“De repente, regresando a mi casa por la noche me deslumbró un flash horroroso, blanco como “de un centro comercial”

Un despropósito de luz”. Así relata un vecino la impresión que le llevó encontrarse con la nueva iluminación instalada en las calles y casas de El Agujero.

Además, señala que se trata de una luz blanca que contrasta con los tonos cálidos de la iluminación que había antes.

Otros vecinos y colectivos de la zona se preguntan cómo ha sido posible instalar esos plafones blancos en una zona de protección de aves como la pardela. Área que requiere unas condiciones específicas de iluminación.

Desde el Ayuntamiento de Gáldar han aclarado que la instalación de los plafones es provisional a expensas de buscar una solución definitiva.

Fue exactamente la misma respuesta que se dio hace 4 años a los vecinos que reclamaban una iluminación más sostenible, menos dañina para la salud y para el cielo nocturno, y que además, se adapten a esa ubicación costera.

Todavía estamos esperando a que se cumplan los cambios prometidos.

Desde mayo de 2018 (8 años), se reclamó por escrito en varias ocasiones el arreglo de esta zona de carretera al Cabildo de Gran Canaria, cuando Antonio Morales Méndez era presidente del Cabildo de Gran Canaria y Ángel Víctor Torres Pérez Vicepresidente y Consejero de Obras Públicas, el ahora actual ministro de Política Territorial, no hicieron nada por arreglar y solucionar este peligro.

Estamos en enero de 2026, ocho años después, seguimos con el mismo pacto de Gobierno desde 2023, el mismo presidente del Cabildo, Antonio Morales Méndez, y como consejero de Obras Públicas, Augusto Hidalgo Macario, del PSOE de Gran Canaria.

Después de ocho años reclamando seguimos igual, sin arreglar y quitar el peligro de esta zona de la carretera de Tafira Baja, más concretamente entre los números 11 y 13.

Este vecino de Tafira y otros de la zona, se juegan todos los días la vida porque los Técnicos de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria (Carreteras de Gran Canaria), son incapaces de trasladar los postes de las bases de las vallas que están dentro de la acera y pasarlos a la vía, como están en el resto de este tramo, que los postes están fuera de la acera, con el fin de que pueda pasar una silla o carrito por la acera cómodamente.

El yacimiento arqueológico de La Guancha en la playa del Agujero de Gáldar, único en el mundo, que depende del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria y de la Consejería de Presidencia que también lleva el Servicio de Patrimonio Arqueológico, que dirige el Consejero D.Teodoro C. Sosa Monzón actual Alcalde del Ayuntamiento de Gáldar

Que hace mas de tres años (2022), se pusieron todas las barandillas de madera nuevas para el cerramiento perimetral de todo el Yacimiento de la Guancha, en sustitución de unas barandillas de hierro que se rompieron por falta de mantenimiento.

Desde ese tiempo (2022) que pusieron las barandillas de maderas nuevas, nunca han tratado las maderas de las barandillas estando todas ya rajadas y astilladas.

Para evitar que no pase lo mismo que las barandillas que están encima de la Guancha junto a éstas, que al pasar unos cuatro años sin mantenimiento por parte del Ayuntamiento de Gáldar, se han roto todas y actualmente están sustituyéndolas por otrasq+ barandillas de madera nuevas, con el consiguiente gasto de dinero público. +

Todo ésto ya se lo veníamos diciendo durante todos éstos años al Ayuntamiento de Gáldar, que hicieran el mantenimiento, no haciendo caso a nuestras reclamaciones por escrito y publicaciones en la prensa local.

Éstas barandillas de madera que perimetran el Yacimiento la Guancha que es competencia del Servicio de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria, ya van por el mismo camino si no se acuden a tiempo y se le da pronto un tratamiento a la madera, que con la cercan+ía del mar se deterioran mucho antes.

Puestos en contacto con el Servicio de Patrimonio del Cabildo, nos dicen que todos los Yacimientos del Cabildo en la Isla, actualmente están sin contrato de mantenimiento pendiente de aprobar y adjudicar por el Servicio de Patrimonio.

