El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad resalta que cumple los mandatos de la ley canaria de Memoria Histórica y la estatal de Memoria Democrática para lograr los fines fijados en ellas: verdad, justicia, reparación y no repetición

Señala que es un plan con un conjunto ordenado de 33 proyectos, elaborado de modo documentado y participativo, con una metodología que trata de asegurar la corrección técnica y con propuestas concretas que tienen definición, responsables, financiación e indicadores de seguimiento

Confía en que sirva para generar una mejor convivencia, en la que no haya espacios de oscuridad ni reductos de olvido y odio, y, en el futuro, una sociedad en la que no sean necesarias leyes de memoria histórica, porque esta se construya con la verdad y, a través de ella, con justicia

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha señalado este lunes en el Parlamento de Canarias que la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias es un conjunto ordenado de proyectos, elaborado de modo documentado y participativo, para cumplir los mandatos de las leyes de Memoria Histórica y de Memoria Democrática, y para alcanzar, con rigor y sin rencor, los fines y propósitos fijados en ellas: verdad, justicia, reparación y no repetición.

Julio Pérez, que ha presentado este documento en la Cámara autonómica, acompañado de la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, ha resaltado que las actuaciones del Gobierno de Canarias en esta materia, en aplicación de las leyes, podrían ser resumidas en un breve lema “con rigor y sin rencor”, pues, en su opinión, de no ser así, no podrían alcanzarse ni buscarse los objetivos de verdad y de justicia, especialmente.

Durante su intervención se ha referido al marco legal que sustenta esta Estrategia –Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista y Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática–, y a alguna de las actuaciones llevadas a cabo a lo largo de la presente legislatura, cono la aprobación del reglamento y la constitución de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, el protocolo de fosas, el catálogo de vestigios franquistas de Santa Cruz de Tenerife y el inicio de otros catálogos.

Ha insistido en la metodología utilizada para elaborar este plan, que trata de asegurar la corrección técnica, como queda constatado en sus páginas 8, 9 y 23, el análisis que se ha desarrollado de los trabajos realizados en otras comunidades autónomas, para identificar sus buenas prácticas y tendencias, y que el documento recoge propuestas concretas de proyectos concretos, con definición, responsables, financiación e indicadores de seguimiento, ya que, tal y como establece la ley, la estrategia requiere una evaluación bianual.

Se ha referido, igualmente, a su la naturaleza ordenada y sistemática de las actuaciones, enmarcadas dentro de tres objetivos, siete líneas estratégicas, dieciséis líneas operativas y 33 proyectos, y ha hecho hincapié en la atención pormenorizada que se presta a colectivos que hasta ahora no habían estado en primer plano, como la comunidad LGTBIQA+.

Julio Pérez ha enumerado alguno de los 33 proyectos que recoge la estrategia, destacando el fomento de la investigación en materia de Memoria Histórica en las universidades públicas canarias y la aportación de materiales a archivos universitarios; la elaboración de un Catálogo de Espacios y Lugares Históricos; la creación del registro de víctimas canarias del franquismo y de la sustracción de menores; la declaración de la excolonia agrícola penitenciaria de Tefía como lugar para el conocimiento de la Memoria Histórica de Canarias; el reconocimiento del Templo Masónico situado en Santa Cruz de Tenerife como memorial de víctimas perseguidas por el franquismo; y la investigación de las sustracciones de Menores en Canarias.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha mostrado su confianza en que este documento sirva para generar una mejor convivencia, en la que no haya espacios de oscuridad ni reductos de olvido ni de odio, y, en el futuro, una sociedad en la que no sean necesarias leyes de memoria histórica, porque esta se construya con la verdad y, a través de ella, con justicia. Para ello, ha considerado que la educación y la divulgación deben constituir el eje fundamental.

En respuesta a alguno de los diputados que han participado en la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad, ha aclarado que esta no es una estrategia para este Gobierno, pues su periodo de aplicación son los dos próximos años, ni tampoco se trata de una política de una ideología determinada pues parte de la neutralidad y es fruto de la participación de muchas personas, más de 400 solo en el periodo abierto en el Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias.

