Ante la suspensión de la Conferencia Sectorial de Inmigración, Candelaria Delgado ha acordado con la ministra Elma Sainz una reunión bilateral con el Ministerio el 26 de agosto

El Gobierno de Canarias ha manifestado su profunda perplejidad ante el requerimiento remitido por la Delegación del Gobierno en Canarias para que la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias designe, en el plazo de quince días, representantes temporales para menores extranjeros no acompañados durante la fase de triaje, bajo el apercibimiento de posibles actuaciones en caso de incumplimiento.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, que acudió hoy (jueves 23 de julio) a Madrid para participar en la Conferencia Sectorial de Inmigración que finalmente fue suspendida por falta de cuórum, trasladó a la ministra Elma Sainz, con quien se reunió con posterioridad, que es especialmente llamativo que esta exigencia se formule sin que previamente se haya explicado a las comunidades autónomas el alcance de las obligaciones derivadas del Reglamento (UE) 2024/1356 ni se hayan establecido los criterios comunes para su aplicación en todo el territorio nacional.

En la misma reunión, ambas administraciones acordaron celebrar una reunión bilateral el próximo 26 de agosto para tratar todos los puntos del orden del día de esta convocatoria y cualquier otra que pudiera ser de interés para Canarias, con el objetivo de avanzar en la coordinación institucional y dar respuesta a las necesidades específicas de Canarias como territorio frontera.

Candelaria Delgado señaló que Canarias va a responder a ese requerimiento “negándonos porque, entre otras cosas, no se ha establecido todavía por parte de los ministerios del Estado español cómo se va a hacer ese protocolo, quién tiene que estar en ese triaje”.

La consejera de Bienestar Social explicó que “la semana pasada lo planteé en la conferencia sectorial de Infancia y la ministra y su equipo no tenían conocimiento de que desde la delegación del Gobierno en Canarias se hubiera hecho ese requerimiento. Les he aportado una copia del mismo y les he comunicado que estamos elaborando la contestación a ese requerimiento y que también se las haré llegar. Ella se ha comprometido a hablar con el ministro de Interior y la ministra de Infancia para establecer ese protocolo y definir cómo se tiene que actuar en esos triajes y que nos van a dar una respuesta en ese sentido”.

El Gobierno de Canarias tenía previsto preguntar en la Conferencia Sectorial de Inmigración -la primera convocada en aproximadamente dieciséis meses,- que el ministerio clarificase el alcance de las nuevas obligaciones derivadas del Pacto Europeo de Migración y Asilo y que se estableciese un procedimiento homogéneo para todas las comunidades autónomas para garantizar la coordinación institucional necesaria para su correcta aplicación, tal y como lleva meses reclamando de manera expresa y por escrito a los ministerios correspondientes, y como ya expresó en la pasada Conferencia Sectorial de Infancia.

Esta circunstancia resulta aún más sorprendente cuando la propia Administración General del Estado ha trasladado recientemente, a través de una nota de prensa, que "el principal impacto del Pacto se ha detectado en el ámbito de la Administración General del Estado" y que, "en el momento en que se concreten las implicaciones para las comunidades autónomas, se informará inmediatamente a estas y se tomarán las medidas de cooperación y coordinación necesarias para apoyarlas en la implementación del PEMA".

A juicio del Gobierno de Canarias, el requerimiento recibido plantea importantes interrogantes jurídicos y competenciales que deberían haber sido resueltos con carácter previo y de forma coordinada entre todas las administraciones implicadas.

En primer lugar, resulta necesario determinar qué administración es competente para designar al representante temporal del menor durante la fase de triaje, teniendo en cuenta que este procedimiento corresponde al Estado y que las competencias autonómicas en materia de protección de menores se activan una vez finalizado dicho proceso y determinada la minoría de edad de la persona.

Asimismo, Canarias considera necesario aclarar por qué se dirige este requerimiento a la comunidad autónoma cuando el propio Estado había comunicado que las implicaciones del nuevo Reglamento para las comunidades aún estaban pendientes de concretarse y que serían objeto de información y coordinación antes de su implementación.

Del mismo modo, el Ejecutivo autonómico entiende que, si la Administración General del Estado ha constituido distintos grupos de trabajo para desarrollar la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, incluido uno específico sobre el procedimiento de triaje, resulta imprescindible conocer si ya existe un protocolo de actuación común para todo el territorio nacional o si, por el contrario, se están exigiendo actuaciones a las comunidades autónomas antes de que ese marco haya sido definido.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias recuerda que siempre ha mostrado su máxima disposición a colaborar con el Estado en la protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes y en la correcta aplicación de la normativa europea. Precisamente por ello, considera que una materia de esta trascendencia debe abordarse desde la cooperación institucional, la seguridad jurídica y el respeto al reparto competencial, y no mediante requerimientos unilaterales acompañados de advertencias sobre eventuales consecuencias jurídicas.

