En las últimas semanas se ha producido en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) un debate legítimo sobre la concesión del título de doctora “honoris causa” a Sofía de Grecia, la reina emérita española. No quiero que la valoración por mi parte de esa decisión nos distraiga de lo que pretendo plantear en este artículo. Sí quiero destacar el mensaje positivo que transmite el que 57 profesoras y profesores firmantes de una carta crítica trasladen a la ciudadanía su opinión contraria y expresen así su inquietud e interés por asuntos que afectan a nuestra universidad pública

Este manifiesto firmado por más de medio centenar de profesores refleja un malestar en el corazón de una institución que vive, como tantas otras en España, un momento de dificultad estructural. He manifestado en los últimos meses mi preocupación por el debilitamiento de la financiación de las universidades públicas canarias, la limitación de sus potencialidades investigadoras y la aprobación de una Ley de Consejos Sociales que las ha obligado a acudir al Constitucional.

Aplaudo el espíritu crítico del profesorado, pero deseo fervientemente que esta reacción reavive el compromiso de toda la comunidad universitaria con el objetivo de combatir las políticas neoconservadoras que están ahogando a las universidades, que son las que hacen posible que la educación sea la auténtica impulsora de la igualdad en el acceso a los estudios superiores en esta tierra.

La discrepancia no debe convertirse en una discusión estéril sobre honores, sino en una oportunidad para poner sobre la mesa una cuestión central: la universidad pública española atraviesa una crisis profunda que va mucho más allá de un reconocimiento académico. No es solo una cuestión de Canarias, es una realidad que afecta a todo el Estado y pone en riesgo la igualdad de oportunidades, la investigación de calidad y la propia cohesión social de nuestra sociedad.

La comunidad académica lleva años alertando de que la financiación estructural de las universidades públicas es insuficiente, de que las infraestructuras presentan deterioro, de que la valoración del profesorado no está a la altura de su contribución y de que cada vez es más difícil competir con universidades privadas que acumulan un número mayor de recursos. Esta tendencia no responde a una casualidad, sino a decisiones políticas que han dejado de ver a la universidad pública como un proyecto de país y la han tratado como un presupuesto más a ajustar.

Un ejemplo claro y reciente de esta deriva se encuentra en la Universidad Complutense de Madrid, la principal universidad pública de España. Ante una situación de déficit acumulado —superior a 33 millones de euros en el último ejercicio— la Complutense se ha visto obligada a aprobar un plan de recortes para el periodo 2025-2028 que incluye ajustes presupuestarios drásticos que impactan directamente en la calidad académica y de la vida universitaria, como la reducción de materias optativas, la restricción de contratación docente, la supresión de plazas por jubilación sin reposición y la contención de inversiones en investigación y servicios básicos. Estas medidas, aprobadas por el propio Consejo de Gobierno, reflejan la asfixia financiera que sufre la institución tras años de infrafinanciación crónica por parte de la Comunidad de Madrid, lo que la ha obligado, incluso, a solicitar préstamos para poder pagar salarios y mantener el funcionamiento ordinario del centro.

Estas decisiones no solo repercuten en el profesorado y el alumnado de la Complutense, sino que ilustran una tendencia preocupante: cuando una universidad pública ve limitadas sus posibilidades de ofrecer una enseñanza amplia, diversa y crítica, no solo se debilita su estructura, también se restringen las oportunidades de miles de jóvenes, especialmente de aquellos y aquellas que no pueden permitirse estudiar en la universidad privada. Este no es un fenómeno aislado de Madrid: es parte de una política más amplia que, bajo la apariencia de ajustes económicos, va erosionando la función social de la educación superior pública.

En la Comunidad de Madrid, los estudiantes, docentes y sindicatos han levantado la voz en defensa de sus universidades públicas. Las protestas y amenazas de movilizaciones no son simples expresiones de disconformidad pasajera, sino respuestas a un modelo que ha convertido la educación universitaria, que debe ser accesible para todos y todas, en un bien cada vez más difícil de sostener desde lo público..

Esto no debe confundirnos: no estamos hablando únicamente de problemas de gestión o de déficit contable. Estamos hablando de un modelo de sociedad donde la educación superior, en lugar de construirse como un derecho colectivo, se concibe cada vez más como un privilegio susceptible de someterse a las leyes del mercado. En ese modelo, las universidades públicas quedan relegadas, con menos recursos, menos oferta académica y menos capacidad de formar a las generaciones que España necesita para afrontar los retos del presente y del futuro.

La crisis de la Complutense también pone de manifiesto algo más profundo: la falta de un marco de financiación plurianual, estable, digno, suficiente y acorde a las necesidades reales de las instituciones públicas. Sin esa estabilidad, las universidades quedan expuestas a fluctuaciones políticas y presupuestarias que dificultan la planificación a largo plazo, la consolidación de proyectos de investigación y la renovación de infraestructuras. No se trata de gastar más por gastar, sino de asegurar que la universidad pública pueda cumplir con su misión sin depender de préstamos o ajustes que ponen en riesgo su viabilidad académica y social.

Poner el foco en la universidad pública —sus problemas, su valor y su futuro— es poner el foco en el propio futuro de nuestra sociedad. Instituciones como la ULPGC, la ULL o la Complutense, no son entes aislados: son centros de creación de conocimiento, de desarrollo humano y de justicia social. Debilitar la universidad pública equivale a debilitar la igualdad de oportunidades, la investigación orientada al bien común y la capacidad de un país para pensar críticamente y avanzar hacia mejores condiciones de vida para todas y todos.

Está bien celebrar o cuestionar honores aislados, pero, fundamentalmente, debemos apoyar ideas, debate, conocimiento y compromiso con lo público. El Cabildo de Gran Canaria apoya que la universidad sea un espacio de libertad, reflexión crítica y transformación social. Por eso, animo a quienes han levantado la voz dentro de la comunidad académica a permanecer unidos y movilizados para señalar con claridad lo que está en juego: la calidad y el futuro de la universidad pública en España. Les animo a ellos a ellas, pero también, al resto del profesorado, al alumnado, al personal de administración y servicios, a la sociedad civil y a los gobiernos locales.

La defensa de la universidad pública no es una batalla sectorial, sino una apuesta por un proyecto de país más justo, equitativo y sostenible. No podemos generar posibilidades reales de futuro para las generaciones venideras si no garantizamos que la educación superior cumpla su misión esencial: formar personas, generar conocimiento y fortalecer nuestra sociedad frente a los desafíos del siglo XXI.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Hablar de bienestar social no es solo hablar de cifras o de acciones públicas. Hablar de bienestar social es hablar de personas, de oportunidades y de la capacidad de una sociedad para cuidar de quienes más lo necesitan. En La Gomera hemos asumido ese compromiso como una prioridad política: situar a las personas en el centro de la acción pública y convertir los recursos públicos en herramientas reales para mejorar la vida de la ciudadanía

Ese es el sentido de la nueva edición del programa de viajes de turismo sociocultural impulsado por el Cabildo, una iniciativa pensada para nuestros mayores y para personas con discapacidad o movilidad reducida, que permite combinar ocio, convivencia y enriquecimiento cultural en condiciones de plena accesibilidad. Este año el programa oferta 660 plazas distribuidas en diferentes salidas, adaptadas a las necesidades de los participantes, con un sistema en el que asumimos la mayoría del coste para garantizar que nadie quede fuera por razones económicas.