El propósito principal de este documento es garantizar el reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista

Entre sus grandes objetivos está promover la investigación, la construcción de un relato común y la difusión de los hechos en materia de Memoria Histórica, y asegurar el apoyo institucional a la defensa de la memoria histórico-democrática

De ellos penden siete líneas estratégicas, dieciséis líneas de actuación y hasta 35 proyectos, muchos ya en marcha y algunos en un grado avanzado de desarrollo

Antes de su elaboración se planteó un cuestionario, que se publicó en el Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias y que fue respondido por más de 400 personas, siendo uno de los procesos participativos más numeroso de estos últimos años

La Comisión Técnica de Memoria Histórica, órgano colegiado de carácter técnico, consultivo y asesor del Gobierno de Canarias, presidido por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha aprobado esta semana, de forma unánime, el informe sobre la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, documento que tiene como objetivo principal garantizar el reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.

La Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias es fruto de un trabajo altamente participativo, en el que se ha procurado recabar la posición y opiniones de expertos, asociaciones memorialistas, instituciones públicas y la sociedad en general. Con este fin, antes de su elaboración se planteó un cuestionario que se publicó en el Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias y que fue respondido por más de 400 personas, siendo uno de los procesos participativos más numeroso de estos últimos años.

Igualmente, se han llevado a cabo talleres con expertos a nivel autonómico y nacional sobre la materia e incluso miembros de la Dirección General de Memoria Democrática del Ministerio de Presidencia, así como entrevistas individuales con los miembros de la propia Comisión Técnica.

Se ha analizado, también, la respuesta que otros territorios han dado a esta cuestión y, en función de todo ello, se han establecido tres grandes objetivos estratégicos que constituyen los fines a perseguir en este documento.

En primer lugar, promover la investigación, la construcción de un relato común y la difusión de los hechos en materia de Memoria Histórica. En segundo, garantizar el reconocimiento y la dignificación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Y, en tercer lugar, asegurar el apoyo institucional a la defensa de la memoria histórico-democrática.

De estos tres grandes objetivos penden siete líneas estratégicas, dieciséis líneas de actuación y hasta un total de 35 proyectos, todos ellos descritos con identificación de sus indicadores de cumplimiento, previsión de financiación, resultados esperados y planificación o cronograma de su desarrollo. Con ellos, lo que se pretende es dar cumplimiento a las obligaciones legales y a la realización de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Reconocimiento y reparación

Según la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, “no es una estrategia para la confrontación, sino para el reconocimiento y la reparación, que ofrece respuestas a reclamaciones largamente demandadas por la ciudadanía y que resultan ser de pura justicia material (exhumación de las fosas, dignificación de las víctimas, investigación de la realidad de los menores sustraídos, aprobación del catálogo de vestigios franquistas, elaboración del mapa de espacios y lugares de memoria…)”. Muchas de estas acciones ya se encuentran en marcha y algunas en un grado avanzado de desarrollo.

Con esta estrategia lo que se pretende es coordinar y garantizar el buen fin de todos los proyectos, constituyéndose en la hoja de ruta de la Memoria Democrática en Canarias Su elaboración parte de la obligación contenida en el artículo 9 de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.

En dicho artículo se establece, en primer lugar, que “el Gobierno de Canarias, a propuesta de las consejerías competentes en materia de memoria histórica, educación y patrimonio cultural, aprobará la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, con carácter bienal, en la que se recogerán los objetivos, las prioridades y la financiación que deben regir las actuaciones relativas a la memoria histórica a realizar por la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias”.

Además, indica que “elaborada la propuesta de estrategia, y antes de su aprobación definitiva por el Gobierno de Canarias, se someterá a informe de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica prevista en el artículo 11 de la presente ley, que podrá proponer la incorporación de los objetivos y prioridades que estime necesarios para una mejor coordinación de las actuaciones a realizar por la administración pública de la comunidad autónoma y por las demás entidades públicas y privadas”.

Por lo tanto, nace de un diagnóstico de necesidades y grado de cumplimiento de los fines recogidos en la ley autonómica, que son, a la vez, plenamente compatibles con los que se contienen en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

Junto al consejero Julio Pérez y la viceconsejera Carla Vallejo, por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, también han asistido a la Comisión Técnica la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, y la jefa de la Sección de Mediación de esta Dirección General, Elisa Santiago, que ha actuado como secretaria del citado órgano.

Además, han participado el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez, vía online; la presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez; su homólogo de La Palma, Félix González; el presidente de la Asociación Canaria de Menores Sustraídos, Jorge Rodríguez; la vicepresidenta segunda y consejera insular de Presidencia, Hacienda y Modernización del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, en representación de la Federación Canaria de Islas (Fecai); la profesora adscrita al Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPG) Candelaria González, vía online; la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna (ULL), María Isabel Navarro, vía online; el director del Laboratorio de Genética del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas (IMLCF), José Juan Pestano; y el secretario de la Asociación Memoria Histórica de Arucas, Manuel Ortego, vía online.