Candelaria Delgado, no obstante, pide al Estado que apruebe lo antes posible en Consejo de Ministros el nuevo Real Decreto que venía a informarse hoy en este órgano de cooperación administrativa

La Conferencia Sectorial de Infancia convocada para hoy, 8 de abril, no ha tenido lugar por la falta de cuórum, al no presentarse a la convocatoria las comunidades presididas por el Partido Popular. En vista de esta situación, Canarias ha solicitado al Estado que agilice la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto que establece las nuevas capacidades ordinarias y, por tanto, los límites establecidos para las contingencias de cada Comunidad Autónoma, un documento que se iba a presentar hoy para información en este órgano de cooperación.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha explicado que mientras tanto, se sigue trabajando en la derivación de los menores “en base a la misma normativa con la que veníamos trabajando hasta ahora”, que ya contemplaba la prórroga del procedimiento durante un año más. “Ahora mismo, estamos trabajando muy bien con las subdelegaciones en las dos provincias, se ha engrasado una maquinaria que inicialmente era lenta, pero que en este momento está funcionando correctamente, y vamos realizando las derivaciones previstas”, afirmó la consejera.

Canarias ha derivado a otras comunidades 719 menores por la vía de la modificación del Art. 35, más aquellos que han sido trasladados a través del sistema de protección internacional. Actualmente, tutela 3.337 menores, y para salir de la contingencia, con el real decreto actual, no debería tener más de 2.211 menores. La comunidad autónoma siempre ha señalado la importancia de que todo el estado sea solidario con los derechos y el bien superior de estos menores, que no deben ser obligación única de Canarias, puerta de entrada para la migración.

El Gobierno de Canarias aborda con las federaciones interinsulares y la RFEF una solución que permita su inscripción en clubes aficionados conforme a la normativa y al marco legal español

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, dirigida por Poli Suárez, celebró este martes una reunión de trabajo, encabezada por el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, con representantes de las federaciones interinsulares de fútbol de Tenerife (FIFT) y Las Palmas (FIFLP), así como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), para abordar la situación de los menores migrantes tutelados por la comunidad autónoma que actualmente encuentran dificultades para federarse en el fútbol base.

La reunión, solicitada con carácter urgente por el Gobierno de Canarias, supone el primer paso para impulsar una solución que permita la inscripción de estos menores en clubes de fútbol base, conforme al espíritu de la normativa vigente y al amparo de la legislación nacional en materia de protección de la infancia, y en igualdad de condiciones con el resto de menores de su entorno.

Ángel Sabroso trasladó la preocupación del Gobierno de Canarias ante una situación que afecta directamente a jóvenes en situación de especial vulnerabilidad. “Estamos hablando de menores que han llegado solos a nuestras islas, que han vivido situaciones extremadamente duras y que hoy están bajo la tutela de la administración pública. Para muchos de ellos, el fútbol no es solo un deporte, es una vía de integración y de pertenencia”, señaló.

Así, el viceconsejero de Deportes detalló que “el espíritu de la normativa internacional es proteger a los menores frente a prácticas abusivas en el mercado deportivo, no impedir que un chico tutelado pueda jugar en el equipo de su barrio” por lo que desde el Ejecutivo regional “creemos que hay margen para interpretar la norma desde la realidad que vive Canarias y desde el interés real al menor”, añadió.

En el encuentro participaron, además, el director general de la Actividad Física y el Deporte del Gobierno de Canarias, José Francisco Pérez; el director legal y el director de licencias de la RFEF, Jordi Aparisi y Salvador Noguera, respectivamente; el vicepresidente, el secretario general y el director del Departamento Legal de la FIFLP, Francisco Reyes, Daniel Pita y Javier Sosa, respectivamente, y el secretario general, el directivo y la responsable de licencias de la FIFT, Giover Alegre, Sergio Aguilar y Ruth Nuñez, respectivamente.

Desde el área que dirige Poli Suárez se ha defendido que estos menores no se encuentran en Canarias por motivos deportivos ni han sido captados por clubes, sino que han llegado huyendo de situaciones extremas, y cuentan con reconocimiento oficial de vulnerabilidad y tutela por parte de la administración, por lo que su integración en el sistema federativo respondería a un criterio de inclusión, favoreciendo así el desarrollo personal del menor y su plena integración social a través del deporte.

Trabajo conjunto

La reunión ha servido para compartir un diagnóstico común: la situación de los menores extranjeros no acompañados en Canarias no es equiparable a los supuestos para los que fue diseñada la normativa internacional en materia de transferencias. Mientras el sistema FIFA prioriza la seguridad del mercado internacional de jugadores, el Gobierno de Canarias ha subrayado que, en este caso, debe prevalecer el interés superior del menor bajo tutela pública.

