La Corporación insular, el Consistorio, SPAR Gran Canaria y siete agricultores vallesequenses firman la renovación del convenio que fomenta el consumo de la manzana reineta. Antonio Morales se congratula del alza del 40% de la producción de la cosecha de manzanas y anuncia que Sector Primario ha recibido una petición de 700 árboles para seguir plantando. El presidente del Gobierno de Gran Canaria asegura que estas iniciativas “ilusionan y garantizan a los hombres y a las mujeres del mundo rural alternativas de futuro”

El Cabildo de Gran Canaria, a través de su Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, tutelada por Miguel Hidalgo, y el Ayuntamiento de Valleseco trabajan codo con codo para poner en marcha un centro logístico destinado a la comercialización de la producción agrícola del municipio, cuyo principal producto es la manzana reineta. De hecho, actualmente, ambas instituciones ultiman el convenio por el que la Corporación insular aportará los recursos necesarios para la adquisición de las instalaciones en las que ubicará este centro, que marcará un nuevo paso de la cooperación que mantiene desde hace años con este sector.

Así lo anunció este martes el presidente del Gobierno insular, Antonio Morales, en el Mercado Ecológico de Valleseco, tras la firma del ‘Programa de valorización de la manzana reineta’, el convenio de colaboración que une por tercer año consecutivo los esfuerzos del Cabildo, el Ayuntamiento, SPAR Gran Canaria y de siete agricultores y agricultoras (cuatro mujeres y tres hombres) uno más que en la edición de 2023, con el propósito de fomentar la comercialización y el consumo de este producto, del que se garantiza la venta y distribución de entre 12 y 14 toneladas durante esta campaña, a través de los supermercados de la empresa.

Y es que cabe recalcar que, si uno de los principales objetivos de este acuerdo público privado era incrementar la producción y la venta de manzana reineta de calidad, además de mejorar la rentabilidad del cultivo, aumentar la superficie y conseguir un precio adecuado, ese propósito se está consiguiendo paulatinamente, ya que las expectativas apuntan a que la cosecha de este 2024 será un 40% mayor que la del año pasado. Y, además, hay que incidir en que esta colaboración ha propiciado la mejora y la estabilidad del precio al agricultor, ya que ha evolucionado de estar por debajo de 1,00 €/Kg, antes de la existencia de este convenio, a un precio estable actual de 1,75 €/Kg.

Precisamente en estos aspectos se detuvo el presidente Morales, que dejó constancia de su satisfacción por poder constatar esa alza en la producción. “Nos podemos acercar a los 14.000 kilos y esto está animando al sector, puesto que ya hay una petición de más de 700 árboles para seguir plantando”, aseveró. “Es necesario garantizar que se puede dar continuidad a esta iniciativa, porque, al final, se puede quebrar alguna de las patas en las que estamos trabajando o la producción para que esté presente en los supermercados o para que se pueda producir sidra. Hay que conjugar las dos cosas, puesto que generan un valor añadido que es fundamental”, sentenció.

Porque, como puso de relieve, este proyecto “anima, genera ilusiones y, sobre todo, garantiza a los hombres y mujeres del mundo rural alternativas de futuro, para mantener viva la llama de nuestras tradiciones, de nuestros valores y nuestra identidad, para recuperar nuestro paisaje, para comer más sano, para generar empleo y para tantos otros beneficios que supone la potenciación del mundo rural”.

“La gente que está cada día protegiendo, conservando, manteniendo y generando ilusiones de futuro del mundo rural nos merece el mayor de los respetos y el mayor de los apoyos al Gobierno de la Isla”, declaró Morales, quien también se refirió a SPAR Gran Canaria como “una empresa de referencia y de la tierra, que valora como suyo el producto de kilómetro cero” y con la que, “durante todo el año, se firman acuerdos con los que se garantiza que al productor local se le paga lo que le corresponde y nunca por debajo del precio de lo que cuesta el producto”.

Por último, alabó el papel esencial que desempeña en este proceso el Ayuntamiento de Valleseco, “un Gobierno local cercano, que apoya día a día al sector y que suma esfuerzos, en una tarea loable en la que tendrá siempre al lado al Cabildo para seguir trabajando”, concluyó.

Una apuesta muy seria por la manzana reineta

El alcalde vallesequense, José Luis Rodríguez, subrayó que “Valleseco tiene una apuesta seria por este producto que, hace 15 años, empezó con una idea que vino de la mano del Cabildo y que, poco a poco, ha transformado el sector de la manzana, haciendo que de los 8.000 manzanos que había en su día hayamos pasado a los 22.000 actuales, y ya estamos pensando en un incremento del número de árboles, a través de la Consejería de Sector Primario, para que no nos quedemos sin producción suficiente para cubrir tanto la demanda de SPAR, que está creciendo, como la de los sidreros, cuyos caldos han obtenido reconocimientos a niveles nacional e internacional”, enfatizó.