El Cabildo de Gran Canaria ya ha identificado a 35 personas que formaban parte del personal de la Corporación insular que fueron víctimas de algún proceso de depuración por motivos políticos, ideológicos o de creencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, por defender la legalidad institucional y que resultaron sancionadas de forma ilegítima y privadas de sus puestos de trabajo

El propósito de la Institución es reconocer y reparar las figuras de las y los afectados, un proceso iniciado a finales de 2021 y que coordinaba Pino Sánchez Bogatell, quien falleció prematuramente en agosto del año pasado

El proceso de identificación de las y los represaliados se inició tras el Pleno insular celebrado en mayo de 2021, en el que se aprobó una moción auspiciada por los grupos políticos Nueva Canarias, Socialista PSC-PSOE y Sí Podemos para la declaración de reparación y reconocimiento de las personas afectadas por estas depuraciones.

Como argumentaron las tres formaciones políticas en su propuesta, el propósito es "reparar la injusticia histórica y el atentado a los derechos fundamentales del personal del Cabildo de Gran Canaria que perdió su puesto de trabajo o fue suspendido de empleo y sueldo como víctima de la depuración ejercida por el Régimen Franquista".

Así, de la mano de la Consejería de Igualdad, Diversidad y Transparencia que conduce Sara Ramírez, se puso en marcha el estudio de los expedientes de las posibles víctimas en el Archivo General de la Institución, para lo que se contó con un listado aportado por el historiador José Alcaraz Abellán en su tesis 'El Cabildo y la institucionalización del Régimen Franquista en Gran Canaria: Poder Político y relaciones sociales entre 1936 y 1960', así como con la colaboración del también historiador Sergio Millares.

Como resultado de ese trabajo, se ha elaborado una relación con todas las personas que fueron objeto de investigación y se les abrió expediente, de las cuales han quedado 35 nombres, una lista que es susceptible de ser ampliada en caso de que alguna persona pueda aportar información que no figure en los archivos del Cabildo. De las personas investigadas en su momento por los órganos represores, hay constancia de que hubo un grupo de trabajadores y trabajadoras que fueron expedientados en la misma época por sus vínculos o manifestaciones políticas, e incluso de personas que fueron víctimas de los asesinatos que se perpetraron en La Marfea.

Julio de 1936, comienzan las represalias

En su tesis, José Alcaraz Abellán narraba que "las depuraciones de funcionarios considerados desafectos, dado lo temprano de la imposición del nuevo poder militar, comenzarán desde julio de 1936 en aplicación del bando declaratorio del estado de guerra. Precisamente, en agosto de 1936 se le exige a todo el personal la firma de un documento personal de adhesión al levantamiento armado. Inicialmente son cesadas, incoándoseles a continuación expediente de depuración, todas aquellas personas al servicio de los establecimientos insulares detenidas por las autoridades militares. Posteriormente, también lo serán aquellas sometidas a consejos de guerra, existiendo además casos de depuraciones por situaciones concretas, tales como: denuncias, encontrarse en la llamada 'zona roja' el 18 de julio, permaneciendo en unos casos o regresando en otros".

El Gobierno insular ha considerado que estos hechos están contemplados en el artículo 3.3 de la Ley de Memoria Histórica sobre Declaración de ilegitimidad las sanciones impuestas por la Comisión Gestora del Cabildo de Gran Canaria y recogidas en las actas y decretos que constan en el Archivo General del Cabildo de Gran Canaria.

Y es que el objetivo de la Ley de Memoria Histórica es reconocer y ampliar los derechos a favor de quienes padecieron este tipo de persecución y violencia, en aras de promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, además de fomentar los valores y principios democráticos, mediante el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Con esa base, el Cabildo de Gran Canaria solicitará al Ministerio de Justicia del Gobierno de España la expedición de la Declaración de reparación y reconocimiento personal prevista en el artículo 4.1 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, para las y los empleados públicos de la Institución que fueron sancionados y depurados por estos motivos por la Comisión Gestora Militar, en relación a aquellas personas que hayan fallecido y que carezcan de familiares que puedan ejercitar este derecho.

