorar los inconvenientes. En estos momentos el recorrido con un solo sentido de cualquier vecino de la zona es un incremento de tres kilómetros diarios, gastando más gasolina, emitiendo más gases contaminantes al medio ambiente y fastidiando de manera innecesaria a todo un barrio, afirma la que fue alcaldesa de la Villa. Desde Nueva Canaria Teror apoyamos la recogida de firmas que están realizando los vecinos del barrio para hacer cambiar de opinión al consistorio.

El barrio del Palmar necesita mejoras en otros aspectos, limpieza de vías de rastrojos, acondicionamiento de vías, alcantarillado e infraestructuras básicas y solo hace falta escuchar a los vecinos y vecinas que canalizan sus demandas a través de la Asociación de vecinos y vecinas Guayasen.

La normativa establece un máximo de capturas de cinco kilos por persona y día

El Servicio de Inspección Pesquera de la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias en la Isla de El Hierro se incautó el pasado martes 8 de febrero de 29 kilos de pescado ilegal, entre los que se encontraban especies cuya captura no está autorizada para aguas exteriores, como gallos azules, oceánicos, pejeperros y abaes.

Los agentes observaron a las 12.00 horas a dos pescadores realizando pesca submarina fuera de las zonas habilitadas para la práctica de dicha modalidad, así como sin boya de señalización. Cada una de las infracciones observadas están tipificadas como graves en la Ley 17/2003 de 10 de abril de Pesca de Canarias y pueden conllevar multas de entre 301 a 60.000 euros. Asimismo, los infractores se pueden enfrentar a sanciones accesorias como la retirada de la licencia de pesca o el decomiso de las artes empleadas, entre otras.

La normativa establece un máximo de capturas de cinco kilos por persona y día de acuerdo con el artículo 38.3 del Reglamento 182 del 2004 de 21 de diciembre por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Pesca de Canarias.

Por otro lado, la Dirección General de Pesca ha recordado que se han de respetar las tallas mínimas establecidas para determinadas especies, ya que de este modo se asegura su reproducción al menos una vez a lo largo de su vida.

El visor de Grafcan ha publicado las zonas autorizadas para la práctica de la pesca submarina con el objetivo de un mayor conocimiento de los usuarios que realizan esta actividad.

La Justicia desestima y condena a las costas a un consejero del PP que denunció al Patronato de Turismo por una autorización de proyecto hostelero

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado el recurso que presentó el consejero insular del Partido Popular, Daniel Reyes Santana, para solicitar que se anulara la autorización que concedió el Patronato de Turismo de Gran Canaria a la entidad Centro Heliterápico de Canarias SA, para desarrollar una actividad turística en Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana. El fallo señala que Reyes carece de legitimación para interponer este recurso

El consejero del PP sustentó su petición en un supuesto incumplimiento de varios preceptos legales, entre ellos, el artículo 4.4 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, en el que se supedita la implantación de nueva oferta turística a la culminación de las obras de urbanización de las parcelas previstas para ello, con base en el artículo 24.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias, en sede sistemática de licitación para el ejercicio de actividades turísticas.

Por su parte, el Patronato de Turismo de Gran Canaria, además de asegurar que esa autorización previa se ajusta a Derecho, argumentó que, por una parte, el planteamiento de Reyes incurre en un vicio de desviación procesal, debido a que presenta un error al identificar la resolución contra la que recurre con dos números diferentes. Y, por otro lado, el órgano insular recalcó que el proyecto que ha recibido la citada autorización previa sí cuenta con los informes favorables elaborados tanto por el Servicio de Planeamiento del Cabildo de Gran Canaria como del correspondiente servicio técnico del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Dos argumentos en los que coincidió el Centro Helioterápico de Canarias SA.

Asimismo, ambos apuntaron que el recurso incurría en causa de inadmisibilidad, de acuerdo con el artículo 69.b de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA), al considerar que el consejero del PP no está legitimado para entablar esta acción judicial.