Pero este programa va mucho más allá de un simple viaje. Representa una forma de entender la política social. Porque cuando facilitamos que nuestros mayores viajen, convivan y sigan descubriendo el mundo, estamos promoviendo envejecimiento activo, bienestar emocional y participación social. Estamos reconociendo el papel que han desempeñado a lo largo de su vida en la construcción de nuestra isla.

La Gomera ha demostrado en los últimos años que es posible construir un modelo de desarrollo en el que el progreso económico vaya de la mano de la justicia social. En el presupuesto insular, el área de bienestar social cuenta con más de 16 millones de euros en 2026, lo que supone cerca del 17% del total, una cifra que refleja claramente cuál es nuestra prioridad política.

Ese esfuerzo se traduce en acciones concretas: el fortalecimiento de la red de atención a mayores y personas dependientes, ayudas sanitarias para familias, programas de teleasistencia, apoyo a la diversidad funcional o la colaboración con entidades del tercer sector que trabajan cada día sobre el terreno. También se materializa en inversiones estratégicas que permitirán ampliar plazas sociosanitarias y mejorar los servicios para quienes necesitan cuidados y atención especializada.

Este conjunto de políticas conforma lo que podemos llamar el escudo social de La Gomera, una red de protección que busca que nadie se quede atrás. Un modelo basado en la redistribución de los recursos públicos para atender a quienes más lo necesitan: nuestros mayores, las personas dependientes, las familias vulnerables o quienes requieren apoyo para desarrollar su proyecto de vida con dignidad.

En un territorio como el nuestro, donde la cohesión social siempre ha sido un valor fundamental, estas políticas adquieren un significado aún mayor. Porque gobernar una isla como La Gomera implica entender la realidad de cada barrio, de cada familia y de cada persona.

Por eso, desde el Cabildo seguimos trabajando con una idea clara: la administración pública debe estar cerca de la gente y responder a sus necesidades reales. No se trata solo de gestionar recursos, sino de generar oportunidades y de garantizar que cada gomero y cada gomera sientan que las instituciones están a su lado en su día a día. Porque una isla avanza de verdad cuando nadie se queda atrás. Y ese seguirá siendo el rumbo de la acción de gobierno.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

Cada vez que surge un problema en una residencia de mayores ocurre lo mismo: declaraciones indignadas, reproches políticos, promesas de investigación y un aluvión de titulares. Pasan los días, la polémica se enfría y todo vuelve a la normalidad. A esa normalidad incómoda que muchos prefieren no mirar de frente

En Lanzarote, en Tías y en tantos otros lugares, la historia se repite desde hace años. No es un episodio aislado ni un fallo puntual del sistema. Es algo mucho más preocupante: un modelo que permite que el cuidado de nuestros mayores se convierta en un negocio administrativo mientras la responsabilidad pública se diluye entre papeles, contratos y silencios.

Las administraciones sacan a concurso la gestión de residencias públicas. Empresas privadas ganan esas adjudicaciones comprometiéndose a cumplir unos pliegos muy claros: ratios de personal, condiciones de atención, calidad del servicio. Sobre el papel todo está perfectamente regulado. El problema es que el papel lo aguanta todo.

Cuando esas condiciones no se cumplen, algo que familiares, trabajadores y vecinos llevan años denunciando, debería activarse el mecanismo de control. Para eso existen inspectores, supervisión pública y capacidad sancionadora. Esa es, precisamente, la función de la administración.

Sin embargo, la realidad demasiadas veces parece otra: inspecciones que no detectan lo evidente, informes que no provocan cambios y expedientes que se abren mientras dentro de los centros todos sigue igual.
Se abre un expediente, se anuncia una investigación, se promete actuar con contundencia.

Pero… los mayores continúan esperando

No es necesario investigar demasiado para comprobarlo. Basta con revisar la hemeroteca. Los mismos problemas aparecen una y otra vez con el paso de los años. Y no solamente en las residencias o centros sociosanitarios de mayores, también en los CADI. Centros de atención a la discapacidad. Cambian los gobiernos, cambian los responsables políticos y cambian las empresas adjudicatarias, pero el resultado final rara vez cambia para quienes viven en esas residencias.

Y ahí está la parte más incómoda de todo esto: si el problema es conocido, si las denuncias existen y si las herramientas de control están sobre la mesa, entonces la pregunta ya no es qué está pasando.

Mientras tanto, una generación entera, personas que trabajaron, cotizaron y levantaron esta sociedad, termina sus últimos años dependiendo de un modelo donde el contrato parece tener más peso que la dignidad.

La verdadera pregunta no es cuándo estallará el próximo escándalo.

La verdadera pregunta es cuándo alguien tendrá el valor político de reconocer que este sistema, tal como funciona hoy, no está protegiendo a quienes debería proteger.

La pregunta es por qué se permite que siga pasando.

Tal vez porque los mayores no protestan en las calles, no organizan manifestaciones ni generan un coste político inmediato. Tal vez porque, en el fondo, el sistema funciona lo suficientemente bien como para que nadie tenga que asumir responsabilidades reales.

Porque mientras se sigue discutiendo en despachos y ruedas de prensa, hay personas mayores esperando algo mucho más simple: que alguien, por fin, haga su trabajo.