Una vez obtenida esa declaración, se incorporará a los expedientes personales que se encuentran en el Archivo General, para que quede constancia de su reconocimiento como víctimas del franquismo y de cómo su defensa de la libertad y la legalidad democrática les llevó a perder y sus puestos de trabajo. Finalmente, se han iniciado los trámites para celebrar un homenaje público a quienes fueron víctimas de represalias.

Las víctimas

Las personas represaliadas que se conocen actualmente trabajaban, en su mayoría, en los servicios sociosanitarios del Cabildo y son: Teófilo Alfaro Alonso; Jacinto Alzola Cabrera; José Barrera Barrera; Antonio Cardona Arencibia; María Fernández Jesús; Lorenzo Figueroa Fernández; Felipe Figueroa Padrón; Carlos Franchy Aduain de Zumalave; Ángel García Mendoza; Julia Emilia González Ojeda; Francisco Hernández Guerra; Antonio Junco Toral; Aurelio Lisón Lorenzo; Manuel López Díaz; Pablo María de la Luz; Domingo Marrero Ruiz; Antonio Mejías Ascanio; Agustín Melián Cabrera; Fernando Morales González; Francisco Moreno Hernández; Francisco Navarro Verdú; Sebastián Ojeda Domínguez; Rafael Pérez León; Diego Quintana Quintana; Juan Ramírez Llarena; Remedios Rivero Avivar; Luis Rivero Luzardo; Florentino Rodríguez Santana; Narciso Roque Lorenzo; Francisco Santana Almeida; Asunción Santaugini Mestres; Julia Soler Córdoba; José Suárez Saavedra; Antonio Trujillo García; Emilio Valle y Gracia.

Aquellas personas que puedan aportar información sobre personal del Cabildo que pudo ser represaliado por sus ideas políticas o actividad sindical, tras la sublevación militar, podrán dirigirse al siguiente correo electrónico: memoriademocratica @ grancanaria.com. 

Miembros de su Junta Directiva se reúnen con el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para darle a conocer las líneas de actuación y la propuesta de declarar monumento de memoria histórica el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife

También subrayan la importancia de poner en marcha el Centro Virtual de la Memoria Histórica y elaborar la estrategia de esta materia que mandata la propia Ley

Julio Pérez toma nota de las iniciativas planteadas y afirma que algunas de ellas están en sintonía con las que viene desarrollando su departamento y otras corresponden a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, se ha reunido esta semana con Emilio Fresco, Eva Tobar, Carlos Berástegui, Víctor Berástegui y Jorge García Prieto, miembros de la Junta Directiva de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Masónica de Canarias, con el propósito de conocer los objetivos de este colectivo y las líneas de actuación en las que está trabajando.

Durante el encuentro, el presidente de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Masónica de Canarias, Emilio Fresco, ha planteado a Julio Pérez el interés existente en colaborar con todas las asociaciones de memoria histórica, con la finalidad de ir dando pasos en la ejecución material de lo que prevé la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.

Tras felicitar a todos ellos por la constitución de la Asociación, el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha apuntado que la memoria de la actividad de los grupos de la masonería en la historia de Santa Cruz de Tenerife, y de Canarias, en general, es muy intensa. Ha tomado nota de las iniciativas planteadas, algunas de las cuales, según ha dicho, están en sintonía con las que viene desarrollando su departamento y otras corresponden a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Julio Pérez se ha comprometido a mantenerlos informados de las actuaciones que en materia de memoria histórica desarrolle la Consejería.

Emilio Fresco ha destacado la necesidad de elaborar la Estrategia de la Memoria Histórica de Canarias, un documento “clave” con carácter bienal, en el que se recogen los objetivos, las prioridades y la financiación que deben regir las actuaciones relativas a la memoria histórica a realizar por la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los miembros de la Junta Directiva han resaltado también la importancia de llevar a cabo el Centro Virtual de la Memoria Histórica, con la finalidad de recopilar, recuperar, estudiar, difundir y facilitar el acceso a la información contenida en los documentos de la memoria histórica de Canarias, así como dar respaldo y fundamento documental e histórico a las actuaciones, iniciativas y estrategias relativas a esta materia puestas en marcha por el Gobierno de Canarias, o por cualquier Administración pública, entidad dependiente de la misma o de entidades privadas con fines sociales análogos a los de la citada Ley.

Igualmente, han explicado su propuesta de declarar lugar o monumento de memoria histórica el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, inmueble ubicado en la calle San Lucas de la capital tinerfeña.

Al término de la reunión, Fresco ha mostrado su satisfacción, pues, según ha apuntado, “hemos cumplido nuestras expectativas de hacer llegar al Gobierno de Canarias nuestras aspiraciones en esta materia”.

