La Consejería destinará más de cuatro millones de euros para seguir dando respuesta a la demanda habitacional en los municipios de Gáldar y Teror

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha publicado la orden por la que se aprueba el expediente y el gasto de contratación para construir 25 viviendas de protección oficial en la isla de Gran Canaria, siete en el municipio de Gáldar, con una inversión de 1.393.939,84 euros, y 18 en el municipio de Teror por importe de 2.884.978,51 euros.

Las nuevas viviendas se van a edificar en suelo cedido al Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) por el Ayuntamiento de Gáldar, situado en la localidad de San José de Caideros y, por el Ayuntamiento de Teror, en El Secuestro.

La nueva promoción, en el municipio de Gáldar, estará ubicada en una parcela de 1.260 metros cuadrados y contará con un edificio tipo dúplex, agrupado en un conjunto de cinco viviendas y otro de dos con una superficie de 72,62 metros cuadrados y tres dormitorios por cada vivienda. Por otro lado, la actuación que se acometerá en Teror permitirá levantar los 18 inmuebles en una superficie de 2.222 metros cuadrados.

En los próximos días el proceso será publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público donde los interesados podrán presentar sus ofertas.

Estas actuaciones pretenden ampliar el parque público de vivienda en el municipio y atender a las familias de la isla registradas en la lista de demandantes cumpliendo con los objetivos del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025.

El Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ponen la primera piedra para la construcción de 27 inmuebles de promoción pública

El consejero Pablo Rodríguez y la alcaldesa Carolina Darias han asistido al acto simbólico de inicio del proyecto

La Consejería ha transferido al ayuntamiento un total de once millones de euros destinados a impulsar políticas y acciones que permitan el acceso a la vivienda en la capital grancanaria

El Ejecutivo tiene previsto conceder una nueva subvención de cinco millones de euros para edificar 68 viviendas públicas más

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, han asistido al acto simbólico de colocación de la primera piedra que dará paso al inicio de las obras de construcción de 27 nuevas viviendas de promoción pública en el municipio, subvencionadas por el Ejecutivo.

El conjunto de viviendas, construidas en el marco del Plan Canario de Vivienda 2020-2025, cuentan con una partida de tres millones de euros, y se llevarán a cabo en una parcela cedida por el Ayuntamiento, localizada en la Calle León y Castillo, 95.

En este sentido, Pablo Rodríguez ha insistido en que “una de las prioridades de esta Consejería es impulsar acciones que permitan mejorar el acceso a la vivienda en todo el Archipiélago”. “Este acto simbólico refrenda el compromiso del Gobierno de Canarias de trabajar conjuntamente con el resto de administraciones para que esta legislatura sea la más importante en promoción de vivienda pública, no solo en Las Palmas de Gran Canaria, con la construcción de estas 27 nuevas viviendas, sino en el resto del Archipiélago, para dar respuesta a las necesidades de los canarios y las canarias”, ha añadido Rodríguez.

Por su parte, Carolina Darias ha calificado de “un nuevo hito para Las Palmas de Gran Canaria y para el conjunto de Canarias” el inicio de estas obras.

Darias ha resaltado que la empresa pública Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (GEURSA) se encargará de la promoción y dirección facultativa de la obra. “Nuestra sociedad municipal es fundamental para seguir llevando a cabo esta buena marcha en cuanto a la construcción de vivienda pública y de alquiler asequible”, ha incidido.

Esta promoción contará con siete plantas de altura donde se construirán un total de 27 casas de entre 1 y 5 dormitorios, así como dos locales en el nivel bajo, uno de ellos para el servicio comunitario y otro aún pendiente de destino; y una veintena de trasteros. Dos de las viviendas serán adaptadas.

En este sentido, la Consejería ha cedido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria un total de 11 millones de euros destinados a impulsar políticas y acciones que permitan el acceso a la vivienda en el municipio, destinando, por un lado, tres millones de euros para la construcción de estos inmuebles y, por otro, ocho millones de euros, a la edificación de 74 inmuebles en Tamaraceite Sur.

Asimismo, el departamento que dirige Pablo Rodríguez tiene previsto conceder una nueva subvención, con cargo al presupuesto del Instituto Canario de la Vivienda, por importe de cinco millones de euros, para la construcción de 68 inmuebles de promoción pública más.

