BNR Agaete denuncia que la alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario, ha votado en contra la moción presentada por el partido liderado por Jesús González en el Ayuntamiento de Agaete referente al transfuguismo, una misma moción que presentó y que votó a favor como consejera en la oposición en el Cabildo de Gran Canaria tan solo dos semanas antes

El Pleno del Ayuntamiento de Agaete de este mes de mayo vivió un hecho insólito, “un auténtico sin sentido”, asegura Jesús González. Con tan solo dos semanas de diferencia el Partido Popular ha rechazado una moción que ellos mismos presentaron en el Cabildo de Gran Canaria, institución en la que sí fue respaldada por mayoría. Sin embargo, en la sesión del pasado 27 de mayo el PP, apoyada por la concejala no adscrita Candelaria Mendoza, rechazó la moción presentada por el BNR.

El PP fue uno de los partidos firmantes del pacto antitransfuguismo en el año 1998 al que aluden en su moción presentada en el Cabildo de Gran Canaria, sin embargo “a la hora de la verdad, cuando hay intereses de por medio vemos como se saltan los acuerdos que ellos mismos han firmado”, indica.

Jesús González defendió que “pedimos coherencia, hemos copiado la misma moción que presentó el PP en el Cabildo de Gran Canaria, es una defensa clara de la ética pública, la coherencia política y el respeto a la voluntad ciudadana”, una moción en la que el BNR se posicionó a favor en el Cabildo de Gran Canaria, defendiendo lo mismo en ambas instituciones.

Cabe recordar que la mayoría de gobierno en Agaete se vio alterada el pasado mes de diciembre cuando una concejala tránsfuga del Partido Socialista dio su apoyo al PP, traicionando al electorado y al que hasta ese momento había sido su partido.

“Pedimos coherencia, quien vota una cosa en el Cabildo no puede justificar lo contrario en el Ayuntamiento despreciando el consenso democrático alcanzado en otras instituciones. Los vecinos y vecinas de Agaete no se merecen este ejercicio bochornoso de incoherencia y de falta de valores. La alcaldesa dice defender la ética en una institución y la pisotea sin pudor en otra, ha demostrado que no tiene principios. Rechazar esta moción en el Ayuntamiento es un insulto a la inteligencia de los vecinos y vecinas de Agaete”, concluyó Jesús González.

En referencia a la situación de los concejales del Grupo de Gobierno doña Nayra Pérez y don Jose Fernando Estévez, quiero informar lo siguiente:

Que el 18 de febrero de 2025, el concejal don Felipe Pérez presentó un escrito en el que solicitaba el pase de los concejales doña Nayra Pérez y don Jose Fernando Estévez a la condición de concejales no adscritos.
Que, a consecuencia de la solicitud, se encargó un informe legal para aclarar los pasos a seguir ante dicha petición, un trámite que está completamente regulado, es totalmente legal y habitual en todas las administraciones públicas, dejando, este informe, unas conclusiones claras y contundentes.

Las tres condiciones para pasar a concejal no adscrito son, la primera, el abandono del grupo; la segunda, la ilegalización del partido por el que se fue elegido; y la tercera, que es la que nos ocupa, sería la expulsión del partido político: en este caso, se le otorga a la Corporación la verificación de que los trámites de la expulsión son los correctos. Esto es, que el Órgano que emite dicha expulsión tiene capacidad para hacerlo, que se hizo con el procedimiento establecido, y que es una decisión motivada.

Don Felipe Pérez, cuando solicitó el pase de los concejales a la condición de no adscritos, no presentó ni la apertura de un expediente sancionador, ni la creación de un tribunal en la Comisión de Derechos y Garantías de su partido, ni ninguna resolución que certifique la expulsión de los concejales. Es decir, que no presentó nada que certifique la expulsión. Por tanto, no procede aceptar dicha solicitud.

Este es un ejemplo claro de por qué don Felipe Pérez ya no pertenece a este Grupo de Gobierno: hace caso omiso a las normas, no es capaz de seguir los estatutos de su propio partido político, les quiere robar a los concejales la posibilidad de defenderse y de que se les escuche, y, si se aceptan estas peticiones y traen consecuencias, que las paguen otros.

