A través del nuevo canal de comunicación (www.sentircanario.org) los canarios, descendientes y entidades en el exterior podrán acceder a información actualizada sobre certificados, programas, ayudas y subvenciones

El director general de Emigración subraya que “no solo cumplimos con el compromiso de acercar el Gobierno a todos los canarios y canarias sino de abrir un espacio de diálogo con quienes tienen su proyecto de vida fuera de las islas”

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha a través de la Dirección General de Emigración un nuevo portal (www.sentircanario.org) dirigido los canarios y canarias, asociaciones y entidades en el exterior, así como, a los ciudadanos retornados, “un punto de encuentro que permitirá cumplir el compromiso que adquirimos de acercar la administración a todos los canarios y canarias vivan donde vivan”, apuntó el director general de Emigración, José Téllez.

El nuevo portal recoge información actualizada de todos los programas, proyectos culturales, ayudas, subvenciones, así como, información detallada sobre certificados para los emigrantes canarios. Un portal intuitivo que “queremos que sea también un espacio de diálogo con quienes tienen su proyecto de vida fuera de las islas”, apuntó Téllez.

El director general de Emigración apuntó que la puesta en marcha de esta “ventana para los emigrantes canarios era uno de los objetivos recogidos en el plan estratégico de Presidencia del Gobierno de Canarias” que se une a la acción del Ejecutivo fuera de las islas que “estamos reforzando, como el acompañamiento y la asistencia en el exterior a canarios y descendientes en situación de vulnerabilidad, sobre todo, en Latinoamérica, especialmente en Venezuela, Cuba, Argentina y Uruguay, donde se concentra la colectividad canaria en el extranjero”.

Asimismo, José Téllez apuntó los programas sanitarios y sociosanitarios y las ayudas directas, que se pueden consultar ya a través del portal www.sentircanaria.org, así como, programas específicos para apoyar las actividades que desarrollan las entidades canarias y ponen en valor la canariedad y aquellas acciones dirigidas a apoyar el retorno de los emigrantes canarios, en situación de vulnerabilidad para que se se integren en Canarias con todas las garantías.

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás refuerza la implantación de la administración electrónica, el desarrollo de los servicios públicos digitales y las TIC

Con este proyecto se ha mejorado la ejecución de los procedimientos administrativos y la seguridad

La Concejalía de Nuevas Tecnologías y Transparencia del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, que dirige Víctor Hernández, ha llevado a cabo acciones para continuar en la labor de implantación de la administración electrónica, el impulso de los servicios públicos digitales, y de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Para ello, se ha acometido una serie de intervenciones que han supuesto el incremento de la seguridad de la intranet, y la sustitución y mejora de los equipos de trabajo utilizados por el personal, aportando de este modo eficacia y eficiencia en la ejecución de los procedimientos, con la consecuente agilización del servicio a la ciudadanía.

Estas acciones se han podido llevar cabo gracias a la subvención de 24.600 euros otorgada por la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, a través del programa ‘Subvenciones a Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para proyectos de implantación de la Administración Electrónica, el desarrollo de servicios públicos digitales y desarrollo de las TIC’, que persigue como objetivo impulsar la implantación de la administración electrónica en la isla de Gran Canaria.

Al respecto, el alcalde y concejal del área, Víctor Hernández, ha manifestado que el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás se ha trazado una hoja de ruta bastante ambiciosa para responder a las demandas de la ciudadanía y poder afrontar con garantías los retos de la futura administración local, cumpliendo con los estándares de seguridad, confidencialidad, trazabilidad e interoperabilidad exigidos por la normativa”.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recuerda que no hay democracia sin elecciones ni elecciones sin Administración electoral, y a esta no solo hay que proveerla de medios suficientes sino de formación para conocer las leyes, cada vez más complejas

La Jornada de Derecho Electoral organizada por el Gobierno de Canarias reúne a casi 40 jueces, magistrados y letrados de la Administración de Justicia que integran las juntas electorales actuantes en las Elecciones al Parlamento de Canarias del próximo 28 de mayo

Cuenta con ponentes de la talla de la catedrática de Derecho Constitucional y ex directora general de Política Interior del Ministerio del Interior, Rosario García, y el letrado de las Cortes Generales y director de la Secretaría Técnica de la JEC, Manuel Delgado-Iribarren

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha señalado este martes, durante la apertura de la Jornada de Derecho Electoral organizada por el Gobierno de Canarias, que no hay democracia sin elecciones y no hay elecciones sin una Administración electoral independiente, competente, bien provista de medios y, como ocurre en España, semiprofesional, formada por técnicos en Derecho y profesionales de la Administración de Justicia, jueces y magistrados.