“Trabajamos para que el producto siga subsistiendo y aumentando el valor del PIB local a través de la manzana, y para que el sector primario tenga desde Valleseco el apoyo a través de este producto y que, con otras líneas de trabajo, pueda salir de este arrinconamiento en el que se encuentra en estos momentos”, señaló, para agradecer finalmente al Cabildo y a SPAR Gran Canaria el mantenimiento de esta línea de trabajo y de este convenio, que, a su juicio, “ha puesto en valor un producto por el que se conoce al municipio y que llega a las mesas de todos los grancanarios desde los lineales de los supermercados SPAR, que han apostado por el producto de la tierra”.

A su vez, el presidente de SPAR Gran Canaria, Ángel Medina, hizo patente el orgullo de su empresa “al poder seguir apoyando al producto de nuestra tierra y mantener nuestro compromiso con el sector primario canario, ofreciendo a nuestros clientes un producto local de gran calidad, como es la manzana reineta de Valleseco, a la vez que garantizamos a los agricultores la venta de sus cultivos a unos precios justos”, aseguró. “Nuestro compromiso con el producto de cercanía es total, muestra de ello es que en la campaña del año pasado dimos salida a casi 3.000 kilos más de manzana de lo inicialmente previsto. Un buen dato que muestra que nuestros clientes aprecian este producto local y que esperamos superar notablemente durante la campaña de este año”.

De hecho, está previsto que esa campaña de comercialización de la manzana reineta de Valleseco de 2024 se ponga en marcha a finales de este mes de septiembre y que dure unas 4 semanas, para lo que contará con un espacio en el Mercado Ecológico de Valleseco destinado al almacenaje y la expedición del producto.

10.000 toneladas en la campaña de 2023

Durante el año 2023, el ‘Programa de valorización de la manzana reineta’ facilitó la comercialización de cerca de 10.000 kilos de manzanas reinetas extra o de primera de seis agricultores de Valleseco, tres hombres y tres mujeres, y en este año 2024 se incorpora una nueva agricultura, con las expectativas de alcanzar esos 14.000 kilos de cosecha ya citados.

De este modo, en este marco de colaboración, la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica materializó su cooperación con la implicación de las y los técnicos del Área en el proyecto, a través del asesoramiento necesario en lo referente a la prevención de enfermedades a nivel del cultivo y a la redacción del cuaderno de campo, así como en el acompañamiento en la creación futura de una asociación de productores.

El Ayuntamiento, por su parte, colaboró con la cesión temporal de sus instalaciones para las operaciones de almacenaje y expedición de la fruta.

Y todo ello permitió que SPAR Gran Canaria pudiera concentrar la recolección adelantada a septiembre de 2023, para evitar la sobremaduración de las frutas en los árboles, y almacenar en sus cámaras la manzana que fue saliendo hasta finales del mes de enero de 2024, con una excelente calidad, además de realizar el transporte en camiones isotermo a sus instalaciones de Mercalaspalmas.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha hecho balance de la vendimia 2024, sobre la que planea una grave crisis de mercado. Los viticultores denuncian incumplimientos de la Ley de la Cadena por parte de las grandes bodegas. UPA propone un decálogo de once medidas que, tramitadas de manera urgente, pueden ayudar a salvar a los miles de productores familiares

“Podemos resistir la embestida del cambio climático, pero no del mercado”. Es la advertencia de los viticultores que estas semanas están en plena vendimia. Un sector fundamental para España, presente en más del 40% de los municipios, del que depende el 2% del PIB nacional y crea más del 2% de los puestos de trabajo del país.

“Somos importantes para nuestros pequeños pueblos y estratégicos para todo el territorio”. España es el primer país en superficie y producción y el tercero en exportación.

La organización que representa a los viticultores de carácter familiar, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), ha celebrado hoy una rueda de prensa para explicar las causas de la crisis en este sector y las medidas que pueden detenerla.

Causas y cifras de la crisis

El responsable sectorial de UPA, Alejandro García-Gasco Alcalde, ha hablado de la falta de rentabilidad y la amenaza del cambio climático como principales retos que enfrenta el sector. Sin embargo, los productores están esforzándose para adaptarse a la cuestión ambiental a pesar de los graves problemas causados por la cuestión económica.

La razón mayoritaria es el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria “de la que no se salva ninguna zona”, han señalado desde UPA. Y es que en todos los territorios han detectado casos de industrias que no firman un contrato previo con los viticultores. “No nos ha temblado la mano y hemos hecho denuncias ante las que la AICA (Agencia de Información y Control Agroalimentario) ya ha hecho inspecciones”, ha dicho García-Gasco.

El representante de UPA ha puesto un ejemplo muy significativo: “En el sector del aceite o de frutos secos se habla en euros por kilo de aceituna y de pistacho o almendra, pero en el viñedo se habla de pesetas por kilo de uva para que aparente algo. Es indigno. Un kilo está sobre 30 céntimos y es necesario sobre un kilo y medio para elaborar una botella de vino”.