Las jornadas se enmarcan en la ley de memoria histórica aprobada en Canarias y que también contempla la reparación de los daños de todo tipo que el franquismo ocasionó a muchas personas por su orientación sexual o expresión de género

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, y la directora general de Diversidad y Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad, Boti García, inauguraron este jueves las Jornadas estatales de memoria histórica de la disidencia sexo. Archivos e investigación sobre represión franquista y vidas disidentes, que entre hoy y mañana viernes se desarrollarán en la Biblioteca del Estado de Las Palmas de Gran Canaria.

Por su parte, Boti García aseguró que “es necesario, imprescindible, que se refleje la memoria de las personas LGTBI, porque sin saber de donde venimos no podemos establecer hacia donde queremos ir”. “La sociedad -recalcó- debe saber lo que han sufrido personas disidentes de género, la historia de la represión durante el franquismo, porque nos han invisibilizado y ni siquiera nos han visibilizado como víctimas, un capítulo que se ha cerrado en falso y que la democracia no puede obviar”.

Noemí Santana se expresó en el mismo sentido que “debemos hacer memoria de la persecución que ha sufrido el colectivo LGTBI y las heridas abiertas que ha dejado ese periodo tan oscuro, reflexionar en conjunto de donde venimos y hacia donde queremos ir para sacar conclusiones que nos ayuden a avanzar”.

La consejera explicó que estas jornadas se enmarcan en el mandato de la ley de memoria histórica aprobada en Canarias y que también contempla la reparación de los daños de todo tipo que el franquismo ocasionó a muchas personas por su orientación sexual o expresión de género. “Personas que fueron condenadas por el delito de escándalo público, procesadas por ser consideradas un peligro social y que incluso llegaron a pagar penas de prisión o reclusiones con el fin de ser presuntamente rehabilitadas, como ocurrió en Tefía”.

Tras la inauguración, a las 10:15 horas, se puso en escena la obra teatral “Mi nombre es Octavio García”, un homenaje a la vida del ex-preso de la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía.

La consejera recordó que en este tiempo, además de señalizar lugares emblemáticos para el colectivo, editar publicaciones o realizar jornadas en las que exponer investigaciones sobre la materia, se ha entregado numeroso material a los archivos provinciales de Canarias, “cedido por las personas que padecieron esta opresión, y que permiten obtener información sobre los lugares de encuentro, las redes de apoyo que se crearon y documentan numerosas acciones represivas que se ejercieron contra ellas”.

Las jornadas, organizadas conjuntamente por la Dirección General de Diversidad del Gobierno de Canarias, en colaboración con la Dirección General de Diversidad y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad, abordarán durante estos dos días la represión de las disidencias sexuales y de género durante el franquismo a través de estudios académicos de especialistas de diversas comunidades autónomas y testimonios directos.

Podrán seguirse también online a través del canal Youtube de la Consejería y previa inscripción en: https://event.meetmaps.com/jmhdsg/es/registration

Manuela Armas y Rosa Aguilar firman un convenio para el desempeño de estas investigaciones, lideradas por María Isabel Navarro

El documento tiene una vigencia de cuatro años y está dotado con una partida presupuestaria de 339.510 euros

La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela Armas, y la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, han suscrito un convenio de cooperación cuyo fin es el desarrollo de investigaciones relacionadas con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica de Canarias, trabajos que conformarán el Catálogo de vestigios franquistas de todas las islas.

La Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural, a través de su Dirección General de Patrimonio Cultural, tiene encomendada la realización de estos trabajos, encargados a la Universidad de La Laguna, inventariando los símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas del archipiélago, tal y como establece la Ley 5/2018, de 14 de diciembre de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.

Durante su intervención, la consejera remarcó la necesidad de “recordar para no repetir errores y avanzar” y, en este sentido, destacó otras iniciativas que impulsa la Consejería, como el proyecto “Archipiélago Memoria”, cuyo objetivo es la promoción entre alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional del análisis de la historia reciente de Canarias, así como fomentar principios y valores democráticos, propios de una ciudadanía crítica, para contribuir al conocimiento del pasado y la reflexión sobre el presente.

Son los mismos principios, insistió Armas, que forman parte del objetivo general del convenio que sellamos hoy la Universidad de La Laguna y el Gobierno de Canarias, interpeladas por la necesidad de investigar en materia de memoria histórica y para el reconocimiento y reparación moral de las víctimas. Añadió que “no se trata de abrir viejas heridas, sino de cerrarlas, ni de agitar banderas ideológicas, sino de engranar las herramientas de una convivencia pacífica con conocimiento y pedagogía”.