Artenara no es solo el municipio más alto de Gran Canaria. Es uno de los lugares donde la isla conserva su memoria más profunda. En su paisaje abrupto, en sus cuevas blancas abiertas a los riscos, en el pinar que abraza la cumbre, late una forma de entender la vida basada en la resistencia, el equilibrio y el respeto por la tierra

Mucho antes de la conquista, las poblaciones indígenas eligieron estas alturas por razones estratégicas y vitales. La cumbre ofrecía control del territorio, defensa natural y cercanía a los recursos del monte. Durante los episodios finales de la conquista castellana, los parajes de Artenara, Acusa y los riscos cercanos a Tejeda se convirtieron en refugio de quienes resistían. La geografía escarpada no era un obstáculo, sino una aliada. Las cuevas excavadas en la roca y el conocimiento profundo del terreno permitían una defensa basada en la adaptación y la integración en el paisaje. Esa forma de habitar no desapareció. Las cuevas-vivienda que aún hoy siguen ocupadas son la expresión tangible de una continuidad histórica singular. Representan una manera de vivir sin herir la tierra, de protegerse del frío y del calor aprovechando lo que el entorno ofrece, de integrarse en el paisaje en lugar de imponerse a él. Artenara no se construyó contra la montaña, sino con la montaña

La identidad de la cumbre está profundamente ligada a la relación con el campo y el monte. Durante siglos, la vida dependió casi exclusivamente de la agricultura de secano y de la ganadería. En ese contexto se consolidó la devoción a San Matías, especialmente a partir de los siglos XVII y XVIII. No fue una fe ornamental, sino una espiritualidad vinculada a lo esencial: la lluvia que asegura la cosecha, la protección del ganado, el cuidado del pinar. Que su festividad se celebre en febrero no es casual. Es el momento en que el campo espera la lluvia decisiva, cuando la semilla necesita agua para brotar y el futuro del año agrícola aún está en suspenso. San Matías se convirtió así en símbolo de esperanza y protección, profundamente integrado en el calendario agrícola y en la vida cotidiana del pueblo.

En la cumbre, la fe nunca estuvo asociada a la abundancia desmedida, sino a la supervivencia digna. Se pedía equilibrio, no exceso. Se pedía agua, no riqueza. Se pedía cuidado para el monte, no dominio sobre él. Esta visión revela una conciencia ecológica anterior a cualquier formulación técnica moderna.

El pinar canario es mucho más que un elemento paisajístico. Retiene la humedad, protege el suelo de la erosión, regula el ciclo del agua y hace posible la vida en barrancos y valles. Cuidarlo ha sido siempre, aunque no se expresara con términos científicos, una forma de cuidar a toda la isla. Los mayores sabían cuándo entrar al monte y cuándo dejarlo descansar. Sabían aprovechar la madera sin arrasar el bosque. Entendían que la tierra no se exprime, se acompaña.

Esa cultura del uso responsable constituye el antecedente de lo que hoy llamamos gestión sostenible. No era teoría, era práctica cotidiana transmitida de generación en generación. El equilibrio entre aprovechamiento y conservación formaba parte del sentido común de la cumbre.

Sin embargo, la historia reciente ha recordado la fragilidad de ese equilibrio. Los grandes incendios forestales de las últimas décadas marcaron un antes y un después en la conciencia ambiental de Gran Canaria. El fuego mostró que el monte no es invulnerable y que su protección exige planificación, prevención e implicación colectiva. Desde entonces, la gestión forestal, la vigilancia y la educación ambiental han adquirido un papel prioritario.

En esa tarea desempeñan un papel esencial las trabajadoras y trabajadores del medio ambiente: brigadas contra incendios, guardas forestales, técnicos, agentes, personal de mantenimiento, educadores ambientales, agricultores y ganaderos que cuidan la tierra día a día. Su labor, muchas veces silenciosa y realizada en condiciones difíciles, sostiene la resiliencia del territorio. Gracias a ellos, el pinar sigue en pie y la cumbre conserva su capacidad de regeneración.

Artenara forma parte hoy del corazón de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Estos reconocimientos no son simples distinciones simbólicas. Representan una responsabilidad. Significan que el equilibrio logrado durante siglos posee un valor que trasciende lo local y adquiere dimensión universal.

Pero antes de que llegaran los títulos y las declaraciones oficiales, ya existía en la cumbre una cultura del cuidado. Antes de que se hablara de sostenibilidad, ya se practicaba. Antes de que la UNESCO mirara hacia estas montañas, ya eran sagradas para quienes las habitaban. En realidad para toda Gran Canaria.

El verdadero patrimonio de Artenara no son solo las cuevas, los pinares o los riscos. Es la gente que mantiene viva esa herencia. Sin población no hay conservación posible. La cumbre no puede convertirse en un museo vacío. Necesita escuelas, proyectos, agricultura, ganadería, comercio y oportunidades para que las nuevas generaciones puedan quedarse sin renunciar a su identidad.

Tradición y sostenibilidad no son enemigas. Son aliadas. Preservar la identidad no significa anclarse en el pasado, sino proyectar hacia el futuro lo mejor de lo aprendido. La devoción a San Matías puede leerse también como una forma de memoria ecológica: el recordatorio de que dependemos del medio y de que nuestra supervivencia siempre estuvo ligada al buen estado del monte y del campo.

Artenara es un lugar donde el paisaje invita a levantar la mirada. Desde sus miradores, el mundo parece latir más despacio. El abismo enseña humildad; la altura obliga a reconocer nuestra pequeñez frente a la grandeza natural. Sin embargo, esa sensación no empequeñece, sino que integra y nos hace conscientes de que formamos parte de algo mayor. En la cumbre, la isla recuerda quién es. Recuerda que su carácter se forjó en la relación entre piedra, agua y pinar. Recuerda que el equilibrio no es una consigna moderna, sino una práctica antigua. Recuerda que defender el árbol es defender la vida.

Celebrar la identidad de Artenara es, en definitiva, renovar un compromiso: con el pinar, con el agua, con la gente que trabaja el territorio y con una forma de vivir que ha sabido resistir siglos de aislamiento, escasez y transformación sin perder su vínculo con la tierra. Porque en estas montañas no solo se contempla el paisaje: se aprende de él. Y mientras el pino siga esperando la lluvia y la mano humilde sepa cuándo cortar, la cumbre seguirá siendo memoria viva de Gran Canaria.

Muchas gracias, Artenara, por el reconocimiento que han hecho al Cabildo de Gran Canaria y a los trabajadores y trabajadoras de Medio Ambiente. Su trabajo no siempre se ve. A menudo se hace en silencio, en condiciones duras, con frío, calor, riesgo y responsabilidad, pero su papel es imprescindible para mantener ese ecosistema. Muchas gracias por invitarme a pregonar las fiestas de San Matías.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Esta semana el Parlamento de Canarias ha dado un paso importante al aprobar la comunicación planteada por el Gobierno en torno al denominado Decreto Canarias. No es un trámite más. Es una decisión que marca dirección y que demuestra que, cuando se quiere, esta Cámara puede situar el interés general por encima de cualquier otra consideración

Estamos ante una oportunidad que no se presenta todos los días. El Decreto Canarias no nace del capricho ni de la improvisación. Responde a una realidad que conocemos bien: la necesidad de sostener la recuperación económica y social del Archipiélago, pero también de corregir desequilibrios que arrastramos desde hace décadas y que afectan especialmente a las islas no capitalinas.

Hablar de igualdad en Canarias no puede significar tratar a todos exactamente igual. La igualdad real exige comprender las diferencias y actuar en consecuencia. La doble insularidad, los sobrecostes, la pérdida de oportunidades o el riesgo de despoblamiento no son discursos teóricos: son realidades que condicionan la vida diaria de miles de ciudadanos.