Según ha explicado, al Gobierno de Canarias, y más en concreto a su departamento, le corresponde proveer de medios a la Administración electoral, no solo materiales, sino también de formación para conocer las leyes, cada vez más complejas. En este sentido, se ha referido a las novedades que incorpora este proceso, apuntando como la más significativa, aunque no la única, la desaparición del voto rogado.

En ese proceso de dar medios suficientes a la Administración electoral es donde se enmarca la Jornada de Derecho Electoral celebrada este martes en el Hotel Escuela de Santa Cruz, un espacio de trabajo, estudio y reflexión en el que han participado casi 40 jueces, magistrados y letrados de la Administración de Justicia, que integran las juntas electorales actuantes en las Elecciones al Parlamento de Canarias del próximo 28 de mayo.

La Jornada ha contado con ponentes de la talla de la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I, ex directora general de Política Interior del Ministerio del Interior y ex vocal catedrática de la Junta Electoral Central (JEC), Rosario García Mahamut, y al letrado de las Cortes Generales, director de la Secretaría Técnica de la JEC y profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Delgado-Iribarren.

Ellos han sido los encargados de analizar el proceso electoral y el marco normativo regulador, desde una visión de conjunto; el sistema electoral en la Ley Orgánica 1/2018 de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias; la Ley 1/2022, de 11 de mayo, de Elecciones al Parlamento de Canarias; las novedades en el procedimiento de votación de los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) tras la reforma del artículo 75 de la LOREG (Ley Orgánica 12/2022, de 30 septiembre); y la Instrucción 1/2023, de 30 de marzo de 2023, de la JEC y sus efectos en el proceso y escrutinio de los votos de los electores CERA en las Elecciones al Parlamento de Canarias.

También han abordado la organización, funcionamiento y competencias de las juntas electorales, así como la función de garantía de los principios de transparencia, objetividad e igualdad; la formación de las mesas electorales por los ayuntamientos y la competencia de las juntas electorales de zona de admisión de excusas; y las candidaturas –requisitos de las candidaturas y de los candidatos–; composición equilibrada de las listas; presentación, subsanación de irregularidades y proclamación; y recursos contra la proclamación de candidaturas.

A lo largo de la Jornada se ha hablado de la campaña electoral –concepto–; la precampaña permitida; las campañas y actos de los poderes públicos: campañas institucionales permitidas, y campañas de logros e inauguraciones prohibidas; actuaciones contrarias a los principios de igualdad y la neutralidad; la distribución de medios y espacios públicos gratuitos; el respeto a los principios de pluralismo político, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa por los medios de comunicación social; campaña y redes sociales.

Igualmente, se ha tratado la votación y el escrutinio por la Mesa Electoral; la votación ante la Mesa Electoral; el voto por correo; el escrutinio provisional por las mesas electorales; el escrutinio general por las juntas electorales; el recurso ante la JEC y la proclamación de los candidatos electos por las juntas electorales; y el recurso contencioso-electoral y el recurso de amparo.

Se desarrolla de manera ‘online’ y presencial a través de las fundaciones de las dos universidades canarias

La Consejería de Hacienda financia el 95% de la matrícula de esta iniciativa, que consta de ocho módulos formativos basados en el temario requerido para acceder a la escala de administradores financieros y tributarios de Canarias

El Curso Superior Universitario en Administración Financiera y Tributaria del Sector Público se imparte desde hace varios días, a través de las fundaciones de las dos universidades canarias, con un total de 240 personas matriculadas. La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias financia, en un 95%, la matrícula para esta iniciativa que consta de ocho módulos formativos. Todos ellos están basados en los requerimientos para el acceso a la escala de administradores financieros y tributarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El director general de Asuntos Europeos de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, Julián Zafra, fue el encargado de impartir las dos primeras clases del módulo de Derecho Europeo, que sirvió de apertura a todo el proyecto. El objetivo concreto de este es profundizar en el conocimiento de las instituciones de la Unión Europea, el ordenamiento jurídico y la política de cohesión, con especial referencia a los fondos estructurales de la propia UE. También se analizará el presupuesto europeo y sus connotaciones. Contiene, de igual manera, un apartado específico sobre la integración diferenciada de Canarias en el marco de la Unión Europea, desde la perspectiva de región RUP, POSEICAN o REF, entre otras figuras.