García-Gasco ha reconocido la influencia de la política internacional en este campo, donde “preocupan las próximas elecciones en Estados Unidos, porque el señor Trump puede volver a poner aranceles al vino español”. José Manuel Delgado ha recordado el daño causado por el Brexit: “Ante los aranceles de nuestro producto, en Reino Unido empezó a aumentar la importación de otros países como Australia”.

Además, desde UPA han indicado “alarmantes descensos” en el consumo que también tiene su repercusión en la “asfixiante falta de rentabilidad”. Una cuarta parte de lo que consumimos se queda en España, el resto se va fuera. Pero tanto a un lado como al otro de la frontera, el consumo ha descendido mucho desde el estallido de la crisis del COVID.

A esto hay que sumar los movimientos antialcohol que meten en el mismo saco el alimento de la vid con otros productos sin importancia social y económica en España, como son las cervezas y los espirituosos. Ante el último de estos ataques, el anteproyecto de Ley lanzado por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de julio para frenar el consumo de alcohol en menores, UPA ha pedido la protección del Ministerio de Agricultura (MAPA) para el sector vitícola, “el vino nada tiene que ver con los problemas de consumo entre menores”.

Todo esto se hace palpable en la demanda de plantaciones de nuevo viñedo: ha bajado un 45% en comparación al año pasado. También en el descontento de quienes vienen operando: hoy en la zona de Ribeira Sacra, Galicia, se movilizaban los productores por el anuncio de la industria de no coger la uva este año.

Llamada a Europa

UPA ha recordado que esta crisis se extiende a toda Europa, a la que ha pedido que actúe para apoyar al sector. En ese sentido, el próximo 11 de septiembre se reunirá el Grupo de alto nivel sobre el futuro del sector del vino creado por la Comisión Europea.

UPA ha planteado medidas dirigidas a dicho Grupo, consensuadas con carácter general con el conjunto del sector en la interprofesional del vino) y ante el MAPA

Decálogo de propuestas

Desde UPA, los viticultores profesionales proponen a todas las Administraciones el siguiente decálogo de medidas que, en su opinión, puede mantener la importancia del sector “si se aplica de manera urgente”. De hecho, en julio UPA ya remitió al MAPA las dos últimas propuestas de cara a la modificación de la ISV (intervención sectorial vitivinícola) en el PEPAC:

Congelación de autorizaciones de nuevas plantaciones para 2024, 2025 y 2026.

Transferir recursos no utilizados de un año a otro (Intervención sectorial vitivinícola en el PEPAC).

Ayudas a arranques en diferido (ampliación del plazo de reestructuración)

Ayudas a arranques definitivos con carácter social. Al contrario de los dos arranques producidos anteriormente, que la PAC relacionaba con el rendimiento, en este UPA pide fondos extraordinarios dirigidos a viticultores mayores o que quieran dejar el sector. “Queremos que se vayan dignamente solucionar una crisis que no han causado ellos sino el mercado y el consumo”.

Flexibilidad en la capacidad de reacción ante crisis.

Mantener los fondos europeos para la promoción del producto.

Apoyo a las actuaciones en relación a los efectos del cambio climático en el sector vitivinícola: adaptación, mitigación y sumideros.

Reforzar la investigación e innovación en el sector (nuevas tecnologías, nuevas variedades adaptadas al cambio climático, etc.)

Apoyo a la producción de vino ecológico (producción en incremento que ya supone en España más del 16% de la superficie de viñedo, siendo el primero a nivel mundial).

Apoyo a las inversiones en explotaciones vitícolas, medida que ya se aplica en los países de nuestro entorno y sin la que nuestro sector puede quedarse atrás.

No conceder ayudas públicas de inversión o promoción a aquellas empresas que incumplen la Ley de la cadena agroalimentaria.
Previsión de la campaña actual

UPA prevé una cosecha normal, de alrededor de 38 millones de hectolitros, después de dos años de muy bajas producciones, en especial la de 2023. Se parte de un nivel bajo de existencias (un 16,5 % inferior al año pasado).

El Comité de Seguimiento del Acuerdo de 43 medidas que puso fin a las tractoradas constata que el 60% de las medidas están completadas o avanzadas. UPA logra del Ministerio el compromiso de lograr el 100% de cumplimiento antes de fin de año

El Acuerdo de 43 medidas firmado por UPA con el Ministerio de Agricultura que dio respuesta a las tractoradas cuenta con un grado avanzado de cumplimiento. Así lo han comprobado hoy las organizaciones firmantes en un encuentro celebrado en el Ministerio de Agricultura. Concretamente, de las 43 medidas, 13 están ya completadas; otras 13 en un grado avanzado de consecución; y 17 están aún por realizar.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, que ha participado en la reunión con la cúpula del Ministerio de Agricultura, ha propuesto el objetivo de que las 43 medidas estén completadas al 100% antes de fin de año, un compromiso que ha sido atendido por el departamento que dirige Luis Planas.

