El consejero Franquis destaca la puesta en marcha de una política de vivienda inexistente en el pasado que implicará invertir más de 664 millones de euros hasta 2025 y que supondrá nutrir el parque público con más de 6.900 viviendas protegidas de promoción pública

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, ha aprobado hoy la autorización del gasto de 21.575.921 euros para poner en marcha la contratación de las obras de construcción de 134 nuevas viviendas protegidas de promoción pública en el municipio de Arrecife, las primeras que el Gobierno de Canarias edificará en Lanzarote en 27 años. Con la autorización de hoy se pone en marcha el procedimiento para contratar las obras por parte del Instituto Canario de Vivienda (ICAVI), una contratación que se espera poder publicar este mismo mes o a principios de mayo con la finalidad de que las obras estén en marcha este verano.

Estas 134 viviendas forman parte de un lote de 201 nuevas casas que se edificarán en la zona de Maneje, y que estarán distribuidas en dos edificios anexos de 67 inmuebles cada uno ubicados en una parcela cedida en 2020 por el ayuntamiento de Arrecife al ICAVI.

En este sentido, el consejero Sebastián Franquis expuso que, “la construcción en vivienda fortalece la economía y la cohesión social y corrigen la desigualdad” y añadió que, “la puesta en marcha de una política de vivienda inexistente en el pasado que implicará invertir más de 664 millones de euros hasta 2025 que supondrá nutrir el parque público con más de 6.900 viviendas protegidas de promoción pública”.

La construcción de cada uno de los dos edificios rondará los 10 millones de euros y ya la Consejería invirtió una partida de 713.016 euros en la redacción de proyectos. Las parcelas donde se edificarán estos tres edificios rondan también cada una los 2.540 metros cuadrados. Se estima que la duración de las obras sea de 20 meses por lo que las viviendas podrían estar terminadas y listas para ser entregadas en la primavera de 2025. El ICAVI estima que el coste de construcción de estos dos primeros edificios sea de 19.614.474 euros, aunque siempre se autoriza el gasto con un 10% más de fondos en reserva para liquidar la obra y hacer frente a posibles modificaciones.

Las viviendas proyectadas serán el 10% de un dormitorio, el 20%, de dos dormitorios, el 60%, de tres dormitorios, y otro 10% de cuatro dormitorios. Así mismo dentro de los cupos correspondientes de dos y tres dormitorios se encuentra 6 viviendas para personas de movilidad reducida y 3 viviendas tuteladas de 5 dormitorios. Todas las viviendas poseen una plaza de aparcamientos y un trastero que se sitúan en los correspondientes sótanos de cada uno de los edificios.

El tercer edificio, también de 67 inmuebles y con el que se completa el lote de 201, está aún en proceso de supervisión por parte del servicio de Intervención por lo que desde el ICAVI se confía en poder sacar a licitación sus obras en verano.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha informado hoy en el Parlamento regional sobre el impulso que se le ha dado en esta Legislatura al decreto que permitirá a cerca de 10.500 familias canarias que viven como inquilinas en una vivienda de protección oficial acceder a la propiedad de esas casas

El consejero Franquis recordó que el Ejecutivo está promoviendo esta medida que permite a los inquilinos de una VPO adquirir su casa después de que anteriores gobiernos regionales no lo hicieran en los últimos nueve años

“Este decreto es fruto de un acuerdo que se incorpora al Pacto por la Vivienda que se firmó al principio de esta Legislatura, un Pacto que fue producto del consenso de todas las fuerzas políticas, los sectores sindicales y empresariales y también de las plataformas de vivienda que meses manifestándose en nuestras calles pidiendo exactamente esta medida que ya tiene el respaldo del consejo de Gobierno”, aseguró Franquis, “lo que hemos hecho es cumplir con ese Pacto por la Vivienda, que recoge bastantes más aspectos que la construcción de nuevas VPO, entre otros, el hacer posible que cerca de 10.500 familias en Canarias cumplan su sueño, que es tener el derecho a acceder a la propiedad de la vivienda de la que llevan viviendo más de 25 años”.

Según explicó el consejero Franquis, a este Decreto podrán acogerse las familias que viven en viviendas públicas de más de 25 años en dos casos: el primero, aquellas que estén en régimen de arrendamiento en una casa adjudicada antes del III Plan de Vivienda (1996-1999), y el segundo, que estén en régimen de compraventa anteriores al I Plan de Vivienda (1988-1991). Este decreto afectará a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996.

