El Gobierno resuelve la convocatoria de 2026 con 8.356 beneficiarios de tarjetas de alimentos, 5.711 de medicamentos y 1.126 personas con cobertura sanitaria

El refuerzo aprobado tras los terremotos del 24 de junio ha permitido incrementar en un 44,7 % la cobertura de las ayudas destinadas a la comunidad canaria residente en el país

El director general de Emigración, José Téllez, viajará a Venezuela en la segunda semana de agosto para evaluar sobre el terreno las medidas desplegadas y las nuevas necesidades tras la emergencia

El Gobierno de Canarias ha resuelto la convocatoria de 2026 para la prestación de asistencia sanitaria y la concesión de tarjetas de alimentación y medicamentos destinadas a los canarios residentes en Venezuela, reforzada tras el doble terremoto del pasado 24 de junio para ampliar la protección a la comunidad canaria y los descendientes en el país.

La resolución de la Viceconsejería de Acción Exterior, publicada este viernes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), selecciona a 8.356 beneficiarios de las tarjetas de alimentos, 5.711 de las tarjetas de medicamentos y 1.126 personas que recibirán asistencia sanitaria a través de la Fundación España Salud.

La convocatoria, gestionada por la Dirección General de Emigración, recibió un total de 8.539 solicitudes desde su convocatoria el pasado mes de febrero. Inicialmente contemplaba la selección de 6.291 beneficiarios de tarjetas de alimentación y 4.033 de medicamentos, unas cifras que han podido ampliarse después de que el Gobierno de Canarias aprobara el pasado 6 de julio el refuerzo de estos programas como parte de la respuesta a la emergencia provocada por los terremotos, incrementando las coberturas que presta a los canarios y descendientes en el país en un 44,7 % respecto a 2.025.

El Ejecutivo autonómico aumentó hasta 1.272.622 euros los recursos destinados a las tarjetas de alimentos y medicamentos, con el objetivo de extender la cobertura a los solicitantes que cumplieran los requisitos establecidos. De esta cantidad, 812.322 euros se destinarán al programa de alimentación y 460.300 euros al de medicamentos.

A este refuerzo se sumaron otros 381.293 euros para ampliar la cobertura sanitaria que se presta a través de la Fundación España Salud a canarios residentes en Venezuela mayores de 65 años, en situación de necesidad, que no perciben la prestación económica por ancianidad o incapacidad y carecen de seguro médico.

La resolución tendrá efectos desde este sábado, 1 de agosto de 2026 hasta 31 de julio de 2027 y contempla también una lista de reserva de 140 personas para la prestación sanitaria, que podrá ampliarse en función de la disponibilidad presupuestaria y de las condiciones previstas en el convenio.

Seguimiento de las medidas

El director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez, viajará a Venezuela durante la segunda semana de agosto para realizar un seguimiento sobre el terreno de las medidas puestas en marcha dentro del plan de trabajo activado para atender la emergencia generada por los terremotos del pasado 24 de junio.

Durante su estancia, visitará los estados más afectados para conocer de primera mano la situación de la población canaria y sus descendientes y comprobar el desarrollo de las actuaciones desplegadas desde Canarias tras la emergencia.

Asimismo, mantendrá reuniones con las entidades canarias presentes en el país, cuya colaboración está resultando esencial para detectar situaciones de vulnerabilidad, canalizar la atención y hacer llegar los recursos a las personas que los necesitan.

La visita permitirá además evaluar las nuevas necesidades surgidas tras los terremotos y determinar las actuaciones que deberán incorporarse al plan extraordinario de ayudas aprobado por el Gobierno de Canarias, dotado con 1,8 millones de euros para reforzar el escudo social de los canarios y descendientes residentes en Venezuela.

Este plan extraordinario permitirá reforzar durante los próximos meses la respuesta social y asistencial en las zonas afectadas, atendiendo a la evolución de las necesidades y en coordinación con las entidades canarias sobre el terreno.