Las medidas que se abordaron con mayor premura fueron aquellas relativas a la simplificación de la solicitud de la PAC, para que las reformas se aplicasen en la solicitud de este año 2024, objetivo que se logró. En estos momentos, las medidas en curso son aquellas que implican cambios legislativos de mayor calado y que conllevan publicación de reales decretos que deben respetar plazos algo más largos.

UPA ha acogido positivamente el anuncio del Ministerio de que la próxima semana, previsiblemente, se publicará una reforma estructural de competencias relativa al control en frontera, en aras de frenar posibles importaciones de alimentos en condiciones abusivas.

UPA ha explicado que seguirán colaborando en las próximas semanas y meses para agilizar el resto de medidas, relativas a cuestiones fiscales, financieras, normativas o de seguros agrarios, entre otras. “El objetivo es que el ambicioso paquete surgido a raíz de las movilizaciones de principios de año sea una realidad completa en 2024”, ha concluido la organización agraria.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, miembros de su equipo, y representantes del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos mantuvieron ayer jueves, 27 de junio, una reunión en la que acordaron reforzar la colaboración entre ambas entidades en beneficio del sector agrario, para lo cual estudiarán la posibilidad de establecer un convenio dirigido a formalizar esta cooperación.

En el encuentro estuvieron presentes el director general de Agricultura, Javier Gutiérrez Taño; el delegado provincial del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, Guillermo Caldentey Mascareño; y miembros de las delegaciones de Tenerife y de Gran Canaria, Elías Marrero, Pedro Armas, Wladimiro Gaspar y Tomás Pérez, respectivamente.

Entre los temas abordados destacan los cambios introducidos en la Ley de Cambio Climático del Ejecutivo regional para proteger al sector primario y el estado actual de las Directrices de Ordenación de Suelo Agrario (DOSA) y del Reglamento Regulador de la Utilización del Suelo Agrario, cuya finalización y aprobación está prevista para finales de este año.

Por otro lado, Narvay Quintero explicó que la Consejería está estudiando la elaboración de una Ley Agraria, y reconoció y agradeció la “activa participación” del Colegio en relación al Reglamento de usos agrarios, texto, en el que según aseguró, se han incorporado la mayor parte de las propuestas viables planteadas por el Colegio.

Asimismo, el consejero, en cuanto a la demanda recibida por los encargos a empresas públicas, destacó que “desde la Administración buscaremos la fórmula para fomentar la participación de los profesionales del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos en las diferentes políticas y actuaciones que desarrolle esta Consejería”.

Celia Alberto, directora general de Asuntos Europeos, ha participado en el pleno del Comité Europeo de las Regiones

La enmienda canaria sobre la importancia del POSEI para las islas quedó incorporada al texto final sobre el futuro de la PAC

La directora general de Asuntos Europeos, Celia Alberto, ha participado en el tercer pleno del año del Comité Europeo de las Regiones, celebrado los días 19 y 20 de junio en Bruselas. Los debates políticos y los dictámenes aprobados en este órgano consultivo resultan vitales para fortalecer la presencia del archipiélago en el escenario europeo y trabajar en la búsqueda de soluciones y apoyos que beneficien a la región.

En la primera sesión, Celia Alberto presentó una enmienda al dictamen sobre el futuro de la Política Agrícola Común (PAC) con la que se deja patente el compromiso de Canarias con la protección y el desarrollo del sector agrícola en las regiones ultraperiféricas. La enmienda, que se incorporó al texto final con el apoyo del Partido Popular Europeo, subraya la importancia del programa POSEI en las islas como garante del suministro de productos agrícolas esenciales, el desarrollo del sector ganadero, la diversificación de cultivos y el incremento de la competitividad de las actividades agrícolas tradicionales.

Sin embargo, durante el debate, la directora general de Asuntos Europeos destacó la necesidad de revisar el presupuesto asignado al POSEI, “ya que el actual resulta insuficiente para enfrentar los nuevos desafíos, especialmente ante el brutal aumento de los costes directos del sector”. El aumento de los precios en más de un 44% ha supuesto para Canarias la pérdida de casi un 20% de explotaciones ganaderas y la disminución de 2.200 hectáreas agrícolas en Canarias.

A esta situación, se une el rápido crecimiento demográfico que está experimentando el archipiélago y que deriva en un problema de autoabastecimiento, especialmente, en el caso de los insumos ganaderos.

En su intervención, Celia Alberto hizo un llamamiento urgente a implementar medidas que reviertan la vulnerabilidad frente a las importaciones de terceros países, como la introducción de ‘cláusulas espejo’ que exijan las mismas condiciones sanitarias, sociales y medioambientales a los productos importados.

Asimismo, enfatizó en la necesidad de adoptar medidas adicionales para asegurar el relevo generacional en el sector agrícola, con el fin de evitar la despoblación y la pérdida de autosuficiencia alimentaria.

El próximo pleno del Comité Europeo de las Regiones se celebrará los días 8 y 9 de octubre.

