El viceconsejero Octavio Caraballo subraya en un foro del Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM) en Roma que el Pacto de Migración y Asilo “tal como está diseñado, puede agravar la presión, no aliviarla”

El director general de Relaciones con África, Luis Padilla, detalló el programa Tierra Firme como caso de éxito en la cooperación con países emisores y de tránsito de migrantes

El Gobierno de Canarias ha vuelto a reclamar medidas específicas para las regiones fronterizas -especialmente para Canarias- en el Pacto de Migración y Asilo. El acuerdo de los 27 entrará en vigor en junio y, tal como está diseñado, “lejos de aliviar la presión que sufre el archipiélago, puede agravarla”, denunció el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo. Para que este documento sea efectivo, dijo, es necesario “más solidaridad, financiación, protección real a los menores, un enfoque atlántico y voz para quienes estamos en la frontera exterior”.

Canarias ha participado este viernes en Roma en un foro sobre migración organizado por el Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM) celebrado en Roma. En esta jornada, Caraballo, y el director general de Relaciones con África, Luis Padilla, destacaron las posibles repercusiones del Pacto Europeo en las islas, así como las iniciativas de cooperación que el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha en distintos países africanos para contribuir a su desarrollo.

Tanto Caraballo como Padilla pusieron de manifiesto la relevancia de participar en este tipo de encuentros para dar a conocer el impacto de la migración en Canarias como frontera sur de Europa y los desafíos que ha tenido que afrontar el Gobierno autonómico para gestionar este reto. Además, esta colaboración con el IEAM permitirá al Gobierno de Canarias reforzar una red estable de interlocutores en países clave de origen y tránsito y posicionar a las islas como un actor institucional relevante en el diálogo con contrapartes africanas y con socios europeos.

En este sentido, el viceconsejero del Gabinete del Presidente destacó que 2026 será crucial para la gestión de fronteras y el control del flujo de llegadas de migrantes a las islas, ya que en unos meses entrará en vigor el Pacto sobre Migración y Asilo. Su aplicación, afirmó, debe incluir medidas específicas para los territorios que son frontera, como Canarias.

Entre éstas, Caraballo citó como fundamental que se regionalicen los fondos previstos en el Pacto, de manera que se flexibilicen las normas comunes y se adapte la financiación a las condiciones del archipiélago. De otro modo, apuntó, el Pacto “no funcionará”.

“Los derechos no se externalizan”

Igualmente, entiende que la aplicación del acuerdo debe incluir mecanismos automáticos de derivación rápida desde Canarias hacia la península y otros Estados miembros, sobre todo para regiones ultraperiféricas y zonas de alta presión migratoria. En cualquier caso, puntualiza que “lo primero es cumplir y velar” por los derechos de las personas migrantes. Por ello, el Gobierno de Canarias propone su derivación a espacios seguros y rechaza los centros externalizados a cambio de financiación. “Los derechos y los deberes públicos se afrontan y se cumplen; no se externalizan”, señaló.

Recordó además que el Reglamento de Triaje contemplado en el Pacto obliga a realizar controles prolongados que pueden mantener a las personas migrantes hasta seis meses en Canarias, cuando hoy la media es de un mes. Hizo hincapié en que este extremo es “inasumible para un territorio limitado y fragmentado como el nuestro”.

En cuanto a los menores no acompañados -actualmente hay más de 4.100 bajo la tutela de Canarias-, indicó que la situación “es crítica”, con centros saturados y una reubicación mínima dentro de España. Por eso, entiende que es prioritario crear un sistema europeo de protección de menores no acompañados, con reubicación obligatoria y rápida, financiación estable para la acogida, educación y salud mental y estándares comunes de tutela.

Asimismo, Caraballo propuso que Europa reconozca formalmente la Ruta Atlántica como sistema migratorio específico, con estrategias propias de prevención, salvamento y cooperación, adaptadas a trayectos de más de 2.000 kilómetros. Además, planteó la inclusión de las regiones fronterizas en el diseño de la política migratoria europea y en los foros UE-África. A su juicio, “quienes gestionamos la migración en primera línea debemos participar en las decisiones”.

Cooperación

Por su parte, el director general de Relaciones con África, Luis Padilla, dio cuenta de la estrategia de cooperación de Canarias con países del entorno más cercano en el continente africano para contribuir a generar desarrollo y economía en estos territorios y, a la vez, desincentivar la migración a través de la Ruta Atlántica.

Padilla se refirió a Tierra Firme, un proyecto ya consolidado puesto en marcha por el Gobierno de Canarias en varios países africanos con apoyo financiero de la AECID y con una metodología de colaboración público privada. El objetivo, recordó, es ofrecer formación a personas jóvenes y darles oportunidades de empleo y alternativas de futuro. De esta manera, “pueden tener la opción de quedarse en su tierra y no arriesgar su vida subiendo a un cayuco”, además de impulsar el talento que existe en estos países.

Mediante este programa ya se han formado más de 500 jóvenes en Senegal y Mauritania y se prevé replicarlo también en Gambia y Cabo Verde. Lo que hace Canarias, apunta el director general, es favorecer iniciativas que creen empleo y a la vez cubran las necesidades de personal de empresas locales. Se ha ofrecido capacitación en distintos sectores, sobre todo agricultura, turismo y textil y oficios relacionados con la construcción con una tasa de empleabilidad muy alta.

Para Padilla es esencial seguir reforzando la cooperación con países como Mauritania, Senegal, Gambia y Marruecos -de donde procede la mayoría de migrantes que llega a Canarias- evitando que más personas sigan llegando a las islas por vías irregulares.