Refuerzo de la protección social

La ampliación de los programas de alimentación, medicamentos y asistencia sanitaria forma parte de la respuesta del Gobierno de Canarias para reforzar la protección de la comunidad canaria en Venezuela, especialmente de las personas mayores y de quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

La prestación sanitaria será proporcionada por la Fundación España Salud, mientras que las tarjetas de alimentación y medicamentos serán entregadas a las personas beneficiarias a través de la Fundación Canaria para la Acción Exterior en Venezuela.

Con la resolución de esta convocatoria y el despliegue del plan extraordinario tras el doble terremoto, el Gobierno de Canarias mantiene una respuesta que combina la atención ordinaria a la comunidad canaria residente en Venezuela con medidas extraordinarias destinadas a hacer frente a las consecuencias sociales y sanitarias de la emergencia.

En total, hay 54.584 ayudas resueltas desde agosto de 2023, frente a las 20.073 que se resolvieron en el periodo de julio de 2019 a julio de 2023. La nómina ha pasado de los casi 8 millones de julio de 2023 a los cerca de 18 en el último mes de junio

Canarias ha reconocido en los primeros seis meses de este año 22.850 prestaciones de dependencia, lo que hace un total de 54.584 prestaciones concedidas en la legislatura actual, frente a las 20.073 concedidas durante toda la pasada legislatura, tal y como informó hoy en rueda de prensa el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, y la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, en la que hicieron balance de la gestión realizada y de los retos que afronta el sistema.

“Canarias ha dado un salto en materia de dependencia en esta legislatura», afirmó Candil, quien atribuyó esta evolución a la reorganización de los servicios, la modificación del decreto de dependencia y el incremento de los recursos destinados a la atención de las personas en situación de dependencia.Gráficas Dependencia

Uno de los principales indicadores de esta evolución es la reducción de los tiempos de tramitación. La entrada en vigor del nuevo decreto ha permitido pasar de 782 días de espera en julio de 2023 a 314 días en junio de 2026, lo que supone una reducción de 468 días. No obstante, la directora general señaló que “el tiempo real de resolución de los expedientes se sitúa actualmente en 105 días, aunque este dato todavía no aparece reflejado en las estadísticas del Imserso, que calculan la media anual”.

«El avance que se ha logrado es evidente en cuanto a las resoluciones de grado, resoluciones de PIA, las prestaciones y las personas incorporadas al sistema” destacó Concepción Ramírez. Una muestra de ello es que “la nómina mensual destinada a dependencia se ha triplicado durante la legislatura, pasando de 7 millones de euros en julio de 2023 a 18 millones en junio de 2026”, reveló.

Asimismo, Canarias ha puesto en marcha por primera vez, tras 18 años de vigencia de la Ley de Dependencia, la prestación económica de asistente personal, de la que ya se benefician 498 personas.

Sin embargo, según explicó la directora general, la Comunidad Autónoma asume actualmente el 78 % del coste del sistema, mientras que el Estado financia el 22 %, porcentaje que continúa por debajo del 50 % previsto en la Ley de Dependencia.

A ello se suma la actualización de los convenios de dependencia suscritos con los cabildos, que incorporan una financiación de 1.132 millones de euros durante cuatro años y actualizan por primera vez el precio de las plazas a valores de mercado.

“Pero”, ha señalado “el incremento de resoluciones ha traído consigo un nuevo desafío: ampliar la capacidad del sistema para atender a todas las personas con derecho reconocido”, afirmó. Para ello, el Gobierno de Canarias ha impulsado distintas medidas dirigidas a incrementar la oferta de servicios y profesionales.

Entre estas medidas, figura la acreditación de 39 profesionales autónomos —logopedas, psicólogos, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales— para prestar servicios de promoción de la autonomía personal, o 18 autónomos para el servicio de ayuda a domicilio. Paralelamente, se trabaja en la modificación del decreto de acreditación de centros y servicios para simplificar los procedimientos administrativos.

Otra de las mejoras implementadas corresponde a la teleasistencia. Desde la puesta en funcionamiento del nuevo contrato, en octubre de 2025, el número de usuarios ha pasado de 4.200 a 15.000 personas, mientras que el nuevo servicio de ayuda a domicilio, iniciado en mayo, ya ha incorporado a 623 personas en La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife.