En la actualidad los pliegos para la adjudicación del contrato de mantenimiento de éste Yacimiento y todos los de la Isla, están entre la Asesoría y la intervención para su aprobación dando vueltas,± mientras los Yacimientos de la Isla se caen a cachos.

Le hemos solicitado que hagan un contrato aparte sólo para éste Yacimiento de la Guancha que corre prisa antes de que sigan deteriorándose las maderas de las barandillas.

El Centro de Interpretación "La Guancha" para éste Yacimiento, el del Agujero y bocabarranco ya está terminado totalmente, sólo falta voluntad política para inaugurarlo.

En el interior del Yacimiento le falta limpiarlo, está lleno de malas hierbas, tampoco han arreglado los túmulos que hay piedras caídas y están llenos de suciedad, también tienen los cárteles de información todos rotos, hay que arreglar la entrada principal que está en mal estado junto con los jardines que están delante.

Bancos de cemento en la Avenida de la Playa del Agujero, rajados y con parte del cemento caído, y los hierros ya asomando sin mantenimiento

Estos bancos fueron reformados por el Ayuntamiento el 18/10/2022. Hasta la fecha no han tenido ningún mantenimiento, a pesar de habérselo comunicado por escrito al Ayuntamiento de Gáldar y a la Concejala de Playas, Nuria Esther Vega Valencia, el pasado 25 de marzo de 2025 (hace un año), sin respuesta alguna.

Si continúan así, sin el mantenimiento adecuado que les hace falta, se caerán a cachos. Ahora estamos a tiempo de recuperarlos para que no se caigan.

La organización medioambiental acudirá mañana, sábado 27 de diciembre, a las 11 h, a la manifestación prevista en el Paseo de Salinetas en Telde

Greenpeace se unirá a la cadena humana que la Plataforma por un Litoral Limpio ha convocado mañana, sábado 27 de diciembre, a las 11 h, en el Paseo de Salinetas (Telde) para exigir la retirada de las jaulas marinas para acuicultura ubicadas a unos escasos 350 metros de la playa de Melenara, una zona prohibida por el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC).

La organización medioambiental instalará una mesa informativa en la que, además, recogerá firmas contra la acuicultura industrial.

“Esta situación es insostenible, por lo que reclamamos el desmantelamiento inmediato de las jaulas y que se lleve a cabo un análisis riguroso sobre las causas del problema y exista transparencia en la información. Es más urgente que nunca una apuesta real de las autoridades competentes por modelos de acuicultura sostenible”, ha señalado Irene Sánchez Lasso, portavoz de Greenpeace en Canarias.

Lo que comenzó a mediados de octubre con la presencia de manchas aceitosas, peces muertos y mal olor en las playas de Salinetas y Melenara, derivó posteriormente en el cierre de varias playas a partir del 5 de diciembre, pertenecientes a los municipios de Telde, Mogán, Agüimes y San Bartolomé de Tirajana. En noviembre, 15 playas, distribuidas a lo largo de las costas del este y sur de la isla, se vieron afectadas:

La más alejada del punto de origen de la contaminación fue la playa de Mogán, situada a 50 km. La causa del problema: la muerte masiva del 40% de las lubinas que la empresa Aquanaria cultiva en una de las tres explotaciones, unos 2.500 toneladas según datos proporcionados por la empresa.

Desde el primer momento, Aquanaria ha defendido que el origen del problema fue un vertido industrial producido por uno de los emisarios cercanos a la instalación. Sin embargo, la comunidad científica señala que habría sido ocasionado por un colapso interno provocado por distintos factores (acumulación de materia orgánica bajo las jaulas, disminución en los niveles de oxígeno, estrés de los peces). Hasta el momento no se ha producido una coordinación entre las autoridades competentes ni han ofrecido información clara y puntual.