Resumiendo: no se aceptan trámites legales y establecidos, como la solicitud de un informe externo, porque es perjudicial para sus intereses y se saltan las normas a conveniencia.

En lugar de amenazar con acciones legales si no se atienden sus peticiones y utilizar frases hechas como «actos nulos de pleno derecho», trabajen de verdad por el municipio y la mejora de sus vecinos, como no se cansan de repetir, y no para la «galería».

Desde UxGC - Guía, queremos denunciar públicamente la grave situación institucional que atraviesa nuestro Ayuntamiento, provocada por la gestión irresponsable del alcalde Alfredo Gonçalvez y la concejala de Hacienda, la tránsfuga Nayra Pérez

El hecho más alarmante: el Interventor Municipal ha decidido abandonar su cargo ante la imposibilidad de ejercer sus funciones conforme a la legalidad. Esta renuncia no es casual, sino consecuencia directa de la reiterada vulneración de los principios de control económico y fiscalización por parte del grupo de gobierno

Los hechos hablan por sí solos:

1. Expedientes al Pleno sin informe de Intervención:

Se están presentando asuntos al Pleno municipal sin el preceptivo informe económico del Interventor, lo cual supone una grave irregularidad y una falta total de transparencia en la gestión de los recursos públicos.

2. Órdenes de pago sin fiscalización:

Se están autorizando pagos sin que estos hayan pasado por la necesaria revisión y fiscalización del Interventor, eliminando así los mecanismos básicos de control legal y financiero.

3. Firmas de decretos de pago sin respaldo técnico:

El alcalde está firmando decretos de pago sin contar con la fiscalización correspondiente, lo que representa una violación flagrante de la normativa presupuestaria y del principio de legalidad, pudiendo derivar en responsabilidades jurídicas graves.

4. Presupuestos sin aprobar a estas alturas del año:

A todo lo anterior se suma el hecho de que a estas alturas del año, el grupo de gobierno aún no ha aprobado los presupuestos municipales, dejando al Ayuntamiento en una situación de parálisis financiera y de absoluta falta de planificación. Esta dejación de funciones es inadmisible y perjudica gravemente la prestación de servicios públicos a los vecinos.

Ante esta situación, el Interventor ha optado por no continuar en un cargo donde sus funciones son sistemáticamente ignoradas. Este abandono es una llamada de atención que no puede ser ignorada.

A esto se suma la actitud de Nayra Pérez, que tras abandonar el proyecto político con el que fue elegida, actúa como tránsfuga al servicio de un gobierno opaco, siendo corresponsable del caos administrativo actual.

Por todo ello, desde UxGC - Guía exigimos:

• La restitución urgente del control económico mediante la cobertura efectiva del puesto de Interventor.

• La paralización inmediata de todos los expedientes y pagos que no cuenten con la debida fiscalización.

• La asunción de responsabilidades políticas y legales por parte del alcalde Alfredo Gonçalvez y la concejala tránsfuga, Nayra Pérez.

• La aprobación urgente de unos presupuestos municipales transparentes y ajustados a la legalidad

Los vecinos y vecinas de Guía merecen un Ayuntamiento que actúe dentro de la legalidad, con rigor, transparencia y respeto a las instituciones. Desde UxGC - Guía no vamos a tolerar ni el abuso de poder ni el desprecio al interés general.

El grupo municipal UxGC-Guía, a través de su portavoz y único concejal, Felipe Pérez, ha solicitado al Ayuntamiento de Santa María Guía, que se reúna con los vecinos y vecinas afectadas por el proyecto de la Planta de Biogás en La Atalaya y Becerril, para abordar las preocupaciones y dudas que han surgido en torno a esta iniciativa

Desde UxGC-Guía consideramos fundamental que el Concejal de Ahora Guía, José Manuel Santana, mantenga un diálogo abierto y transparente con los vecinos, proporcionando explicaciones claras y detalladas sobre el proyecto y sus posibles consecuencias para el municipio.

La falta de comunicación y la ausencia de información clara han generado incertidumbre y tensiones innecesarias en los barrios.

UxGC-Guía apoya las iniciativas que benefician al municipio y generen economía, siempre que se realicen dentro de la legalidad vigente y con el bienestar de los vecinos y vecinas como prioridad.