Tras el visto bueno el pasado viernes del Consejo de Gobierno, este decreto se enviará al Consejo Consultivo de Canarias para que emita el dictamen preceptivo antes de que se proceda a su aprobación definitiva y entrada en vigor.

“La diferencia con otras viviendas públicas que se han ofrecido en adquisición anteriormente es que, en esta ocasión incorporamos a este decreto las viviendas de Visocan, que era también una antigua demanda de las plataformas de vivienda”, señaló el consejero Franquis, “con este proceso que iniciamos cuando llegamos al Gobierno, vamos a poner en marcha un decreto que ha pasado por todos los procedimientos de control interno de cada una de las consejerías, ha pasado por información pública y está en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma. Hemos cumplido con todos los procesos de participación y de transparencia, y, por lo que significa este Decreto, vamos a cumplir, como decía anteriormente, el compromiso adquirido en ese Pacto de la Vivienda, el compromiso adquirido por este Gobierno de progreso por favorecer el acceso a la vivienda, tal y como dijo en su discurso de investidura el presidente del Gobierno Ángel Víctor Torres”.

Mediante este decreto el Gobierno ofrecerá en venta viviendas protegidas de promoción pública, tanto del Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) como de la empresa pública VISOCAN, al precio de referencia que tuvieron las viviendas en el momento de la adjudicación. Además, se ofrece a los inquilinos una bonificación del 50% sobre ese precio de referencia y del restante 50% que deben de pagar los inquilinos, se descontarán todas las rentas ya pagadas.

Las viviendas de las familias que podrán verse beneficiadas de este Decreto de acceso a la propiedad de sus casas se localizan en Canarias de la siguiente forma: 5.611 en la isla de Gran Canaria, 3.464 en la de Tenerife, 554 en La Palma, 345 en Fuerteventura, 355 en Lanzarote, 84 en La Gomera y seis en la isla de El Hierro.

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno hoy, a petición del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno, Sebastián Franquis, al decreto que permitirá a cerca de 10.500 familias canarias que viven como inquilinas en una vivienda de protección oficial acceder a la propiedad de esas casas

A este decreto podrán acogerse las familias que viven en viviendas públicas de más de 25 años en dos casos: el primero, aquellas que estén en régimen de arrendamiento en una casa adjudicada antes del III Plan de Vivienda (1996-1999), y el segundo, que estén en régimen de compraventa anteriores al I Plan de Vivienda (1988-1991). Este decreto afectará a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996.

Tras el visto bueno de hoy del Consejo de Gobierno, este decreto se enviará al Consejo Consultivo de Canarias para que emita el dictamen preceptivo antes de que se proceda a su aprobación definitiva y entrada en vigor.

Mediante este decreto el Gobierno ofrecerá en venta viviendas protegidas de promoción pública, tanto del Instituto Canario de Vivienda (Icavi) como de la empresa pública Visocan, al precio de referencia que tuvieron las viviendas en el momento de la adjudicación. Además, se ofrece a los inquilinos una bonificación del 50% sobre ese precio de referencia y del restante 50% que deben de pagar los inquilinos, se descontarán todas las rentas ya pagadas.

El consejero Franquis afirmó que con este decreto se cumple uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno a través del Pacto por la Vivienda Digna y en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que es facilitar a las familias la adquisición de la propiedad de las viviendas que están habitando desde hace más de 25 años, ya sea en régimen de arrendamiento como de compraventa.

Al procedimiento de adquisición de las viviendas sociales que se prevé en el decreto, una vez entre en vigor, podrían acogerse unas 10.500 familias de toda Canarias que ya han abonado al menos el 35% de las rentas para aquellos que están en régimen de alquiler y que fueron calificadas como protegidas antes de 1996, o la mitad del precio de la vivienda que han ido abonando mensualmente en el caso de los que estén en régimen de propiedad.

Además, los que quieren acceder a la propiedad deberán demostrar que ocupan de forma habitual y permanente la vivienda de la que es adjudicataria, que ninguno de los miembros de la unidad de convivencia sea propietarios de ninguna otra vivienda, estar al corriente en la cuota aprobada por la Junta Administradora relativa a los gastos comunes del edificio, y que la vivienda se encuentre asegurada con un seguro multirriesgo del hogar.

Las viviendas de las familias que podrán verse beneficiadas de este decreto de acceso a la propiedad de sus casas se localizan en Canarias de la siguiente forma: 5.611 en la isla de Gran Canaria, 3.464 en la de Tenerife, 554 en La Palma, 345 en Fuerteventura, 355 en Lanzarote, 84 en La Gomera y seis en la isla de El Hierro.