Antonio Morales anuncia que una comisión visitará el enclave la próxima semana, para analizar en profundidad las afecciones provocadas en el patrimonio arqueológico y natural

El Cabildo de Gran Canaria participará en una comisión integrada por técnicos y técnicas de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico de la Corporación insular y del Gobierno de Canarias, junto a miembros del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), que analizará con mayor profundidad las afecciones que han sufrido el patrimonio arqueológico y natural de un espacio natural protegido y, también, Bien de Interés Cultural (BIC) que alberga el Barranco de Veneguera, en los que la promotora Costa Canaria Veneguera SA llevaba a cabo unas obras no autorizadas.

El presidente insular recordó que el Cabildo, que ordenó la paralización inmediata de los trabajos, ya dispone de una primera aproximación de los daños provocados por esas obras, en elementos y materiales de la Zona Arqueológica de La Cañada de la Mar y en el espacio del yacimiento arqueológico de Playa de Veneguera-Fortaleza. "Inicialmente, por parte de los Servicios de Medio Ambiente y de Patrimonio Histórico, se ha hecho un informe que tenían la obligación de tramitar de manera directa a la Fiscalía", puntualizó, "y la próxima semana, se efectuará una evaluación más profunda acerca de las dimensiones de las actuaciones realizadas y de las afecciones al patrimonio arqueológico y natural".

Y es que, como declaró, allí se está desarrollando una obra de recuperación de un espacio agrícola de uso tradicional y la intención del Cabildo es que ese proyecto se pueda llevar a cabo respetando los valores que tiene ese espacio. "Por el momento, se han paralizado las obras, hasta que esa comisión actúe y realice una valoración detallada de la situación", concluyó.

Hasta ahora, el informe con que cuenta la Corporación insular, producto de la inspección realizada a finales del pasado mes de marzo por personal del Servicio de Patrimonio Histórico y por agentes el Servicio de Medio Ambiente, constata que las acciones de la citada promotora han generado daños irreversibles muy graves en el BIC Zona Arqueológica de La Cañada de la Mar.

En concreto, detalla que se han destruido casi en su totalidad cuatro estructuras de piedra seca y, además, han quedado expuestos a factores de deterioro los muros, depósitos y materiales que se habían conservado y que, ahora, podrían perderse de forma definitiva. Además, han originado la pérdida de parte del propio soporte de este BIC, que ha sido eliminado por los desmontes que fueron realizados en el margen este del barranco.

Por otro lado, en el yacimiento arqueológico Playa de Veneguera-Fortaleza, se ha observado que las obras han transformado parte del espacio, que ha sido aplanado por las máquinas que trabajaban en la zona.

El Ayuntamiento de Gáldar ha concluido la obra de rehabilitación de la calle Jiménez Díaz, en el barrio de Sardina, que fue el daño de mayor gravedad que dejó el paso de la tormenta Hermine

Las fuertes precipitaciones provocaron el derrumbamiento del muro situado entre los números 74 y 78 en el margen izquierdo de dicha calle, en un tramo de doce metros de longitud correspondiente a un solar sin edificar

Los trabajos consistieron en la ejecución del muro de contención de hormigón armado, en pavimentaciones, canalizaciones y reposición de servicios afectados como aceras y red de abastecimiento de agua. La altura del muro levantado es de 8,70 metros y como consecuencia de las lluvias presentaba un riesgo alto de aumento del tramo dañado por la inestabilidad del talud, pudiendo incluso afectar a la viviendas colindantes, motivo por el que la obra fue declarada de urgencia.

Teodoro Sosa, alcalde de la ciudad, y Heriberto Reyes, concejal de Urbanismo, acudieron para comprobar la ejecución de los trabajos y destacaron la velocidad con la que se han completado los mismos.

El vicepresidente del Gobierno precisa en el Parlamento que se podrían recibir 24 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE

El también consejero de Hacienda analizó hoy con organizaciones palmeras las peticiones de los empresarios para la reconstrucción

Los daños provocados por la erupción volcánica en La Palma alcanzaron los 982 millones de euros, de acuerdo con la última evaluación elaborada por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos el pasado mes de marzo y remitida al Gobierno de España al objeto de actualizar la solicitud para la activación del Fondo de Solidaridad de la UE.

El vicepresidente canario y consejero del área, Román Rodríguez, explicó hoy en el Parlamento que la Consejería de Hacienda recopila los datos ofrecidos por el Cabildo, los ayuntamientos palmeros, las entidades aseguradoras y una consultora especializada, y que, en función de la evaluación realizada, se podrán recibir unos 24 millones de euros.

Esta cantidad se corresponde con el 2,5% del total de los daños causados, que es el porcentaje que sufraga el Fondo de Solidaridad.

“Se trata de un a cantidad modesta, en relación con los perjuicios provocados por la erupción, pero todo euro cuenta”, indicó el vicepresidente, quien precisó que la primera remisión del informe se hizo en tiempo y forma, según los plazos establecidos en el propio mecanismo, y que ahora se incorporarán las actualizaciones pertinentes.

La cantidad que finalmente perciba La Palma solo se podrá destinar a la reparación de los daños de carácter público, puesto que los privados no están previstos en el Fondo, y a gastos de intervención operativa.

En todo caso, el vicepresidente adelantó que tanto el Gobierno de España como el Ejecutivo autónomo, el Cabido de La Palma y los ayuntamientos habrán de habilitar las partidas presupuestarias precisas para reparar las infraestructuras y equipamientos públicos, mientras que las compañías aseguradoras deberán hacer los propio con las propiedades privadas.

Rodríguez añadió que estas aportaciones presupuestarias se complementarán también con los fondos ordinarios que la Unión Europea destina a Canarias, algo en lo que ya está trabajando el Ejecutivo autonómico.

Ampliar el foco de acción

Precisamente, Rodríguez se reunió hoy con una representación de organizaciones empresariales de La Palma al objeto de analizar un informe elaborado por los empresarios con sus peticiones a corto, medio y plazo para la reparación y reactivación económica de la Isla.

El vicepresidente explicó que la demanda troncal del empresariado consiste en la ampliación de las medidas que se puedan adoptar por parte de las administraciones públicas a los afectados radicados en municipios distintos a los tres dañados directamente por la erupción, así como estudiar alivio fiscal y ayudas para estos.

“Algunas de las propuestas planteadas están en el ámbito competencial del Estado, pero las que nos corresponden a nosotros las estudiaremos para dar la mejor respuesta posible”, dijo Rodríguez, quien recordó que la Consejería de Hacienda aprobó una rebaja fiscal muy importante a tan solo nueve días de haberse producido la erupción.

“Lo importante es que tenemos sobre la mesa un conjunto de propuestas para estudiar, algunas de las cuales ya forman parte de las medidas adoptadas, pero otras las analizaremos para perfeccionarlas”, dijo el vicepresidente.

A la reunión asistieron representantes de la Federación de Asociaciones de Empresarios de La Palma (FAEP), de la Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma), de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias y del Colegio de Titulados Mercantiles.