El modelo de la acuicultura industrial en Canarias

En el archipiélago canario, al ser oceánico, la profundidad aumenta de forma abrupta a poca distancia de la costa. Esto implica que las jaulas marinas deban situarse cerca del litoral. En consecuencia, la contaminación generada por el pienso no consumido, las heces de los peces o los productos químicos empleados (alguicidas, bactericidas, sustancias antialgas…) puede alterar los ecosistemas y la calidad del agua. Además, la localización de muchas Zonas de Interés para la Acuicultura (ZIA), próxima a vertidos urbanos e industriales (autorizados o no), aumenta el riesgo de efectos acumulativos que podrían afectar a la calidad del agua. Lo ocurrido en Melenara no es un hecho aislado: vecinos y vecinas de la zona llevan más de 20 años documentando episodios de mal olor, materia orgánica en descomposición o mala calidad del agua de baño, y han observado cómo paulatinamente ha ido disminuyendo la biodiversidad en la zona.

Greenpeace denuncia que el modelo de negocio puede llevar al sistema al límite de su capacidad por la acumulación de una gran cantidad de peces en las jaulas. El aumento de las temperaturas en los océanos y la consecuente disminución del oxígeno en el agua, junto al estrés de los peces en las jaulas, son el detonante perfecto de más catástrofes como la ocurrida en Melenara, lo que no es un hecho excepcional en la acuicultura. Hay casos documentados en Noruega o Chile, por citar sólo dos ejemplos.

Frente al modelo de acuicultura industrial, existen alternativas centradas en la pesca sostenible y artesanal o en el desarrollo del sector de las algas, tal y como ha propuesto la Unión Europea y como defiende Greenpeace en su Modelo de Alimentación Sostenible (MAS), que apuesta por una pesca y acuicultura sostenibles de bajo impacto ambiental y alto valor social. Instituciones canarias como el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) o el Banco Español de Algas (BAE) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria participan en proyectos como ALGASAL+, el proyecto europeo I3-4 SEAWEED o el ATL.A.HUB (Centros Atlánticos para impulsar la acuicultura terrestre y la biotecnología de algas marinas). Además, en Gran Canaria se va a desarrollar el primer proyecto piloto de una granja modular de algas de 40 000 m², dentro del proyecto europeo Ocean Gardens.

El proyecto de Gran Canaria Bass Company, ¿un futuro Melenara?

El proyecto presentado por Gran Canaria Bass Company para instalar una granja acuícola para el cultivo de lubinas en las costas de la Aldea, que pretende producir unas 5.400 toneladas anuales, continúa pendiente de un Informe de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinario. La concesión se encuentra muy cerca de una zona catalogada de especial protección para las aves y de otras de especial conservación tanto terrestre (Tamadaba) como marítimas (Sebadales de Güigüi). Estos últimos se encuentran a sólo 7 kilómetros y son refugio del angelote, una especie en peligro crítico de extinción que ha encontrado en las aguas canarias uno de sus últimos refugios.

“¿Qué impacto tendría un suceso semejante al ocurrido en la granja marina de Melenara sobre la valiosa biodiversidad de la zona, o sobre la pesca artesanal que se practica en esa costa, o sobre la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de La Aldea? La respuesta es evidente, sería demoledor”, ha concluido Sánchez Lasso.

El colectivo Turcón Ecologistas en Acción denuncia públicamente la grave dejación de funciones de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, que en vez de ser garante del interés general se ha convertido en un mero tramitador de proyectos del oligopolio eléctrico, facilitando la expansión de macroinstalaciones fotovoltaicas sobre suelo rústico protegido en toda Canarias

En el caso de la Planta Fotovoltaica Aguadulce, promovida por la multinacional ENEL en la zona de Jeréz, Telde, la Dirección General de Energía no ha valorado ni defendido las alegaciones de la ciudadanía, trasladándolas directamente a la empresa para que sea ella misma quien se justifique y critique las alegaciones ciudadanas.

Esto supone una renuncia expresa a la función pública de defensa del territorio, de la soberanía energética y de los derechos ambientales del pueblo canario, dejando a la población en una posición de absoluta indefensión frente a una multinacional con poder económico, jurídico y político.

“El Gobierno de Canarias ha decidido ponerse del lado del oligopolio eléctrico y no del lado de su gente. Ha abandonado su función de árbitro para convertirse en gestor de los intereses de ENEL”, denuncia Turcón.

Turcón califica de profundamente cínica y colonial la estrategia de ENEL, que pretende justificar la ocupación de suelo rústico de protección agraria mientras ignora deliberadamente una realidad incuestionable: Que Los propios propietarios de viviendas, naves industriales, aparcamientos y edificios públicos podrían alcanzar la potencia de este proyecto —y mucho más sin destruir ni un solo metro cuadrado de suelo agrícola.