En este sentido, todas las instituciones presentes coincidieron en que no se trata de fichajes, contratos ni operaciones de mercado, sino de menores protegidos por la comunidad autónoma, sobre los que no existe riesgo de captación ni mercantilización. Se trata de jóvenes cuya tutela legal implica también la obligación de garantizar su desarrollo integral, incluida la práctica deportiva.

Como conclusión del encuentro, el Gobierno de Canarias propone garantizar el derecho a la práctica deportiva federada de los menores migrantes no acompañados tutelados en la comunidad autónoma, en base al interés superior del menor. En el corto plazo, se trabajará conjuntamente con todas las partes implicadas con el propósito de facilitar lo antes posible su participación en el deporte base canario.

Asimismo, con la colaboración de la RFEF, el Ejecutivo autonómico y la Federación Canaria de Fútbol trasladarán a la FIFA la necesidad de atender la realidad específica de Canarias, con el objetivo de que estos menores puedan competir también en categorías nacionales y que sus expedientes de licencia federada puedan ser autorizados en condiciones de igualdad.

Durante la reunión se puso de manifiesto que el fútbol, entendido como política pública de cohesión, contribuye a reducir el riesgo de exclusión, favorece la convivencia, facilita el aprendizaje del idioma y genera sentido de pertenencia. Así, la Consejería continuará trabajando de forma coordinada con las federaciones para que ningún menor tutelado quede fuera del fútbol base por una interpretación normativa que no atiende a su realidad y a la responsabilidad pública asumida sobre ellos.

Bienestar Social refuta así los datos ofrecidos en rueda de prensa por Ángel Víctor Torres, que incluye mayorías de edad y aquellos que siguen en Canarias en centros del Estado

Delgado y Rodríguez han asistido a la última reunión de la comisión interdepartamental de este 2025

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, han participado hoy [30 de diciembre] en la última reunión de 2025 que ha mantenido la comisión interdepartamental de negociación para la salida de los menores migrantes con protección internacional que tutela Canarias.

Canarias ha aprovechado para matizar y refutar algunos datos ofrecidos por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien aseguró ayer que había “alrededor del millar de menores que han sido distribuidos en el conjunto de todo el país”. La realidad es que, desde Canarias, a través de la vía del asilo impuesta por el Tribunal Supremo, solo han sido trasladados a la Península 410 menores; mientras que por la vía ordinaria y la exprés solo lo han hecho 171 menores. Esto hace un total de 581 menores migrantes que ya no están en el Archipiélago, mientras que se han registrado 370 nuevas llegadas.

Canarias recuerda la necesidad de seguir aliviando los recursos locales, y que esperar a que los chicos y chicas cumplan los 18 años también es incumplimiento. En este sentido, desde marzo, 260 menores cumplieron la mayoría de edad esperando a que se reconociera su derecho a proseguir con su proyecto migratorio en centros de la red de protección internacional del Estado, mientras que 99 han renunciado a este derecho porque se niegan a ser trasladados temporalmente a los dispositivos habilitados en Gran Canaria, que no reúnen condiciones. Además, aún hay 85 menores alojados en el Canarias 50, 28 en la Casa del Mar y 54 en el Colegio León; mientras que a 96 de los menores que estaban en el listado inicial de migraciones les ha llegado una resolución desfavorable a su petición de asilo.

“Lo que no puede hacer Ángel Víctor Torres es sumar todos los menores en el mismo contingente y decir que han salido 1.000, cuando la realidad es que, de Canarias, solo han salido 581 por las diferentes vías de reubicación que existen. Esto es: por protección internacional, que han sido trasladados 410; por la vía exprés, que han entrado 370 y han sido reubicados en la Península solo 85; y por la disposición adicional primera -aquellos que estaban aquí cuando se declaró la contingencia- solo 86 salidas”, aseguró Sandra Rodríguez.

“Es fácil querer distorsionar la percepción y jugar con los números para hacer creer que el Estado está cumpliendo con su obligación”, aseguró la consejera “pero resulta que no son números, son personas, menores que ven conculcados sus derechos, mientras que Canarias sigue asumiendo una responsabilidad que excede de sus competencias. La realidad es que ese juego no beneficia a nadie, y contrasta con el espíritu de colaboración que existe en las comisiones interdepartamentales”.

“¿De dónde saca esos números?”, se pregunta Delgado, “Si se refiere a Canarias, creemos que también suma las 260 mayorías de edad que se han cumplido desde el inicio de este proceso con los menores con protección internacional, y aquellas mayorías de edad que se producen antes de los traslados de la vía exprés y ordinaria, que de aquí al 31 de diciembre serán unas 300, pero es que los canarios y canarias nos merecemos datos reales y precisos, y no vaguedades destinadas a mejorar la imagen del ministro”.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, intervino en el Parlamento para abordar la situación del Archipiélago

El Gobierno de Canarias ha reiterado hoy (martes 9) en sede parlamentaria que la gestión migratoria que afronta el Archipiélago constituye “el mayor reto humanitario, jurídico y político” al que se enfrenta la comunidad autónoma, y ha subrayado que se trata de una crisis estructural que solo puede abordarse desde “respuestas de Estado y respuestas europeas”.