El Decreto Canarias incorpora medidas concretas en esa dirección. La extensión de la deducción del 60% del IRPF a La Gomera y El Hierro, en línea con lo aplicado en La Palma, no es un privilegio para nadie. Es una cuestión de coherencia y de justicia territorial. Si una herramienta ha servido para compensar dificultades objetivas en una isla, lo razonable es que también se aplique allí donde existen circunstancias similares.

Lo mismo ocurre con la conectividad. En un archipiélago, poder desplazarse con garantías no es un lujo, es una condición básica para acceder al empleo, a la sanidad, a la educación y a la actividad económica. Mejorar las conexiones interinsulares mediante obligaciones de servicio público no es una demanda localista; es una apuesta por la cohesión.

Pero más allá del contenido, hay algo aún más relevante: la actitud con la que afrontemos este momento. Canarias necesita trasladar al Estado una posición unida, ambiciosa y clara. No podemos acudir con propuestas tímidas ni fragmentadas. Cuando uno negocia desde la debilidad o desde la división, el resultado suele ser insuficiente.

El acuerdo que se ha abierto paso en el Parlamento no pertenece a ningún partido. Es fruto del trabajo institucional y de la voluntad compartida por cabildos, ayuntamientos y fuerzas políticas de defender lo que consideramos justo para nuestra tierra. Y ese espíritu debe mantenerse en el proceso negociador.

Sería un error convertir este debate en un ejercicio de tacticismo. La ciudadanía no espera de nosotros cálculos partidistas ni estrategias de desgaste. Espera responsabilidad. Espera que pensemos en el futuro de Canarias y no en el próximo titular.

Estamos ante una oportunidad histórica para reforzar nuestra cohesión territorial y consolidar instrumentos que permitan a todas las islas avanzar en igualdad de condiciones. Desaprovecharla por ruido político sería imperdonable, aunque sólo se apruebe la Agenda Canaria pactada entre el Gobierno de España y Canarias, ya es un gran avance.

El Parlamento ha dado un paso. Ahora toca culminar el camino con sentido común, diálogo y altura institucional. Canarias no necesita confrontación estéril. Necesita acuerdos útiles.

Y este es el momento de demostrarlo.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

La diversificación económica es clave para las islas porque reduce la dependencia del exterior, aumenta la resiliencia ante crisis externas y genera empleo más estable. Además, permite aprovechar mejor los recursos propios, protege el territorio y favorece un desarrollo sostenible con mayor equilibrio social y capacidad de futuro. En Gran Canaria, el modelo de ecoísla que defendemos avanza en este sentido

Más allá del modelo turístico, que representa el 35% del PIB insular, impulsamos la economía circular, la movilidad sostenible, la economía verde, el sector audiovisual, las políticas de cuidados, deportivas y culturales, la innovación y la digitalización, la industria y el comercio, la soberanía alimentaria, las acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático o la economía azul

Los datos avalan en estos momentos el papel de Gran Canaria como motor de la economía azul en Canarias. Según el Informe de Economía Azul en Gran Canaria elaborado por la SPEGC, con el aporte fundamental del Informe del CETECIMA de Actividad de la Economía Azul en Canarias 2024, la producción total desee sector en Canarias alcanzó en 2022 los 3.521,8 millones de euros, lo que equivale al 7,18 % del PIB regional.

De esa cifra, Gran Canaria genera 1.901,3 millones de euros, es decir, el 54 % de toda la producción azul del archipiélago, y un 3,87 % del PIB regional canario atribuible exclusivamente a la isla. Muy por detrás se sitúan Tenerife, con el 19 %, y Lanzarote, con el 13 % de la producción regional.

En términos insulares, la producción de la economía azul en Gran Canaria (1.901,3 millones de euros, sobre un PIB insular de 18.786,4 millones de euros) supone un peso directo del 10,12 % del PIB. Incorporando estimaciones conservadoras de actividades no plenamente cuantificadas —desalación, biotecnología marina y energías renovables offshore—, la aportación se sitúa entre el 10,5 % y el 11 % del PIB insular. Además, la isla concentra el 90 % de la producción regional en reparación naval, el 71,7 % en puertos y servicios portuarios y el 69,8 % en pesca, liderando prácticamente todos los subsectores de la economía azul.

Para que nos hagamos una dimensión real de este salto importante de la economía azul, recuerden que la industria en Canarias representa un 2,8% del PIB y que si sumamos industria+construcción llegamos a un 5,8% del PIB

Las actividades económicas vinculadas al mar son ya un pilar estructural de la economía de Gran Canaria, con un nivel de especialización muy superior a la media regional y un papel central como motor logístico, industrial y portuario del archipiélago. La isla se consolida así como el principal nodo azul en Canarias y como un referente en el ámbito atlántico.

En un momento en el que los territorios buscan modelos de desarrollo más sostenibles, resilientes y menos dependientes de sectores volátiles, el mar se ha convertido en una de las grandes oportunidades del siglo XXI. Esta economía, basada en el aprovechamiento responsable de los recursos marinos y costeros, ha pasado de ser un concepto emergente a un pilar estratégico para regiones con fuertes vínculos con el oceáno. En Canarias, y de manera muy destacada en Gran Canaria, esta transformación ya no es una promesa de futuro, sino una realidad económica medible.

Este modelo económico propone una visión integral del mar como fuente de riqueza, empleo, innovación y conocimiento, pero también como un ecosistema que debe ser protegido. Bajo este enfoque conviven actividades tradicionales como la pesca o los servicios portuarios con sectores altamente tecnológicos como la biotecnología marina, las energías renovables offshore o la investigación oceanográfica. En un contexto global marcado por el cambio climático y la presión sobre los recursos naturales, este modelo se presenta como una alternativa necesaria y estratégica.

Gran Canaria es, ante todo, un territorio oceánico. Más del 90 % de su superficie es mar, un dato que explica su historia, su cultura y su posición geoestratégica. El océano ha sido durante siglos vía de comunicación, fuente de alimento y espacio de intercambio comercial. Hoy, además, se ha convertido en uno de los principales ejes de diversificación económica de la isla.

La economía azul en Gran Canaria engloba un amplio abanico de actividades vinculadas directa o indirectamente al mar, desde la logística portuaria y la reparación naval hasta el turismo náutico, la acuicultura sostenible o la investigación científica. Este ecosistema productivo, como ya señalé anteriormente, no solo genera riqueza, sino que contribuye a reforzar el músculo de la economía insular frente a condicionantes geoestratécios o geopolíticos.

Uno de los grandes pilares de este modelo es el Puerto de Las Palmas, una infraestructura clave en el Atlántico medio. Su ubicación estratégica lo ha convertido en un nodo fundamental para las rutas marítimas entre Europa, África y América, consolidando a Gran Canaria como plataforma logística de primer nivel.

