La multa propuesta por las infracciones, calificadas de muy graves, asciende a seis millones de euros para la distribuidora y a más de diez millones para la generadora

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el decreto por el que se resuelve el procedimiento sancionador incoado a las entidades mercantiles E-Distribución Redes Digitales, SLU, y Unión Eléctrica de Canarias Generación, SAU, por la comisión de infracciones administrativas muy graves previstas en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, en relación con el incidente acaecido el 15 de julio de 2020 a las 9.41 en el sistema eléctrico de Tenerife, que ocasionó un cero energético en toda la isla. No se recuperó el suministro pleno hasta las 16.44.

En la instrucción del expediente se acredita que E-Distribución Redes Digitales, SLU, es responsable por no haber deslastrado la demanda exigida en el Plan de Deslastre vigente aprobado por la CNE, lo que contribuyó a que el incidente derivase en una interrupción total del suministro o cero eléctrico. También queda acreditada la falta de idoneidad técnica de la configuración del sistema de relés en sus instalaciones para cumplir con los objetivos de demanda a deslastrar establecidos en el plan vigente de la CNE.

Por estos motivos, en la propuesta de resolución del instructor del procedimiento sancionador se propone la imposición de una multa de 6.000.001 euros por la comisión de dos infracciones muy graves.

En cuanto a Unión Eléctrica de Canarias Generación, SAU, el procedimiento sancionador concluye que es responsable de originar la cadena de sucesos que provocó una reducción de la capacidad de generación disponible y una reducción del suministro que llevó aparejada una interrupción de este, primero parcial y, finalmente, en forma de cero eléctrico.

Por estos motivos, en la propuesta de resolución del instructor del procedimiento sancionador se propone la imposición de una multa de 10.002.751 euros por la comisión de dos infracciones administrativas muy graves.

El operativo se estableció entre los días 6 y 8 de diciembre en el Sur de Tenerife

Agentes de la Unidad de Seguridad Interior y Policía Administrativa del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) con base en Tenerife han incoado siete propuestas de sanción durante el operativo establecido entre los días 6 y 8 de diciembre, que tuvo como objetivos controlar y velar por el cumplimiento de la normativa específica de observación de cetáceos por parte de las embarcaciones en uno de los puertos deportivos del Sur de Tenerife que se dedican a realizar dicha actividad, así como informar y promover una guía de buenas prácticas acorde a la normativa vigente.

La vigilancia se desarrolló tanto por tierra, en unión a agentes rurales de pesca, como desde el mar, a bordo de una embarcación, y como resultado de la misma se inspeccionaron 18 barcos y se iniciaron siete propuestas de sanción. Cuatro de ellas fueron por carecer de la autorización administrativa que permite ejercer la actividad recreativa de observación de cetáceos; una por incumplir la normativa de acceso a la zona restringida, en la que sólo pueden permanecer simultáneamente dos embarcaciones; y el resto en materia de documentación náutica.

Con este tipo de acciones, el Cuerpo General de la Policía Canaria pretende realizar un mayor control sobre la actividad, evitando las prácticas irregulares que degraden el entorno natural y que producen un impacto negativo sobre las especies residentes, favoreciendo de esta forma el ejercicio sostenible de la observación turística de cetáceos.

En el sur de Tenerife, se encuentra la franja marina denominada Teno-Rasca, declarada zona de especial conservación (ZEC), integrada dentro de la Red Natura 2000 y recientemente declarada Patrimonio de las Ballenas por la importancia de las especies y biodiversidad que alberga.