La Consejería y el Cabildo de Fuerteventura acuerdan trabajar conjuntamente para impulsar la construcción de vivienda pública en la Isla

El consejero ha realizado su primera visita institucional para abordar, junto a la Administración insular, las prioridades en materia de vivienda, infraestructuras viarias y costas

El Instituto Canario de la Vivienda contempla la construcción de 189 nuevos inmuebles y la rehabilitación de otras 200 casas del parque público

Ambas administraciones han determinado establecer una coordinación directa para abordar el desarrollo de los servicios y actividades que están afectados por el dominio público marítimo-terrestre

El Ejecutivo también ha destacado su compromiso por agilizar la ejecución de los tramos pendientes de carreteras del Eje Norte-Sur

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha destacado el compromiso de su departamento por impulsar, junto con la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, la construcción de vivienda pública para hacer frente a la creciente demanda y garantizar el acceso a la misma a la ciudadanía.

Rodríguez ha realizado estas declaraciones tras la reunión mantenida esta mañana con la Administración insular, en su primera visita institucional a la Isla, en la que ha estado acompañado también por el vicepresidente, Blas Acosta, así como por los equipos de ambas administraciones, los alcaldes de los seis municipios majoreros y portavoces de los grupos políticos de la Administración insular.

“En lo referente a vivienda, hemos abordado todos los factores encaminados a resolver la disponibilidad de vivienda social en los distintos municipios de Fuerteventura, para ofrecer una alternativa habitacional y que la población pueda acceder a un derecho básico”, ha apuntado el consejero.

La presidenta insular, Lola García, ha resaltado que “la vivienda es una de las máximas prioridades para el Cabildo de Fuerteventura y por eso hemos pedido que se agilicen todos los programas encaminados a tener vivienda social en la Isla”, y ha mostrado la disposición de las administraciones locales para ceder suelo al Ejecutivo o facilitar la adquisición de terrenos para tener más inmuebles.

En este sentido, el Instituto Canario de la Vivienda llevará a cabo la construcción de 75 viviendas de promoción pública en régimen de alquiler en Puerto del Rosario, con una partida de 11.600.000 euros. En convenio con el Ministerio, otras 33 en la capital y 81 en el municipio de La Oliva, por importe de 14.169.000 euros.

Asimismo, se rehabilitarán 100 viviendas del parque público, situadas en Puerto del Rosario, Betancuria y La Oliva, con criterios de eficiencia energética y dando solución a problemas de accesibilidad. También se ha abordado la posible inclusión de otras 100 viviendas en Programas de Rehabilitación en edificios y viviendas de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), en Puerto del Rosario.

Pablo Rodríguez ha adelantado que su departamento está estudiando “la adquisición de varias promociones de edificios inacabados, que se ubican desde la zona de Parque Holandés hasta el sur de la isla. Una estrategia que combinaremos con el trabajo con los ayuntamientos, para acordar la cesión de suelo e impulsar la obra pública”.

Impulso al Eje Norte-Sur

En materia de carreteras, el consejero ha destacado las obras que se están desarrollando en el marco del Convenio. Por un lado, la ejecución de la vía entre Caldereta y el Aeropuerto, una obra que está en su fase final de ejecución, con más del 55% desarrollado, y que se prevé finalizar en 2025.

Asimismo, los equipos también han tratado la ejecución del tramo Aeropuerto-Pozo Negro, uno de los más necesarios del Eje Norte-Sur, una obra de 150 millones de euros, que se suma a los 100 millones de euros que se están destinando a Caldereta-Aeropuerto, y que hacen una partida total de 250 millones de euros para carreteras en la isla de Fuerteventura.

Tanto Lola García como el resto de las administraciones han coincidido en “la importancia de dar celeridad a la ejecución de los tramos pendientes del Eje Norte-Sur, como El Cuchillete-Matas Blancas o Aeropuerto-Pozo Negro, ya que este último supera una intensidad media diaria de 20.000 vehículos, que se espera tener en licitación en el primer semestre de 2024”.

“Vamos también a seguir trabajando en la redacción de proyectos, en la redacción de alternativas y de trazados en el resto de ejes pendientes hacia el sur, es decir, desde Pozo Negro hacia Cuchillete, para continuar con la planificación de cara a los siguientes ejercicios”, ha apuntado Rodríguez.

Colaboración en materia de gestión del litoral

Por último, en materia de Costas, el Gobierno de Canarias ha detallado al Cabildo insular las negociaciones que aún mantiene con el Estado para que ceda completamente las competencias en esta materia y que la toma de decisiones recaiga enteramente en el Ejecutivo canario.

Lola García ha solicitado también a la Dirección General de Costas que dé prioridad a las autorizaciones para obras hidráulicas de emergencia, como la que concierne al proyecto de sondeos para la captación de agua en Puerto del Rosario, “una de las actuaciones más urgentes de las que ejecuta el Cabildo para mejorar el abastecimiento de agua en toda la Isla y que requiere de dicha autorización”.

