El informe económico 2022 de la Sociedad Municipal Agaete Cultura y Deporte S.L, destaca el aumento de las cuotas de abonados en las instalaciones, que han crecido en un 89%

Por ello y por más cuestiones, el resultado del ejercicio 2022, después de los impuestos, ha sido positivo, aumentando en un 42% los beneficios de la entidad aún con el refuerzo del personal realizado en el pasado ejercicio para cubrir el aumento de usuarios y nuevos servicios, que se han traducido en un 5% más en los gastos de personal, al contratar a más profesionales para la gestión de las instalaciones deportivas.

Este aumento en los beneficios es consecuencia también de una mayor captación de fondos externos, ya que en el ejercicio 2022 se logró un incremento del 12% en la asignación de ayudas públicas o subvenciones a la explotación, recibidas del Ayuntamiento de Agaete.

Otro de los aspectos que ha determinado un aumento en los beneficios ha sido la mejora en la gestión eléctrica, ya que aún con más servicios, usuarios y personal, entre 2021 y 2022 se ha reducido la factura eléctrica un 4%.

La buena gestión mantenida en el tiempo ha permitido que el patrimonio neto de Acude se ha podido sanear con los beneficios obtenidos en el ejercicio 2018, 2020 y 2021. Esto supone una gran noticia para Agaete, ya que han desaparecido las causas de disolución en las que había incurrido la sociedad los ejercicios anteriores.

Gracias a estos números del balance económico 2022, la S.M.U. Agaete Cultura y Deporte ACUDE continuará en a la línea de contención de los gastos corrientes y en la creación de nuevas actividades, con el firme objetivo de fomentar el deporte entre los diferentes colectivos del municipio.

El vicepresidente pide a la ministra de Hacienda que defienda la posición de Canarias ante la transposición de la Directiva europea que fija el tipo mínimo

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha vuelto a pedir por escrito a la ministra de Hacienda de España, María Jesús Montero, que defienda las especificidades fiscales de Canarias en la transposición de la Directiva europea que establece un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades a las empresas que facturen más de 750 millones de euros. Los incentivos del REF -aprobados y autorizados por la UE- permiten, en el caso del Archipiélago, una tributación de únicamente el 4% a las empresas inscritas en la ZEC.

Precisamente, Rodríguez ha recordado que el estatus de Canarias como Región Ultraperiférica de la Unión ha permitido preservar las excepciones y modulaciones de las normas europeas consagradas en el Tratado de la Unión, también en la política fiscal. “Por ello, los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF) se encuentran autorizados como ayudas de Estado con finalidad regional, se aplican exclusivamente sobre los beneficios obtenidos por la actividad económica desarrollada en Canarias, y están sometidos a límites y controles permanentes por parte del Ministerio de Hacienda de España y la Comisión Europea”, señala la misiva.

El vicepresidente subraya que a pesar de la insistencia del Gobierno de Canarias ante los representantes de España que participaron en las negociaciones previas a la elaboración de la Directiva, su redacción definitiva no incluyó de modo expreso excepción alguna que refleje los derechos reconocidos por las normas europeas a Canarias, entre ellos el artículo 349 y 107.3a) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Excepciones como la solicitada ahora por Canarias sí han sido atendidas por Europa en ocasiones anteriores, de tal modo que el Archipiélago no fue incluido en el régimen general de los impuestos especiales o en el sistema común del IVA.

Rodríguez pide a la ministra “la misma sensibilidad” que ha demostrado con la reciente modificación a nivel estatal del Impuesto de Sociedades, en la que los incentivos del REF quedaron al margen del requerimiento de tributación mínima.

En estos momentos, ha finalizado el proceso consulta pública previa a la transposición al derecho español de la Directiva europea relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud en la Unión.