La especialización necesaria para el acceso a la escala de administradores financieros y tributarios de Canarias está generando notables dificultades entre las personas que quieren formar parte de ella a través de los correspondientes procesos selectivos, por lo que se ha decidido incrementar la formación específica dirigida a aquellos aspirantes que pretenden profesionalizarse en estas áreas.

De hecho, el nivel universitario superior de este curso es solo un primer paso para que esta iniciativa pueda incorporarse a otros proyectos de expertos universitarios o másteres que permitan que esta especialización, en el ámbito de la formación universitaria, tenga continuidad en el futuro.

Temario

El primer módulo del curso está relacionado con la Hacienda Pública y el segundo versa sobre los instrumentos jurídicos para la gestión del gasto (contratación pública, convenios, subvenciones, encargos a medios propios y encomiendas). La contabilidad pública y su aplicación práctica será el epígrafe del tercero de los módulos, mientras el cuarto estudia la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

El resto de los módulos están basados en las funciones de control interno, la economía de empresa, la economía financiera y el sistema financiero español. El Derecho Tributario es el último de los asuntos que conforman el temario. Este bloque, además, contiene un estudio general del sistema tributario español y el procedimiento de gestión tributaria, con especial referencia al IGIC, al bloque de financiación canario y al REF desde una perspectiva teórica y práctica.

Se impartirá de manera ‘online’ y presencial, desde el 26 de septiembre, a través de las fundaciones de las dos universidades canarias

La Consejería de Hacienda financia el 95% de la matrícula de esta iniciativa, que consta de ocho módulos formativos basados en el temario requerido para acceder a la escala de administradores financieros y tributarios de Canarias

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, dirigida por Román Rodríguez, financia, en un 95%, la matrícula para el Curso Superior Universitario en Administración Financiera y Tributaria del Sector Público, que comenzará a impartirse desde el próximo 26 de septiembre a través de la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas y la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna.

El plazo para inscribirse en esta iniciativa, que se desarrollará de manera ‘online’ y presencial, quedará abierto desde hoy martes 13 de septiembre en la web de ambas fundaciones, donde se establecerá el canal para acceder a la formalización de la matrícula y el pago de esta.

El temario de este curso consta de ocho módulos formativos y está basado en los requerimientos para el acceso a la escala de administradores financieros y tributarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Las personas interesadas en realizarlo tendrán que abonar 25 euros para cada módulo por separado o un único pago de 40 euros en el caso de que deseen realizarlos todos.

La especialización necesaria para el acceso a esta función pública está generando notables dificultades entre las personas que quieren formar parte de ella a través de los correspondientes procesos selectivos, por lo que se ha decidido incrementar la formación específica dirigida a aquellos aspirantes que pretenden profesionalizarse en estas áreas.

De hecho, el nivel universitario superior de este curso es solo un primer paso para que esta iniciativa pueda incorporarse a otros proyectos de expertos universitarios o másteres que permitan que esta especialización, en el ámbito de la formación universitaria, tenga continuidad en el futuro.

Temario

El primer módulo del curso está relacionado con la Hacienda Pública, los escenarios presupuestarios y los presupuestos y, en el mismo, se abordará el estudio de la Ley de Hacienda Pública, la Ley General Presupuestaria y la gestión presupuestaria en general.

El segundo versará sobre los instrumentos jurídicos para la gestión del gasto (contratación pública, convenios, subvenciones, encargos a medios propios y encomiendas). En él se ofrecerá un análisis, teórico y práctico, de los principales instrumentos jurídicos en los que se articula la gestión del gasto público. Así, se abordarán asuntos tales como los contratos del sector público, convenios, encomiendas de gestión, encargos y subvenciones, así como el análisis y tramitación de cada una de estas figuras.

