La popular y veterana emisora de radio "Radio faro del Noroeste" sigue su proyección hacia una mayor ampliación de su cobertura.
El Gobierno modifica los requisitos de concesión de las ayudas del PEPAC para favorecer el relevo generacional
El Ejecutivo ha flexibilizado los criterios de acceso a las subvenciones previstas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) 2023-2027 con el objetivo de impulsar la instalación de personas jóvenes agricultoras y ganaderas y de reforzar el apoyo a las incorporadas recientemente
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha modificado las bases reguladoras de las subvenciones que se corresponden con determinadas intervenciones de desarrollo rural previstas en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) en el periodo 2023-2027 para favorecer la instalación de personas jóvenes agricultoras y ganaderas en el archipiélago. La orden que recoge estos cambios puede consultarse en el Boletín oficial de Canarias a través del siguiente enlace:
https://www.gobiernodecanarias.org/boc/2024/256/4335.html
El texto modifica la definición de persona joven agricultora para incluir a los solicitantes y las solicitantes que en el año de presentación de la solicitud tengan hasta 41 años (en lugar de 40). Además de impulsar el relevo generacional, el departamento pretende dar continuidad al apoyo a los personas jóvenes instaladas en los últimos años, por lo que se han realizado modificaciones en las puntuaciones para el acceso a las ayudas a inversiones en modernización, de forma que a las beneficiarias y beneficiarios de la subvención para la creación de empresas con cargo al anterior programa de ayudas, el PDR, también se les priorice en el acceso a las actuales ayudas de inversiones del PEPAC.
Asimismo, se amplía el plazo para la inscripción en el Registro de Explotaciones Agrícolas de Canarias (REAC) hasta la publicación de la resolución provisional de las subvenciones, en lugar de tener que realizarse con antelación a la presentación de la solicitud, salvo cuando se trate de subvenciones destinadas al establecimiento de personas jóvenes agricultoras y ganaderas.
Por otra parte, se elimina la restricción de no haber estado dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en la actividad agraria con anterioridad a la presentación de la solicitud, si bien se establece como nuevo requisito para las personas solicitantes que no hayan estado inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias Prioritarias.
En cuanto al requisito de presentar fotografías geoetiquetadas para demostrar las actividades subvencionables, el texto elimina la obligatoriedad de uso de la herramienta provista por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, con lo que la persona beneficiaria podrá utilizar una aplicación informática comercial para dispositivos móviles que permita la realización de fotografías geolocalizadas con indicación de fecha y hora de las inversiones ejecutadas.
Estas modificaciones afectan a las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas, en concreto, a siete líneas de ayuda previstas en el PEPAC: compromisos agroambientales en superficies agrarias; compromisos y actividades de conservación de recursos genéticos; inversiones en modernización y/o mejora de explotaciones agrarias; inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agroalimentarios; inversiones en infraestructuras de regadíos con objetivos ambientales de iniciativa privada; establecimiento de personas jóvenes agricultoras y ganaderas; y Cooperación de grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola.
Zapata: “Celebramos que el Parlamento apruebe por unanimidad la modificación de la Ley del Sector Eléctrico Canario
El Pleno del Parlamento aprueba por unanimidad la modificación de la Ley del Sector Eléctrico Canario para tramitar con mayores garantías los expedientes sancionadores derivados de los ceros energéticos
El Parlamento de Canarias aprueba, en el marco del debate de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024, la modificación de la Ley del Sector Eléctrico Canario. Una regulación que dotará al Gobierno canario de plazos más amplios y de una mayor eficacia a la hora de poder sancionar en tiempo y forma a las empresas eléctricas que incumplan, y que han sido las responsables de situaciones como la sufrida el pasado mes de julio en la isla de La Gomera, con un apagón general.
El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, valoró el consenso alcanzado por todos los grupos parlamentarios para la aprobación de esta modificación, tramitada como proyecto de Ley, apuntando que “estamos cumpliendo, una vez más, con nuestro compromiso de aportar medidas eficaces y efectivas apenas habiendo cumplido nuestros cinco primeros meses de gestión” para lo que “hemos aportado soluciones reales ante la situación de emergencia energética que actualmente padece Canarias y que ha sido apoyada y respaldada plenamente en esta cámara”.