Ante la inacción del Ayuntamiento, UxGC-Guía asumirá la responsabilidad de informar a los vecinos que lo desean sobre este asunto, ya que consideramos intolerable la falta de comunicación y pasividad por parte del grupo de Gobierno.

“Es hora de que el Ayuntamiento, gobernado actualmente por PSOE, Ahora Guía, PP, CC y dos concejales tránsfugas, asuma su responsabilidad y trabaje para resolver las dudas y temores de los vecinos”, puntualizó Felipe Pérez, concejal y portavoz de UxGC-Guía.

El interventor municipal de Guía presenta su renuncia en menos de cuatro meses en el cargo por los reiterados reparos al alcalde

Alfredo Gonçalves, alcalde del municipio, ha ordenado de forma reiterada el pago de más de 300 mil euros de facturas sin la fiscalización previa preceptiva del interventor municipal

El interventor municipal del Ayuntamiento de Guía abandona su cargo después de comprobar, entre otras cosas, cómo en el Pleno ordinario del mes de febrero se llevaba a aprobación un expediente sin el informe económico preceptivo de Intervención, un hecho totalmente inaceptable desde el punto de vista legal y técnico que ha sido recurrido ante la justicia.

En su breve etapa en el cargo también ha puesto reparos a las nóminas de febrero, marzo y abril del personal municipal. La situación ha alcanzado su punto más crítico con la firma de decretos de pago por parte del alcalde sin la correspondiente fiscalización del interventor. Todo ello supone una vulneración flagrante de la normativa presupuestaria y del control del gasto público.

Juntos Por Guía lamenta la deriva autoritaria y temeraria del alcalde y de su grupo de gobierno, que actúan al margen de los mecanismos legales que garantizan una gestión pública transparente y responsable. El grupo mayoritario en el pleno municipal, Juntos Por Guía, considera que no se puede tolerar que se ordenen pagos sin informes, que se desprecie la labor técnica de los funcionarios y que se utilice el poder de firma como si el Ayuntamiento fuera un cortijo privado.

Los concejales de Juntos Por Guía continuarán denunciando actuaciones como esta y fiscalizarán cada decisión defendiendo el interés general de los vecinos y vecinas guienses.

Pedro Rodríguez acude al Comisionado de Transparencia para poder acceder al expediente

El grupo político mayoritario en el Ayuntamiento de Santa María de Guía, Juntos por Guía, denuncia que José Manuel Santana, concejal de Urbanismo, oculta a la ciudadanía información relevante sobre la planta de tratamiento de residuos prevista en el barrio de La Atalaya.

Ante la negativa de facilitar el acceso a todo expediente que se tramite en el Ayuntamiento sobre la citada planta de residuos, Juntos por Guía ha presentado reclamación ante el Comisionado de Transparencia, que depende del Parlamento de Canarias, para que obligue al alcalde, Alfredo Gonçalves, a cumplir con la Ley y facilite la información pública para que toda la ciudadanía conozca la verdad del proyecto.

Resulta sorprendente que José Manuel Santana, en su condición de concejal de Urbanismo, con la incertidumbre que están sufriendo los vecinos de La Atalaya y Becerril sobre la citada planta, no haya mantenido una asamblea informativa con todos ellos para explicar el informe que remitió el pasado mes de octubre al Gobierno de Canarias. Por ello su intervención en esta iniciativa empresarial arroja más sombras que luces ya que además no podemos olvidar que este concejal cuenta con autorización del Pleno municipal, otorgada por el nuevo grupo de gobierno, para ejercer de Ingeniero cobrando un sueldo municipal, por lo que las explicaciones que dar a la ciudadanía deben ser inmediatas.

El concejal y portavoz del grupo político UxGC-Guía, Felipe D. Pérez Reyes, ha denunciado públicamente el uso de recursos municipales para financiar un informe jurídico externo destinado a respaldar la permanencia en el grupo de gobierno de dos concejales calificados como tránsfugas, José F. Estévez Guillén y Nayra M. Pérez Padrón

En un escrito registrado en la mañana de hoy ante el Ayuntamiento, Pérez Reyes solicita el archivo del expediente informativo 1327/2025, al considerar que se basa en un informe “a medida” encargado por el gobierno local, con el único objetivo de contradecir el criterio jurídico previo del Secretario municipal que en su informe con fecha 18.02.25 ya había determinado mediante el Decreto 258/2025 que ambos ediles debían pasar a la condición de no adscritos.