“Como decimos, este crecimiento de derechos de las personas hace necesario ampliar tanto los recursos como los profesionales disponibles. En la actualidad existen 349 empresas y entidades acreditadas, de las cuales 131 se han incorporado desde 2023”, al tiempo que la Viceconsejería y la Dirección General han iniciado procedimientos específicos para evaluar la calidad de los servicios e intensificar las labores de inspección.

El viceconsejero recordó además que Canarias “afronta un importante reto demográfico: la población mayor de 80 años pasará de 101.000 personas en 2024 a más de 137.000 en 2032, circunstancia que obligará a seguir reforzando el sistema de atención a la dependencia”. En este ámbito, se informó de que el Ejecutivo autonómico prepara el tercer Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, que prevé la creación de cerca de 5.000 nuevas plazas residenciales y de centros de día durante el periodo 2026-2032.

No obstante, Candil subrayó que el futuro del sistema, como hemos manifestado, no pasa únicamente por construir nuevas plazas. «Insistimos en que tenemos que potenciar ante todo los servicios que favorezcan la autonomía personal y la permanencia de las personas mayores en sus propios domicilios y en su entorno social», afirmó, señalando a la teleasistencia y la atención domiciliaria especializada anteriormente mencionadas como pilares del nuevo modelo.

Durante la comparecencia también se rechazó que Canarias mantenga servicios de dependencia con financiación inferior a otras comunidades autónomas. Ramírez explicó que el Archipiélago ocupa la tercera posición en financiación del servicio de ayuda a domicilio y del servicio de promoción de la autonomía personal, la sexta en centros de día y la séptima en atención residencial.

Respecto a la aplicación de la Ley ELA, Ramírez recordó que Canarias ya ha incorporado el reconocimiento del Grado 3+ en su normativa autonómica. “Actualmente existen 29 solicitudes registradas. Sin embargo, ninguna ha podido resolverse porque la normativa estatal exige que el usuario presente previamente el contrato y la facturación del servicio o del asistente personal, lo que está ralentizando la resolución en positivo de los expedientes”.

La medida llegará este mes de abril a 20.000 personas dependientes, que serán 29.000 en diciembre de 2024

Las cuantías de las prestaciones vinculadas al cuidado en el entorno se incrementan en un 30% para los grandes dependientes

Más de 20.000 personas dependientes de Canarias se beneficiarán de las subidas de las cuantías de las Prestaciones vinculadas al Servicio (PVS) y de las Prestaciones para el Cuidado en el entorno Familiar y de apoyo a personas cuidadoras no profesionales (PECEF), tras la entrada en vigor del Decreto de Ley que las regula en aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

De esta forma, a través de este Decreto, impulsado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, se modifican e incrementan las cuantías de estas prestaciones de las que se beneficiarán en diciembre de 2023 más de 24.000 personas en situación de dependencia en Canarias, cifra que aumentará hasta más de 29.000 personas en diciembre de 2024.

En concreto, con la entrada en vigor de este nuevo decreto aumentan las cuantías de la Prestación económica vinculada al servicio (PEVS) cuyo objetivo es contribuir a la financiación del coste del servicio que se determine en el Programa Individual de Atención (PIA) de la persona en situación de dependencia. Esta prestación económica, de carácter personal, puede vincularse a cualquiera de los servicios del catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

La nueva normativa establece, como cuantías máximas en función del grado de dependencia reconocido, las siguientes: 800 euros para Grado III; 477,25 euros para Grado II y 336 euros para Grado I. Así, la prestación para un gran dependiente se pasa de 715 euros a 800 euros.

Además, es incrementan las Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales (PECEF) dirigidas a otorgar una prestación económica dirigida a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención específica prestada a la persona dependiente en su domicilio.

Para esta prestación, el nuevo Decreto establece las cuantías máximas de 504 euros para Grado III; 319,08 euros para Grado II y 180 euros, para Grado I.