Así lo expresó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, durante la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Popular para explicar la gestión migratoria. El Ejecutivo insistió en que la ruta canaria sigue siendo una de las más mortíferas del mundo, recordando que cada semana se registran llegadas con personas fallecidas y rescates en situaciones extremas. “No podemos normalizar estas tragedias. Detrás de cada cifra hay vidas, familias y proyectos truncados que nos interpelan como sociedad de acogida”, señaló Delgado.

A pesar de un descenso respecto al año anterior, 2024 cerró con más de 46.000 migrantes llegados a Canarias y, en lo que va de 2025, 16.824 personas han arribado al archipiélago, con un repunte significativo en las últimas semanas. Entre ellas, 2.280 menores no acompañados, una cifra superior al número de menores redistribuidos por el Estado hacia la Península.

En la actualidad, Canarias tutela 4.471 menores, “casi seis veces más que la capacidad ordinaria fijada por el propio Estado, lo que evidencia una situación insostenible sin una respuesta solidaria del conjunto del país”, indicó Candelaria Delgado.

La consejera de Bienestar Social detalló que el Gobierno ha destinado 190 millones de euros en 2025 a políticas migratorias, de los cuales 155,1 millones se dedican a la atención de menores no acompañados. La red autonómica cuenta con más de 80 centros y dispositivos, muchos de ellos abiertos en tiempo récord desde 2023, con equipos educativos, sanitarios y sociales que trabajan “al límite” para garantizar una atención digna. Asimismo, se han reforzado los equipos de tutela, tramitación de expedientes y coordinación con fiscalías, juzgados y fuerzas de seguridad para agilizar la documentación y mejorar la planificación.

Avances legislativos: nuevo régimen de contingencia migratoria

Candelaria Delgado destacó que Canarias “no solo ha pedido recursos”, sino que ha impulsado cambios normativos decisivos. Gracias a la presión política y técnica, el Estado aprobó el Real Decreto-ley 2/2025, que establece un sistema obligatorio de reparto de menores entre comunidades cuando se triplica la capacidad ordinaria, algo que Canarias “multiplica por seis”.

Este marco fija dos obligaciones claras: el traslado de nuevas llegadas en un máximo de 15 días y la distribución del exceso acumulado en un plazo de un año (marzo de 2026). Estos avances fueron posibles gracias a un amplio consenso del Parlamento canario y subrayó que “no fue un regalo de nadie, sino una conquista de toda Canarias”.

Delgado recordó que el Tribunal Supremo, a instancias del Gobierno de Canarias, ha emitido diversos autos que obligan al Estado a asumir su responsabilidad en la protección internacional de menores, y mencionó también la Sentencia 43/2025 del Tribunal Constitucional, que confirma que la inmigración “excede la capacidad de gestión de una comunidad autónoma”.

A día de hoy, 578 menores con protección internacional se encuentran en recursos estatales ubicados en la Península y en Canarias, mientras continúan los traslados a otras comunidades. El Gobierno ha remitido ya 497 expedientes de menores sujetos a contingencia. No obstante, advirtió que persisten problemas en la ejecución del decreto, ya que los traslados avanzan a un ritmo insuficiente para aliviar la presión sobre el archipiélago.

Candelaria Delgado abogó por mantener una agenda canaria compartida, especialmente en torno a la defensa del reparto solidario de menores entre comunidades, la suficiencia de la financiación estatal y la prioridad de la ruta atlántica en Europa. “Cada vez que Canarias habla con una sola voz, nuestra influencia se multiplica”, señaló el Gobierno, que se comprometió a reforzar la información parlamentaria y asumir propuestas de todos los grupos.

Además, la consejera de Bienestar Social recordó que la migración “no se mide solo en plazas o expedientes”, sino en la protección de la infancia y en la gestión responsable del miedo social: “Somos tierra de emigración y de acogida. Enfrentamos un reto difícil, pero debemos hacerlo con firmeza, humanidad y cohesión. Canarias merece apoyo, respeto y solidaridad del Estado y de Europa”.

Durante su intervención, Delgado indicó que Canarias ha logrado situar la ruta atlántica como prioridad en la agenda europea y ha impulsado programas de cooperación como Tierra Firme en Senegal, Mauritania y Gambia, orientados a ofrecer formación y oportunidades a jóvenes para reducir la migración irregular.

