Sira Rego confirma a Candelaria Delgado que el RD para la tranferencia de los primeros 50 millones se aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros

La Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha asistido a la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno de España. En ella, Delgado ha urgido a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a atender el requerimiento que se le realizó el pasado mes de octubre para que el Ministerio de Inclusión, a través de los dispositivos de atención de protección internacional, tutelen directamente a los jóvenes no acompañados solicitantes de asilo.

«Gracias al trabajo conjunto de la Consejería y la Fiscalía, ya tenemos a 500 menores que tienen la condición de asilados y que, según la Ley, tendrían que estar bajo la tutela del Estado”. La consejera ha recordado que ha pasado más de un mes sin contestar a este requerimiento y que la única solución que queda al Gobierno de Canarias es presentar un contencioso para conseguir que los derechos de estos jóvenes sean respetados y atendidos de forma solidaria.

Al mismo tiempo, ha pedido a la ministra que lidere la petición de fondos procedentes de Europa, unos fondos que el propio vicepresidente de la comisión europea, Margaritis Schinas, aseguró en Canarias que estaban destinados para establecimientos de primera acogida en Canarias. “En este caso, es el Estado el que debe tomar las riendas de esta financiación, porque la comunidad autónoma no es competente, así como solicitar los mecanismos de solidaridad de la UE para el reparto de menores, porque hay estados que se han ofrecido a su acogida”.

Los y las responsables de Servicios Sociales de las distintas comunidades autónomas han sido informados sobre el Real Decreto que regulará la concesión directa de la subvención de cincuenta millones de euros a la Comunidad Autónoma de Canarias para la atención a los menores emigrantes no acompañados. La ministra ha afirmado en la reunión que el martes próximo el Real Decreto se aprobará en Consejo de Ministros, y con posterioridad se transferirán a Canarias. No obstante, la consejera ha querido reiterar “la necesidad de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería como única solución que permitiría aligerar la presión que en estos momentos sufre Canarias en solitario como frontera sur de Europa”.

Delgado ha recalcado que en estos momentos más de 5.400 menores inmigrantes se distribuyen en los 86 centros de los que disponen las islas y que esto supone una presión un 300% superior de su capacidad. “No podemos olvidarnos de que el cálculo que hemos hecho sobre la inversión que tiene que hacer este Gobierno para atender a estos menores es de 160 millones de euros, porque no es simplemente la atención del día a día en alojamiento y manutención, sino el coste en el sistema judicial, policial, en educación y sanidad. Por eso, estos primeros 50 millones que previsiblemente llegarán en este mes de diciembre son una aportación importante pero no suficiente, y esperamos que también se resuelva pronto la promesa que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, realizó al presidente Clavijo de que se transferirían cincuenta más, para hacer frente a la atención de los menores no acompañados que llegan a las Islas”.

El presidente de Canarias logra el respaldo de la Alianza Progresista y del Grupo Renew a que la Ruta Canaria se sitúe entre las prioridades de la UE y “no solo la mediterránea”

El segundo y tercer grupo de la Eurocámara apoyan a las RUP en su demanda de excepciones en la aplicación de los recargos por emisiones a las conexiones aéreas y marítimas internacionales
El presidente Fernando Clavijo ha reclamado este miércoles a la Unión Europea (UE) que apruebe el Pacto sobre Migración y Asilo antes de las elecciones a la Eurocámara del 9 de junio. Según recalca, ese acuerdo entre los 27 Estados miembros permitirá a Canarias reclamar directamente a la Comisión Europea que active medidas para afrontar la crisis migratoria, algo que ahora depende exclusivamente del Estado español.

Clavijo elevó este llamamiento a la UE al término de su primera jornada de reuniones en Bruselas, dos encuentros en los que ha logrado el respaldo del segundo y tercer grupo del Parlamento europeo a las demandas canarias en materia de migración y respecto a la aplicación de los recargos por emisiones de CO2 a vuelos y conexiones marítimas con Europa y Reino Unido.

En este sentido, el presidente del Gobierno de Canarias agradeció la acogida y apoyo a los eurodiputados de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, y del Grupo Renew Europa con los que se reunió en la Eurocámara.