Macaronesia Digital, beneficiaria de la convocatoria Canarias Stars, impulsa un proyecto de innovación disruptiva cofinanciado por ACIISI

El equipo de I+D de la startup canaria desarrolla una app de seguimiento, notificación y verificación de carbono orgánico en paisajes agrícolas

La innovación transforma la agricultura canaria y contribuye con soluciones de vanguardia a mitigar los efectos del cambio climático. Empresas como Macaronesia Digital toman la delantera en este campo desarrollando una tecnología próxima al territorio para reducir la incertidumbre sobre las previsiones del carbono orgánico del suelo (COS) e incentivar la inversión.

Esta joven startup enfocada en acciones de inteligencia artificial para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es también un caso de éxito identificado desde la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) por la Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial (Red CIDE), un instrumento gratuito de apoyo al emprendimiento y a la innovación, puesto a disposición de las empresas por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco del Programa Operativo FEDER Canarias 2021-2027.

Esta entidad de servicios de comunicación TIC cuenta con un departamento de I+D en el que desarrollan agricultura de precisión centrada en el mercado de carbono agrario. Para José Manuel Corujeira Gómez, director ejecutivo y CEO de esta empresa, la colaboración de la Red CIDE ha sido clave para alcanzar los objetivos de la organización, acceder a líneas de ayudas públicas y contactar con socios empresariales o agentes de innovación.

Macaronesia Digital ha sido beneficiaria de la convocatoria de subvenciones Canarias Stars, que impulsan la innovación disruptiva, para el desarrollo del proyecto socmrv.net (IPROIC2024010075). Cofinanciado por la ACIISI, se trata de un proyecto piloto de aplicación inteligente para el seguimiento, notificación y verificación (MRV) de carbono orgánico en suelo (SOC) de paisajes agrícolas, para el “pago por resultados” orientado al inminente EU agETS (sistema de comercio de derechos de emisión de la UE agro), que puede suponer un nuevo modelo de ingresos para las y los propietarios de parcelas agrícolas.

El proyecto avanza hacia una red de sumideros de suelos agrícolas certificados, e implica además de la startup Macaronesia Digital, a dos universidades, otras tres empresas, una ONG y una red de agricultores. De especial relevancia en la colaboración con la Universidad de Córdoba es la participación en el proyecto de Luis López Bellido, catedrático emérito de dicha universidad y científico de reconocido prestigio en la determinación de secuestro de C en paisajes agrarios.

La empresa se propone mitigar el cambio climático mediante la puesta en marcha de esta app MRV del carbono orgánico en cultivo de olivares, buscando la innovación basada en el protocolo de MRV propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2020.

La aplicación de la tecnología a los cultivos de olivos permite aprender a predecir la captura y almacenamiento de C y en su proceso de innovación busca calcular el beneficio climático del secuestro de carbono para minimizar el riesgo en la inversión especulativa. Una oportunidad para reinvertir en la agricultura como herramienta medioambiental, sostenibilidad que genera ingresos.

Red de apoyo a la innovación

Como Macaronesia Digital, todo el tejido empresarial canario tiene a su disposición los servicios de la Red CIDE. Para prestar dichos servicios, la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias cuenta con centros CIDE repartidos por las islas, coordinados por el Instituto Tecnológico de Canarias y que poseen un equipo técnico especializado en asesoramiento de proyectos de I+D+i a tiempo completo a disposición de las empresas de su entorno.

En el Día Mundial del Medio Ambiente, UPA reclama la aprobación urgente de la Ley de Agricultura Familiar. “Es fundamental para proteger y fomentar el modelo más sostenible”

La “agricultura familiar sostenible” es un modelo constituido por una agricultura de carácter familiar, cuyos artífices residen y trabajan en el medio rural y cuya principal renta y dedicación proviene de la actividad agrícola y ganadera. Este modelo aplica métodos de producción ambientalmente sostenibles y conserva el patrimonio natural y cultural.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha aprovechado el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, para reclamar un “impulso firme” a este modelo frente a “la agricultura industrial, las grandes explotaciones y a una agricultura especulativa sustentada por fondos de inversión”.

UPA ha reclamado la promulgación urgente de una “Ley de Agricultura Familiar” que sirva para establecer prioridades de apoyo y otras medidas de fomento diferenciadas. También es necesario, aseguran, desarrollar acciones con el objetivo de poner en valor ante la sociedad las diversas funciones que ejerce la Agricultura Familiar, desde el ámbito social, económico y ambiental.

Agricultura familiar y medio ambiente en las Elecciones Europeas

UPA ha puesto de manifiesto el contexto social y mediático en el que se vienen difundiendo discursos y mensajes en contra de la PAC, de negación ante el cambio climático y de rechazo ante la Agenda 2030 y el Pacto Verde. UPA cree que estos mensajes se basan en “falacias y falsedades promovidas y fomentadas desde ámbitos muy próximos al ideario de la ultraderecha”.

Frente a estos mensajes UPA defiende una Política Agraria Común fuerte pero adaptada a las necesidades reales de la agricultura familiar, flexibilizando la aplicación de determinadas medidas que se demuestran perjudiciales para la viabilidad de ese modelo de agricultura social.

