La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, enumeró en sede parlamentaria las medidas que han permitido mejorar la atención a la dependencia como la entrada en vigor del nuevo decreto de simplificación administrativa

A fecha de junio de 2025, Canarias tiene 61.715 personas con derecho reconocido frente a 44.506 en julio de 2023, lo que supone la incorporación al sistema de 17.209 personas dependientes nuevas en menos de dos años. “Esto se traduce en que estamos llegando a personas que llevaban años invisibles, que ni siquiera aparecían en los registros y que ahora tienen nombre, grado y derechos”, afirmó hoy en sesión parlamentaria la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, donde intervino para explicar la situación actual de la atención a la dependencia en la islas.

“Reconocemos que aún tenemos un limbo de más de 13.000 personas, un limbo que recibimos en julio de 2023 con 11.630 personas y que no hemos conseguido rebajar porque nos hemos centrado en incluir en el sistema más de 8.000 expedientes que no habían sido grabados en la anterior legislatura, porque prefiero un gobierno que saque a la luz la realidad y abra puertas, a uno que esconde expedientes en un cajón para presumir de cifras irreales”, aseguró la responsable del Ejecutivo canario.

En su intervención, Delgado enumeró las medidas impulsadas por su departamento para agilizar y mejorar la atención a las personas dependientes, entre ellas, la implantación de Decreto de simplificación administrativa que unifica la resolución de grado y PIA en una sola visita, asegurando que en el último mes se ha logrado resolver 1.824 expedientes de prestación, “lo que supone 61 resoluciones diarias, una media impensable hace apenas dos años”.

Anunció asimismo que la Dirección General de Dependencia ha formalizado un contrato menor para finalizar el desarrollo del sistema automatizado de gestión de nómina, con el objetivo de eliminar el uso de hojas de cálculo y cerrar completamente el circuito digital. Está previsto que esta mejora esté operativa a partir de septiembre de 2025, “lo que permitirá ganar aún más agilidad y trazabilidad en la tramitación”.

Estas medidas se suman el refuerzo realizado en materia de personal “a pesar de que el Estado ya no lo financia” y la activación de un servicio específico “para llamar a más de 8.500 personas con prestación concedida pero no efectiva, para que puedan activarla de inmediato”, así como la mejora de recursos con la nueva teleasistencia avanzada para 20.000 personas, “cinco veces más que ahora” y un nuevo servicio de Ayuda a Domicilio especializada, ya en licitación que permitirá extender este servicio a todas las islas y municipios, incluyendo aquellos territorios que han estado desatendidos durante años, apostando por una “atención centrada en la persona, en su entorno y en la desinstitucionalización”.

“Y todo ello, a pesar del esfuerzo financiero que el Ejecutivo canario está realizando en esta materia. Mientras la Ley de Dependencia establece que el Estado debe cubrir el 50% del gasto, en Canarias la aportación estatal apenas llega al 22% frente al 78% restante que aportan Comunidad Autónoma y cabildos. “A lo mejor, lo que tienen que hacer ustedes es reclamar a quien tienen que reclamar la financiación apropiada para esta tierra”, enfatizó la consejera quien se mostró tajante al afirmar que “nuestro objetivo está claro: avanzar hacia un modelo más ágil, más humano y más justo, en el que el acceso a los derechos deja de ser una carrera de obstáculos burocráticos y se convierte en una respuesta eficaz centrada en la dignidad de las personas”.

Se trata de las prestaciones económicas a las que pueden acceder las personas dependientes para contribuir a la financiación del coste del servicio del que se haga uso o bien para garantizar el cuidado en el entorno familiar

El Consejo del Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el decreto ley por el que se aprueban las condiciones y las cuantías máximas de las prestaciones económicas vinculadas al servicio, a los cuidados en el entorno familiar y al apoyo a personas cuidadoras no profesionales, las reguladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Se entiende como prestación económica vinculada al servicio (PEVS) la cuantía económica de periodicidad mensual que tiene por finalidad contribuir a la financiación del coste del servicio que se determine en el Programa Individual de Atención (PIA) para la persona en situación de dependencia, cuando por inexistencia o insuficiencia de servicios públicos o concertados en la red del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias no sea posible el acceso a ellos.

Esta prestación económica es de carácter personal y podrá vincularse a cualquiera de los servicios del catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

El proyecto de decreto ley establece, como requisitos generales para acceder a la PEVS, que las personas beneficiarias sean residentes en Canarias y reúnan los requisitos específicos previstos para el acceso al servicio o servicios de atención, a los que se vincula la prestación; que tengan plaza u acceso a prestación del servicio, en centro o por persona o entidad privada, con o sin ánimo de lucro, debidamente acreditados y que el Programa Individual de Atención (PIA) de la persona en situación de dependencia determine la adecuación de esta prestación.

En relación con las cuantías máximas de esta prestación económica vinculada al servicio, se aplican las cuantías máximas, en función del grado de dependencia reconocido: 800 euros para Grado III; 477,25 euros, para Grado II, y 336 euros, para Grado I.

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar

Asimismo, el proyecto de decreto ley regula la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales (PECEF), consistente en una cuantía económica cuya finalidad es contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención específica prestada en su domicilio a quien se encuentra en situación de dependencia y por una persona de su familia o de su entorno, no vinculada a un servicio de atención profesionalizada. Esta prestación únicamente se podrá conceder cuando no sea posible el acceso a un servicio o, en su defecto, a una prestación económica vinculada al servicio, debido a la inexistencia de recursos públicos o privados acreditados.

La concesión de esta prestación implica la designación de una persona cuidadora no profesional, que deberá asumir directa y personalmente la responsabilidad del cuidado y atención de la persona en situación de dependencia.

En cuanto a las cuantías para la prestación PECEF, se establecen las siguientes cantidades máximas: 504 euros, para Grado III; 319,08 euros, para Grado II, y 180 euros, para Grado I.