La contabilidad pública y su aplicación práctica será el epígrafe del tercer módulo del curso. Se explicará cómo realizar la elaboración y el contenido de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma y se abordará el Plan General de Contabilidad desde una perspectiva teórico-práctica.

El cuarto módulo estudiará la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Se analizará el funcionamiento del Sistema Europeo de Cuentas como marco de armonización de la contabilidad nacional en el marco europeo y su relación con la normativa sobre estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Del mismo modo, se hará una inmersión práctica en figuras como el déficit público, la regla de gasto, el límite de gasto no financiero o la sostenibilidad de la deuda pública, entre otras materias.

El Derecho Europeo protagonizará el quinto módulo del curso. Durante el mismo, se profundizará en el conocimiento de las instituciones de la Unión Europea, el ordenamiento jurídico y la política de cohesión, con especial referencia a los fondos estructurales de la propia UE. También se analizará el presupuesto europeo y sus connotaciones. Por último, se abordará un apartado específico sobre la integración diferenciada de Canarias en el marco de la Unión Europea, desde la perspectiva de región RUP, POSEICAN o REF, entre otras figuras.

El sexto módulo integrará todas las funciones de control interno. Se analizarán los mecanismos de control interno de la actividad económico-financiera del sector público autonómico, llevada a cabo por la Intervención General en sus diferentes vertientes. También se profundizará en el conocimiento de áreas como la auditoría pública o el control financiero de ayudas y subvenciones, con especial referencia al control de los fondos europeos (fondos estructurales y fondos agrícolas).

El séptimo módulo del curso versará sobre la economía de empresa, la economía financiera y el sistema financiero español. Se estudiará el funcionamiento de una empresa, con especial referencia a las empresas públicas y al sector público empresarial. También incluirá un análisis sobre el sistema financiero español y las operaciones financieras.

El Derecho Tributario será el último de los módulos que se impartirán en esta iniciativa. Este bloque contiene un estudio general del sistema tributario español y el procedimiento de gestión tributaria, con especial referencia al IGIC, al bloque de financiación canario y al REF desde una perspectiva teórica y práctica.

Las clases presenciales se llevarán a cabo en Tenerife (13 de octubre) y Gran Canaria (14 de octubre)

Los recursos vistos en 2021 se incrementaron un 7% con respecto al año anterior, según la memoria de este órgano de la Comunidad Autónoma

El presidente del tribunal destaca que el 52% de los recursos judiciales a sus propias decisiones son confirmatorios y solo el 16% anulatorios

El vicepresidente canario elogia la diligencia del órgano administrativo y la confianza que genera entre las instituciones insulares y municipales

El valor de los contratos objeto de recurso o reclamación ascendió el año pasado a 2.680 millones de euros

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias (TACP) analizó 289 recursos en 2021, lo que supone un incremento del 7% con respecto al año anterior, de acuerdo con la memoria anual de este órgano, especializado en la revisión de los procedimientos de contratación de los órganos de la Administración autonómica, de los cabildos y de los 84 ayuntamientos con los que tiene convenio.

El mayor número de expedientes analizados se corresponden con actuaciones del sector púbico autonómico (122), seguidas de aquellas promovidas por los ayuntamientos (119) y los cabildos insulares (48). No obstante, en términos porcentuales el incremento más relevante se ha dado en los ayuntamientos y los cabildos, con un aumento del 25% y del 24%, respectivamente.

El mayor volumen de actividad, en cualquier caso, no ha menoscabado la solidez de las resoluciones de este órgano administrativo que, desde su creación, se han visto confirmadas en los tribunales de justicia en 41 ocasiones y anuladas en solo 13.

En concreto, del total de sentencias y autos notificados tras la interposición de recursos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo contra resoluciones de dicho Tribunal hasta el 31 de diciembre de 2021, un 16% son anulatorias, mientras que las confirmatorias alcanzan el 52%. En cuanto al resto, se ha producido el archivo del recurso contencioso por causas diversas, siendo la más relevante el desistimiento del recurrente, que representa un 14%.

Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, departamento al que se adscribe el TACP por tener encomendada la competencia en materia de contratación, destacó “la diligencia mostrada por el tribunal administrativo en los siete años y medio que lleva funcionado, en los que se ha ganado la confianza del resto de administraciones, que se adaptan a su parecer”.

“La propia existencia de este órgano, pero sobre todo su desempeño, asegura un correcto y coherente funcionamiento de los complejos procedimientos de contratación, garantizando los derechos de todas las partes que intervienen en los procesos”, añadió Rodríguez.

Precisamente, el año 2021 ha sido en el que mayor número de recursos se han tramitado por parte del Tribunal Administrativo, con esos 289 expedientes; seguido del ejercicio de 2020, con 270, y 2019, con 228.

A este respecto, el presidente del órgano, Pedro Gómez, señala que, de hecho, cada año se incrementa el número de recursos interpuestos y que este incremento “no sólo es consecuencia de una mayor actividad contractual de las administraciones públicas y demás poderes adjudicadores de Canarias, sino, además, un indicador de la confianza que los operadores económicos en la materia depositan en el mecanismo revisor que este órgano tiene atribuido”.

Número de impugnaciones

El número de impugnaciones respecto de los actos dictados por el sector público autonómico se incrementaron en un 6% en relación con las efectuadas el año anterior. Destaca la disminución de los actos dictados en el ámbito sanitario respecto al ejercicio precedente en ocho puntos porcentuales (del 50% al 42%) y también en el educativo (del 6% al5%).

Por su parte, las corporaciones locales municipales incrementan el número de impugnaciones con respecto al ejercicio anterior en un 5%.

La naturaleza de los recursos varía en función del tipo de administración analizada. En el sector pblico autonómico, los actos de adjudicación son los de mayor número, al igual que en los ayuntamientos; mientras, en los cabildos son los anuncios de licitación y pliegos.

Los contratos que en mayor medida son objeto de recurso especial en materia de contratación continúan siendo los de servicios, que representan el 72% de las impugnaciones; mientras que los contratos de suministro representan el 100% en las reclamaciones de los sectores especiales.

Precisamente, el valor de los contratos objeto de recursos durante el año 2021 ascienden en conjunto a algo más de 2.000 millones de euros. El valor de los contratos objeto de reclamaciones, por su parte, ascienden a cerca de 680 millones.

La memoria completa puede consultarse en:

http://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/hacienda/tacp/TACP/Memoria-TACP-2021.pdf

Nueva Canarias La Aldea ha denunciado en la sesión ordinaria del pleno la parálisis que, de facto, ha generado la salida del secretario titular del Ayuntamiento de La Aldea después de que el alcalde haya firmado la comisión de servicios hacia otro municipio y dejar sin asesoramiento jurídico al Consistorio aldeano.

Esta situación está generando un bloqueo y parálisis administrativa que queda reflejada en el colapso administrativo que padecen las vecinas y vecinos del municipio. Más difícil de entender este tipo de decisiones es el hecho de que la plaza estaba ocupada por una vecina de La Aldea que tuvo que abandonar de forma obligatoria su puesto de trabajo en su municipio tras la supuesta llegada del secretario titular.

Pedro Suárez ha preguntado por la situación administrativa del Ayuntamiento aldeano tras constatar que existe un amplio abanico de trámites y licencias que se eternizan de manera incomprensible y que afecta directamente a la ciudadanía. De esta manera, nos encontramos con casos en los que las solicitudes de vados llevan más de un año de retraso, no se emiten certificados que requieran respaldo con algún tipo de informe jurídico o se dilatan las solicitudes de altas en los servicios de agua de abasto.

Renuncia a subvención

Nueva Canarias La Aldea ha lamentado la decisión del grupo de Gobierno socialista en el Ayuntamiento de La Aldea de renunciar a más de 29.000 euros de subvención para crear una Red Municipal de Cuidados Corresponsables que hubiesen permitido la conciliación de familias con hijos e hijas de 0 a 14 años.

Sin duda, se trata de un ejemplo más del bloqueo administrativo al que tiene sumido el alcalde y concejalas del Gobierno socialista en el Ayuntamiento aldeano. No hace más que dejar al aire la total incapacidad para gestionar los recursos públicos y la falta de interés para atender las necesidades de las familias aldeanas.