En torno al puerto se concentra un potente tejido empresarial ligado a los servicios a buques, la reparación y construcción naval, el suministro energético, el transporte marítimo y las actividades offshore. Este conjunto de sectores genera miles de empleos y explica buena parte del liderazgo de la isla en la economía azul regional.

Otro ámbito esencial es la desalación de agua de mar y la gestión del ciclo integral del agua. En un territorio con escasos recursos hídricos naturales, esta actividad resulta estratégica para garantizar el abastecimiento a la población, al sector turístico y a la agricultura. Gran Canaria ha sido y es pionera en el desarrollo de tecnologías de desalación, impulsando mejoras en eficiencia energética y reducción del impacto ambiental.

Las energías marinas y las renovables vinculadas al mar representan, además, uno de los grandes campos de futuro. Las condiciones oceánicas y climáticas de la isla favorecen el desarrollo de la energía eólica marina, la energía de las olas y otros sistemas experimentales. Más allá de la generación eléctrica, este sector abre oportunidades en investigación, ensayo, mantenimiento y transferencia tecnológica, contribuyendo a la transición energética y a la reducción de la dependencia de combustibles fósiles. ¡Cuánto está tardando el gobierno central para hacerla posible en nuestra isla!

La acuicultura marina sostenible se ha consolidado como una actividad complementaria a la pesca tradicional. Gestionada bajo criterios ambientales rigurosos, permite producir alimentos de calidad, generar empleo local y fomentar la innovación tecnológica. La pesca artesanal, por su parte, mantiene un papel relevante no solo por su aportación económica, sino también por su valor social, cultural y patrimonial.

El turismo costero y las actividades náutico-deportivas constituyen otro de los ejes de la economía azul en Gran Canaria. Deportes como el surf, la vela o el buceo, junto al turismo náutico o los cruceros, diversifican la oferta turística y generan oportunidades ligadas al ocio, la formación especializada y los servicios avanzados.

Gran Canaria destaca también como polo de conocimiento vinculado al mar. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria alberga centros de referencia como el Banco Español de Algas, el Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (IU-ECOAQUA) o el Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG). A ellos se suman infraestructuras estratégicas como la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), situada en Taliarte, el gran espacio estratégico de desarrollo azul que impulsa el Cabildo de Gran Canaria

El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) completan este ecosistema impulsando proyectos de biotecnología azul, acuicultura sostenible y emprendimiento innovador, como la plataforma Bioasis o la Incubadora de Alta Tecnología Marino-Marítima.

Salto de Chira es una infraestructura clave para profundizar en la economía azul de Gran Canaria. Gracias a esta central hidroeléctrica, la isla podrá integrar de forma segura energías marinas como la eólica offshore superando el problema de la intermitencia. Además, facilita que la desalación de agua de mar, actividad estratégica de este modelo económico, funcione con mayor peso de energías limpias, reduciendo costes y emisiones. Hará de infraestructura habilitadora para hacer posible una economía azul más sostenible, innovadora y fuerte.

Más allá de los datos, el reto ahora es mantener este liderazgo con una visión de largo plazo. Apostar por la economía azul implica coordinación institucional, inversión en conocimiento, apoyo al tejido empresarial y una ciudadanía consciente del valor del mar. En Gran Canaria, el océano no solo define su geografía: se perfila como una de las claves más sólidas para construir un futuro sostenible, innovador y competitivo.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Hace apenas una década, el devenir político propició el nacimiento de una formación que, desde entonces, ha encontrado su razón de ser en La Gomera. La irrupción de Agrupación Socialista Gomera en el tablero político canario supuso un cambio de paradigma: no solo alteró la configuración de las mayorías parlamentarias en la Cámara autonómica, sino que contribuyó a consolidar un modelo político distinto, en el que las islas tradicionalmente más olvidadas recuperaban peso y voz en las instituciones canarias

Aquel proyecto, nacido de la convicción de dar continuidad a una manera de gestionar lo público desde la responsabilidad —centrando la acción de gobierno en las personas—, ha representado una oportunidad histórica para la ciudadanía gomera. Desde entonces, hemos asistido a un punto de inflexión: por primera vez, las demandas de las denominadas Islas Verdes comenzaban a ser abordadas como asuntos verdaderamente relevantes.

Si miramos atrás, iniciativas como la interconexión eléctrica con Tenerife, la bonificación al combustible o la conexión aérea directa con Gran Canaria parecían inasumibles para los gobiernos de entonces. Sin embargo, para nosotros eran objetivos irrenunciables. Y hoy, por citar algunos ejemplos, esas metas ya son una realidad que incide de forma directa en el bienestar de los gomeros. Logros palpables en el día a día que evidencian una idea esencial: el trabajo, la constancia y la confianza que la ciudadanía nos ha otorgado en cada cita electoral son determinantes para alcanzar resultados.

Pero no nos conformamos con los grandes anuncios, la política de galería o el enfrentamiento estéril. Preferimos hablar de personas y de proyectos; de incentivos públicos, de becas, de movilidad sostenible, de descarbonización, de atención sanitaria y sociosanitaria. Preferimos hablar de hechos concretos, como los 5.000 gomeros que durante el último año se beneficiaron directamente de distintas líneas de cooperación, con recursos que superaron los 12 millones de euros.

Cada euro movilizado es un alivio para la economía familiar; un impulso para quien emprende en la isla; o una oportunidad para nuestros mayores, que cuentan con programas específicos en cada municipio para ganar en salud y bienestar. Son medidas que suman, que llegan a los hogares y que fijan con claridad nuestro reto principal: mejorar la calidad de vida de las personas.

Este camino, no exento de dificultades, forma parte del día a día de quienes asumimos la responsabilidad de representar a la ciudadanía en instituciones como el Senado o el Parlamento de Canarias —en este último, con grupo parlamentario propio—, así como de dirigir la acción de gobierno desde el Cabildo y los ayuntamientos. Con aciertos y errores, sí, pero siempre con la obligación permanente de estar al lado de la gente, desde la escucha activa y el ejercicio de una política útil.

En un tiempo marcado por el enfrentamiento, los bulos constantes y el avance de corrientes extremistas que pretenden erosionar nuestros espacios de convivencia, conviene detenerse unos minutos y reflexionar —aunque sea en voz baja— para valorar lo que tenemos más cerca. Y, sobre todo, para no caer en el error de dar por buenos a quienes anteponen el oportunismo a la gestión.

