La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, anunció hoy en sede parlamentaria la publicación de la convocatoria que contará con 11,2 millones de euros, 1,8 millones más que en la anterior convocatoria
La consejería impulsa un nuevo aplicativo que ayudará a agilizar y mejorar la gestión de las solicitudes
Derechos Sociales publicará en las próximas semanas la convocatoria de subvenciones, en concurrencia competitiva, para la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por un montante global de 11.193.316 euros, lo que implica un total de 1.829.995 euros que la anterior convocatoria, es decir, un 19,5% más con respecto a la convocatoria del año 2020, cuya partida fue de 9.363.321 euros.
Este anuncio fue realizado este martes en sede parlamentaria por la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en respuesta a una pregunta sobre el estado de la convocatoria. En su intervención, la responsable regional de Derechos Sociales aclaró que ya está firmada la orden de convocatoria de subvenciones con cargo a los fondos procedentes del 0,7% del IRPF y que en breve será publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
En su comparecencia en la Cámara, Santana indicó que “el aumento que este año va a tener, casi 2 millones más, es gracias a un nuevo reparto en el que se ha atendido la petición que hicimos desde Canarias de que se tuviera en cuenta la insularidad”.
La consejera, además, adelantó la celebración de una jornada informativa dirigida a las entidades del Tercer Sector al objeto “de explicarles el nuevo aplicativo diseñado por el Instituto Tecnológico de Canarias que permitirá mejorar y agilizar la gestión de las solicitudes de subvención”.
A estas subvenciones pueden acceder las entidades del Tercer Sector cuyos proyectos tengan por objeto cubrir la atención integral a las necesidades sociales básicas de personas en situación de pobreza o exclusión, así como en situaciones de especial vulnerabilidad derivadas de discriminaciones por razón de sexo, etnia, edad, discapacidad, identidad y orientación sexual.