Clavijo valora especialmente su compromiso a “poner el foco” sobre la Ruta Canaria tras batirse récord histórico este año con la llegada de 32.189 personas migrantes a las costas del archipiélago. “No sólo hay una ruta mediterránea que a veces parece que es la que preocupa en Bruselas”, subrayó Clavijo, para recordar que “también existe una Ruta Atlántica importante y muy mortífera” que debe tener peso en la agenda de la UE.

Recargo de derecho de emisiones

Junto a la crisis migratoria, el presidente de Canarias ha logrado el respaldo de los eurodiputados socialdemócratas y del grupo liberal a la estrategia marcada por las nueve regiones ultraperiféricas de la UE para lograr una exención en la aplicación de las tasas de emisiones de CO2 a las conexiones aéreas marítimas internacionales. La medida, que entrará en vigor el 1 de enero del próximo año, “restará competitividad” a Canarias y “encarecerá” los vuelos Europa, con su consiguiente repercusión negativa en el sector turístico de las islas.

En concreto, Fernando Clavijo informó a los eurodiputados de que la aplicación de los derechos de emisiones al transporte provocará “la pérdida de 42.000 empleos y de 1 millón de turistas” en el archipiélago. También alertó del efecto negativo en la actividad logística de los puertos canarios y en la cesta de la compra “que será más alta aún por el aumento del coste del transporte”.

A la vista de estos perjuicios, el presidente de Canarias trasladó a los grupos del Parlamento europeo “el mandato claro” de la declaración de las RUP aprobada la semana pasada de “seguir intentando” que las regiones más alejadas de la UE logren una moratoria de la aplicación de estos derechos de emisión de CO2 del transporte. “Habrá una revisión del impacto en 2026 y tenemos que seguir trabajando para explicar que nuestras condiciones son excepcionales porque no tenemos otras alternativas de transporte con el continente”, subraya.

Segunda jornada

La agenda del presidente de Canarias en Bruselas continúa este jueves con una reunión con la vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo y presidenta de la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, Se trata del principal grupo de la Eurocámara con 216 eurodiputados.

Tras este encuentro, Fernando Clavijo mantendrá dos reuniones con altos cargos de la Comisión Europea centradas en negociar una exención temporal en la aplicación en las regiones ultraperiféricas de tasas de emisión a los vuelos internacionales y buques en función de lo que contaminen. El presidente de Canarias, con el respaldo de la declaración aprobada la semana pasada por las RUP, solicita a Bruselas una moratoria, al menos durante el periodo 2024-2027.

Por último, el titular del Ejecutivo aprovechará su viaje a Bruselas para reunirse con el embajador de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, encuentro en el que estará acompañado del consejero RUP, José Ramón Funes. También para buscar aliados en materia migratoria y excepciones en las tasas verdes, Clavijo se verá en la capital europea con el embajador-representante Permanente de Portugal ante la UE, Pedro Manuel Carqueijeiro, que estará acompañado por el consejero de Política regional, Marco Dinis, y el consejero de asuntos para Madeira, Rui Texeira.

Miles de personas no pueden solicitar asilo ante la imposibilidad de obtener una cita, quedándose fuera del sistema de asilo en una alarmante situación de desprotección

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha reclamado hoy, en la presentación de su ‘XXI Informe Anual: La situación de las personas refugiadas en España y Europa’, un pacto social y político que blinde el derecho de asilo frente a los continuos ataques que está sufriendo en los últimos años. Esta propuesta forma parte del paquete de 37 medidas que la organización hace a los partidos políticos de cara a las elecciones generales con el objetivo de mejorar la protección internacional y evitar que la incertidumbre política e intereses electoralistas menoscaben al derecho humano que tiene toda persona a buscar refugio.

Entre las personas solicitantes, cientos se tuvieron que jugar la vida en el mar o en saltos de valla como los que desencadenaron la tragedia de Melilla. Por este motivo, CEAR pide a los partidos políticos que en sus agendas políticas den prioridad a garantizar el acceso al procedimiento de asilo de forma legal y segura, a través de embajadas y consulados, tal y como está recogido en el artículo 38 de la Ley de Asilo. Además, propone otras medidas como la emisión de visados humanitarios, la aprobación de un programa ambicioso y permanente de reasentamiento y la flexibilización de los requisitos de reagrupación familiar para evitar que las personas refugiadas se vean obligadas a ponerse en manos de traficantes.