La subvención del Ministerio de Igualdad consignada para el municipio de La Aldea de San Nicolás alcanzaba la cifra de 44.084,84 euros y estaba destinada para crear una Red Municipal de Cuidados Corresponsables que deberían permitir la conciliación de familias con hijos e hijas de 0 a 14 años y el fomento del empleo con la contratación de profesionales durante un período de seis meses.

El Plan Corresponsables hubiese permitido la puesta en marcha de actividades de acompañamiento y de cuidados en servicios públicos y educativos fuera de la jornada escolar, etc.; o en domicilio habitual para menores.

Otra subvención no solicitada

Nueva Canarias La Aldea también ha preguntado el motivo por el cual el Ayuntamiento de La Aldea tampoco ha solicitado la subvención del Cabildo de Gran Canaria para la promoción de proyectos, acciones y actividades educativas para jóvenes de 14 a 30 años, con la que, en años anteriores, se han realizado proyectos como “Música barrio a barrio’ o ‘Transfórmate’.

Esta subvención hubiese permitido continuar con actividades de enseñanzas musicales y dancísticas o para la formación continua no reglada como idiomas, nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) o educación ambiental.

El consejero de Administraciones Públicas clausura la jornada ‘Prioridades TIC en las AAPP de Canarias ante los Fondos Next Generation’, donde se han premiado los proyectos de la Red Canaria de Gobierno Abierto y la implantación del teletrabajo durante la pandemia

Asegura que, en los últimos tres años, se han producido avances demostrables en modernización, tanto en transparencia y digitalización como en estabilización y evaluación basada en datos, aunque reconoce que “queda mucho trabajo por hacer”

Junto a las dos direcciones generales premiadas, Transparencia y Participación Ciudadana y Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, también interviene en la jornada la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha apuntado este miércoles, en la clausura de la jornada Prioridades TIC en las AAPP de Canarias ante los Fondos Next Generation, que “la modernización de la Administración no puede ser fuente de una nueva desigualdad”, a la vez que ha destacado que este proceso “no se entiende sin la transparencia y la digitalización”.

Durante esta jornada, organizadas por la revista Sociedad de la Información Digital, la Consejería recibió dos premios Socinfo Digital CANARIAS TIC, uno en la categoría Gobierno Abierto, por el proyecto Red Canaria de Gobierno Abierto, y otro en la categoría Gestión del Cambio en las Administraciones Públicas, por el proyecto Telebrabajo, de la noche a la mañana.

Julio Pérez ha abundado en la idea de que, con estos dos galardones, recibidos por las direcciones generales de Transparencia y Participación Ciudadana y de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, se están resaltando dos de los principios centrales defendidos por este Gobierno desde el inicio del mandato, en concreto la digitalización y la transparencia, junto a la estabilidad y la evaluación basada en datos.

“La transparencia y la evaluación basada en los datos son instrumentos que en la vida actual permiten a la ciudadanía crear criterios propios y fomentar su participación en la toma de decisiones en las distintas administraciones”, ha resaltado el titular de Administraciones Públicas. Así mismo, en cuanto al proyecto de digitalización impulsado por su Consejería, ha resaltado que se han producido avances demostrables en los últimos tres años –aumento del consumo de las líneas de comunicación interna, de los correos electrónicos, de las líneas telefónicas o las firmas electrónicas–, sobre todo a raíz de la implantación del teletrabajo, pero ha reconocido que “queda mucho trabajo por hacer” aunque gracias al impulso tomado se podrá hacer frente a las demandas que la sociedad realizará en el futuro. Además, ha alertado de que la digitalización “no puede ser una fuente de desigualdad para las personas que se quedan al margen de la informática” sino “que tiene que ser un camino para que más personas se sientan partícipes de los proyectos colectivos”.

Mientras, la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, ha compartido el galardón de la Red Canaria de Gobierno Abierto con el resto de instituciones participantes en este convenio, es decir, los cabildos de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), a quienes ha agradecido públicamente su compromiso con la misma.

Por su parte, el director Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Víctor Melián, ha dedicado el galardón al equipo que dirige y a los empleados públicos, quienes al principio del confinamiento en el año 2020 lograron crear una solución para que la Administración no se paralizara, dando lugar a una plataforma integral de teletrabajo que es referencia para otros organismos del país.