“En el campo no somos negacionistas del cambio climático ni de sus terribles consecuencias actuales y futuras en el sector agrario, sino todo lo contrario”, señalan desde la organización agraria. “Exigimos acciones urgentes de adaptación y mitigación, y contribuimos desde nuestro trabajo con acciones divulgativas y de asesoramiento a fomentar prácticas que favorezcan la adaptación y resiliencia del sector agrario ante este cambio climático, o mejor dicho, crisis climática”.

Apoyo a los agricultores frente al cambio climático

UPA reclama que se establezcan apoyos para los agricultores y ganaderos por su condición de “primeros afectados por crisis climática”. Ello requiere de voluntad política y recursos públicos en asuntos como la gestión del agua, los seguros agrarios, la investigación y la gestión de los suelos, entre otras acciones.

UPA se declara a favor de los ambiciosos objetivos mundiales de la Agenda 2030: “Somos una organización progresista y solidaria que asume como propios y apoya la consecución de esos grandes retos con las diversas medidas contempladas en los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) que conforman la Agenda 2030, y en los que la Agricultura Familiar se ve totalmente reflejada e identificada”.

“Nadie más que nosotros, y en UPA nunca nos cansaremos de repetirlo, está interesado en avanzar en los objetivos que marca el Pacto Verde Europeo”, han asegurado. “Sólo con un futuro de plena sostenibilidad será sostenible nuestra actividad. Pero ello debe ser compatible con adaptar las diferentes estrategias del Pacto Verde (entre ellas, la ‘De la granja a la Mesa’) y los objetivos que preconizan, a la realidad, y ellos dentro de la necesidad de una transición justa, y especialmente desde los aspectos sociales que garanticen la viabilidad de la agricultura familiar.

UPA ha recordado la importancia de que se impongan las mismas normas y exigencias (muchas de ellas de carácter medioambiental) a los productos que vienen de fuera de la UE que a las producciones europeas, con reciprocidad en las relaciones comerciales con terceros países (las denominadas “cláusulas espejo”).

6 medidas de apoyo a la agricultura y ganadería familiar

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y ante la proximidad de las Elecciones europeas del 9 de junio, UPA ha enumerado seis medidas de apoyo a la agricultura y la ganadería:

Refuerzo de la PAC, actualizando su presupuesto en consonancia con la importancia de la producción sostenible de alimentos y al nivel de requisitos adaptado al modelo de Agricultura Familiar

Asegurar un comercio justo a nivel de los terceros países, que garantice la reciprocidad en materia de estándares productivos (y en especial medioambientales) mediante la aplicación de “cláusulas espejo” y en beneficio de una mayor transparencia tanto para los productores como de los propios consumidores.

Apoyo a los objetivos del Pacto Verde Europeo siempre y cuando se haga de forma compatible y adaptando las estrategias a la realidad de la actividad agrícola y ganadera, en especial de la Agricultura Familiar.

Medidas específicas e incentivadoras en materia de adaptación y mitigación ante la crisis climática con objeto de cumplir los compromisos de la UE y reforzar el conocimiento e información de los riesgos y consecuencias del cambio climático.

Demanda de un Plan de Acción a nivel europeo para fomentar y conservar la ganadería extensiva por sus valores económicos, ambientales y sociales.

Fomento de la agricultura y ganadería ecológica, la agroecología y la agricultura regenerativa como modelos de producción perfectamente identificados con la Agricultura Familiar.

Las principales medidas que reclama la organización agraria UPA se centran en reforzar la PAC, incrementar las ayudas a los jóvenes productores e impulsar cambios en la política comercial. También reclaman poner al sector primario en el centro de las políticas europeas y reforzar la lucha contra el cambio climático

El próximo 9 de junio, 358 millones de personas están llamadas a las urnas en los veintisiete países de la Unión Europea. De ellos, apenas 12 millones son agricultores y ganaderos, de los cuales alrededor de un millón viven y trabajan en España. Esta cita electoral tiene una gran importancia para toda la sociedad y, muy especialmente, para el sector primario. Consciente de ello, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha publicado un documento que recoge sus propuestas de cara a la próxima legislatura europea. El documento se ha remitido a las fuerzas políticas que concurren a las elecciones del 9-J.

“El campo se la juega en esta cita electoral”, han señalado desde UPA. No en vano, la mayoría de las normativas y decisiones políticas que marcan el devenir del trabajo en el campo se toman a nivel europeo. “Debemos lograr que nuestra voz y nuestro trabajo se escuchen y se tengan en cuenta”, aseguran desde la organización, que ha elaborado un documento que detalla las que, a su juicio, deben ser las políticas europeas de los próximos cinco años.