Asimismo, Zapata apuntó que “la grave situación de déficit energético que durante años han advertido los operadores del sistema, y que motivó la declaración de emergencia energética por parte de este Gobierno el pasado 2 de octubre justifican la extraordinaria y urgente necesidad de avalar esta modificación”. Lo que, según afirmó “es un paso más para abordar los problemas históricos de la energía en Canarias”.
La Ley actual (Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario) regula el procedimiento sancionador en su artículo 21, que remite a la Le de Procedimiento Administrativo Común del Estado, que establece un plazo máximo de tres meses para resolver el expediente sancionador, es decir, para imponer la sanción.
Dado que la Ley Estatal del Sector Eléctrico cuenta con plazos más extensos (hasta dieciocho meses), en comparación con el Procedimiento Administrativo Común (sólo tres meses), se plantea la modificación mediante decreto ley del artículo 21 de la Ley del Sector Eléctrico Canario, para que el Gobierno canario pueda contar con plazos más amplios para sancionar a las empresas del sector eléctrico.
El Proyecto de Ley contará con un único artículo que modificará los artículos 19 y 21 y suprimirá los artículos 20 y 22. Es una modificación que dará más seguridad jurídica al procedimiento sancionador, dado que unifica en la Ley del Sector Público del Estado, las infracciones, las sanciones y el procedimiento sancionador.
El consejero de Política Territorial ha explicado en el Parlamento que esta reforma es clave para la ordenación e impulso de esta zona de La Orotava, en Tenerife
Además, el Consorcio celebrará una comisión ejecutiva antes de que termine el año y una sesión plenaria en las primeras semanas de 2024 para definir dos proyectos por el que llevan esperando sus miembros hace años: el sendero litoral y la mejora de los accesos
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha anunciado hoy en el Parlamento de Canarias que uno de los objetivos del área que dirige es acordar una modificación del Plan Especial de El Rincón, con el objetivo de consensuar la ordenación definitiva y el impulso a este paraje del municipio de La Orotava, en Tenerife. Miranda ha realizado este anuncio durante una comparecencia solicitada por el alcalde de la citada Villa, Francisco Linares, en la que han repasado el pasado, presente y futuro de este espacio natural de Tenerife.
Manuel Miranda ha anunciado, además, que antes de final de año se va a celebrar una comisión ejecutiva del Consorcio que gestiona este espacio “porque no podemos perder ni un minuto en empezar a trabajar de manera coordinada en aquellos asuntos que requieren nuestra atención”. “El futuro de El Rincón”, ha dicho Miranda, “será el que quieran los miembros del Consorcio que lo gestiona”.
Manuel Miranda: «El futuro de El Rincón será el que quieran los miembros del Consorcio que lo gestiona»
El Rincón es un espacio ubicado en La Orotava cuya ordenación y futuro ha sido objeto de debate durante décadas. Un consorcio, en el que están representados el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de la Villa, el Cabildo, los propietarios, asociación de vecinos y asociación de defensa del medio ambiente, se encargan desde 1999 de gestionar el espacio, que es objeto de una Ley de Ordenación, de 1992, y de un Plan Especial que continúa en vigor, que data de 1997.
El carácter prioritario de este nuevo Gobierno de Canarias respecto a El Rincón quedó demostrado, según ha manifestado Miranda, en la visita a los pocos días de incorporarse a su cargo del director general de Ordenación, Onán Cruz, al municipio tinerfeño, así como a la puesta en marcha el 22 de septiembre de la sede electrónica del Consorcio, un avance que permite modernizar la gestión de esta entidad. “Desde el primer momento hemos querido dejar claro”, ha añadido, “que El Rincón es una prioridad para este Gobierno, cosa que no ocurrió en los cuatro años anteriores”.
