Las plataformas ‘Hércules’, de 120 metros de altura, y la ‘Borgland Dolphin’, de 96 metros y 12 patas, permanecerán en el Puerto de Las Palmas para su puesta a punto en las instalaciones de reparación de Hamilton y CIA y en el astillero de Astican, respectivamente

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, destaca el papel internacional del Puerto de Las Palmas. “Cada vez más compañías confían en nuestro puerto, en la calidad de nuestros servicios y en nuestra seguridad, y muestra de ello es la llegada de compañías americanas o europeas a nuestras instalaciones de reparación naval, donde ocupamos el primer puesto en el sistema portuario español”, aseveró

Dos nuevas y enormes plataformas petrolíferas se suman estos días a la foto del skyline del Puerto de Las Palmas. Se distinguen de las habituales por su color rojo, frente al gris de las cinco que permanecen desde hace años atracadas en el muelle Reina Sofía, y por su estructura con patas, frente a los buques perforadores.

La primera de ellas es la ‘Hércules’, perteneciente a la compañía armadora noruega Odjfell y consignada por Hamilton y CIA. Atracó en el muelle Reina Sofía el pasado sábado, donde permanecerá durante 10 días para realizar una puesta a punto de cara a su nuevo proyecto de perforación que ya tiene firmado.

Esta plataforma semi sumergible se construyó en 2008 y mide 116 metros de eslora, 96 metros de manga y 120 metros de altura, lo que equivaldría a un rascacielos de 40 pisos.

Además, el pasado viernes arribó a la rada sur del Puerto de Las Palmas la plataforma semi sumergible ‘Borgland Dolphin’, perteneciente a la compañía armadora noruega Dolphing Drilling y consignada por Canarship.

Esta veterana plataforma data de 1977 estará reparándose durante aproximadamente un año en el astillero de Astican, para después volver a Noruega. Tiene una altura de 93 metros, una eslora de 108 metros y una manga de 68 metros, además de casi 18.000 toneladas de peso que descansa sobre 12 pilares o patas.

Para su atraque en muelle se llevó a cabo una maniobra de especial complejidad que se desarrolló durante 12 horas de forma continuada y que fue planificada con anterioridad por el equipo técnico marítimo de la Autoridad Portuaria y el propio operador. El objetivo de esta operación era disminuir el calado de llegada del buque, para lo cual se descargó material en fondeo al buque Harvey Rover.

Una vez se alcanzó un calado compatible para el atraque de la plataforma en el muelle Norte de Astican, se procedió a la maniobra de entrada al muelle gracias a la intervención de ocho remolcadores, dos prácticos y una docena de amarradores y de buzos.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, resaltó que la llegada de estas nuevas plataformas demuestra que cada vez más compañías confían en el Puerto de Las Palmas y en la calidad de los servicios que ofrece, y dijo: “Ocupamos el primer puesto en reparación naval en el sistema portuario español y somos un puerto referente en el Atlántico Medio. Que nos lleguen clientes americanos o europeos a reparar sus plataformas para afrontar trabajos en otras partes del mundo consolida el papel internacional del Puerto de Las Palmas y nos posiciona como uno de los más importantes”.

El Ejecutivo apuesta por garantizar un mejor acceso al principal recinto sanitario de la isla

Está actuación está incluida en el Convenio de Carreteras 2018-2027 suscrito entre el Estado y el Gobierno de Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad , ha autorizado, durante la sesión celebrada esta semana, el gasto de 32.201.610,78 euros con la finalidad de hacer frente a la licitación de las obras de la avenida de acceso al Hospital insular de La Gomera.

Con el desarrollo de esta actuación, el Ejecutivo pretende facilitar el rápido acceso a la principal infraestructura sanitaria de la isla y garantizar la protección que reside en San Sebastián de La Gomera, que podrían verse afectados ante una posible riada, ya que la vía discurre de forma paralela al Barranco de La Villa.

El proyecto de esta actuación incluye el diseño de esta nueva vía para su adecuación a la normativa de carreteras, así como las infraestructuras necesarias para su integración con el viario del término municipal, y el cumplimiento de la normativa en materia de aguas, evaluación y gestión del riesgo de inundación.