UPA cree que es necesario poner la agricultura y la alimentación en el centro de las políticas europeas. “Somos un sector estratégico, en la construcción de la Unión Europea se consideró así. Las circunstancias demuestran que debemos recuperar esos principios”, afirman. Los acontecimientos de escala mundial que afectan a nuestras vidas, como las guerras, la pandemia o el cambio climático, demuestran que es fundamental garantizar la alimentación de todos, al tiempo que se protege el medio ambiente y se mantienen vivas las zonas rurales. “Sólo con unas políticas europeas adecuadas será posible abordar esos retos”, afirman desde UPA.

Decálogo de UPA para las Elecciones europeas

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha resumido sus propuestas en un decálogo que recoge aspectos como el refuerzo de la Política Agraria Común, el incremento de ayudas al relevo generacional, una reorientación de las políticas comerciales con terceros países y la petición de medidas incentivadoras en materia de adaptación y mitigación del cambio climático.

UPA ya ha remitido las propuestas a los partidos políticos, esperando que sean tenidas en cuenta e incluidas en sus programas electorales europeos. La organización anima a todos los ciudadanos y ciudadanas, y especialmente a los habitantes de los pueblos a participar en estas elecciones y expresarse democráticamente con su voto. “El campo alza su voz continuamente, y con más fuerza durante las movilizaciones de los últimos meses. Ahora ha llegado el momento de expresarse con el voto”.

La organización agraria UPA ha valorado la actividad sancionadora de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios). La organización ha pedido más medios para reforzar la agencia, tal y como acordó recientemente con el Ministerio

El control en cuanto al cumplimiento de la Ley de la Cadena es fundamental para el sector agrario. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha valorado positivamente los esfuerzos de la AICA por mejorar la vigilancia sobre las malas prácticas de las grandes empresas de la industria y distribución de alimentos que tienen un impacto negativo “feroz” sobre las explotaciones agrarias familiares.

En este sentido, la organización ha realizado un informe de seguimiento del trabajo de la AICA desde que ésta comenzase a publicar trimestralmente las sanciones firmes que impone.

Desde entonces, su trabajo de inspección ha supuesto la imposición de 239 sanciones que han recaído en un total de 195 empresas. A esto habría que sumar las sanciones que están recurridas y que aparecerán en la información publicada en el futuro, pero se deben a inspecciones realizadas ya. Las sanciones firmes suponen ya un total de 756.877 euros.

En todo caso, en UPA han señalado que en España “no hemos dejado de lado el propósito de seguir avanzando en justicia para la cadena alimentaria”. Desde la entidad han explicado que, gracias al acuerdo de 43 medidas firmado recientemente por UPA y el Ministerio de Agricultura, la AICA contará con más recursos para realizar su labor. “Más recursos, humanos y económicos, significará una mejor vigilancia. En definitiva, esto multiplicará su labor inspectora y permitirá reducir las prácticas desleales en la cadena de valor agroalimentaria, lo que se traducirá en más seguridad para los pequeños agricultores y ganaderos”.

Empresas más sancionadas

Los sectores que cuentan con empresas más sancionadas son el del viñedo y el de las frutas y hortalizas. En cuanto a las empresas concretas, el ranking de aquellas que acumulan mayores cuantías son:

Calaoliva SL: 46.770 €

Alcampo: 45.602 €

Mostos Españoles: 23.775 €

Central lechera de Lugo: 18.001 €

RAY Lech: 14.501 €

Pistachos de La Mancha: 13.450 €

García Carrión: 12.749 €

DIA: 12.463 €

Nestlé: 10.323 €

Inleit Ingredientes: 9.000 €

Asimismo, UPA ha destacado que las sanciones impuestas a dos empresas, ALCAMPO y Central Lechera de Lugo, por obstaculizar la labor de la Administración en la inspección. Además, la organización ha revelado la reincidencia de la empresa DIA, la cual tiene sanciones en tres trimestres diferentes.

Causas de las sanciones

El principal motivo de sanción es el incumplimiento de los plazos de pago, con un 63%. “Se trata de un punto decisivo para las pequeñas explotaciones, las cuales tienen un músculo financiero menor y no pueden afrontar retrasos en los pagos”.

No formalizar contratos por escrito es la segunda razón de sanción, suponiendo un 23% de las mismas. Esto sumado a la práctica de no incluir el precio en el contrato (tercer motivo de sanción con un 14%) “deja en un estado de incertidumbre insoportable que suma su granito de arena a la cuestión de la salud mental en la clase agraria”.

Próximos pasos legislativos

UPA ha destacado hoy, coincidiendo con el Día de Europa, que la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria “es un ejemplo para los países de nuestro entorno”.

De hecho, la organización agraria ha recordado que la Comisión Europea planea lanzar una directiva que proteja a agricultores y ganaderos de todos los Estados miembros de la UE puesto que la situación en otros lugares está lejos de la que tenemos en España. En este sentido, la Comisión ha reconocido que se está inspirando en nuestra Ley para esa futura directiva.

Igualmente, desde UPA consideran fundamental que las Comunidades Autónomas hagan uso de sus competencias en Agricultura para complementar el trabajo de la AICA y “pongan en marcha sus trabajos de inspección, que por desgracia hasta el momento dejan mucho que desear”.