Asimismo, destacó la implantación del programa Canarias Convive, que unifica la estrategia autonómica de gestión migratoria y promueve la convivencia intercultural. Asimismo, en coordinación con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), se establece un protocolo estable de información para que los ayuntamientos reciban comunicación previa ante la apertura de recursos y dispongan de canales fluidos de participación.

El Gobierno de Canarias espera que no haga falta más autos del Supremo para que el Estado cumpla con su obligación

El presidente ha reconocido la entereza de la sociedad canaria que sí ha sido capaz de responder a una necesidad urgente ante una situación de vulnerabilidad de los niños y niñas que llegan solos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido hoy en el Parlamento unidad política para reclamar al Estado que cumpla con los menores migrantes no acompañados con derecho a asilo y ha manifestado, asimismo, su esperanza de que el Estado, tras tres autos del Supremo, garantice el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional a los menores, que con esa condición, se encuentren bajo la tutela de la Comunidad Autónoma.

El presidente destacó que, pese a la plena cooperación del Gobierno de Canarias, “apreciamos falta de voluntad política y de planificación estatal, así como el incumplimiento reiterado de los compromisos de traslado. Las promesas semanales de plazas y derivaciones no se traducen en resultados reales, y así lo ha apreciado el Tribunal Supremo”.

Clavijo, que compareció ante la cámara ante petición propia, aseguró que la intención del Gobierno de Canarias es que “las instituciones se ajusten a la legalidad, porque no tenemos a nadie más a quien acudir para que el Estado cumpla realmente con sus competencias”.

Mientras la oposición ha querido verter dudas sobre la responsabilidad del Gobierno y su lealtad institucional, Clavijo recordó que quien ha emitido un auto responsabilizando al Gobierno de España de no cumplir con su obligación ha sido el Tribunal Supremo.

Tal y como estableció el Tribunal, el ritmo de derivaciones “es manifiestamente inadmisible”, y el presidente propuso “en aras a defender el interés superior del menor, trabajar con un calendario escrito y evaluable con previsión mensual de traslados y recursos de destino, la activación inmediata de las plazas estatales comprometidas, evitando macrocentros y priorizando recursos pequeños y especializados; y realizar derivaciones individualizadas y trazables”.

Clavijo quiso recordar que “no estamos ante un debate político, sino una cuestión de Estado de Derecho y de derechos humanos en la que el Estado tiene que proteger de forma efectiva a los menores migrantes que tienen derecho a asilo, no solo a los que ya están aquí, sino a los que van llegando”.

En su intervención, el presidente recordó que, en siete meses que han pasado desde el primer auto del Supremo, que le daba al Estado 10 días para hacerse cargo de todos los menores en situación de asilo, solo 199 se han trasladado a centros de Península y 60 permanecen en el centro Canarias-50.

Esto hace un total de 259 menores que han sido realmente acogidos por el Gobierno de España por lo que, en la sesión plenaria, se advirtió que no se pueden contabilizar entre estos a los 230 menores que han cumplido la mayoría de edad y, por tanto, lo que han hecho es derivarlos a los centros de adultos evitando adaptar plazas específicas para menores en las que velar por todos sus derechos.

Fernando Clavijo insistió en que Canarias “no puede seguir sustituyendo al Estado en una responsabilidad que es suya, no podemos seguir soportando solos la migración de África occidental porque este es un caldo de cultivo para que abunden los discursos de la ultraderecha”.

El presidente de Canarias quiso terminar su intervención reconociendo la entereza de la sociedad canaria, “que sí ha sido capaz de responder a una necesidad urgente ante una situación de vulnerabilidad de los niños y niñas que llegan solos”, mencionando especialmente a la sociedad de El Hierro que ha actuado con solidaridad y compromiso ante un acontecimiento que sobrepasaba todas sus capacidades.

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, explicó, a petición de la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados, la actual situación de la población infantil canaria

En su intervención, Rodríguez expuso las medidas desarrolladas por el Ejecutivo canario en la atención y acogida de personas menores migrantes no acompañados

“El trabajo y compromiso de Canarias es poner a la infancia en el centro, no solo de las políticas públicas, sino del corazón mismo de nuestra sociedad”, afirmó la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, en el marco de la intervención realizada ante la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados, a petición de la Subcomisión sobre el estudio de un pacto de estado para la erradicación de la pobreza infantil.

En su intervención, Rodríguez realizó un recorrido sobre la actual situación de la infancia en Canarias sobre la que indicó que, en materia de pobreza, el Archipiélago mantiene una de las tasas de riesgo de pobreza y exclusión social más elevadas de España, el 31,2 % en el índice Arope frente al 25,8 % nacional. “Esta situación afecta de manera especialmente intensa a la población infantil y adolescente, donde el índice es del 36,4 %. La cifra ha mejorad con respecto a años anteriores, pero muestra la repetición de un ciclo intergeneracional de pobreza que limita las oportunidades de desarrollo de nuestros niños, niñas y jóvenes”.