El viceconsejero, Juan Márquez, señaló que, con esta firma, se da continuidad a un trabajo que empezó por Santa Cruz de Tenerife y que se quiere continuar “con la misma metodología y rigor científico con el que se hizo este catálogo”. Este convenio, agregó, “nos va a permitir trabajar en toda Canarias con un grupo de profesorado especializado”, una labor que se prevé “compleja” y que se prolongará hasta 2025, en la que la Dirección General de Patrimonio Cultural se compromete también con una aportación económica dirigida a todos aquellos recursos humanos y materiales “que necesitamos para elaborar ese catálogo”.

De este convenio, Márquez puso en valor que “dignifique la memoria, la reparación y el reconocimiento de víctimas del franquismo; lo tiene que estar por encima de cualquier otro interés político, electoral, o de cualquier intento de enfrentamiento insularista o territorial”, y agregó que “no se trata de abrir heridas, si no de poder cerrarlas dignamente”.

Por su parte, la rectora agradeció la sensibilidad de la Consejería en este asunto y que recurra al conocimiento científico en el entorno universitario para conocer la impronta del régimen franquista en las islas. El primer paso, explicó, será la catalogación que llevarán a cabo los científicos del ámbito de la historiografía sobre la intervención realizada en el patrimonio urbano por este régimen. “No se trata de una cuestión ideológica, subjetiva ni opinable”, manifestó al tiempo que anticipó que la ULL llevará a cabo un “estudio riguroso”.

María Isabel Navarro, en calidad de Investigadora Principal, el Dr. Ricardo Guerra Palmero, y los investigadores Jesús Pérez Morera, Profesor Titular de Historia del Arte, Domingo Gari-Montllor Hayek, Profesor Titular de Historia Contemporánea y la Dra. Yolanda Peralta Sierra, forman el equipo de investigación y para la elaboración de los contenidos previstos en la Ley, aplicando los aspectos definidos en los artículos 12, 16 y 17, esto es, la investigación y elaboración del Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Canarias, así como su preparación para ser hecho público a través de la web corporativa del Gobierno de Canarias. Así mismo, los resultados se incluirán en los fondos del Centro Virtual Documental de la Memoria Histórica de Canarias y se crearán contenidos curriculares de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, orientados a la divulgación de los principios y valores expresados en dicha norma; además de la elaboración de contenidos para las titulaciones universitarias, así como el fomento de la investigación científica sobre estos.

Dicha investigación conllevará, entre otros aspectos, la consulta de fuentes documentales, entre otras, actas y acuerdos municipales, en especial del periodo 1936-1945 o de las fechas que se requieran, expedientes de depuración de empleados, con los respectivos testimonios de los acuerdos adoptados en comisión permanente o plenos; expedientes de concesión de honores y distinciones y administrativos personales sobre alcaldes y concejales, así como documentación, si la hubiere, sobre la toma del poder municipal por las distintas gestoras entre 1936 y 1945. También se consultarán documentos de las comisiones encargadas de la denominación de calles, espacios públicos e iniciativas monumentales o memorialísticas. Comunicaciones con cabildos, Gobierno Civil, Comandancia-Capitanía o Mando Económico y otras autoridades (FET-JONS, asociaciones de excombatientes, etc.) sobre obras, fiestas, actos, solicitudes o colaboración con prácticas de depuración o represión y otras fuentes documentales que pudieran aportar información sobre los contenidos previstos en la Ley 5/2018.

Este convenio tiene una vigencia de cuatro años y está dotado con una partida presupuestaria de 339.510 euros

Analizará y aprobará, si procede, la ponencia encargada a un comité especial sobre la propuesta de 3.000 páginas que la Universidad de La Laguna elaboró por encargo de la Dirección General de Patrimonio

Junto al contenido del dictamen, todas las personas que integran la Comisión podrán hacer las observaciones al Catálogo que estimen convenientes

La Comisión Técnica de la Memoria Histórica, órgano presidido por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se reunirá el próximo 13 de junio para analizar y aprobar, si procede, la ponencia que un comité especial, derivado de la propia comisión e integrado por tres personas, ha elaborado sobre la propuesta de Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Santa Cruz de Tenerife.