En esta línea, ambas administraciones han determinado establecer una coordinación directa para abordar el desarrollo de los servicios y actividades que están afectados por el dominio público marítimo-terrestre, así como agilizar las autorizaciones respecto a las producciones cinematográficas y mantener un diálogo con las promotoras para facilitar el desarrollo de los proyectos y la consiguiente generación de empleo y economía en la Isla.

El consejero Franquis destaca la puesta en marcha de una política de vivienda inexistente en el pasado que implicará invertir más de 664 millones de euros hasta 2025 y que supondrá nutrir el parque público con más de 6.900 viviendas protegidas de promoción pública

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, ha aprobado hoy la autorización del gasto de 21.575.921 euros para poner en marcha la contratación de las obras de construcción de 134 nuevas viviendas protegidas de promoción pública en el municipio de Arrecife, las primeras que el Gobierno de Canarias edificará en Lanzarote en 27 años. Con la autorización de hoy se pone en marcha el procedimiento para contratar las obras por parte del Instituto Canario de Vivienda (ICAVI), una contratación que se espera poder publicar este mismo mes o a principios de mayo con la finalidad de que las obras estén en marcha este verano.

Estas 134 viviendas forman parte de un lote de 201 nuevas casas que se edificarán en la zona de Maneje, y que estarán distribuidas en dos edificios anexos de 67 inmuebles cada uno ubicados en una parcela cedida en 2020 por el ayuntamiento de Arrecife al ICAVI.

En este sentido, el consejero Sebastián Franquis expuso que, “la construcción en vivienda fortalece la economía y la cohesión social y corrigen la desigualdad” y añadió que, “la puesta en marcha de una política de vivienda inexistente en el pasado que implicará invertir más de 664 millones de euros hasta 2025 que supondrá nutrir el parque público con más de 6.900 viviendas protegidas de promoción pública”.

La construcción de cada uno de los dos edificios rondará los 10 millones de euros y ya la Consejería invirtió una partida de 713.016 euros en la redacción de proyectos. Las parcelas donde se edificarán estos tres edificios rondan también cada una los 2.540 metros cuadrados. Se estima que la duración de las obras sea de 20 meses por lo que las viviendas podrían estar terminadas y listas para ser entregadas en la primavera de 2025. El ICAVI estima que el coste de construcción de estos dos primeros edificios sea de 19.614.474 euros, aunque siempre se autoriza el gasto con un 10% más de fondos en reserva para liquidar la obra y hacer frente a posibles modificaciones.

Las viviendas proyectadas serán el 10% de un dormitorio, el 20%, de dos dormitorios, el 60%, de tres dormitorios, y otro 10% de cuatro dormitorios. Así mismo dentro de los cupos correspondientes de dos y tres dormitorios se encuentra 6 viviendas para personas de movilidad reducida y 3 viviendas tuteladas de 5 dormitorios. Todas las viviendas poseen una plaza de aparcamientos y un trastero que se sitúan en los correspondientes sótanos de cada uno de los edificios.

El tercer edificio, también de 67 inmuebles y con el que se completa el lote de 201, está aún en proceso de supervisión por parte del servicio de Intervención por lo que desde el ICAVI se confía en poder sacar a licitación sus obras en verano.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha informado hoy en el Parlamento regional sobre el impulso que se le ha dado en esta Legislatura al decreto que permitirá a cerca de 10.500 familias canarias que viven como inquilinas en una vivienda de protección oficial acceder a la propiedad de esas casas

El consejero Franquis recordó que el Ejecutivo está promoviendo esta medida que permite a los inquilinos de una VPO adquirir su casa después de que anteriores gobiernos regionales no lo hicieran en los últimos nueve años

“Este decreto es fruto de un acuerdo que se incorpora al Pacto por la Vivienda que se firmó al principio de esta Legislatura, un Pacto que fue producto del consenso de todas las fuerzas políticas, los sectores sindicales y empresariales y también de las plataformas de vivienda que meses manifestándose en nuestras calles pidiendo exactamente esta medida que ya tiene el respaldo del consejo de Gobierno”, aseguró Franquis, “lo que hemos hecho es cumplir con ese Pacto por la Vivienda, que recoge bastantes más aspectos que la construcción de nuevas VPO, entre otros, el hacer posible que cerca de 10.500 familias en Canarias cumplan su sueño, que es tener el derecho a acceder a la propiedad de la vivienda de la que llevan viviendo más de 25 años”.

Según explicó el consejero Franquis, a este Decreto podrán acogerse las familias que viven en viviendas públicas de más de 25 años en dos casos: el primero, aquellas que estén en régimen de arrendamiento en una casa adjudicada antes del III Plan de Vivienda (1996-1999), y el segundo, que estén en régimen de compraventa anteriores al I Plan de Vivienda (1988-1991). Este decreto afectará a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996.