Además, la directora general de Protección a la Infancia y las Familias afirmó que la atención a la población infantil canaria más vulnerable “se ve afectada por un fenómeno de alcance humanitario y estructural como es la llegada continuada de menores extranjeros no acompañados, situación que Canarias ha tenido que afrontar en solitario, llegando a atender a más de 5.000 menores migrantes no acompañados”.

“Esta realidad, aunque de distinta naturaleza, ha exigido una respuesta pública coordinada, basada en la protección de los derechos humanos y en los principios de solidaridad y corresponsabilidad institucional”, afirmó Rodríguez quien subrayó que la llegada continua de menores migrantes no acompañados representa “uno de los mayores desafíos humanitarios, sociales y administrativos a los que se enfrenta Canarias, España y Europa en la actualidad, porque estos niños y niñas llegan para quedarse”, aseguró Rodríguez.

Ante los retos planteados por esta realidad, el Gobierno de Canarias ha definido como objetivo estratégico prioritario la reducción de la pobreza infantil y la ruptura del ciclo intergeneracional de la exclusión social, “impulsando programas de preservación familiar orientados a prevenir la desprotección y fortalecer las capacidades parentales; mediación; o parentalidad positiva en el ámbito comunitario y apostando por programas como el acogimiento familiar, incrementando el banco de familias especializadas incluyendo aquellas con capacidades para atender a la infancia migrante”, afirmó Sandra Rodríguez.

Además, a estas medidas, ha sumado la tramitación de la nueva Ley Canaria de Infancia y Adolescencia, “que actualizará nuestro marco jurídico con la creación de canales de participación infantil y adolescente”, así como la puesta en marcha de un sistema de seguimiento estadístico anual, coordinado con el Instituto Canario de Estadística, que permitirá evaluar indicadores clave como la tasa Arope infantil, la privación material severa, el abandono educativo temprano y el acceso a servicios básicos.

Más de 16.000 menores acogidos desde 2019

En su intervención ante la Subcomisión, la directora general de Protección a la Infancia y las Familias explicó la situación de las Islas en materia de atención a menores migrantes no acompañados. A este respecto, indicó que, desde finales de 2019, Canarias ha acogido a más de 16.000 menores migrantes no acompañados. A fecha 30 de septiembre de 2025, 4.617 menores permanecían bajo la tutela del Gobierno de Canarias. Un dato que choca con lo “algo más de 13.000 menores migrantes no acompañados acogidos en el resto del país”.

“Esto supone que Canarias sostiene el mayor número de menores migrantes atendidos del todo el Estado, superando con creces la capacidad inicial del sistema de acogimiento residencial canario, que fue concebido para atender a unos 1.700 menores, de los cuales apenas 200 eran extranjeros”, aseguró.

“Ante todo ello, Canarias ha afrontado en solitario el esfuerzo en la acogida y atención de estas chicas y chicos lo que se ha visto materializado en una inversión económica sin precedentes: casi 144 millones de euros en 2024, frente a los 68 millones de 2021” pero, “a pesar de estar afrontando esta situación en total soledad, el Gobierno de Canarias siempre ha planteado soluciones y alternativas solidarias y corresponsables a la atención de la infancia migrante, impulsando, entre otras, la modificación el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, con el fin de establecer un mecanismo de distribución solidaria entre comunidades autónomas y un marco financiero estable que garantice una atención digna y sostenible”.

“Asimismo, Canarias ha luchado por el derecho de aquellos menores migrantes solicitantes de la Protección Internacional, una competencia exclusiva del Estado que, ante la reiterada negativa del Gobierno central a asumir su obligación, con la excusa de que el sistema no estaba preparado para ello, Canarias tuvo que exigir judicialmente y llegar ante el Tribunal Supremo”, recalcó la responsable autonómica, “porque detrás de cada expediente hay una historia de vida: un niño que necesita atención temprana, una familia que lucha por sostenerse, una adolescente que busca su lugar, o un menor que, por fin, confía en que puede tener un futuro distinto”, concluyó Sandra Rodríguez.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, participó hoy en la reunión bilateral entre el Gobierno de Canarias y el Estado

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión bilateral entre el Gobierno de Canarias y el Estado y ha explicado las novedades con respecto al procedimiento de traslado de los menores migrantes no acompañados con protección internacional.

Hasta el momento, era el Estado quien solicitaba los menores que podían ser trasladados y “nosotros lo que hemos dicho en la reunión de hoy es que podemos anticiparnos y trasladarles, entre hoy y mañana, 350 expedientes. Nosotros, desde Canarias, nos estamos adelantando las peticiones que el Estado haga y así ellos podrán organizar todas las entrevistas que necesiten o que le sean precisas. Incluso si quieren duplicar el número de entrevistas, lo pueden hacer y tener esos expedientes y esos niños y esas niñas ya estarán preparados para derivar en cualquier momento a territorio peninsular”.