Pese a ello, CEAR recuerda que 118.842 personas solicitaron asilo en España el año pasado, de las cuales 6.446 lo solicitaron en Canarias, sin contabilizar las miles a las que “se invisibiliza” por no poder acceder a una cita. Fue un año más el tercer país europeo con más peticiones, solo por detrás de Alemania y Francia, y el tercero por la cola en cuanto a resoluciones favorables con un 16,5%, solo por delante de Malta y Chipre, quedando muy lejos de la media europea del 38%.

“Los graves obstáculos que se imponen para acceder al procedimiento de asilo, obtener una cita o el criterio restrictivo de las autoridades para rechazar sistemáticamente resoluciones de personas que vienen huyendo de países en conflictos inacabados como el de Colombia son una muestra de los retos pendientes que hay que resolver con urgencia. España debe proteger mejor a las personas que se ven forzadas a huir de sus países. Además, hay 146.000 solicitudes sin ser resueltas a día de hoy, la mayoría procedentes de Venezuela y eso no se puede consentir por la incertidumbre y dificultades que aporta a estas personas”, declara Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR Canarias.

“En Canarias hemos notado el impacto de la geopolítica, no solo en la ruta canaria y en el sistema de acogida de solicitantes de asilo, también en las relaciones de España y Marruecos. Los convenios firmados por la Unión Europea con países como Senegal, Mauritania o Níger para el control migratorio han hecho que, a pesar de que no ha disminuido la situación de violación de derechos en el continente africano, se haya reducido la cifra de personas que llegan a Canarias. A pesar de esto, en Canarias se está produciendo un aumento de llegadas de personas en los meses de verano y otoño, sobre todo de personas de origen subsahariano, entre las que cada vez la presencia de mujeres es mayor. En 2022 aumentó el número de personas que pidieron asilo en Canarias en un 17%, ascendiendo la cifra a 6.446. Canarias es la quinta comunidad autónoma con más solicitudes de protección internacional, la mayoría proceden de Venezuela, Colombia, Marruecos, Senegal, Mali y Costa de Marfil.

Refuerzo del sistema de asilo

CEAR en su informe incluye medidas basadas en reforzar el sistema de asilo y garantizar este derecho humano. Para ello, considera necesaria la creación de una estructura administrativa dependiente de Presidencia con presupuesto suficiente para aglutinar todas las competencias en materia de asilo, garantizando así una necesaria coordinación entre todos los órganos implicados en el proceso (procedimiento legal, acogida e inclusión).

Asimismo, reitera la necesidad de garantizar que los Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), que tan buen resultado han dado en la respuesta a la emergencia en Ucrania, puedan transformarse en “ventanillas únicas del asilo" para que todas las personas solicitantes de protección puedan registrarse, documentarse y acceder al procedimiento a través de estos recursos, con independencia de su lugar de procedencia.

Este refuerzo del sistema de asilo debe venir acompañado con medidas que garanticen el acceso a derechos fundamentales. Para ello es esencial que las administraciones les faciliten el empadronamiento para que puedan acceder a servicios sociales, a la educación o la sanidad; así como promover planes para acabar con la discriminación a la hora de encontrar una vivienda, entre otras cuestiones. Por otro lado, las entidades bancarias deben garantizar la apertura de cuentas de pago básicas, como establece la normativa vigente.

La respuesta a Ucrania y a la tragedia de Melilla, las dos caras de la moneda

En su repaso a los acontecimientos del año, CEAR puso sobre la mesa la doble vara de medir en dos de los principales hitos que tuvieron lugar el año pasado. En la invasión rusa de Ucrania, los países europeos, incluido España, demostraron que con voluntad política se puede acoger y garantizar los derechos en tiempo récord. Sin embargo, esa respuesta se vio empañada por la tragedia que tuvo lugar en Melilla el pasado 24 de junio, en el que al menos 37 personas perdieron la vida, 77 están en paradero desconocido y 470 fueron devueltas ilegalmente, sin que de momento haya habido verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.

“No se puede abrir las puertas de manera ejemplar a las personas que huyen de un terrible conflicto como el que sufre Ucrania y, al mismo tiempo, cerrarlas a cal y canto de forma violenta a quienes tienen que escapar de otros terribles conflictos olvidados. Es una paradoja y una hipocresía la solidaridad a la carta. La mayoría de víctimas de la tragedia de Melilla huían de un país en conflicto como es Sudán, y se les recibió con una violencia desproporcionada, pese a que estas personas cuando logran llegar tienen altas tasas de reconocimiento de asilo en España”, denuncia Juan Carlos Lorenzo.