Una estimación que el juez ha estimado que debe prosperar, con base en distintas doctrinas legales y jurisprudencia existente al respecto, por lo que, en su fallo, declara la inadmisión del recurso presentado por Daniel Reyes y, asimismo, le impone el pago a cada una de las partes demandadas de las costas que ha causado el procedimiento judicial, que se limitan a una cantidad máxima de 3.000 euros, tal y como fija el artículo 139.4 de la LJCA.

Gabriela Blanco, componente de CONTIGO Jóvenes Fuerteventura nos comenta que tras las lluvias acontecidas hoy en Fuerteventura, varias clases y zonas comunes del centro tienen goteras, estropeándose así los ordenadores y mojando por completo algunas clases, impidiendo que se desarrollen con normalidad el total de las horas lectivas.

Desde CONTIGO Jóvenes Fuerteventura insta a la delegada insular de educación del Gobierno de Canarias que se pase con un perito por dichas instalaciones para valorar los desperfectos, porque es vergonzoso que las instalaciones no estén bien preparadas y que cada vez que llueva pase esto.

Los jóvenes tenemos derecho a ejercer nuestras clases en un centro con unas instalaciones dignas.

Tanto el Grupo Popular como el propio Interventor General del Cabildo advierten sobre el abuso de las subvenciones nominativas a empresas privadas sin la concurrencia competitiva que exige la ley

El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha denunciado hoy que el Instituto Insular de Deportes vuelve a esquivar la normativa de contratación del sector público para adjudicar a dedo a una empresa privada la organización del Gran Canaria Maspalomas Marathon, cuya segunda edición tendrá lugar el próximo 20 de noviembre en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

El PP cuestiona que “por razones de exclusividad” se concediera el pasado año un patrocinio de 150.000 euros a través del Instituto Insular de Deportes a la empresa DG Eventos SL -que recibió 150.000 euros más de Turismo Gran Canaria- para organizar la primera edición de la citada prueba deportiva, un “uso torticero” de las subvenciones al que recurrirá de nuevo el Cabildo de Gran Canaria este año, como se informa en la web oficial de la carrera.

“El consejero de Deportes, Francisco Castellano (PSOE), está tardando en explicar a los grancanarios cómo es posible otorgar una subvención directa de 150.000 euros a una entidad privada, basándose únicamente en razones de exclusividad, cuando era la primera vez que se organizaba este evento”, señalan los populares.

Además, el PP censura que se conceda dinero público a un promotor privado cuando en la memoria presentada por el Instituto Insular de Deportes para justificar dicha subvención figura el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana como único organizador del evento.

Así lo reconoció el propio consejero insular de Deportes a preguntas del PP en el Pleno ordinario del Cabildo de Gran Canaria celebrado el pasado 26 de noviembre, donde se negó a facilitar datos sobre el retorno de la inversión y la participación registrada en el Gran Canaria Maspalomas Marathon alegando que “dicha prueba la organiza el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana”.

En este sentido, el Grupo Popular ha alertado en numerosas ocasiones sobre el abuso de las subvenciones nominativas directas, sin concurrencia pública y al margen de lo que establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, “para darle el dinero a una entidad privada que no es la encargada de organizar el evento”.

El PP subraya también que el propio Interventor General del Cabildo de Gran Canaria ha emitido varios informes en los que advierte al gobierno insular de que las subvenciones nominativas deben tener un carácter excepcional, pues la citada ley establece que el régimen de concurrencia competitiva debe ser el medio para financiar proyectos concretos, y no las concesiones directas.

Por todo ello, el Grupo Popular ha remitido un escrito de denuncia tanto al presidente del Cabildo como al consejero de Deportes en el que subraya que todos los contratos onerosos que celebren las administraciones públicas, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, deben estar sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público.

No podemos permitir que sean los vecinos y vecinas quienes vigilen y defiendan sus propiedades a riesgo de lamentar situaciones irreparables

Nueva Canarias La Aldea vuelve a lamentar la incapacidad para gobernar del partido socialista en este municipio tras el incremento de la inseguridad en las últimas semanas en donde los delincuentes disfrutan de absoluta impunidad.

