El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, y el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, formalizan el compromiso tras visitar el edificio junto al consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, firmó hoy con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, un acuerdo para la adquisición del edificio Auditorio por 22 millones de euros. Una vez adquirido, el Gobierno de Canarias acondicionará su interior como sede de órganos judiciales.

Rodríguez -en calidad de responsable de la Consejería a la que se adscribe el departamento de Contratación y Patrimonio- y Bermúdez rubricaron el compromiso tras visitar el inmueble junto al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; el director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Istúritz; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, y los concejales capitalinos Carlos Tarife y Juan José Martínez.

El vicepresidente destacó tras la firma del documento de voluntades la importancia de la cooperación entre administraciones para facilitar la vida a los ciudadanos, el ejercicio de sus derechos y la prestación de los servicios públicos. Precisó que el traslado de los diferentes órganos judiciales que se encuentran dispersos en la ciudad y en régimen de alquiler permitirá un ahorro anual de 1,5 millones de euros al Gobierno de Canarias.

Rodríguez subrayó que, con independencia de las aportaciones económicas, la prestación del servicio público de justicia ha de realizarse también con eficacia y con la mayor accesibilidad posible para los ciudadanos, “lo que se conseguirá no solo con este edificio, sino con las instalaciones proyectadas en los terrenos anexos”.

Bermúdez se refirió a la magnífica ubicación del edificio, en plena zona de expansión de la ciudad en Cabo-Llanos, lo que facilitará la relación de los ciudadanos con la administración de justicia e indicó que la habilitación del inmueble permitirá dar respuesta a las necesidades actuales de la oficina judicial en la capital tinerfeña.

Del mismo modo, destacó que el inmueble constituirá la primera pieza de lo que será la ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife

Julio Pérez, por su parte, aseguró que la expresión de la voluntad de compra del edificio es un paso muy importante no solo para la prestación de este servicio público sino también para la propia ciudad. “Que la justicia esté en el centro de la ciudad es algo muy bueno para la propia justicia y para esta capital”, dijo el consejero, quien detalló que en la actualidad hay 20 unidades judiciales dispersas en la ciudad.

A este respecto, indicó que el nuevo modelo judicial que prevén las leyes en marcha es de imposible aplicación con las oficinas actuales, con lo que “el desafío ahora mismo, una vez resuelta la compra, es proyectar con inteligencia el interior del edificio y que esté a la altura de los tiempos”.

El consejero agradeció también el trabajo de las diferentes corporaciones municipales por la reparación del daño patrimonial provocado como consecuencia del caso de Las Teresitas.

Precisamente, el edificio cuenta con una superficie de 17.151 metros cuadrados, distribuidos en 13 plantas y 3 sótanos. Dispone de 200 plazas de aparcamiento.

Según los términos del acuerdo, el Gobierno abonará al Ayuntamiento los 22 millones de euros en cinco años, de manera que pagará cinco millones este año y el resto en las siguientes cuatro anualidades. El edificio podrá estar disponible para el uso previsto durante 2024.

La adquisición permitirá al Gobierno la reubicación de la mayoría de los órganos judiciales que están dispersos por Santa Cruz de Tenerife e, incluso, alguno de los que ahora mismo se ubican en el Palacio de Justicia de Tres de Mayo.

Esta adquisición se suma a otra formalizada hace un año, por la que el Gobierno compró -también al Ayuntamiento de Santa Cruz- el edificio Tres de Mayo. Este inmueble era utilizado por varias Consejerías en régimen de alquiler por un importe cercano a los 3,4 millones de euros anuales. Fue adquirido por 31,2 millones de euros.

El Cabildo de Gran Canaria ya es el propietario del edificio situado en la calle Viera y Clavijo, 31, de la capital grancanaria, que alberga desde 2015 las dependencias de la Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras, Transportes y Movilidad. El proyecto del edificio es de Miguel Martín-Fernández de la Torre, siendo uno de sus primeros trabajos realizado en 1923, y figura en el primer Catálogo de edificios protegidos de la capital grancanaria aprobado en 1988 por sus valores arquitectónicos, así como figura en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de Vegueta-Triana

El consejero de Presidencia, Teodoro Sosa, ha hecho efectivo en nombre de la Corporación Insular el último pago de 1.371.512 euros, con el que culmina el acuerdo de compraventa que firmó en 2014 con la empresa pública Gestión Urbanística de Las Palmas SA (Gestur Las Palmas), cuando ya estaba inmersa en su proceso de liquidación. En representación de la empresa Gestur, intervino Félix Ignacio Fernández-Claverie Díaz.