Nosotros, Agrupación Socialista Gomera, seguiremos estando al lado de la gente: al lado de los gomeros, de los canarios y, por supuesto, en la defensa de los intereses comunes para avanzar hacia un archipiélago de iguales.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

El sector primario canario atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. Agricultura, ganadería y pesca se encuentran en una encrucijada marcada por decisiones que se están tomando fuera del archipiélago, principalmente en el ámbito europeo aunque también en el del Gobierno español, pero cuyas consecuencias recaen de forma directa sobre un territorio ultraperiférico con marcadas singularidades económicas, sociales y ambientales

Las posibles modificaciones del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), el avance del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el debate en torno a la pesca del atún mediante redes de cerco y la entrada en vigor de nuevas normas de control pesquero que afectan a la flota artesanal configuran un escenario de gran incertidumbre para el campo y el mar canarios.

El POSEI ha sido, desde su creación, una de las principales herramientas de compensación de los sobrecostes estructurales que sufren las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. En el caso de Canarias, este programa -que inyecta 300 millones anuales al sector- ha permitido sostener producciones agrarias y ganaderas que, sin ese apoyo, difícilmente podrían competir en un mercado único diseñado para territorios continentales. La insularidad, la fragmentación del territorio, la lejanía de los principales mercados y la dependencia del transporte marítimo encarecen tanto la producción como la comercialización, situando a los productores canarios en clara desventaja frente a competidores de otras regiones europeas. Así está reconocido expresamente en el artículo 349, que costó tanto conseguir, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Durante años, el POSEI ha servido para garantizar el abastecimiento del mercado interior, apoyar cultivos estratégicos como el plátano, el tomate o la vid y mantener viva una actividad económica que cumple también una función social, territorial y ambiental. No obstante, en el contexto de las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, han surgido propuestas que apuntan a una posible integración del POSEI dentro de instrumentos más generales de la Política Agrícola Común. Esta opción supondría diluir el carácter específico del programa y poner en riesgo su financiación directa, vinculada precisamente al reconocimiento de las desventajas permanentes de las regiones ultraperiféricas.

Cualquier debilitamiento del POSEI tendría consecuencias inmediatas sobre la viabilidad de miles de explotaciones. En un contexto de aumento de los costes energéticos, encarecimiento de los insumos y presión creciente sobre los precios en origen, perder un instrumento diseñado a medida del archipiélago aceleraría el abandono del campo, aumentaría la dependencia exterior y comprometería la ya frágil soberanía alimentaria de las islas. Es necesario, igualmente, que se extienda una filosofía similar al ámbito pesquero, con un POSEI específico para la pesca y la acuicultura que tenga en cuenta los costes particulares de la flota canaria.

Paralelamente, el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur supone una amenaza adicional. Aunque el pacto persigue la liberalización del comercio entre ambos bloques y se presenta como una oportunidad para determinados sectores industriales y exportadores, el sector primario europeo, y especialmente el de las regiones más vulnerables, se verá seriamente afectado con la apertura del mercado comunitario a productos agrarios procedentes de países con menores costes de producción y normativas diferentes en materia ambiental, sanitaria y laboral.

En el caso canario, la inquietud es doble. Por un lado, la entrada de productos agrícolas a precios más bajos ejercerá una presión a la baja sobre los precios locales, haciendo inviable la producción en un territorio donde los costes son estructuralmente superiores. Por otro, no genera ninguna confianza la aplicación de “cláusulas espejo”, para que los productos importados de terceros países estén sujetos a los mismos estándares sanitarios, medioambientales, laborales y de bienestar animal que se exigen a los productores europeos.

La combinación de un POSEI debilitado y un acuerdo comercial de gran alcance como el de Mercosur es un cóctel extremadamente peligroso. La pérdida de ayudas específicas, unida a una mayor presión competitiva en el mercado, acelerará la desaparición de explotaciones agrarias y ganaderas, con efectos en cascada sobre el empleo, el paisaje, la cohesión territorial y la economía rural. En este contexto, es imprescindible que Canarias, en su condición de región ultraperiférica, sea tenida en cuenta no solo en las políticas de cohesión, sino también en los grandes acuerdos comerciales de la Unión.

En el ámbito pesquero, el debate se intensifica en torno a la posible introducción o ampliación de técnicas de pesca industrial, especialmente el uso de redes de cerco para la captura de atún. La pesca del atún es una actividad estratégica para la flota artesanal canaria, que tradicionalmente ha utilizado métodos altamente selectivos, como el anzuelo, con un impacto ambiental reducido y una elevada calidad del producto. La entrada de flotas industriales o la autorización de técnicas como el cerco con grandes redes supone una amenaza directa a este modelo y elimina la zafra de la pesca del atún que es la que mantiene viva en la actualidad a nuestra flota pesquera artesanal. La utilización de pescado de la zona para alimentar a las crías de atún, con ratios de 15:1 sería realmente insostenible y realmente dañina para la fauna local.

Las organizaciones de pescadores y también el Cabildo de Gran Canaria han alertado de que la pesca industrial del atún altera los equilibrios del caladero, reduce la disponibilidad del recurso para la flota local y provoca un impacto ecológico significativo, especialmente si se utilizan dispositivos de agregación de peces. Más allá del daño ambiental, el riesgo principal es socioeconómico: la flota artesanal no puede competir con la capacidad extractiva ni con la escala de la pesca industrial, lo que podría llevar a la desaparición de un sector que genera empleo y forma parte de la identidad cultural de Canarias.

A esta preocupación se suman las nuevas normas europeas de control pesquero que han entrado en vigor recientemente con el objetivo de reforzar la trazabilidad, mejorar la gestión de los recursos y luchar contra la pesca ilegal. Aunque el principio de sostenibilidad es compartido por el sector, la aplicación práctica de estas normas ha generado un fuerte malestar entre los pescadores artesanales canarios. Muchas de las obligaciones administrativas y tecnológicas que se exigen, como el registro electrónico detallado de capturas o los avisos previos de llegada a puerto, están diseñadas para flotas de mayor tamaño y no se adaptan a la realidad de pequeñas embarcaciones de bajura.

Para la pesca artesanal, estas exigencias suponen un aumento de los costes y una carga burocrática difícil de asumir. La falta de adaptación normativa a las particularidades de Canarias puede convertir una actividad tradicional y sostenible en económicamente inviable. Las cofradías advierten de que, si no se introducen excepciones o ajustes específicos, muchas embarcaciones se verán obligadas a abandonar la actividad, con la consiguiente pérdida de empleo y de conocimiento tradicional.

En conjunto, las tensiones actuales reflejan un problema de fondo: la dificultad de encajar políticas europeas de carácter general en territorios con características excepcionales como Canarias. La defensa del sector primario no pasa por rechazar la sostenibilidad, la modernización o el comercio internacional, sino por exigir que estos procesos tengan en cuenta la singularidad insular y ultraperiférica. El futuro del campo y del mar canarios depende de que la Unión Europea mantenga instrumentos específicos, escuche a los territorios afectados y diseñe políticas que no sacrifiquen a los sectores más frágiles en nombre de un mercado globalizado.