Manuel Miranda ha anunciado durante su intervención que el Consorcio debe tomar decisiones respecto a dos proyectos pendientes. El primero de ellos, la aprobación del proyecto de sendero litoral, entre la playa de El Bollulo y la de Los Patos, que tiene un presupuesto aproximado de unos 800.000 euros y que requiere de unas expropiaciones previas por parte de la Corporación local.
El segundo de los proyectos es la mejora de los accesos viarios de la zona, fundamental para agricultores y vecinos, sobre todo en época de mayor afluencia de visitantes, proyecto que está valorado en 1,2 millones de euros, aproximadamente, y que requerirá sin duda del compromiso de todas las administraciones que forman el Consorcio para garantizar su financiación, también plurianual.
Miranda puso al Consorcio como ejemplo “de participación, ya que integra diferentes sensibilidades de quienes tienen voz y opinión sobre este espacio, un ejemplo que debemos convertir en una oportunidad. El consejero destacó que “sobre todos los miembros recae la responsabilidad de hacer de esta zona un espacio que mejore las condiciones para su disfrute, al tiempo que garantice la supervivencia de los valores medio ambientales y el paisaje agrario que la ha caracterizado siempre”.
El consejero destacó el papel de Gesplan en el impulso durante los últimos años a las medidas en este enclave tinerfeño, que confía en que “en 2026 tengamos ya una propuesta final de la modificación del plan, que requerirá de un nuevo debate, recabado del resto de informes, con el objetivo de aprobar definitivamente el documento en el último trimestre de 2026 o el primero de 2027”, ha anunciado Miranda.
Nieves Lady Barreto: “Modificaremos los procesos selectivos para devolver la confianza a los aspirantes»
La consejera informó en el Parlamento sobre la redacción de unas nuevas Bases Generales para la selección de personal funcionario por tuno libre
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, defendió hoy en el Parlamento ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia que es necesario modificar los procesos selectivos de acceso a la Función Pública, algo a lo que su departamento ha prioridad absoluta.
En este sentido, Barreto señaló que los últimos acontecimientos en los procesos selectivos puestos en marcha por el anterior Ejecutivo demandan una actuación firme y decidida de Gobierno, “principalmente para devolver la confianza a los aspirantes, que son los verdaderos perjudicados, pero también para restaurar la reputación de la Administración Pública”.
Tal y como informó la consejera, la Dirección General de Función Pública ha iniciado un proceso de cambio que pasará, entre otros aspectos, por la aprobación de las nuevas Bases Generales para establecer un modelo de selección de personal funcionario de carrera por tuno libre basado esencialmente en la acreditación de la capacidad de las personas aspirantes de aplicar en la práctica los conocimientos teóricos exigibles, así como la valoración de aptitudes personales y profesionales para el desempeño de las funciones propias del Cuerpo, Escala o Especialidad objeto de la convocatoria y la propia condición de personal funcionario.
En este punto, Barreto informó de que ya se celebró el proceso de consulta pública previa para la modificación de las bases para el turno libre y para promoción interna, que se desarrolló entre el 24 de octubre y el 8 de noviembre, e invitó a los diferentes grupos parlamentarios a hacer aportaciones una vez que el borrador de nuevas bases esté redactado.
La consejera adelantó que también se está trabajando en un nuevo modelo de selección para la promoción interna que fomente el interés del personal de la Administración que ha invertido tiempo y esfuerzo para formarse y ascender en la escala administrativa”, concluyó la consejera.
Tanto en el turno libre como en la promoción interna, se busca un marco general regulador de los contenidos teóricos y prácticos exigibles que permita su adaptación a la realidad organizativa de la Administración e incorporar a los procesos selectivos de personal funcionario de carrera la posibilidad de completar las pruebas con la realización de un curso de carácter obligatorio y eliminatorio y la realización de un período de prácticas profesionales.
La Dirección General de Función Pública también abordará la simplificación de los procedimientos selectivos, minorando las cargas administrativas que pesan sobre las personas aspirantes, flexibilizando el cumplimiento de requisitos formales y articulando los trámites del procedimiento de una forma más eficaz y eficiente.