Por otro lado, anunció que el Gobierno de Canarias tiene previsto aprobar proximamente la Estrategia Canarias-África, un plan que busca consolidar a las islas como puente cooperación entre África y Europa. Esta iniciativa busca fortalecer las relaciones institucionales, económicas, de cooperación territorial, así como en los ámbitos cultural, académico y deportivo con países africanos, priorizando socios estratégicos como Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde, y ampliando alianzas con Gambia, Ghana o Costa de Marfil.

El presidente de Canarias participa en la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, que ha aprobado su informe sobre la nueva Estrategia para las RUP, documento que cree “satisfactorio e ilusionante”

Torres se compromete a impulsar esos objetivos durante la actual presidencia canaria de las RUP y considera fundamental que el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE se aplique de forma automática en cada iniciativa legislativa

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, intervino esta tarde, de forma telemática, en la Comisión de Desarrollo Regional (REGI) del Parlamento Europeo con motivo de la aprobación por unanimidad de su informe sobre la nueva Estrategia para las Regiones Ultraperiféricas (RUP), documento que considera “satisfactorio e ilusionante” en busca de ventajas competitivas para estas regiones comunitarias debido a sus singularidades y complejidades ya reconocidas. En su alocución, Torres agradeció las aportaciones de todos los intervinientes previos en esta misma Comisión. El jefe del Ejecutivo autonómico subrayó que la UE necesita una política migratoria “coordinada, eficaz, segura y humanitaria”, así como las garantías suficientes de protección comercial y una conectividad adecuada para las RUP.

Torres se comprometió a impulsar al máximo esos objetivos durante la actual presidencia canaria de las RUP, que coincidirá en el segundo semestre de este 2023 con la presidencia española de la UE. En esta línea, hizo hincapié en que la ultraperiferia ha de ser una apuesta permanente dentro de la política de cohesión de la UE, en busca del mejor encaje posible de la diversidad territorial en ella. Asimismo, Torres puso especial énfasis en la política migratoria, en el desarrollo del paquete legislativo Objetivo 55 y en la cooperación con todos los miembros de la UE en una senda equivalente a la que se está desplegando en el Mediterráneo.

Sobre migración, cree que se ha de atender a las RUP y proporcionar una financiación adecuada y adaptada a los retos específicos desde el Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), “con medidas territorializadas para facilitar el acceso a esos recursos”.

Respecto a la conectividad, apuesta por revisar el reglamento de la Red Transeuropea de Transporte, de manera que se den las máximas garantías a los territorios RUP, sus actividades económicas (como el turismo, la agricultura o la pesca) y su desarrollo social.

El presidente destacó la “transparencia” del diálogo entre la Comisión y las RUP, lo que ha propiciado este informe consensuado, y se muestra convencido de que se trata de un punto de inflexión para aplicar políticas que aprovechen el potencial de estas regiones, compensen sus dificultades y faciliten un desarrollo más equilibrado y en sintonía con el resto de la UE.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo canario subrayó la importancia de que el texto incluya las conclusiones alcanzadas por las RUP en su Declaración Final de noviembre de 2022, celebrada en el Parlamento Europeo. Asimismo, que reafirme la necesidad de “mantener y reforzar una acción coordinada a escalas europea, nacional, regional y local”, siempre bajo una “plena participación de las autoridades de las RUP en las políticas europeas” porque así “se refuerza la legitimidad en la toma de decisiones de la UE”.

Programas ‘ad hoc’ para los territorios RUP

El presidente de Canarias cree fundamental que se haya dejado claro que el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE (relativo específicamente a las RUP) no se aplica de forma automática en las distintas iniciativas legislativas de la Comisión, lo que hace que los progresos para estas regiones sean limitados en diversos ámbitos, aparte de plantear la opción de desarrollar programas expresamente pensados para estos territorios.

Además, recordó que la Comisión Europea, en su octavo Informe sobre la Cohesión, concluye que el desarrollo de la UE ha de adaptarse a las ventajas competitivas de cada territorio y que las características de las RUP son únicas en la UE, lo que dificulta la convergencia y requiere de una “estrategia horizontal y vertebradora”. En esta línea, subrayó las aportaciones de las distintas comisiones del Parlamento Europeo al informe, sobre todo por apostar por el impulso de la competitividad de las RUP “para reforzar la posición de la UE como actor oceánico de primer orden”.

También cree fundamental que se solicitase que la Estrategia se incorpore a la posible revisión intermedia del marco financiero plurianual (MFP septenio 2021-27) y al marco posterior a 2027. Asimismo, que se haga eco de la solicitud de la Conferencia de Presidentes de las RUP de reevaluar las normas sobre ayudas estatales para sus empresas, pidiendo un aumento significativo de los límites máximos en el reglamento de minimis y en el reglamento general de exención por categorías, aparte de fijar una diferenciación positiva con el objetivo de tener en cuenta los costes de funcionamiento adicionales a los que se enfrentan las empresas de las RUP.

Torres advirtió de la necesidad de que la política comercial europea proteja los intereses de las RUP en la negociación de los acuerdos internacionales, sobre todo en lo relativo a las importaciones de productos desde terceros países que no cumplen las normas sociales, laborales, medioambientales, de seguridad alimentaria, de calidad y de bienestar animal de la UE. Además transmitió la necesidad de que se impulse más la modernización de la flota pesquera artesanal tradicional, con ayudas a la renovación de la flota y la compra de nuevos buques.

Asimismo, resaltó el compromiso constante del presidente de la Comisión REGI, Younus Omarjee, en la defensa de la política de cohesión europea, que considera crucial para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y para fomentar “la equidad, la justicia social y la igualdad de oportunidades de todos los europeos, sea cual sea el territorio en el que vivan”. Torres también insistió en que las RUP requieren de esas políticas específicas intensas para compensar sus diferencias por la lejanía y la insularidad, pero sobre todo para que se acerquen a la media de renta per cápita de la UE.