La operación se fraguó después de que el Gobierno de Canarias decidiera cerrar todas las empresas públicas deficitarias y se dieran los primeros pasos para liquidar Gestur Las Palmas, entidad en la que participan el propio Ejecutivo canario, los cabildos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y Visocan.

En este contexto, la Institución grancanaria planteó adquirir el inmueble de la calle Viera y Clavijo, 31, y el acuerdo de compraventa se alcanzó en 2014, por un precio total de 4.605.061 euros, de los que 1.371.512 euros quedaron aplazados, pendientes del resultado de la liquidación definitiva de la empresa y de la parte que le correspondería percibir al Cabildo al ultimarse el proceso.

A lo largo de estos años, el procedimiento ha seguido su curso y, en este momento, los responsables de Gestur Las Palmas han pedido al Cabildo que adelante ese último pago, necesario para poder completar la liquidación de la empresa.

De este modo, el Gobierno de Gran Canaria zanja esta operación y se hace con el cien por cien de este inmueble del barrio de Triana, obra del arquitecto grancanario Miguel Martín-Fernández de La Torre, que cuenta con seis plantas y una superficie construida total de 1.980 metros cuadrados, y que ya ha pasado a formar parte del patrimonio de la Isla.

El Cabildo culmina la rehabilitación del edificio de la Fundación Puertos de Las Palmas, para dedicarlo a formación y nido de empresas

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Arquitectura y Vivienda y de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), ha culminado las obras de rehabilitación del edificio de la Fundación Puertos de Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria. Un proyecto en el que se han invertido 985.377 euros y que posibilitará que el inmueble albergue espacios de formación y de trabajo de empresas en distintas etapas de maduración

La consejera de Arquitectura y Vivienda, Concepción Monzón, pone en valor la cooperación de las dos áreas para materializar esta iniciativa. “De esta manera”, asegura, “se culmina un proyecto de trabajo colaborativo, en el seno del Cabildo de Gran Canaria, con el que se contribuye a mejorar e impulsar el desarrollo económico de Gran Canaria, por medio de la adecuación de las instalaciones existentes, con criterios de calidad y flexibilidad, para adaptase a la demanda de estos usos.”

Se trata de un encargo de la SPEGC al Servicio de Arquitectura de la Corporación Insular, que requería la distribución en 1.400 m2 repartidos en dos plantas del edificio, situado en el Muelle Sanapú del Puerto de la Luz y de Las Palmas, propiedad de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y cedido a la Sociedad. El objetivo era adecuar los espacios de oficinas, salas de formación y zonas comunes, y dotarlos de flexibilidad para adaptarlos a diversas necesidades.

El Servicio de Arquitectura ha sido el encargado de redactar el proyecto, así como de la dirección y ejecución de las obras, que se iniciaron en junio de 2021, tras ser licitadas por la SPEGC, y que han contado con la cofinanciación de una subvención de 500.000 euros, que otorgó la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda a la Corporación grancanaria.

El diseño de las instalaciones se ha planteado de tal manera que, en caso de que se divida al máximo posible la superficie disponible para oficinas (50 locales), cada una tendrá su propio contador y derivación individual de agua sanitaria y electricidad y su conexión individual a la red de saneamiento, lo que abre la posibilidad de que cada local disponga de aseo y, asimismo, facilita la gestión flexible del espacio, para propiciar su ocupación y oferta a los proyectos que se instalen en las mismas.

Tras la rehabilitación, el edificio consta de oficinas, que constituyen el uso principal, y de salas de reuniones, asociadas a esas oficinas. Dispone, además de office-comedor o zona social, dos salas de formación, aseos, cuarto de limpieza y recibidor. Además, se ha semiacondicionado un local para su posible uso como espacio de realidad virtual. Todo ello se ha realizado con las prestaciones acústicas idóneas, durabilidad y con la dotación de un carácter diferenciado a cada espacio, dada su función específica, que a la vez es sobrio y adaptable a distintos usuarios.

Asimismo, se ha mejorado sensiblemente su aislamiento térmico, mediante la instalación de estores y sustitución de vinilos de control solar, de modo que la distribución de usos propuesta trata de optimizar al máximo las características de lo existente, destinando las zonas con mejores condiciones de iluminación natural a oficinas, mientras que las zonas más oscuras se dedican a puntos de servicio y salas de formación.