Tras el visto bueno el pasado viernes del Consejo de Gobierno, este decreto se enviará al Consejo Consultivo de Canarias para que emita el dictamen preceptivo antes de que se proceda a su aprobación definitiva y entrada en vigor.

“La diferencia con otras viviendas públicas que se han ofrecido en adquisición anteriormente es que, en esta ocasión incorporamos a este decreto las viviendas de Visocan, que era también una antigua demanda de las plataformas de vivienda”, señaló el consejero Franquis, “con este proceso que iniciamos cuando llegamos al Gobierno, vamos a poner en marcha un decreto que ha pasado por todos los procedimientos de control interno de cada una de las consejerías, ha pasado por información pública y está en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma. Hemos cumplido con todos los procesos de participación y de transparencia, y, por lo que significa este Decreto, vamos a cumplir, como decía anteriormente, el compromiso adquirido en ese Pacto de la Vivienda, el compromiso adquirido por este Gobierno de progreso por favorecer el acceso a la vivienda, tal y como dijo en su discurso de investidura el presidente del Gobierno Ángel Víctor Torres”.

Mediante este decreto el Gobierno ofrecerá en venta viviendas protegidas de promoción pública, tanto del Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) como de la empresa pública VISOCAN, al precio de referencia que tuvieron las viviendas en el momento de la adjudicación. Además, se ofrece a los inquilinos una bonificación del 50% sobre ese precio de referencia y del restante 50% que deben de pagar los inquilinos, se descontarán todas las rentas ya pagadas.

Las viviendas de las familias que podrán verse beneficiadas de este Decreto de acceso a la propiedad de sus casas se localizan en Canarias de la siguiente forma: 5.611 en la isla de Gran Canaria, 3.464 en la de Tenerife, 554 en La Palma, 345 en Fuerteventura, 355 en Lanzarote, 84 en La Gomera y seis en la isla de El Hierro.

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno hoy, a petición del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno, Sebastián Franquis, al decreto que permitirá a cerca de 10.500 familias canarias que viven como inquilinas en una vivienda de protección oficial acceder a la propiedad de esas casas

A este decreto podrán acogerse las familias que viven en viviendas públicas de más de 25 años en dos casos: el primero, aquellas que estén en régimen de arrendamiento en una casa adjudicada antes del III Plan de Vivienda (1996-1999), y el segundo, que estén en régimen de compraventa anteriores al I Plan de Vivienda (1988-1991). Este decreto afectará a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996.

Tras el visto bueno de hoy del Consejo de Gobierno, este decreto se enviará al Consejo Consultivo de Canarias para que emita el dictamen preceptivo antes de que se proceda a su aprobación definitiva y entrada en vigor.

Mediante este decreto el Gobierno ofrecerá en venta viviendas protegidas de promoción pública, tanto del Instituto Canario de Vivienda (Icavi) como de la empresa pública Visocan, al precio de referencia que tuvieron las viviendas en el momento de la adjudicación. Además, se ofrece a los inquilinos una bonificación del 50% sobre ese precio de referencia y del restante 50% que deben de pagar los inquilinos, se descontarán todas las rentas ya pagadas.

El consejero Franquis afirmó que con este decreto se cumple uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno a través del Pacto por la Vivienda Digna y en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que es facilitar a las familias la adquisición de la propiedad de las viviendas que están habitando desde hace más de 25 años, ya sea en régimen de arrendamiento como de compraventa.

Al procedimiento de adquisición de las viviendas sociales que se prevé en el decreto, una vez entre en vigor, podrían acogerse unas 10.500 familias de toda Canarias que ya han abonado al menos el 35% de las rentas para aquellos que están en régimen de alquiler y que fueron calificadas como protegidas antes de 1996, o la mitad del precio de la vivienda que han ido abonando mensualmente en el caso de los que estén en régimen de propiedad.

Además, los que quieren acceder a la propiedad deberán demostrar que ocupan de forma habitual y permanente la vivienda de la que es adjudicataria, que ninguno de los miembros de la unidad de convivencia sea propietarios de ninguna otra vivienda, estar al corriente en la cuota aprobada por la Junta Administradora relativa a los gastos comunes del edificio, y que la vivienda se encuentre asegurada con un seguro multirriesgo del hogar.

Las viviendas de las familias que podrán verse beneficiadas de este decreto de acceso a la propiedad de sus casas se localizan en Canarias de la siguiente forma: 5.611 en la isla de Gran Canaria, 3.464 en la de Tenerife, 554 en La Palma, 345 en Fuerteventura, 355 en Lanzarote, 84 en La Gomera y seis en la isla de El Hierro.