ENEL actúa como si la ciudadanía canaria no existiera como sujeto activo de la transición energética, como si no pudiera producir su propia energía.

El modelo del oligopolio eléctrico representado por ENEL, Iberdrola, Naturgy y otras grandes empresas pasa por acaparar tierra, energía y beneficios, dejando a la población como mera consumidora cautiva y al territorio como simple mercancía.

La macroplanta de Jeréz no es un hecho aislado. Forma parte de una avalancha de decenas de proyectos fotovoltaicos industriales que están ocupando suelo rústico, suelo agrícola y suelo de protección en municipios como Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana, Gáldar, entre muchos otros.

Este modelo está generando:

· Pérdida acelerada de suelo agrario útil,

· Fragmentación irreversible del territorio,

· Daño a la biodiversidad,

· Destrucción del paisaje,

· Expulsión de actividades tradicionales como el pastoreo,

· Concentración de beneficios en manos del oligopolio eléctrico,

· Empobrecimiento estructural de la sociedad canaria.

Todo ello sin una evaluación ambiental estratégica y acumulativa, como exige la ley, y sin una planificación democrática del modelo energético.

Turcón advierte que la llamada “emergencia energética” está siendo utilizada como excusa para imponer un modelo extractivo, donde:

· La energía sigue en manos de unos pocos,

· El suelo lo pone el pueblo,

· Y los impactos los sufre la sociedad canaria.

Esto no es una transición justa, sino una reconversión colonial del territorio para beneficio de grandes corporaciones extranjeras.

Los ecologistas insisten en que las alternativas son claras, viables y ampliamente suficientes:

· Cubiertas de viviendas,

· Azoteas de edificios públicos,

· Naves industriales,

· Aparcamientos,

· Zonas comerciales,

· Infraestructuras ya urbanizadas.

Todo ello puede ser promovido por los propios propietarios, comunidades energéticas y entidades locales, generando empleo local, ahorro energético y soberanía energética real, sin destruir suelo rústico ni agrario.

Rechazo total al proyecto de ENEL en Jeréz

Turcón Ecologistas en Acción rechaza frontalmente la planta fotovoltaica Aguadulce y exige al Gobierno de Canarias:

· La denegación inmediata del proyecto,

· La evaluación ambiental ordinaria acumulativa y obligatoria para todo este tipo de proyectos,

· La paralización de la ocupación masiva del suelo rústico,

· Y la recuperación de una planificación energética pública, democrática y al servicio del pueblo canario.

La transición energética debe servir para democratizar la energía, proteger el territorio y garantizar derechos, no para reproducir un nuevo ciclo de acaparamiento, expolio y dependencia.

Lo tenemos claro: “No aceptamos que Canarias vuelva a ser sacrificada en nombre del beneficio de unos pocos. La energía del sol es del pueblo, no de los oligopolios”.

El alcalde, Alfredo Gonçalves Ferreira, valora positivamente esta resolución, que respalda la gestión municipal y confirma que no hubo daño para las arcas municipales

El alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves Ferreira, y su equipo de gobierno muestran su satisfacción ante el Auto que acaba de dictar la Consejera de Cuentas del Tribunal de Cuentas en el que confirma que no ha habido perjuicio económico para el Ayuntamiento de Guía ni irregularidades en su gestión como denunció el concejal en la oposición Pedro Rodríguez “generando una falsa alarma, intentado confundir a la ciudadanía con un relato sobre un descontrol administrativo que esta Resolución del Tribunal de Cuentas desmonta por completo” señaló Gonçalves Ferreira.

La Resolución dictaminada es favorable al Ayuntamiento y constituye un respaldo institucional a la gestión ejercida así como a la posición jurídica defendida por el alcalde y sus compañeros en las labores del gobierno municipal. En ella se subraya que las irregularidades denunciadas no constituyen, según el Ministerio Fiscal y la Consejera de Cuentas, supuestos manifiestos de responsabilidad contable y se señala que las actuaciones administrativas del grupo de gobierno municipal han seguido la normativa vigente y que en ningún momento se ha producido perjuicio material alguno para el patrimonio municipal.