En este sentido, la Consejería contempla desarrollar las aceras, arcenes, aparcamientos, carril bici y zonas ajardinadas, de esta vía de carácter urbano que contará, además, con los servicios urbanos pertinentes como la red de saneamiento, de evacuación de pluviales, de agua potable, de riego, alumbrado público, de baja y alta tensión, y de telefonía.

Estas obras, que forman parte del Convenio de Carreteras 2018-2027 suscrito entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias, han sido aprobadas el pasado mes de noviembre con un presupuesto base de licitación de 39.274.191,62 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

Con este acuerdo se culminan las negociaciones para resolver la conflictividad laboral en la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó en su sesión de hoy lunes, 25 de marzo, el acuerdo para mejorar las condiciones laborales de la plantilla de trabajadores de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias S.A. (GSC), encargada de la gestión del CECOES 1-1-2 y del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

La aprobación de este documento supone la ratificación del acuerdo de desconvocatoria de huelga que había sido suscrito entre GSC y los comités de huelga de ambas provincias el 22 de marzo de 2023, y representa el compromiso del Ejecutivo regional por consolidar las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa GSC, esencial para la gestión y resolución de emergencias de todo tipo y urgencias sanitarias en el archipiélago.

Contenido del acuerdo

El acuerdo contempla cambios en las guardias localizadas y las activaciones extra, de manera que se garantice el descanso semanal, que solo podrá ser suspendido cuando concurran circunstancias de causa de fuerza mayor y tras haber agotado otras opciones; así como el derecho a la desconexión digital del trabajador mientras no deba estar disponible.

También incluye un apartado destinado a impulsar la formación de todo el personal de GSC y un mecanismo para reducir conflictividad laboral, herramienta que por un lado, agiliza la resolución de los expedientes pendientes y, por otro, el establecimiento de turnos de trabajo para evitar posibles futuros conflictos.

La empresa continuará con los procesos de selección de empleados ya iniciados y publicará otros para puestos operativos, y se encargará de mantener actualizadas las diferentes bolsas y listas de reserva para la contratación de efectivos en todas las categorías profesionales.

Según este documento, GSC se encargará de elaborar un Plan de Riesgos Psicosociales para su plantilla de profesionales y de establecer acciones para reducir y combatir el estrés y la ansiedad dentro de la sala operativa y los recursos aéreos.

Más recursos humanos

El acuerdo también contempla la incorporación de más recursos humanos a la estructura de GSC, como es el caso de dos técnicos de atención a la mujer (TAM); un gestor de recursos en Tenerife, por incremento de actividad; y personal enfermero de recursos aéreos en el plus de noches.

También se recoge la actualización de la tasa de reposición para la contratación como indefinidos de dos trabajadores, uno de los cuales cubrirá una plaza que ha quedado libre por jubilación.

Costas Canarias autoriza la ocupación del dominio público marítimo terrestre que permitirá licitar el emisario submarino de Bocabarranco tras más de 40 años de reivindicación

La Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, área perteneciente a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, ha otorgado al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria la autorización de la concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre del propio emisario submarino

La resolución de este trámite supone la autorización definitiva para sacar a licitación la construcción del emisario submarino de Bocabarranco, una instalación que permitirá la recuperación de la playa y satisfacer de esta manera una demanda histórica de Gáldar. Y es que el emisario submarino mejorará las condiciones de evacuación de las aguas depuradas procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Guía-Gáldar y de la desaladora de Bocabarranco, garantizando un vertido en condiciones adecuadas y seguras para el medio marino y para los bañistas.

Una vez recibida la autorización de la concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre, el Consejo Insular de Aguas iniciará los trámites de contratación de la obra del emisario submarino de Bocabarranco por un importe de ejecución de 8.448.928,26 euros, que arrancarán en un plazo máximo de seis meses, debiendo quedar totalmente ejecutadas en un plazo máximo de dos años y tres meses.

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, agradeció tanto a Antonio Manuel Acosta Felipe, Director General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, como a Miguel Hidalgo Sánchez, consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria y vicepresidente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, su implicación en la resolución de este expediente. El primer edil mostró su satisfacción por lo que supone "un paso esencial para sacar adelante la construcción del emisario submarino tras muchas décadas de espera, es una noticia histórica para los vecinos de El Agujero y de todo el municipio”.