Y como señalé en mi artículo de la semana pasada, pasados los años, la UE y el Gobierno español de turno, se darán cuenta del error y del daño producido, como acaban de reconocer con la casi desaparición del tomate canario cuya fortaleza estaba en Gran Canaria. El Tribunal de Cuentas Europeo acaba de certificar que las ayudas comunitarias no han servido para proteger al tomate canario frente a las importaciones marroquíes. Se dan cuenta muy tarde, después de que lo mataran. Lo mismo que hicieron con la pesca artesanal situándola al borde del precipicio.

Desde el Cabildo de Gran Canaria, comprometido con la defensa del sector primario, la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible, consideramos imprescindible alzar la voz y trasladar a las instituciones competentes nuestra oposición a unas medidas que ponen en riesgo el presente y el futuro del campo canario. De esta manera reafirmamos el compromiso del Gobierno de la isla con la defensa del sector primario, la soberanía alimentaria, el producto local y el mantenimiento de un medio rural vivo y sostenible.

En última instancia, lo que está en juego no es solo la rentabilidad económica de unas actividades productivas, sino un modelo territorial, social y cultural que ha dado forma a Canarias durante siglos. Preservar el sector primario significa también comer más fresco y más sano y proteger el paisaje, la biodiversidad, la lucha contra los incendios, la reducción de la huella ecológica en el consumo de alimentos, la identidad y la capacidad del archipiélago para decidir sobre su propio abastecimiento y su relación con el entorno. No podemos aceptar que otros decidan por nosotros qué comemos, en qué condiciones y a qué precio. La respuesta que se dé hoy a estos desafíos marcará el rumbo del sector primario canario durante las próximas décadas.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

La falta de conectividad en un territorio fragmentado como el nuestro es comparable a vivir en una casa con los cimientos defectuosos. Puede que desde fuera no siempre se perciba el problema en toda su magnitud, pero quien lo padece a diario sabe que condiciona su vida, sus oportunidades y su futuro. Eso es exactamente lo que ocurre hoy entre El Hierro, La Gomera y La Palma

Para muchos, la ausencia de conexiones directas entre estas islas puede parecer un inconveniente menor, una molestia asumible en un archipiélago. Sin embargo, para los ciudadanos herreños, palmeros y gomeros, esta realidad supone dedicar más del doble —o incluso el triple— de tiempo para desplazarse de una isla a otra, con la obligación casi permanente de hacer escala en Tenerife o Gran Canaria. Un trayecto que podría resolverse en 30 o 40 minutos acaba convirtiéndose en un viaje de al menos cuatro horas, con el consiguiente desgaste personal, económico y social.

Esta situación no es neutra. Penaliza la movilidad cotidiana, encarece la actividad económica y limita el acceso efectivo a oportunidades laborales, sanitarias, educativas y administrativas. En definitiva, acentúa la desigualdad entre canarios y rompe el principio de cohesión territorial que debería guiar cualquier política pública en una comunidad autónoma fragmentada por definición.

La conectividad no es un asunto accesorio ni una reivindicación insularista. Es una condición básica para el desarrollo económico y social equilibrado de Canarias. Nuestra geografía nos obliga a entender que solo podemos relacionarnos entre islas por vía marítima o aérea, y por eso garantizar esas conexiones en condiciones razonables de continuidad, frecuencia y accesibilidad no es un privilegio, sino un derecho.

Esta realidad, cuya solución lleva demasiado tiempo agonizando, es el reflejo de que aún nos queda camino por recorrer para sortear los desafíos de nuestra condición insular. No basta con asumir las barreras del Atlántico como un hecho inevitable; toca derribarlas con decisiones políticas valientes y con instrumentos eficaces.

Ha llegado el momento de determinar, de una vez por todas, una salida real a este problema. Y esa salida pasa por trabajar con seriedad y rigor en la declaración de obligaciones de servicio público, tanto aéreas como marítimas, que permitan conectar de forma directa y estable a El Hierro, La Palma y La Gomera. No es razonable que moverse entre las Islas Verdes exija más tiempo y más esfuerzo que un viaje entre Tenerife y una gran capital europea.

Hablar de obligaciones de servicio público es apostar por un desarrollo equilibrado que no deje atrás a quienes viven en las islas con mayores dificultades de acceso. Y es, también, asumir que Canarias solo será verdaderamente una cuando todos sus ciudadanos puedan moverse, trabajar y vivir en igualdad de condiciones, con independencia de la isla en la que residan.

Porque sin conectividad, los cimientos de nuestra casa común seguirán siendo frágiles. Y Canarias no puede permitirse seguir construyendo su futuro sobre bases tan desiguales.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

Como presidente del Cabildo de Gran Canaria me debo a la defensa del interés general de esta isla y me siento en la obligación, por tanto, de manifestar mi opinión -ya lo he hecho en otras ocasiones- sobre el marco de relaciones que se nos propone para con Marruecos y sus derivas para Canarias, para Gran Canaria y, especialmente, para el puerto de La Luz y Las Palmas. Lo hago días después de que una delegación de nuestra Comunidad Autónoma, encabezada por su presidente, Fernando Clavijo, visitara Marruecos para, según se nos dijo, generar espacios de colaboración económica entre el país alauita y Canarias

El diálogo entre los pueblos y establecer relaciones de buena vecindad es siempre bueno. Pero no es de recibo que se haga con las cartas marcadas y con la espada de Damocles de las exigencias marroquís de anexión de nuestros minerales y tierras raras del Monte Tropic, nuestras aguas territoriales y la seguridad aérea del Sáhara Occidental. Por eso es más necesario que nunca que los resultados de este viaje último a Agadir y su zona de influencia se trasladen a la sociedad canaria con total transparencia. Se nos debe mostrar nítidamente los beneficios reales que se han producido para nuestra tierra.

Y me preocupa, además de esa “visión atlántica” de Marruecos y sus ambiciones sobre Canarias, la estrategia portuaria diseñada por el país vecino en el Atlantico Oriental. Dice Fernando Clavijo que los puertos canarios y marroquís “deben actuar de manera complementaria y no competitiva”, repitiendo los mismos argumentos que las autoridades andaluzas expresaron en relación a los puertos de Algeciras y Tánger, hasta que este último ha terminado por fagocitar buena parte de la actividad del puerto gaditano. Curiosamente, en esos mismos días el expresidente de la autoridad portuaria de Santander, Jaime González, nos dejó claro, en declaraciones a este medio, que los puertos marroquís son la principal amenaza para los “hubs” portuarios de Canarias.