El Ayuntamiento de Guía aportó la documentación requerida en cada fase y presentó las alegaciones solicitando el archivo de la denuncia.

El alcalde y su equipo de gobierno han sido estrictamente diligentes y colaborativos durante todo el proceso, facilitando la más completa información y respondiendo con agilidad a los requerimientos del Tribunal. Gracias a esta actitud, ha quedado desvirtuada cualquier sospecha de responsabilidad contable directa o subsidiaria.

El alcalde, además, reiteró su voluntad de seguir aplicando medidas de mejora y perfeccionamiento en los procedimientos internos, asegurando la máxima eficacia y control para que la gestión pública siga siendo ejemplar.

El alcalde ha sido contundente al afirmar que “este nuevo varapalo judicial sólo viene a confirmar que la guerra mediática y judicial emprendida por Pedro Rodríguez desde el pasado año contra el nuevo grupo de gobierno es un sinsentido, no tiene razón de ser y sólo persigue enredar y entorpecer la gestión municipal, perjudicando enormemente además la imagen de nuestro municipio”, señaló Gonçalves Ferreira.

Juntos por Guía exige la inmediata reparación del ascensor del Ayuntamiento de Guía para garantizar el acceso de las personas con movilidad reducida

El ascensor del Consistorio guíense lleva más de un mes fuera de servicio

El Partido Juntos por Guía manifiesta su preocupación por el hecho de que el ascensor del edificio municipal lleve más de un mes fuera de servicio. Esta situación, según han trasladado varios vecinos a esta formación, está generando graves inconvenientes a las personas con movilidad reducida que acuden diariamente al Ayuntamiento a realizar trámites o gestiones ordinarias.

Desde Juntos por Guía consideran que mantener inutilizado el ascensor durante tanto tiempo vulnera el principio de accesibilidad universal reconocido en la Ley 8/1995 de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación de Canarias, así como la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que obliga a las administraciones públicas a garantizar un acceso seguro y autónomo a todos los ciudadanos, especialmente a quienes presentan limitaciones funcionales.

La formación política subraya que esta situación limita el derecho de los vecinos a acceder en igualdad de condiciones a los servicios públicos municipales, comprometiendo además la imagen y la responsabilidad institucional del Ayuntamiento.

Por todo ello, Juntos por Guía exige que se agilice de manera inmediata la reparación del ascensor para cumplir con la ley y garantizar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades de todos los vecinos y vecinas de Santa María de Guía.

Los ecologistas teldenses manifiestan en escrito remitido a la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias la realización de movimientos de tierra con maquinaria pesada y obras en Lomo de Los Frailes (Las Huesas), Telde, Isla de Gran Canaria. Entendiendo que dichas obras son movimientos de tierra con maquinaria pesada y obras en Lomo de Los Frailes (Las Huesas), Telde, Isla de Gran Canaria

La demanda de actuación a la fiscalía se sustenta que son obras sujetas a licencia urbanística al amparo del artículo 330 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se determina que están sujetas a licencia los desmontes y movimientos de tierra que excedan de la práctica ordinaria de labores agrícolas; aperturas de caminos; y los cerramientos y vallados perimetrales y de protección que requieran cimentación de profundidad superior a cincuenta centímetros.

También el artículo 372 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, establece cuales son infracciones graves, muy graves; a la vez que especifica el régimen de sanciones para dichos casos.

Entendemos que, tratándose de actuaciones de parcelación, urbanización, construcción o edificación, extractivas o de transformación de los terrenos en curso de ejecuciones carentes de licencia, orden de ejecución o de cualquier otro título habilitante previo y preceptivo, la Administración debería acordar, entre otras medidas alternativas o complementarias, la suspensión del curso de las obras y actividad, y proceder a su precintado.

Recuerdan que en base artículo 361 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se establece que la Administración podrá incoar procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística.

Dando continuidad al requerimiento presentado se viene a solicitar la investigación de lo aquí denunciado porque entendemos una vulneración grave de los preceptos de la Ley del Suelo, a la vez que se de apertura del expediente de infracción urbanística y actuaciones encaminadas para el restablecimiento de la legalidad.