No se trata de actos puntuales de violencia sobre las propiedades y las personas como pretenden vender desde el Ayuntamiento de La Aldea sino de la visible falta de carácter de un Gobierno que ni sabe gestionar ni decir la verdad a la ciudadanía. Hace pocos meses se anunciaba a bombo y platillo que la plantilla del Puesto de la Guardia Civil de La Aldea estaba al completo, pero la realidad es que apenas está a la mitad de los efectivos necesarios.

La falta de recursos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en La Aldea ahoga a las familias que se acuestan cada noche temiendo convertirse en víctimas de robos o violencia. O peor aún, la gravedad que supone que sean los propios vecinos y vecinas quienes defiendan sus hogares y sus propiedades, con el miedo de lamentar situaciones irreparables.

Es lamentable que la mayoría de las noches y festivos, solo haya una patrulla policial de servicio para todo el norte de la Isla, desde Santa María de Guía hasta Mogán, y que la respuesta a las llamadas de emergencias se demoren varios días para ser atendidos o presentar una denuncia.

Y no se trata solo de la ola de robos y saqueos que están sufriendo las familias del municipio, sino que ahora, los trabajadores del Centro de Salud de La Aldea también están siendo víctimas de capítulos de agresiones y situaciones de extrema violencia sin que la seguridad privada pueda hacerles frente sin el respaldo de la Policía Local ni la Guardia Civil.

Es muy triste que nuestro pueblo se haya convertido en el paraíso de los delincuentes y que nadie proteja a nuestras familias. Por ello, solicitamos enérgicamente que el alcalde del municipio de La Aldea reaccione con la contundencia que la situación requiere, exija a la Delegación del Gobierno que se complete la plantilla de la Guardia Civil y que ponga todos los recursos necesarios para frenar la ola de violencia y robos que vive el municipio.

Nueva Canarias en Teror se hace eco del informe de intervención que afirma que el consistorio gobernado por el PP-PSOE hace gastos y compromisos de gastos y contratos al margen de la legalidad vigente.

Los gobernantes del municipio de Teror PP-PSOE incumplen la legalidad vigente de la ley de Contratos con la Administración Pública y la Ley de Administración Pública, y gastan 251.148 euros sin ningún procedimiento legalmente establecido, infringiendo los principios de libertad de acceso a las licitaciones y publicidad, así como la inaplicación del deber de salvaguardar la libre competencia y selección de oferta económica más ventajosa para el consistorio, que va en contra de la prohibición de fraccionar el objeto de los contratos para eludir la aplicación de la normativa de contratación pública y de la necesidad de que el expediente de los contratos se refiera a la totalidad de su objeto y no desglosado como hacen, al margen que los contratos se puedan hacer en lotes, todo ello para sortear la Ley de Contratos Públicos.

Los gastos no cuentan con el correspondiente expediente de contratación relacionado, en el que figure el informe de necesidad del servicio, el informe de contratación sobre la justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación y la propuesta de gasto aceptada. Sin acreditar previamente que existe crédito adecuado y suficiente. En la documentación obrante en los expedientes de referencia se constata que los servicios se encargaron sin el correspondiente expediente de contratación, esto es al margen del procedimiento legalmente establecido al efecto.

Esto que relata la intervención municipal ya se convierte en la práctica habitual de los concejales, contraer gastos sin asignación presupuestaria y lo que es más grave hacer contratos menores desglosados para sortear la Ley de contratos de la administración pública.

Desde Nueva Canarias Teror, advertimos que esta no es una forma lícita de hacer contratos menores, que la propia intervención pone sobre la mesa y que el alcalde de turno se limita a levantar el reparo porque considera que son necesidades de urgente necesidad, eso que algunas ocasiones son de gastos en comidas en restaurantes de sus señorías.

El alcalde debe ser consciente que está en la alcaldía para también respetar la ley y no se la puede saltar a la torera, ni dejar que el resto de concejales se la salten.

Por todo ello, Nueva Canaria en Teror ha pedido que se responsabilice a los concejales que gastan lo que no tienen, o siguen un procedimiento al margen de la ley. La organización nacionalista se reserva el derecho de actuar en consecuencia en su tarea de fiscalización del gobierno municipal y advierte a los dirigentes políticos que pueden estar ejecutando unos actos que pudieran inhabilitarlos para la función pública.