El Atlántico oriental vive una reconfiguración silenciosa pero profunda. Los flujos marítimos, las decisiones de las grandes navieras y las estrategias estatales están redefiniendo el equilibrio logístico entre Europa y África. En ese proceso, Marruecos ha emergido como un actor central, utilizando sus puertos no solo como infraestructuras económicas, sino como instrumentos de política geoestratégica. Esta transformación plantea riesgos reales de competencia para el Puerto de Las Palmas, riesgos que no son meramente comerciales, sino profundamente políticos.

Al mismo tiempo, el impacto de este fenómeno es claramente asimétrico dentro de Canarias, afectando mucho más al Puerto de La Luz y de Las Palmas que al Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Quizás sea por esto que a algunos les preocupe poco esa competencia real con el puerto grancanario. Quizás por eso no se esté valorando en toda su dimensión el daño que se le hace.

El contraste con el Puerto de Santa Cruz de Tenerife es significativo. Su perfil es marcadamente distinto: tráfico regional, cabotaje, cruceros y mercancía con origen o destino canario. No aspira a ser un hub intercontinental ni compite por el gran transbordo o el bunkering a escala global. Esta menor ambición internacional actúa, paradójicamente, como un factor de protección. Santa Cruz no es un objetivo estratégico para Marruecos, ni un elemento central en la disputa logística entre la UE y el norte de África. Su exposición a la competencia marroquí es indirecta y limitada, y en segmentos como el turismo de cruceros incluso puede beneficiarse de una especialización más clara dentro del sistema portuario canario.

A diferencia de otros países donde el desarrollo portuario responde principalmente a dinámicas de mercado, Marruecos ha construido un modelo portuario de Estado. Tánger Med, Agadir y el emergente Puerto Atlántico de Dajla no compiten entre sí, sino que forman parte de una arquitectura planificada, con funciones diferenciadas y un objetivo común: posicionar al país como plataforma logística clave entre Europa, África y las grandes rutas marítimas globales.

Tánger Med es el ejemplo más evidente. En poco más de una década se ha convertido en uno de los mayores hubs del Mediterráneo y de África, superando en volumen de contenedores a puertos históricos del sur de Europa. Su éxito se explica por una combinación de factores: fuerte inversión pública, costes laborales y regulatorios más bajos que los europeos, zonas francas altamente competitivas y una integración estratégica con las grandes navieras internacionales, que han redibujado sus rutas para priorizar escalas en el enclave marroquí. Un ejemplo claro es el de la naviera noruega Maersk que dejó Algeciras para irse a ese puerto..

Agadir refuerza este sistema desde un perfil más sectorial, vinculado a la exportación agro-pesquera y a la logística regional. Representa una amenaza más acotada, pero es el proyecto del Puerto Atlántico de Dajla el que introduce una dimensión nueva y más inquietante para Canarias. Concebido como puerto de aguas profundas y orientado a África Occidental y el Sahel, Dajla -en contra del derecho internacional al estar construyéndose en territorio ocupado- aspira a captar tráficos que históricamente han encontrado en Las Palmas un punto natural de escala, redistribución y servicios.

El Puerto de Las Palmas ha sido, durante décadas, una pieza clave en el Atlántico medio. Su valor no reside únicamente en el volumen de mercancías, sino en su función como nodo de servicios marítimos avanzados: bunkering, reparaciones navales, apoyo a flotas pesqueras y offshore, y redistribución logística hacia África Occidental. Esta centralidad lo ha convertido en un activo estratégico para España y para la Unión Europea.

Sin embargo, esa misma posición explica su vulnerabilidad. Los segmentos en los que Las Palmas es fuerte coinciden exactamente con aquellos que Marruecos busca desarrollar y captar. La consolidación de Tánger Med ya ha reducido la importancia relativa de algunos puertos españoles en las grandes rutas, y la futura operatividad de Dajla introduce una presión adicional sobre el papel histórico de Las Palmas como hub atlántico intermedio.

No se trata de una amenaza inmediata ni de un “sorpasso” automático, pero tampoco que tarde en suceder veinte años. Estamos ante un auténtico riesgo estructural. A medio plazo, la combinación de menores costes, mayor respaldo estatal y creciente atractivo para las navieras puede erosionar la centralidad de Las Palmas si no se adoptan medidas estratégicas claras.

Uno de los elementos más delicados de este escenario es el marco europeo. Los puertos comunitarios operan bajo regulaciones ambientales y sociales cada vez más exigentes. Medidas como el sistema ETS aplicado al transporte marítimo o las normativas FuelEU incrementan los costes operativos, especialmente en puertos periféricos como los canarios. Los puertos marroquíes, por el contrario, no están sujetos a estas obligaciones en la misma medida. Esto genera una distorsión competitiva evidente: competir en el mismo mercado global con reglas diferentes. La paradoja se acentúa cuando se constata que parte del desarrollo portuario marroquí cuenta con financiación de entidades en las que participa la propia UE.

Luego se darán cuenta del error, como acaban de reconocer con la casi desaparición del tomate canario cuya fortaleza estaba en Gran Canaria: el Tribunal de Cuentas Europeo acaba de certificar que las ayudas comunitarias no han servido para proteger al tomate canario frente a las importaciones marroquís. Se dan cuenta muy tarde, después de que lo mataran, al igual que hicieron con la pesca artesanal.

Desde la perspectiva europea, Marruecos es un socio estratégico para la estabilidad regional y la proyección hacia África. Pero esa lógica tiene un efecto colateral: externalizar funciones logísticas fuera del territorio comunitario, debilitando puertos europeos que cumplen un papel geoestratégico clave, como Las Palmas.

La posición española no es sencilla. Las relaciones con Marruecos se han convertido en un eje central de la política exterior, especialmente en ámbitos como la migración, la seguridad y la energía. En ese contexto, la defensa activa de los intereses portuarios canarios no siempre aparece como una prioridad explícita. El resultado es una sensación de desprotección estratégica: Las Palmas es un activo europeo de primer orden, pero no siempre es tratado como tal en las decisiones políticas de mayor alcance.

El ascenso portuario marroquí no es un fenómeno coyuntural, sino parte de una transformación profunda del Atlántico oriental. Las Palmas está en el centro de esa transformación y por ello afronta riesgos reales que combinan economía, geopolítica y regulación europea. Santa Cruz de Tenerife, en cambio, permanece relativamente al margen de esta disputa estratégica. Y vuelvo a repetir que quizás sea por eso que en algunos ámbitos políticos eso importe menos.

El verdadero desafío para Canarias no es elegir entre cooperación o confrontación con Marruecos, sino definir una estrategia portuaria coherente y diferenciada, que reconozca el valor geopolítico de Las Palmas como activo europeo. Si esa estrategia no se articula con claridad, el riesgo no es el debilitamiento del principal puerto canario sino algo más sutil y preocupante: la pérdida progresiva de centralidad estratégica de Canarias en el Atlántico oriental en un momento en que el control de las rutas marítimas vuelve a ser, como tantas veces en la historia, una cuestión de poder.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.