Así, por ejemplo, en el en el caso de las personas consideradas como grandes dependientes, las cuantías suben un 30%, de tal forma que un gran dependiente que ha cobrado hasta ahora por una prestación económica para el cuidado del entorno familiar, de 387 euros al mes, pasará a cobrar a partir de este mes, en su nómina un total de 504 euros.

Hay que recordar que el decreto establece como requisitos generales para acceder a estas Prestaciones que las personas beneficiarias sean residentes en Canarias y reúnan los requisitos específicos previstos para el acceso al servicio o servicios de atención o de cuidados en el entorno familiar, de acuerdo al Programa Individual de Atención (PIA) de la persona en situación de dependencia.

La asistencia médica para morir está recogida en la Ley Orgánica 3/2021 como un derecho individual y gratuito, incluido en la cartera común de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, supervisado y realizado por profesionales sanitarios

Pueden solicitar esta prestación las personas mayores de edad, capaces, conscientes, y que sufran una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante certificada por el médico responsable, y haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, con al menos 15 días naturales entre ambas

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia en junio de 2021, un total de catorce personas en Canarias se han acogido a la prestación de ayuda para morir, tras ser informadas favorablemente por la Comisión de Garantía y Evaluación que la regula.

La asistencia médica para morir está recogida en la Ley Orgánica 3/2021 como un derecho individual y gratuito, incluido en la cartera común de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, supervisado y realizado por profesionales sanitarios. Este nuevo derecho es garantista y para su realización se debe corroborar que se dan los supuestos específicos del contexto eutanásico recogidos en la Ley.

De las catorce personas que han recibido la prestación desde su puesta en marcha en junio de 2021, ocho eran de la provincia de Las Palmas y seis de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y por sexos, ocho eran mujeres y seis hombres.

En concreto, durante 2022, en Canarias se han realizado diez eutanasias, siete en la provincia de Las Palmas (cuatro mujeres y tres hombres) y tres en la de Santa Cruz de Tenerife (dos mujeres y un hombre).

Todas las solicitudes tuvieron su origen en centros de la red pública del Servicio Canario de la Salud. De las diez eutanasias realizadas en el año 2022, seis pacientes fallecieron en su propio domicilio y cuatro en el ámbito hospitalario, siempre respetando la voluntad de la persona.

En lo que llevamos de 2023 se han tramitado cuatro solicitudes, tres en la provincia de Las Palmas y una en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y en los primeras semanas de este año se ha realizado una eutanasia.

Requisitos

Entre los requisitos para que las personas puedan solicitar la prestación se establece que han de ser mayores de edad, capaces y conscientes en el momento de la solicitud, sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante certificada por el médico responsable, y haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, con al menos 15 días naturales entre ambas.

Asimismo, la norma determina los deberes del personal sanitario que atienda a esas personas, definiendo su marco de actuación, y regula las obligaciones de las administraciones e instituciones concernidas para asegurar el correcto ejercicio del derecho reconocido.

Prestación de ayuda para morir

El SCS ha elaborado un Guía breve para la aplicación de la prestación de ayuda para morir, que recoge la información general relativa al derecho a la eutanasia y al procedimiento que regula la aplicación de esta nueva prestación del Sistema Nacional de Salud, dirigida a la ciudadanía (pacientes y familiares), así como a los profesionales sanitarios de los centros asistenciales públicos y privados.

Por otro lado, se constituyó un grupo de trabajo en el que participaron profesionales asistenciales de los servicios de Farmacia hospitalarios y de Atención Primaria, de las Unidades de Apoyo a la Prestación de Ayuda para Morir y técnicos de la Dirección General de Programas Asistenciales, elaborándose un documento de consenso que establece el Protocolo de medicación para realizar la prestación de ayuda para morir.

Dicho documento se ha elaborado siguiendo las recomendaciones del Manual de Buenas Prácticas en eutanasia del Ministerio de Sanidad y pretende dar soporte a los profesionales sanitarios en la toma de decisiones farmacológicas, de forma que la prestación se realice con el máximo cuidado y profesionalidad y se minimicen los riesgos de complicaciones relacionadas con el uso de la medicación eutanásica.