Hamed, el miedo que vivió para llegar hasta aquí le da la fuerza para seguir formándose

La presentación del Informe Anual de CEAR contó con la intervención de Hamed Samoura, joven maliense que, siendo menor de edad decidió salir de su país debido al conflicto armado que vive su población desde hace más de diez años. Han pasado casi tres años de su llegada a las islas pero no olvida el miedo que pasó en su ruta migratoria, especialmente la noche en la que perdieron la ubicación. Afortunadamente, llegó al puerto de Arguineguín y tras pasar por varios centros de menores, ahora vive en un piso gestionado por CEAR Canarias.

Desde el principio, ha sabido que hay que esforzarse mucho para poder superar todos los obstáculos que las personas migrantes se encuentran en su proceso de inclusión aquí. Lo primero fue estudiar español para que la barrera idiomática no le impidiera poder formarse. Y lo hizo, obtuvo el título de Educación Secundaria Obligatoria y un Programa Profesional básico en Mantenimiento de vehículos con prácticas de mecánico en una empresa de maquinaria pesada. Pero quiere seguir estudiando para tener más posibilidades de trabajar.

Hamed, a pesar de que echa de menos a su familia, se siente afortunado y recuerda que hay otros muchos chicos que no tuvieron la misma suerte que él, al ser acogidos una vez cumplieron la mayoría de edad. En cuanto a su situación jurídica, ya tiene la protección subsidiaria y permiso de residencia y trabajo.

Presidencia de España de la UE

“Es el momento de apoyar la solidaridad y la responsabilidad compartida, sobre todo estando en Canarias, lugar fronterizo y de acogida de miles de personas. Es importante conocer estas cifras, ahora que nuestro país va a asumir, a partir del 1 de julio la Presidencia del Consejo de la UE”, señala en relación a este tema Antonio Morales, Presidente del Cabildo de Gran Canaria.

Para CEAR se trata de una oportunidad histórica para que nuestro país lidere una política migratoria que ponga en el centro a los derechos y a las personas. Para ello debe defender una posición garantista en las negociaciones del Nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo basado en los principios de solidaridad y responsabilidad compartida. No obstante, en el último Consejo de Ministros de la UE, las negociaciones sufrieron una “peligrosa deriva” al proponerse la ampliación del concepto de “terceros países seguros” pudiéndose incluir a Marruecos, Libia, Túnez o Turquía, entre otros. Al mismo tiempo, se apuesta por un mecanismo de solidaridad a la carta, en los que los Estados miembro pueden escoger entre reubicar personas refugiadas o financiar a terceros países en materia de control migratorio y fronterizo, una propuesta “inaceptable” que pone precio a los derechos humanos.

Adoptar medidas para poner fin a la criminalización de la solidaridad hacia las personas migrantes y refugiadas y poner la vida de las personas en el centro de la gestión de las políticas migratorias son otras de las medidas que la presidencia española debería impulsar durante el segundo semestre, según CEAR. Para ello, es fundamental blindar la función de salvamento de vidas en el mar y garantizar, en todos los casos, el desembarco seguro de las personas rescatadas.

Además, la presidencia española debe promover medidas para combatir actitudes y narrativas xenófobas, racistas y de odio, así como la desinformación en medios y plataformas online, que dañan la dignidad, estigmatizan y criminalizan a las personas migrantes y refugiadas al tiempo que amenazan gravemente la cohesión social europea.

“El gran desafío pendiente que tiene España a la hora de afrontar la movilidad humana, ya sea forzada o no, son las políticas de acogida y de inclusión. De nada vale que podamos desarrollar una acogida que cumpla las necesidades básicas si no desarrollamos de manera simultánea medidas de inclusión, ya sea residencial, la que afecta a los derechos culturales y sociales, a la formación y la empleabilidad. Debemos asumir la realidad con ese enfoque poliédrico, así podemos convertir a nuestro país realmente en un país de acogida, país para refugiados”, expone Juan Carlos Lorenzo.

“Frente al alarmante aumento de los mensajes xenófobos, racistas y de odio es necesario que quienes toman decisiones políticas actúen con responsabilidad y promuevan en todo momento políticas que permitan salvar vidas, sin excepciones ni discriminaciones. Además, en Canarias es indispensable apostar por los planes de convivencia intercultural”, concluye Juan Carlos Lorenzo.