Como se recordará, en la última reunión de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, celebrada el 16 de marzo, se acordó, antes de informar a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes sobre la propuesta de Catálogo, encomendar a tres de sus integrantes estudiar el contenido de este documento de 3.000 páginas que la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias había encargado a la Universidad de La Laguna.

Dicho comité está formado por la representante de la Federación Canaria de Islas (Fecai) en la Comisión y vicepresidenta del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez; la presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez, y el director del Laboratorio de Genética del Instituto de Medicina Legal (IML) de Las Palmas, Juan José Pestano.

Además, en el encuentro previsto para el próximo 13 de junio, todas las personas que forman parte de la Comisión podrán efectuar las observaciones que consideren convenientes y exponer sus reparos al texto de la propuesta de Catálogo redactada por el equipo de investigación conformado por la catedrática de Historia del Arte María Isabel Navarro, y los doctores Yolanda Peralta y Ricardo Guerra.

Junto a Julio Pérez, Berta Pérez, Mercedes Pérez, Juan José Pestano y María Isabel Navarro, también forman parte de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela Armas, y el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez, en calidad de vicepresidentes, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos; la jefa de Sección de Justicia y Asuntos Generales de esta Dirección General, Jana Millares, que actúa como secretaria; el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de La Palma, Félix González; el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, en representación de la Fecam; el presidente de la Asociación Canaria de Menores Sustraídos, Francisco González; el secretario de la Asociación Memoria Histórica de Arucas, Manuel Ortego; los representantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Candelaria González y Javier Márquez, del Archivo Histórico de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Macías, y del de Las Palmas, Samuel García.

Al igual que ocurrió el pasado 16 de marzo, a la sesión del próximo 13 de junio también acudirán dos representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, que solicitó asistir y obtuvo del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad poder intervenir.

Gobierno estatal y comunidades autónomas acuerdan destinar parte de los fondos a proyectos de conmemoración o investigación sobre la Constitución Española y la Transición Política y sus protagonistas individuales y colectivos

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad cuenta este año con más de 200.000 euros para esta materia. La II Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, celebrada este viernes en Sevilla, concede a las islas más de 65.000 euros

Julio Pérez confía en impulsar en 2022 la exhumación de las fosas descubiertas en las islas y actualizar y culminar la publicación del mapa de fosas accesibles a la ciudadanía. Solicita un banco de ADN para cumplir las previsiones de la ley canaria sobre menores robados

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha aplaudido este viernes en Sevilla el consenso general alcanzado por el Gobierno estatal y las comunidades autónomas, en la II Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, para ampliar el número de actuaciones a realizar sobre esta materia y poder destinar parte de los fondos a proyectos de conmemoración o investigación sobre la Constitución Española y la Transición Política y sus protagonistas individuales y colectivos, y de dignificación y recuperación de campos de concentración de la Guerra Civil, la II Guerra Mundial y la Dictadura.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias cuenta este año con más de 200.000 euros para actuaciones en Memoria Histórica, gracias a la financiación propia, que asciende a 149.500 euros, y a los 65.470 euros distribuidos en la II Conferencia Sectorial de Memoria Democrática celebrada en la capital hispalense bajo la presidencia del ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y con la presencia del titular de este departamento, Julio Pérez.

Este dinero permitirá a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad seguir desarrollando a lo largo de 2022 el conjunto de iniciativas que desde el inicio de la legislatura viene llevando a cabo en cumplimiento de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Entre otras, la actualización del mapa de fosas y el registro de personas desaparecidas.

El montante distribuido en la II Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, tres millones de euros, tiene como destino tres líneas de actuación. La primera, que dispone de dos millones, incluye trabajos de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura. La segunda y la tercera, de un millón, agrupan actividades de divulgación de trabajos efectuados y resultados obtenidos y de dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de los lugares de memoria asociados a los mismos. Además, a partir de ahora, y tras aprobarlo por unanimidad Gobierno estatal y comunidades autónomas, también se podrán utilizar estos fondos en proyectos de conmemoración o investigación sobre la Constitución Española y la Transición Política y sus protagonistas individuales y colectivos, y de dignificación y recuperación de campos de concentración de la Guerra Civil, la II Guerra Mundial y la Dictadura.

Durante el año 2021, la Consejería dirigida por Julio Pérez ha realizado sondeos con metodología arqueológica en la Palma, en busca de fosas de personas represaliadas de la Guerra Civil Española, y un estudio de localización de posibles víctimas canarias que figuran como desaparecidas, ambos proyectos dentro de la línea uno.