El Régimen Específico de Abastecimiento (REA), herramienta incluida en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias para garantizar la producción y el suministro de productos esenciales para las islas, no debe ser modificado por un Gobierno en funciones, como ya sucedió en 2019, toda vez que los cambios sobre la distribución de las ayudas suponen una modificación sustancial, que condicionaría las decisiones del nuevo ejecutivo
El régimen específico de abastecimiento (REA) es un mecanismo aprobado por la Unión Europea para garantizar el suministro de productos agrícolas esenciales a las regiones ultraperiféricas y paliar los costes adicionales derivados de esa condición y se basa en ayudas para el suministro de determinados productos agrícolas a esas regiones. En la aplicación del régimen específico de abastecimiento se tienen en cuenta, en particular, las necesidades específicas de las regiones ultraperiféricas y, cuando se trate de productos destinados a la transformación o de insumos agrícolas, los requisitos de calidad. También se deberá tener en cuenta la necesidad de garantizar que la producción local existente no resulte desestabilizada ni obstaculizada en su desarrollo.
Con este último fin, las ayudas incluidas en el REA pueden ajustarse para aquellos productos más demandados en un año concreto, aunque siempre debe ser a costa de rebajar las cantidades o importes destinados a otro, dada la limitación presupuestaria del propio REA.
Si bien la modificación de las cantidades de producto puede realizarse cuantas veces se considere necesario, las que afecten a los importes que se perciben por cada unidad de producto producido o importado sólo se pueden revisar una vez cada año y con un límite del veinte por ciento, de acuerdo con el artículo 40.4 del Reglamento (UE) 180/2014.
Dada esta limitación, se considera, al igual que sucedió durante el cambio de Gobierno en el año 2019, que no es recomendable que una decisión de este calado sea adoptada por un ejecutivo en funciones, pese a las peticiones recibidas en este sentido, y, de hecho, el artículo 48 de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, impide que un gobierno en funciones pueda adoptar un acuerdo de este tipo, ya que dicha decisión comprometería la política y la toma de futuras decisiones del nuevo ejecutivo autonómico.
Una vez que el nuevo Gobierno tome posesión, como está previsto que suceda esta misma semana, podrá analizar todas las peticiones recibidas en este sentido y proceder a la modificación de la actual configuración del REA en los términos que considere más convenientes para garantizar el abastecimiento de las islas con aquellos productos considerados como necesarios para su desarrollo, previa negociación con los agentes legalmente designados para representar a los diferentes sectores afectados por este mecanismo, a través de la Comisión de Seguimiento del REA.
De acuerdo con los artículos 26 y 27 del Decreto 9/2020, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, la composición de la Comisión de Seguimiento del REA está compuesta por miembros del Gobierno de Canarias con competencias en los diferentes sectores implicados, la persona titular del órgano de la Administración Periférica del Estado competente en materia de comercio, con rango de Dirección Territorial, que actuará con voz y sin voto, y una persona representante de cada una de las asociaciones territoriales más representativas de agricultores y ganaderos, industriales e importadores de productos incluidos en el Régimen Específico de Abastecimiento de las Islas Canarias.
En este sentido, la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE -Tenerife), son los únicos órganos con representatividad en la Comisión de Seguimiento del REA. A este respecto, hay que indicar que en el ámbito territorial de Canarias, son dichas Confederaciones quienes tienen atribuida la representación institucional del empresariado, al ostentar la condición legal de organizaciones empresariales más representativas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero de la Disposición Adicional Sexta del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y según el criterio constitucional de irradiación por la pertenencia a las Confederaciones nacionales CEOE y CEPYME, así como por el reconocimiento asumido por el Gobierno de Canarias, de máxima representatividad y participación, en el VI Acuerdo de Concertación Social (firmado el 25 de enero de 2018), y sobre la base del reconocimiento expreso de la Dirección General del Trabajo del Gobierno de Canarias, y el cumplimiento de los criterios y características contempladas en la Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Canarias (BOC n.º 250 de 26.12.2014) .