El comisario de Agricultura se muestra favorable a incrementar las ayudas directas al sector primario del archipiélago y acepta que Canarias participe en el trabajo técnico de su evaluación

Wojciechowski adelanta a la delegación canaria su petición para la ampliación del Marco Temporal y la continuidad de las ayudas por el conflicto de Ucrania al menos hasta el verano de 2025

El comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, ha apoyado este martes la petición del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de reforzar la ficha financiera del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI).

Durante la reunión celebrada en Bruselas, el representante del Ejecutivo comunitario ha dado además su apoyo a la mejora de la ficha financiera de este programa en el próximo periodo de ayudas, algo que recomendará a su sucesor tras las elecciones europeas de junio y la constitución de una nueva Comisión Europea. Además de manifestar su voluntad de trasladar también a su sucesor la continuidad hasta el 31 de diciembre de 2027 de este programa comunitario para los afectados del volcán de La Palma.

La Comisión Europea ha abierto ya el proceso de evaluación del programa PSOEI, cuyos resultados se conocerán en el segundo semestre de este año. Al respecto y a petición de la delegación canaria, el comisario europeo se ha mostrado a favor de que el Gobierno regional participe en el trabajo técnico para medir el efecto real del POSEI en el sector primario del archipiélago y defender el aumento de fondos que reclama la comunidad autónoma.

En este sentido, tanto el presidente Clavijo como el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, recordaron que la ficha financiera del POSEI se aprobó en 2006, con lo que no se actualiza desde “hace casi 20 años”, tiempo en que “los costes de producción de los agricultores y ganaderos de las islas se han incrementado mucho”.

Durante la cita, a la que asistió también el viceconsejero de Sector primario, Eduardo García, los miembros del Ejecutivo canario presentaron un informe que recoge un incremento del 44,49% de los costes directos de la actividad agraria entre los años 2007 y 2023 en la islas, en base al cual Canarias demanda la actualización de las fichas financieras de las distintas medidas del POSEI, un mecanismo que permite compensar los sobrecostes que asumen los productores canarios derivados de nuestra lejanía e insularidad.

Ante esta realidad, Canarias reclama que los fondos del programa pasen de los 268 millones de euros actuales a 357 millones, para que “sigan teniendo el mismo efecto con el que se diseñaron en 2006”.

Clavijo y Quintero reconocieron salir “muy satisfechos” del encuentro con el comisario europeo, ya que para Canarias es una “buena noticia” la posición favorable del comisario a los problemas y solicitudes trasladadas desde Canarias.

Menos burocracia

El presidente de Canarias y el consejero de Agricultura también han logrado el respaldo del comisario a la reclamación de que se simplifiquen los trámites administrativos impuestos por Bruselas a los productores de las regiones ultraperiféricas (RUP).

En concreto, Wojciechowski ha informado de que la Comisión Europea dejará de exigir a los agricultores con menos de 10.000 metros cuadrados de superficie cultivada los controles de condicionalidad.

Clavijo y Quintero también han recibido por parte del representante de la Comisión Europea la confirmación de que se ha solicitado la continuidad de las medidas puestas en marcha para salvar los sobrecostes al sector primario de Canarias causados por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Wojciechowski explicó durante el encuentro que la voluntad es mantenerlas al menos hasta el verano de 2025.

Los representantes del Ejecutivo canario entregaron al comisario otro estudio efectuado por la Consejería de Agricultura en 2023 para evaluar los sobrecostes registrados en 2022 como consecuencia de la guerra de Rusia y Ucrania.

Competencia desleal

Otra petición del Gobierno autonómico planteada en la cita fue la puesta en marcha por parte de las instituciones europeas de actuaciones que reviertan la situación de indefensión de las producciones locales frente a las importaciones y sirvan para paliar la merma en la rentabilidad de los productores de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), revisión de los aranceles a la importación de países de fuera de la Unión Europea y el establecimiento de medidas encaminadas a exigir las mismas condiciones sanitarias, sociales y medioambientales a dichas producciones mediante el cumplimiento del principio de reciprocidad en los convenios y acuerdos que se adopten en materia de comercialización.

“El sector primario canario está muy preocupado por las producciones que entran en Europa procedentes de terceros países, las cuales repercuten en la competitividad local y la salud de los mercados internos, y en este contexto hacemos un llamamiento a la implementación urgente y efectiva de las cláusulas espejo en los acuerdos comerciales promovidos por la Comisión como un mecanismo para equilibrar las dinámicas comerciales y garantizar condiciones equitativas para todas las partes involucradas”, indicó Clavijo.

Por último, Clavijo y Quintero manifestaron su voluntad de convocar un encuentro con el resto de RUP de los distintos estados miembros en el último trimestre del año para abordar de forma conjunta los efectos del encarecimiento de los insumos en estos territorios y más concretamente en sus subsectores agrario y pesquero y el establecimiento de medidas para paliar sus consecuencias.