Menores con vínculo

Candelaria Delgado explicó que la Secretaría de Estado había comunicado que de los 65 menores que hay en el Canarias 50 actualmente, 41 están pendientes de la Fiscalía de Menores porque han argumentado que tienen vinculación con Canarias o arraigo y que no quieren ser trasladados.

“Estamos pendientes que la Fiscalía ratifique que efectivamente ese vínculo existe y se tienen que quedar en Canarias o que diga que ese vínculo no existe y ordene su derivación a territorio peninsular”, indicó Delgado, para añadir que “si la Fiscalía dice que se tienen que quedar, le he solicitado hoy la Secretaría de Estado que vaya buscando centros adecuados en Canarias porque tienen que ser centros del Estado del sistema de protección internacional y no pueden estar en centros del sistema de acogida de Canarias”.

Traslado de menores semanal

En cuanto al traslado semanal, Delgado indicó que “nos han dicho que esta semana saldrán darán 27 menores, siete de ellos niños de corta edad, y nos han asegurado que disponen de 135 plazas más de aquí a final de mes para la derivación de menores hacia otras comunidades autónomas”. Además, señaló que ya se han hecho las 12 valoraciones en la Isla del Hierro, “que son chicos y chicas que no quieren ir al Canarias 50 y que prefieren quedarse en su centro de menores y ser trasladados desde ahí a la Península”. Asimismo, indicó que a lo largo de esta semana se realizarán en las oficinas de la Dirección General de Infancia, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, 16 entrevistas para poder derivar al territorio peninsular a más menores.

Menores pendientes de resolución de integración en el sistema de protección internacional

Durante la reunión mantenida en la mañana de hoy, Candelaria Delgado preguntó por la situación de los menores que estaban pendientes de resolución de integración administrativa en el sistema de protección internacional. “En el mes de mayo teníamos 1.200 peticiones y ha habido 450 solicitudes de incorporación a ese sistema y nos faltan que nos vinieran las resoluciones de esa incorporación al sistema de acogida de protección internacional de esos 450 menores. La secretaria de Estado de Migraciones nos ha dicho que a lo largo de hoy o mañana nos entrará esa tercera resolución de incorporación de esos menores al sistema de protección internacional”.

Reunión con la Fiscalía de Menores para agilizar los trámites

La consejera de Bienestar Social también detalló que en la reunión de hoy se abordó la necesidad de una reunión con la Fiscalía de Menores para agilizar los trámites: “Hemos notado un pequeño freno porque la Fiscalía está asistiendo a las entrevistas y vamos a solicitarle una reunión conjunta desde la Dirección General de Infancia y la Dirección General del Sistema de Protección Internacional del Estado para ver de qué manera podemos agilizar esos expedientes e informes que la Fiscalía tiene que realizar para que eso no nos suponga un retraso en el traslado de menores hacia otras comunidades autónomas. El objetivo es que tengamos toda la documentación de forma simultánea y no se nos frene la salida”.

Derivaciones ordinarias

Con respecto a los menores migrantes no acompañados que tienen que ser trasladados a la Península en virtud de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, Candelaria Delgado indicó que se han enviado a la Subdelegación del Gobierno 450 expedientes de menores que están pendientes de ser trasladados. En este caso, se trata de menores que llegaron antes del 29 de agosto -fecha en la que declaró la contingencia migratoria y se estableció el procedimiento exprés- y que continúan a la espera de ser derivados. Asimismo, señaló que hasta el momento han llegado 54 menores después de la declaración de contingencia y que solo se han trasladado 4 menores por la vía exprés.

En respuesta a una petición de la Fiscal Superior de Canarias, se han incorporado esta semana cuatro funcionarios más, dos en cada provincia

La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, ha atendido la petición de la Fiscal Superior de Canarias y ha reforzado el personal de la Fiscalía para agilizar la tramitación de expedientes de los 1200 menores solicitantes de protección internacional que siguen bajo tutela del Gobierno de Canarias y de los 1800 menores que debe ser derivados a centros de otras Comunidades Autónomas, así como las circunstancias que se vayan derivando de nuevas llegadas.

La solicitud fue recibida por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia el 23 de septiembre, se aprobó el 30 de septiembre en la Mesa Sectorial de Justicia y se ha hecho efectiva el 6 de octubre con la incorporación de dos funcionarios tramitadores en la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife y otros dos en la Fiscalía de Las Palmas.