Miguel Hidalgo, por su parte, reiteró su "satisfacción y agradecimiento por la rápida tramitación de este nuevo documento que nos ilumina el futuro de un tortuoso expediente que llega a su final". "Nos permitirá a las diferentes administraciones, tanto los ayuntamientos de Gáldar y Guía como el Consejo Insular de Aguas y el Cabildo de Gran Canaria, que durante muchos años hemos transitado por este duro camino, ver la luz y sacar en breve a licitación este equipamiento tan necesario para la comarca norte", añadió.

Los trámites para la autorización concedida de manera definitiva este lunes arrancaron en marzo de 2014. El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (CIAGC) remitió el pasado mes de diciembre la aceptación de los pliegos de condiciones de la citada autorización, que ahora ha sido concedida por parte de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, quedando a continuación pendiente la autorización de vertido al mar, trámite en el que trabajan las administraciones en la actualidad.

El Director General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Tony Acosta, quiere agradecer al equipo técnico del servicio el esfuerzo que hace todos los días para a pesar de la situación de los recursos sacar adelante los expedientes. En este caso, hemos desbloqueado una situación histórica a la que se debería haber dado solución hace mucho tiempo y lo hemos hecho con cercanía y empeño.

La autorización para sacar a concurso la construcción del emisario submarino de Bocabarranco, en Gáldar, se encuentra en su recta final

El alcalde de la ciudad, Teodoro Sosa, se reunió este jueves con el Director General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Manuel Acosta Felipe, y el consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria y vicepresidente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, Miguel Hidalgo Sánchez, para ultimar los trámites de un proyecto que permitirá la recuperación de la playa, una demanda histórica del municipio.

En el encuentro se hizo un seguimiento de los trámites de modificación con los que se pretende autorizar el vertido al mar, así como la concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre del propio emisario submarino, una reunión en la que las autoridades estuvieron acompañados de diversos técnicos de sus administraciones.

Los trámites para la autorización arrancaron en marzo de 2014. El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (CIAGC) remitió el pasado mes de diciembre la aceptación de los pliegos de condiciones de las citadas autorizaciones, quedando pendiente únicamente remitir por parte de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario (Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad) la resolución de ocupación de Dominio Público Marítimo Terrestre a la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático (Consejería de Transición Ecológica y Energía), para que ésta remita finalmente la resolución de autorización de vertido así como la concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre al Consejo Insular de Aguas.

Una vez recibida la autorización de vertido al mar y la concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre, el Consejo Insular de Aguas iniciará los trámites de contratación de la obra del emisario submarino de Bocabarranco por un importe de ejecución de 8.448.928,26 euros y un plazo de ejecución próximo a dos años.

En esta reunión de seguimiento el Cabildo de Gran Canaria ha instado a acelerar la tramitación de la necesaria concesión y autorización de vertido, y así poder mejora las condiciones de evacuación de las aguas depuradas procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Guía-Gáldar y de la desaladora de Bocabarranco, garantizando con la obra del nuevo emisario un vertido en condiciones adecuadas y seguras para el medio marino y para los bañistas.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación permite el uso y comercialización del insecticida con materia activa Spirotetramat 10%

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Agricultura, y en el ejercicio de sus funciones con respecto al control de plagas y enfermedades de los distintos cultivos que están presentes en Canarias, ha conseguido una autorización excepcional por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el uso y comercialización en el archipiélago del producto fitosanitario con denominación comercial Movento Gold (Spirotetramat) para el control de las cochinillas Nipaecoccus nipae y Dysmicoccus brevipe en los cultivos de piña tropical y aguacate.

La solicitud ha tenido una respuesta positiva por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, concediendo dos aplicaciones del producto Movento Gold a los agricultores de piña tropical en un periodo comprendido entre el 3 de julio y 28 de octubre de 2023.

Se trata de una resolución que amplía la ya lograda por la Dirección General de Agricultura para el cultivo del aguacate el pasado 09 de mayo, y se integra en el protocolo de trabajo entre el departamento autonómico, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) y el Cabildo de El Hierro para la recuperación de la producción de piña tropical en la isla.