Víctor Melián ha sido, además, uno de los ponentes de la jornada, con una comunicación titulada Prioridades TIC en las administraciones públicas de Canarias ante los Fondos Next Generation, al igual que la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, que ha disertado sobre Regulación del Gobierno del Dato, bases para un Gobierno Inteligente.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ve la temporalidad como un problema grave, políticamente prioritario, humanamente lacerante y legalmente complejo

Aboga por crear espacios como la jornada sobre ‘El empleo en el sector público: el gran reto de las Administraciones’, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, para aprender, coordinar y colaborar en la búsqueda de una solución

Sindicatos y técnicos de la Administración reconocen que estamos en un momento histórico, con una herramienta legislativa cuyo espíritu es claro, reducir las altas tasas de temporalidad del personal interino y laboral

Casi un millar de personas asisten, bien de forma presencial o bien por vía telemática, a una jornada técnica dedicada a buscar soluciones conjuntas a uno de los grandes retos a los que se enfrenta la Administración pública

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha afirmado este viernes que la excesiva temporalidad en el empleo público es un problema jurídicamente complejo, humanamente hiriente y lacerante para quienes lo padecen y que, por su propia naturaleza, afecta al funcionamiento ordinario de las administraciones públicas, al tiempo que ha remarcado que su resolución es prioritaria para el actual Ejecutivo.

Julio Pérez se ha manifestado en esos términos durante la inauguración de la jornada ‘El empleo en el sector público: el gran reto para las administraciones’, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, centro adscrito a su departamento, y ha señalado que la alta tasa de temporalidad es una situación grave y excepcional, que se produce en todas las administraciones públicas españolas, a la que hay que buscar también una solución excepcional entre todas las partes implicadas para garantizar que el resultado sea jurídicamente estable.

El consejero ha ensalzado la celebración de esta jornada, cuyos objetivos son generar espacios de conocimiento, consenso y seguridad jurídica, respetando criterios diversos ante un problema que afecta al funcionamiento ordinario de la administración. “Este encuentro se ha organizado con la clara voluntad de aprender y no de imponer el criterio de la administración, para generar entendimiento, colaboración y coordinación”, ha enfatizado.

A lo largo de su intervención, ha mencionado los problemas a los que se ha enfrentado la humanidad y, concretamente, el espacio económico y político en los últimos años, y ha asegurado que no se hubieran podido abordar sin administraciones públicas potentes. El consejero ha remarcado que la sociedad demanda buenas administraciones, eficientes y bien organizadas, equipadas y motivadas, y, para ello, ha añadido, es necesario generar estabilidad y resolver el exceso de temporalidad en el empleo público.

A su juicio, sin solucionar este problema, es muy difícil enfrentarse a otros retos como la digitalización intensiva y excesiva, la regulación del teletrabajo, el establecimiento de una dirección por objetivos, la conciliación de la vida familiar y laboral, mejorar el sistema de movilidad de los empleados y empleadas públicas, su sistema retributivo o su carrera profesional. De ahí que haya insistido en que se trata de una prioridad del Gobierno su resolución.

En el año 2021 -ha señalado- se generó un camino de solución con la aprobación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, que remite su ejecución a las Comunidades Autónomas, genera espacios de negociación y contiene reglas y preceptos que están sujetos a interpretación y que deben ser consensuados.

Por ello, demandó diálogo y concordia a todas las partes implicadas, así como esfuerzo en el perfeccionamiento jurídico que permita una solución jurídicamente estable al exceso de temporalidad, una anomalía, ha recalcado, que no debería haberse producido.

En su presentación de la jornada, a la que se ha inscrito casi un millar de personas, la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, ha explicado que el objetivo del encuentro era buscar soluciones conjuntas a uno de los grandes retos a los que se enfrenta la Administración pública, cuya clave y fuerza son las personas. “La temporalidad en el empleo público es una situación difícil de atajar, pero crucial para logar una administración fuerte y cohesionada”, ha destacado.

La catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, Remedios Roqueta, ha sido la encargada de analizar la Ley 20/2021, y más en concreto los procesos de estabilización incluidos en la norma, un tema de actualidad y práctica, ha indicado, pues ofrece diversas interpretaciones. Su exposición ha servido para dejar claro el marco jurídico en el que deben moverse las partes implicadas en este procedimiento.

Mesas redondas

A continuación, ha tenido lugar una mesa redonda, moderada por la catedrática en Derecho del Trabajo por la ULL, Margarita Ramos, en la que han participado representantes de los cinco sindicatos con representación en la Mesa General de Empleados Públicos: Cristo Jordán (CSIF), Yolanda Cívicos (IC), Lourdes González (SEPCA), Juan Miguel Suárez (CCOO) y Gregorio Pérez (UGT).

Todos han coincidido en que estamos en un momento histórico para las administraciones públicas, con una herramienta legislativa, que puede ofrecer diversas interpretaciones, pero cuyo espíritu es claro, reducir las altas tasas de temporalidad de las empleadas y empleados públicos. Igualmente, han dejado constancia de que ha llegado el momento de la verdad y que es prioritario fijar las plazas que se van a poner en oferta pública. En opinión de la moderadora, luego, a la hora de diseñar los procesos selectivos, los sindicatos pueden aportar mucho dentro de la negociación.

Ramos ha concluido recalcando que con diálogo y acuerdo se alcanzan mejores soluciones y apuntando que la temporalidad es sinónimo de precariedad, una patología del mercado de trabajo, una anomalía, que impide su involucración.

Posteriormente se ha desarrollado una mesa más técnica, moderada por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, en la que han estado presentes Dolores Alonso, subdirectora de Planificación y Racionalización del Empleo Público del Gobierno de Canarias, José María Cabrera, director de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, Virginia Losa, vicesecretaria de la Diputación de Palencia, y Fernando Giner, secretario general del Ayuntamiento de Torrelodones.

En sus intervenciones también han puesto en valor la oportunidad que se presenta con este proceso de estabilización, de cara a normalizar el funcionamiento de las administraciones públicas y han animado a responsables públicos y sindicales a colaborar para alcanzar un buen acuerdo.

La jornada ha sido clausurada por Manuel Martínez y la directora de la Función Pública del Gobierno de Canarias, Montserrat García, quienes han agradecido a las personas que han intervenido sus aportaciones y a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios la iniciativa para buscar una administración más fuerte y cohesionada, tal y como había planteado su titular, Alicia Álvarez.

En los próximos días se subirá el contenido de la jornada a la página web de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad https://www.gobiernodecanarias.org/apjs/.

El vicepresidente canario inaugura en Tenerife las jornadas sobre “Buen Gobierno en el Sector Público Empresarial”

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, defendió hoy el trabajo que realizan las empresas públicas de la Comunidad Autónoma para llegar con “diligencia, eficiencia y transparencia” allá donde la propia Administración no puede.

Rodríguez, que inauguró en Tenerife las jornadas “Buen Gobierno en el Sector Público Empresarial”, recordó que el sector público empresarial aglutina a 19 sociedades mercantiles, con más de 2.500 trabajadores, que juegan un papel fundamental para una prestación ágil de los servicios, “por lo que es preciso realizar un esfuerzo contino de formación entre el personal que lo integra”.

El vicepresidente destacó la cualificación y tecnificación del personal de las empresas públicas para responder a las crecientes demandas ciudadanas de eficacia y transparencia en el gasto público y subrayó el papel que han desempeñado en los últimos años para responder a los grandes desafíos que se han presentado.

A este respecto, Rodríguez también se mostró confiado de que Canarias superará los efectos de la elevada inflación y las consecuencias indirectas de la invasión rusa a Ucrania, “como estamos superando la pandemia del Covid y los efectos de la erupción en La Palma”.

Las jornadas sobre “Bueno Gobierno en el Sector Público Empresarial” arrancaron con una ponencia del director general de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias, José Julián Istúritz, sobre “Problemas y Retos de la Gobernabilidad en el Sector Público”.

A partir de esta intervención se desarrollaron el resto de ponencias y mesas técnicas previstas en el programa, con la participación de numerosos expertos en el ámbito privado y público.

Las jornadas tendrán su continuación mañana, miércoles, en Las Palmas de Gran Canaria.