Además, las pruebas forenses de estimación de la edad se han agilizado dentro de los dos Institutos de Medicina Legal de Canarias, dándoles prioridad. Así, en el caso de la provincia de Las Palmas, la prueba se realiza en el propio IML y el informe se remite a la Fiscalía. Mientras que, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la prueba se realiza en el hospital o centro médico correspondiente y los resultados se remiten al IML de Tenerife que envía el informe a la Fiscalía.

El Gobierno de Canarias sigue aportando recursos materiales, humanos y económicos a la espera de que el Estado asuma la tutela de los menores solicitantes de asilo y a que ejecute la derivación de menores migrantes a otras Comunidades en los términos establecidos en el RD 658/2025.

Dos niños y una niña han abandonado sus centros hacia destinos establecidos por el Estado tras una estancia de aproximadamente veinticinco días en Canarias

El procedimiento establece que deben salir en 15 días, aunque el plazo se ha alargado a pesar del arduo trabajo del departamento de la Dirección General de Infancia y las Familias de la Consejería de Bienestar Social

Dos niños, de 16 y 17 años, y una niña, de 13 años, menores migrantes no acompañados que llegaron al Archipiélago tras la declaración de contingencia migratoria el pasado 28 de agosto han salido hoy rumbo a otras comunidades en la Península. Los menores habían llegado a Canarias el pasado 15 de septiembre entrando por El Hierro y procedían de Gambia y Senegal.

Estas son las tres primeras derivaciones que se realizan atendiendo al RD658/2025 que regula la salida de los menores migrantes no acompañados por el procedimiento express, según el artículo 5, que establece 15 días para todo ese trámite. Sin embargo, los menores llevaban en las islas ya casi un mes porque el procedimiento es muy garantista con respecto a los derechos de los menores.

Para el Gobierno de Canarias, la primera salida supone un motivo de satisfacción porque por fin se pone en marcha lo estipulado a través de la modificación del Art. 35 de la Ley de Extranjería, impulsado por el presidente Fernando Clavijo. Desde entonces, y tras la regulación a través de Real Decreto Ley, sus desarrollos posteriores, y la declaración de contingencia migratoria el 28 de agosto, Canarias ha recibido a 41 menores que deben ser trasladados por esa normativa. “Comienza a dar sus pasos más firmes este procedimiento, esperamos que empiece a engrasarse la maquinaria para que se puedan cumplir esos quince días naturales para su traslado efectivo a esas otras comunidades, en base a la resolución de ubicación definitiva firmada por el delegado del Gobierno”, comenta la directora general de Infancia, Sandra Rodríguez. “Es importante recordar que nos encontramos en contingencia migratoria y eso supone que tenemos los centros hacinados, por lo que es necesario que estos menores encuentren lo que han venido buscando a nuestro país, que es un presente y un futuro mejor”.

El procedimiento de traslado de nuevas llegadas tras la contingencia migratoria tiene los siguientes pasos y tiempos de acuerdo al mandato del Real Decreto:

PASO 1. La Subdelegación del Gobierno notifica al Gobierno de Canarias la inclusión en el Rmena de un menor y, al mismo tiempo, envía la propuesta de ubicación y petición de informe.

PASO 2. Tres días desde el inicio. Al día siguiente, Canarias tiene tres días naturales para hacer una entrevista al menor (en la que se conocen sus circunstancias, si tiene arraigo o no, si tiene algún tipo de enfermedad, cualquier dato relevante) y enviar un informe con ello a la Subdelegación del Gobierno.

PASO 3. Sin plazo. La Subdelegación del Gobierno no tiene un plazo establecido para enviar a Canarias la comunicación del expediente del menor. La Subdelegación arma ese expediente con el informe 1 remitido por Canarias y, en base a él, con la comunicación definitiva de la comunidad de traslado.

PASO 4. Tres días. Una vez Canarias recibe el expediente del menor, tiene que notificárselo al interesado para que haga alegaciones. El menor tiene tres días para alegar y que Canarias envíe sus alegaciones a la Subdelegación del Gobierno.

PASO 5. Con todo lo anterior, la Subdelegación tiene que remitir propuesta definitiva a Fiscalía.

PASO 6. Dos días. Fiscalía, que tiene dos días para resolver.

PASO 7. SIN PLAZO. Subdelegación remite a la Delegación del Gobierno propuesta de ubicación definitiva.

No obstante a esto, según el Art. 5 del RD658/2025 el delegado del Gobierno tiene la obligación de enviar, como máximo, a los diez días de haberse inscrito al menor en el RMena, la resolución de ubicación definitiva a Canarias y a la comunidad de acogida. Es decir, diez días hasta completar el paso 7.

PASO 8. Cinco días. Canarias tiene cinco días naturales para comunicar al menor día y hora de traslado, y en las cuarenta y ocho horas antes del traslado a la comunidad autónoma de destino, a la policía del destino, a la Delegación del Gobierno de destino, organizar el viaje y decidir quién lo acompaña.