Uno de los principales problemas fitosanitarios del cultivo de la piña tropical es la cochinilla algodonosa Dysmicoccus brevipes, así como los problemas derivados de la falta de desinfección del terrenos de cultivo tras repetidos procesos productivos en el mismo recinto. (nematodos, hongos del suelo, entre otros). La cochinilla origina dos problemas en el cultivo de la piña tropical, por un lado debilitamiento de las plantas por la acción de alimentación de la plaga y por otro lado, al ser un vector del complejo vírico provoca el debilitamiento de la planta llegando a la muerte de la misma.

En la actualidad es muy difícil conseguir autorizaciones de productos fitosanitarios para estos organismo nocivos debido a los altos costes que suponen preparar un dossier de registro y los pocos ingresos (retornos) que van obtener los fabricantes de los mismos, debido a la poca superficie de piña tropical existente en Europa. Asimismo, la normativa europea cada vez es más restrictiva con respecto al uso de productos fitosanitarios de origen químico, con reducciones drásticas de hasta el 50% de determinados productos fitosanitarios y promocionando e incentivando la producción ecológica como forma de producción en Europa.

El director general de Agricultura, Augusto Hernández, ha destacado que “las gestiones de nuestro departamento con la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado sus frutos y se ha conseguido la referida autorización excepcional para combatir la plaga de la cochinilla”. En esta línea, explicó que “es muy importante la consecución de esta autorización excepcional, no solo por las dificultades que conlleva, sino porque la misma permitirá salvar la campaña de piña tropical en Canarias, sobre todo en la isla de El Hierro, donde este cultivo constituye un pilar fundamental en el sector primario y la economía de la isla”.

“Cabe recordar que dentro del programa de recuperación del cultivo de la piña tropical en Canarias, que ha impulsado este centro directivo, se planteaba como objetivo principal dicha autorización, además de otros retos a medio y largo plazo, en los cuales se sigue trabajando y avanzando”, apuntó.

La Corporación insular argumenta que, de concederse, se vulneraría la proporción legal estipulada para el sector de una autorización de VTC por cada 30 autorizaciones interurbanas de taxi

La Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, que coordina Teodoro Sosa, ha desestimado las solicitudes de varias empresas del sector interesando más de 1.000 nuevas autorizaciones de servicio de transporte público de viajeros en vehículos autoturismo de arrendamiento con conductor (VTC) de naturaleza interurbana, dado que el cupo estipulado por la normativa canaria para este tipo de servicios ya está cubierto en la Isla, por lo que su concesión produciría un desequilibrio en el sector, al superar la proporción fijada legalmente de una autorización de VTC por cada 30 autorizaciones de taxi.

Más en detalle, la Corporación insular ha adoptado esta decisión conforme a la Ley canaria 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación de Transporte por Carretera de Canarias, de aplicación a esta solicitud y que, en su artículo 79-bis, dispone que la regulación de los VTC "debe basarse en requisitos que permitan su diferenciación con respecto al servicio de taxis, en particular, en cuanto a dimensión empresarial, con oficina abierta al público y las características de los vehículos que respondan a un servicio de alta calidad."

Y, en cuanto a la proporcionalidad de las autorizaciones, se atiene a lo establecido en el artículo 79-quinquies, que estipula que los cabildos insulares "procederán a denegar las autorizaciones, si se produce un desequilibrio entre la oferta de transporte público discrecional interurbano de viajeros en vehículos de una capacidad de hasta nueve plazas y de arrendamiento con conductor, en relación con los potenciales usuarios de los servicios". Y, en este sentido, determina que ese desequilibrio existirá cuando se supere la citada proporción de una autorización de VTC por 30 licencias de taxi.

Desde la Institución, se detalla que esta redacción del contingente 1/30 se refiere a la relación entre VTC y Taxis, aunque en consideración al número de autorizaciones para servicios interurbanos de transporte discrecional de viajeros hasta nueve plazas (autorización VT Insular) para taxis, no respecto al número de licencias urbanas municipales.

Con esas bases legales, la Dirección General de Transportes del Cabildo de Gran Canaria, tras los correspondientes cálculos, concluye que el contingente máximo de autorizaciones de la clase VTC que debe haber según el cupo legal establecido (1-30) es de 102, una cantidad que, en la actualidad, está totalmente cubierta por las autorizaciones existentes y por aquellas solicitadas con anterioridad a la modificación de la ley que establece dicho cupo.