También ha iniciado la elaboración de una base de datos geográfica de fosas y personas desaparecidas, así como la actualización del mapa de fosas de Canarias y el diseño del portal web de Memoria Histórica de Canarias, proyectos destinados a la divulgación de trabajos y resultados de acuerdo con los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Dentro de las actividades llevadas a cabo por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Comisión Técnica de Memoria Histórica, cabe destacar la valoración de la propuesta de Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Santa Cruz, encargada por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias a la Universidad de La Laguna, y que ahora está pendiente de la elaboración de una ponencia por parte de las personas integrantes del comité derivado de la propia comisión, que deberá ser debatida en los próximos días.

Ha quedado pendiente de efectuar un estudio de geo-radar 3D multifrecuencia en una parcela situada en el municipio de Fuencaliente, en La Palma, con el fin de localizar posibles fosas relacionadas con la Guerra Civil Española.

De cara al año 2022, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dentro del ámbito de sus competencias, tiene previsto elaborar el adecuado registro del procedimiento de exhumaciones en el sistema SiCAV del Gobierno de Canarias, para permitir su tramitación telemática; promover la realización de las intervenciones arqueológicas que resulten técnicamente viables en las islas, para garantizar la exhumación de todas las fosas del territorio, y actualizar y culminar la publicación del mapa de fosas accesibles a la ciudadanía.

Igualmente, tiene el propósito de actualizar y publicar el listado de víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, así como su accesibilidad a la ciudadanía a través de una base de datos que permita contextualizar a las mismas; regular el funcionamiento de las bases de datos de ADN de víctimas del franquismo y de la sustracción de menores, y llevar a cabo acciones concretas de estudio en relación con los menores sustraídos y garantizar la coordinación que debe existir entre la Ley de Memoria Histórica y la Ley sobre los menores robados en Canarias.

Con este objetivo, Julio Pérez ha solicitado que se impulse la creación de un banco de ADN para cumplir las previsiones de la ley canaria sobre menores robados.

Durante ese tiempo, un comité derivado de la propia comisión, integrado por tres personas, analizará su contenido y elaborará una ponencia

Además, cada uno de sus miembros podrá hacer las observaciones que estime convenientes y presentar lo reparos procedimentales que vea oportunos

La Comisión Técnica de la Memoria Histórica, presidida por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha acordado este miércoles darse un mes, para estudiar la propuesta de Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Santa Cruz, encargada por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias a la Universidad de La Laguna, antes de informar a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes sobre este documento de 3.000 folios.

Junto a la ampliación del plazo, la Comisión Técnica de la Memoria Histórica ha decidido que, durante este tiempo, un comité especial derivado de la propia Comisión Técnica analice el contenido del Catálogo y elabore una ponencia. Este comité estará conformado por la representante de la Fecai en este órgano y vicepresidenta del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, la presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez, y el director del Laboratorio de Genética del IML de Las Palmas, Juan José Pestano.

Además, en la próxima sesión a celebrar por la Comisión para informar sobre este Catálogo, cada uno de sus miembros podrá hacer las observaciones que estime convenientes y presentar los reparos procedimentales que vea oportunos.

Esta decisión ha sido respaldada por todos los participantes de la Comisión Técnica, menos los representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, su alcalde, José Manuel Bermúdez, y su primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz, que se abstuvieron, al no compartir, entre otras cuestiones, que el catálogo se centre solo en la capital tinerfeña y no se amplíe, al menos, a todo el ámbito insular, ni las formas en que se ha llevado a cabo el proceso.

En la reunión de esta mañana han estado, en calidad de vicepresidentas, la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas, y Mercedes Pérez, ambas por vía telemática, y el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez, como vicepresidente. También han concurrido la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, la jefa de Sección de Justicia y Asuntos Generales de esta Dirección General, Jana Millares, que actúa como secretaria, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de La Palma, Félix González, y la catedrática de Historia del Arte de la ULL, María Isabel Navarro.

Por vía telemática, el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, en representación de la Fecam, el presidente de la Asociación Canaria de Menores Sustraídos, Francisco González, el secretario de la Asociación Memoria Histórica de Arucas, Manuel Ortego, los representantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Candelaria González y Javier Márquez, del Archivo Histórico de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Macías, y del de Las Palmas, Samuel García, así como Juan José Pestano.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha animado a todos los integrantes de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica a avanzar en el estudio del contenido del Catálogo y a exponer los reparos y sus réplicas en la próxima sesión.