El portavoz de UxGC-Guía considera “alarmante y perturbador” que se haya recurrido a un informe jurídico externo, pagado con fondos públicos, sin un procedimiento de contratación transparente, y cuya finalidad es sostener la posición de los concejales que actuaron al margen del partido, desoyendo los acuerdos adoptados por los órganos internos de UxGC.

“El informe externo no solo contradice la legalidad, sino que pretende legitimar el transfuguismo político y blindar con dinero público a quienes desobedecieron los principios y decisiones del partido”, ha afirmado. Según explica, los concejales Estévez Guillén y Pérez Padrón no acataron la ruptura del pacto de gobierno acordado por UxGC en septiembre de 2024 y, en su lugar, promovieron el cese de su compañero de partido, que es el único representante y portavoz de UxGC-Guía, con el único fin de permanecer en el gobierno local de manera unilateral.

Pérez Reyes advierte además que el informe encargado por el Ayuntamiento omite deliberadamente la III Adenda del Pacto Antitransfuguismo (2020), firmada por los partidos que integran el grupo de gobierno, y cuyo contenido establece que los cargos públicos que se aparten de la disciplina del partido deben ser considerados como tránsfugas.

Asimismo, Felipe Pérez quiere poner de manifiesto que, de seguir el grupo de gobierno manteniendo a estos dos concejales tránsfugas en las condiciones actuales y permitiéndoles ejercer acciones de gobierno, manejando caudales públicos y acordando actos administrativos que pudieran ser nulos de pleno derecho, con los terribles perjuicios económicos y jurídicos que ello tendría para el municipio de Santa María de Guía, se reserva las acciones legales pertinentes con el fin de reclamar las responsabilidades administrativas y penales oportunas.

El alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves, ordena pagos por más de 300.000 euros sin el control de la intervención municipal

El grupo político mayoritario en el Ayuntamiento de Santa María de Guía, Juntos por Guía, denuncia que el alcalde, Alfredo Gonçalves, ordena pagos con cargo al presupuesto municipal de espaldas al interventor. Este funcionario es el encargado de controlar que el gasto municipal se ajusta a la legalidad vigente.

El importe de los pagos ordenados por el alcalde sin control del funcionario municipal supera en su conjunto los 300.000 euros a pesar de haber sido advertido expresamente mediante Decreto de esta irregularidad.

Esta práctica sistemática se ha convertido en la tónica habitual del nuevo alcalde, tal y como acreditan al menos las 13 órdenes de pago firmadas de espaldas al interventor municipal. Este procedimiento irregular se pondrá en conocimiento del Tribunal de Cuentas para que abra una investigación.

Juntos por Guía denuncia que es la primera vez que se produce esta situación en el Ayuntamiento de Guía, con la que se vulnera por parte del alcalde los principios básicos de transparencia, legalidad y buen gobierno, consolidando un modelo político caracterizado por la opacidad y el autoritarismo.

Alfredo Gonçalves y su frágil gobierno de pacto entre cuatro partidos –una alianza sin rumbo claro ni cohesión política– continúan adoptando decisiones con total oscurantismo, sin dar explicaciones a la ciudadanía ni permitir el control político que exige una gestión pública responsable. A pesar de que han pasado ya ocho meses desde la toma de posesión de este pacto siguen negando el acceso a los expedientes al grupo político mayoritario en el Pleno, Juntos por Guía, bloqueando así el ejercicio legítimo de la labor de oposición.

Ante esta situación, Juntos por Guía exige explicaciones públicas inmediatas sobre estas irregularidades y el incumplimiento sistemático del control interno, así como la garantía de acceso inmediato a la documentación municipal por parte de los concejales de la oposición.

Ante las recientes declaraciones del grupo político Juntos por Guía - Nueva Canarias con respecto a la organización del Carnaval 2025, desde el PSOE de Santa María de Guía, queremos desmentir, categóricamente, las afirmaciones vertidas por este grupo político

Durante años, la organización de las fiestas en este municipio estuvo concentrada en manos de una única productora y un mismo asesor jurídico, repitiéndose adjudicaciones sin dar oportunidades a otros profesionales del sector.