Así, en estos momentos, la cifra de VTC efectivas en Gran Canaria asciende a esas 102 autorizaciones, pertenecientes a ocho empresas residenciadas en el ámbito insular, mientras que el número de autorizaciones para taxis (cifra que fluctúa normalmente a la baja, suspensiones, sustituciones, entre otros) es de 2.656. Ello hace que el número de VTC de la Isla permanezca inalterado en 102 autorizaciones por otros tantos vehículos.

Con estos datos, la Corporación insular concluye que el cupo, por tanto, está sobradamente completo y que no se pueden otorgar nuevas autorizaciones, hasta que no se produzca un alza proporcional de VT de taxis, algo que, por otra parte, las y los expertos de la Dirección General consideran improbable, pues el desarrollo de la actividad ha dado lugar a rescates de licencias de taxi por parte de algunos municipios y no a su incremento.

Por último, la Institución insular añade que, para sustentar este informe, se ha sujetado a la instrucción de Coordinación emitida por el Gobierno de Canarias en este mismo sentido, a raíz de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictamina que limitar la licencias VTC en el área metropolitana de Barcelona viola la legislación europea. Ante esto, esa instrucción señala que Canarias no se encuentra afectada por la misma, con base en el artículo 4, apartado j) de la Ley 13/2007, que tiene por objetivo “La consecución de la máxima calidad y seguridad en la prestación de la actividad de transporte por carretera y la reducción de los impactos y coste medioambiental”. E, igualmente, hace hincapié en que la competencia para la regulación y el otorgamiento de licencias de transporte público de viajeros por las carreteras del Archipiélago es exclusiva de la Comunidad Autónoma, bajo el marco jurídico autonómico, no el nacional de la Ley 16/1987 de 30/07 de Ordenación del Transporte Terrestre, con base en el que se produjo la regulación del área conurbana de Barcelona, por lo que debe seguir aplicándose lo dispuesto en art. 79 quinquies de la norma canaria y las condiciones de proporcionalidad que se implantan.

La Dirección General de Transportes, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que cuestiona las restricciones a los VTC en la ciudad de Barcelona, remite a los cabildos un escrito de coordinación en los que recuerda que la Ley de Transportes de Canarias mantiene la limitación de un VTC por cada 30 taxis en las islas

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige el consejero en funciones Sebastián Franquis, ha remitido hoy mismo un escrito de coordinación a los siete cabildos insulares en los que se reitera que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dictamina que limitar la licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) en el área metropolitana de Barcelona viola la legislación europea, no afecta al territorio insular y por tanto deberá seguir aplicándose lo dispuesto en la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, que establece una limitación de una licencia de VTC por cada 30 de taxis.

La Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias ha hecho llegar este escrito de coordinación a los cabildos, que son los que ostentan las competencias en el transporte terrestre, para dejar claro que la sentencia europea sobre las VTC en Barcelona no abre la posibilidad a cambios en la normativa que rige en la comunidad autónoma.

Según el escrito dirigido a los cabildos, se establece en la mencionada sentencia que la contingentación o cupo de VTC no puede ser establecida atendiendo a criterios de tipo económico, por eso, desde la dirección general se considera que Canarias no se encuentra afectada por la misma en base al artículo 4 de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. Este articulado recoge que esta proporcionalidad de los VTC en las islas obedece al objetivo de alcanzar la máxima calidad y seguridad en la prestación de la actividad de transporte por carretera y a la reducción del impacto y del coste medioambiental del mismo. Por tanto, su aplicación en las islas no obedece sólo a criterios económicos, como sí ha ocurrido en el caso de Barcelona.

“Nuestro cupo se basa en la necesidad de regular el transporte en territorio insular basándose en la insularidad y en la caracterización de ser una región ultraperiférica y no obedece a aspectos económicos como es el caso que ocupa dicha sentencia sobre el Área Metropolitana de Barcelona, ajustándose en el caso de Canarias a proteger el territorio y a la ordenación del transporte”, recoge el escrito enviado por la dirección general a los cabildos.