El colectivo Turcón – Ecologistas en Acción ha presentado, de nuevo, alegaciones a la solicitud de ENEL para declarar de utilidad pública y social una instalación fotovoltaica que le daría derechos expropiatorios sobre una superficie equivalente a 12 campos de futbol en suelo agrícola de la zona de Jeréz en Telde

A su vez, denuncia públicamente la grave dejación de funciones de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, que en el marco del proyecto “Planta Fotovoltaica Aguadulce”, promovido por la multinacional Enel Green Power España, ha eludido su deber de defender el interés público, el territorio y los derechos de la ciudadanía canaria.

Durante la tramitación de este proyecto, la Dirección General de Energía no ha valorado en conjunto las alegaciones ciudadanas y de los colectivos ecologistas, limitándose a trasladarlas directamente al promotor para que sea éste quien responda de manera individualizada a cada una.

Con esta actuación, el Gobierno abandona su papel de garante del territorio y expone a los colectivos sociales y a los particulares a la presión de una multinacional eléctrica, permitiendo que el poder económico y la narrativa corporativa se impongan sobre la voz ciudadana.

“La Administración se ha convertido en mera tramitadora de los intereses empresariales de ENEL, renunciando a su deber de proteger el suelo agrario, el paisaje y la soberanía alimentaria de Canarias”,declara Turcón – Ecologistas en Acción.

Un ataque al suelo agrario y a la planificación territorial

El proyecto, que ocupa más de 11 hectáreas en la zona de Jeréz (Telde), se asienta sobre Suelo Rústico de Protección Agraria Especial (SRPAG-1), una categoría reservada para preservar a largo plazo los suelos de alto valor agrícola y ambiental.

La transformación de estos suelos supone una pérdida irreversible de su vocación agrícola, expulsa a sus legítimos propietarios, impide otros usos como el pastoreo, abre la puerta a más proyectos industriales en suelo protegido, además de los que ya están instalados en la zona, y contradice los objetivos de la planificación territorial y del propio PTECAN (Plan de Transición Energética de Canarias) que indica que existes suficientes espacios urbanizados en Canarias para cubrir, con creces, la demanda energética.

Una transición energética justa, no a costa del territorio

Turcón recuerda que la transición energética no puede convertirse en un nuevo modelo de expolio del suelo rural, repitiendo los errores del desarrollismo turístico e inmobiliario.

El colectivo no se opone a las energías renovables, sino a su implantación desordenada y socialmente injusta, que convierte espacios agrarios en parques industriales en beneficio de grandes corporaciones.

“Canarias necesita energía limpia, pero también necesita proteger su tierra, su agua y su paisaje. Las renovables deben instalarse sobre superficies ya transformadas, no sobre los pocos suelos agrícolas o potencialmente agrícolas que nos quedan” señalan desde Turcón.

Alternativas que propone Turcón – Ecologistas en Acción

El colectivo plantea una transición energética distribuida, democrática y respetuosa con el territorio, basada en:

· Aprovechamiento de cubiertas de viviendas, centros públicos, naves industriales, aparcamientos y superficies comerciales.

· Instalaciones en suelos ya artificializados o degradados, no en suelo rústico protegido.

· Promoción del autoconsumo compartido y las comunidades energéticas locales, con participación ciudadana y beneficios directos para la población.

· Planificación energética insular vinculante, que priorice la soberanía energética y alimentaria, evitando impactos acumulativos sobre el territorio.

Rechazo al proyecto de ENEL

Turcón – Ecologistas en Acción rechaza de forma rotunda la planta fotovoltaica Aguadulce por su impacto territorial, ambiental y social, y exige al Gobierno de Canarias que:

· Deniegue la autorización administrativa y ambiental del proyecto.

· Someta este y otros proyectos similares a una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria.

· Reoriente la política energética insular hacia modelos descentralizados y socialmente justos.

Los ecologistas reafirman su compromiso con una transición energética al servicio de las personas y del territorio, y no de las grandes corporaciones.

La protección del suelo agrario, del paisaje y de la biodiversidad es inseparable del derecho a un futuro sostenible para Canarias.