Desde la llegada del actual equipo de Gobierno, se ha apostado por un reparto equitativo de los recursos públicos, favoreciendo la participación de diferentes empresas y autónomos locales.

En cuanto al gasto en Carnaval, las cifras mencionadas por Juntos por Guía - Nueva Canarias en su nota de prensa (135.000 euros), no se corresponden con el gasto final real, por eso recordamos a Juntos por Guía-Nueva Canarias que los gastos son similares e incluso, menores que los de años anteriores, cuando su grupo dirigía la Concejalía de Fiestas. Así que, la cantidad económica es más que coherente con ejercicios anteriores y acorde al crecimiento del evento y al aumento de precios en algunos servicios esenciales (producción artística, iluminación, sonido, seguridad, transporte, publicidad, sanitarios, entre otros), y ninguno supera el límite legal por objeto.

Todos los expedientes en relación con las declaraciones vertidas por Juntos por Guía- Nueva Canarias están debidamente justificados, firmados y publicados, cumpliendo con los principios de transparencia, legalidad y eficiencia, sin vulneración de la normativa interna, como, erróneamente, se insinúa.

Lamentamos profundamente que se intente confundir a la ciudadanía utilizando términos como «contratación a dedo» o «despilfarro», cuando lo que se está haciendo es apostar por una contratación más abierta y plural. El Carnaval de 2025 ha sido un éxito, y es, precisamente, gracias a esta nueva forma de gestionar.

Desde el PSOE de Santa María de Guía, seguiremos trabajando con responsabilidad, legalidad y transparencia, para que las fiestas sigan siendo un motor económico y social para todos los vecinos y vecinas del municipio, y no sólo para unos pocos.

El alcalde de Guía gastó 135.000 euros en 37 contratos adjudicados a dedo para la celebración del Carnaval 2025

El fraccionamiento de las fiestas de Carnaval alcanza la cifra de 135.000 euros a través de adjudicaciones directas firmadas por el alcalde Alfredo Gonçalves

El grupo político Juntos por Guía denuncia que el alcalde de Santa María de Guía, Alfredo Gonçalves, ha destinado alrededor de 135.000 euros a la organización del Carnaval 2025 del municipio, recurriendo para ello a un total de 37 contratos por adjudicación directa. Con ello incumple la instrucción para la contratación menor que el propio Alfredo Gonçalves aprobó, al formar el Carnaval, de acuerdo con la norma interna, una misma unidad funcional, sin acuerdo administrativo que autorice previamente la misma.

Entre los contratos adjudicados destacan los vinculados a servicios de producción, montaje musical y espectáculos de distintos artistas, con más de 66.000 euros repartidos en seis adjudicaciones. A esta cifra se suman cerca de 21.000 euros adicionales en iluminación y sonido, canalizados a través de otros cuatro contratos.

El resto del presupuesto se distribuye entre tres contratos para certificaciones técnicas, tres para planes de seguridad, tres para suministros diversos, dos para baños químicos, cuatro para transporte de agrupaciones, tres para publicidad, dos para seguridad privada y tres más para transporte sanitario. Toda esta contratación se concentró en los días concretos de celebración del Carnaval, lo que, a juicio del grupo político, evidencia un incumplimiento intencionado de la norma de contratación interna.

Juntos por Guía subraya que el grupo de gobierno ha mantenido desde su toma de posesión el argumento de que “no hay dinero” para dar respuesta a las necesidades reales del municipio por la gestión del grupo de gobierno saliente. Sin embargo, sostienen que el uso de los fondos públicos en este caso demuestra que el problema no reside en la falta de recursos, sino en la ausencia de control, de planificación y de prioridades que no se alinean con las demandas de los vecinos y vecinas.

El grupo mayoritario en la oposición denuncia lo que considera una forma de gobernar basada en la contratación a dedo, la falta de transparencia y el despilfarro de fondos públicos, y exige responsabilidades políticas.

Asimismo, ha encomendado a su equipo jurídico el análisis detallado de todos los contratos adjudicados en el marco del Carnaval 2025, con el objetivo de determinar si se ha producido un incumplimiento de la norma de contratación interna que puedan dar lugar a impugnaciones o acciones legales ante los órganos competentes.