Por estos argumentos, se concluye que Canarias no se encuentra afectada por dicha sentencia y por tanto debe seguir aplicándose lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, que fija la proporcionalidad de las autorizaciones. Dichos artículos establecen que los cabildos insulares denegarán las autorizaciones si se produce una situación de desequilibrio entre la oferta de transporte público discrecional interurbano de viajeros (taxis) y de arrendamiento con conductor (VTC), y que dicho desequilibrio se producirá cuando, en cada isla, la relación entre ambos tipos de transporte sea superior a un VTC por cada 30 taxis.

Afecta a 201 trabajadores de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias que estaban en 2010 y permanecen aún en la empresa

La actualización salarial estaba prevista realizarla a partir del 1 de enero de 2022, aplicando a los salarios de 2010 las cuantías reducidas del 5% de las retribuciones de esa anualidad, añadiendo los incrementos de los años posteriores

El acuerdo alcanzado por empresa y trabajadores en 2021 no se había podido llevar a cabo hasta ahora por el incumplimiento de la regla de gasto del ejercicio 2019 por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este jueves, a propuesta de los consejeros de Hacienda, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y Sanidad, Román Rodríguez, Julio Pérez y Blas Trujillo, respectivamente, autorizar la recuperación de las retribuciones del 5% minoradas en el año 2010 al personal de la sociedad mercantil pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, SA (GSC), en los términos del apartado primero del acuerdo del acto de conciliación judicial de 10 de noviembre de 2021, en el proceso de Conflicto Colectivo 12/2020 seguido ante la Sala de lo Social de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal de Justicia de Canarias.

Este acuerdo, que afecta a 201 trabajadores de la empresa pública adscrita a las consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y Sanidad, comprende, en primer lugar, la actualización salarial, a partir del 1 de enero de 2022, aplicando a los salarios de 2010 las cuantías reducidas del 5% de las retribuciones de esa anualidad a lo que deberá añadirse los incrementos de los años posteriores. La cuantía estimada es de 2.125.196,03 euros teniendo en cuenta los montantes imputables de 2019.

Los efectos de este acuerdo se aplicarán al personal de GSC que vio reducidas sus retribuciones en 2010 y que en el año 2022 aún estaba prestando servicios en la empresa y se abonarán únicamente la parte de los periodos de los años 2019 a 2022.

Una vez que el Gobierno canario ha dado el visto bueno a la autorización, tras nuevos informes emitidos por Hacienda, la recuperación salarial y el abono de los atrasos que pudieran derivarse está previsto realizarse un tercio en 2022, otro tercio en 2023 y el último en 2024.

Hasta ahora, el acuerdo alcanzado por empresa y trabajadores en 2021 no se había podido llevar a cabo por el incumplimiento de la regla de gasto del ejercicio 2019 por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias.

NOVEDAD: Apertura de plazo para solicitar autorización administrativa para la CAPTURA EN VIVO DE CABRAS ASILVESTRADAS en Monte Público y Espacios Naturales Protegidos

Se hace pública la convocatoria de presentación de solicitudes para obtener autorización administrativa para la captura en vivo de ejemplares de cabras asilvestradas que se encuentren en Monte Público y en los Espacios Naturales Protegidos de la Reserva Natural Integral de Inagua (C-1), Reservas Naturales Especiales de los Marteles (C-6) y Güigüí (C-8), Parques Naturales de Tamadaba (C-9) y Pilancones (C-10), Parque rural del Nublo (C-11), Monumentos Naturales de Tauro (C-17) y Riscos de Tirajana (C-20). Así como las Zonas de Especial Conservación ES0000041 Ojeda, Inagua y Pajonales, ES7010006 Los Marteles, ES7010008 Güigüí, ES0000111 Tamadaba, ES7010010 Pilancones, ES7010063 El Nublo, ES7010039 El Nublo II, ES0000113 Macizo de Tauro y ES7010018 Riscos de Tirajana,excepto las Zonas de Exclusión establecidas por la normativa de los mencionados Espacios Naturales Protegidos.

Las personas interesadas han de presentar su solicitudes hasta el 20 de mayo de 2022 conforme al modelo de solicitud oficial publicado en la web de este Cabildo:

(https://cabildo.grancanaria.com/-/procedimiento-para-autorizar-la-captura-en-vivo-de-ganado-asilvestrado-en-monte-publico-y-espacios-naturales-protegidos).