El viceconsejero de Bienestar Social informó de que el Gobierno de Canarias ha lanzado una licitación cuyo objetivo es garantizar la atención digna e integral de las personas dependientes

«Bienestar Social ha sacado a licitación la contratación del servicio de asistencia y apoyo en el control de calidad de los servicios de ayuda a domicilio, promoción de la autonomía personal y teleasistencia, lo que permitirá avanzar en la eliminación de la sujeción mecánica y química en los centros sociosanitarios», afirmó el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, durante la inauguración de la Jornada Sobre Atención Libre de Sujeciones en los Centros Sociosanitarios de Canarias, celebrada en Santa Cruz de Tenerife.

El nuevo servicio de asistencia y apoyo, cuyo presupuesto de licitación asciende a 280.300 euros, contará con un sistema de verificación externa e independiente de la calidad de los servicios prestados en materia de dependencia, “a través de los cuales buscamos mejorar la calidad en la atención de personas dependientes y con discapacidad que es uno de los objetivos fundamentales de esta consejería», aseguró Candil, quien avanzó que el nuevo servicio impulsará, entre otras mejoras de la atención a las personas en situación de dependencia, la eliminación del uso de restricciones físicas y de fármacos de control químico en los centros sociosanitarios.

Estas declaraciones las realizó el viceconsejero en el marco de la celebración de una jornada formativa organizada por la consejería de Bienestar Social en colaboración con la Fundación Cuidados Dignos, celebrada esta semana y que ha contado con la asistencia de unos 300 profesionales y técnicos de centros sociosanitarios, Fiscalía, Policía Canaria y de las distintas administraciones públicas.

El objetivo de esta jornada se ha centrado sensibilizar sobre la gestión de la Calidad de Vida y el No-uso de sujeciones en el cuidado y atención de personas dependientes, especialmente en residencias o centros de día. El programa formativo incluyó diversas ponencias sobre la metodología y las herramientas del cuidado Centrado en la Persona sin sujeción física ni química del modelo Norma Libera-Care y la exposición de buenas prácticas experienciales, con el fin de intentar ofrecer claves e instrumentos que capaciten a los profesionales asistentes en el desarrollo de un modelo de cuidado basado hacia centros libres de sujeciones.

El presidente destaca los resultados de la gestión de Bienestar Social que ha logrado bajar desde 26 meses a 14 meses el plazo en que se obtienen las ayudas tras la primera solicitud

En dos años y medio de legislatura, el ritmo de incorporaciones mensuales al sistema ha crecido con respecto al anterior mandato en más de un 200%

La firma de los acuerdos con los cabildos compromete una inversión de 1.630 millones de euros en cuatro años, de los que 726 se destinan a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y los representantes de los cabildos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura han firmado este jueves los nuevos convenios de Dependencia que contemplan una inversión total de 1.630 millones de euros para todo el archipiélago en cuatro años, de los que 726 millones de euros se destinan a estas tres islas entre 2025 y 2028.

Clavijo resaltó durante el acto que estos nuevos convenios permitirán continuar avanzando en la mejora del servicio lograda durante esta legislatura. Al respecto, el titular del Gobierno autonómico anunció que el archipiélago ya ha conseguido reducir un año el tiempo de espera para obtener la ayuda a la dependencia en Canarias, lo que demuestra el “firme compromiso” del Ejecutivo con la atención a las personas más vulnerables.

En concreto, Canarias cerró 2025 resolviendo en un tiempo medio de 14 meses la obtención del reconocimiento de la ayuda a la dependencia frente a los 26 meses en que se tardaba en cumplir este trámite a principios de la legislatura, según los datos del registro oficial del IMSERSO.

Además, a 31 de diciembre de 2025, hay en el Sistema de Dependencia canario 68.259 personas con derecho reconocido, frente a las 44.506 que había en el mes de julio de 2023. Esto supone un incremento de 23.753 personas en el sistema, mientras que en toda la legislatura anterior se incorporaron solo 13.000. Si se compara el ritmo de incorporaciones, el avance es aún más significativo: mientras que en la legislatura anterior se incorporaban una media de 271 personas al mes, en la actual, la cifra asciende a 848, lo que supone un incremento del 213% en el ritmo mensual de acceso al sistema.

Los avances logrados por el Gobierno son relevantes también en el ámbito de las prestaciones, donde 65.832 personas tienen una ayuda concedida, frente a las 38.957 que había al inicio de la presente legislatura. El aumento es de 26.875 personas, equivalente a un incremento del 68,99%.

Para el presidente Fernando Clavijo, estos datos son esperanzadores y reflejan un trabajo constante cuyo punto de inflexión se logró con la aprobación y aplicación del nuevo decreto que regula el sistema monofásico de valoración, según subrayó durante la firma de los convenios de dependencia con los representantes de los cabildos de la provincia de Las Palmas.

A su juicio, la firma de estos nuevos convenios viene a ratificar el compromiso de este Gobierno con las personas más vulnerables, mediante acuerdos interinstitucionales que ha costado sacar adelante, pero que revalidan una vez más la idea de que “las administraciones tenemos que sentarnos a negociar y llegar a acuerdos para que estos reviertan en la mejora de la atención a la ciudadanía”.

Coorperación institucional

Clavijo, acompañado por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y de la de Sanidad, Esther Monzón, rubricó estos acuerdos con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; la presidenta de Fuerteventura, Lola García; y el consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña.

Durante el acto el titular del Cabildo de Gran Canaria, afirmó que la puesta en marcha del nuevo convenio de Dependencia era “absolutamente necesaria e importante” para mejorar la respuesta de todas las instituciones del archipiélago a las personas que más lo necesitan. “Hoy damos un paso importante para garantizar las plazas durante cuatro años y su financiación”, indicó Morales.

También la presidenta del Cabildo de Fuerteventura destacó que el acuerdo con el Gobierno de Canarias viene a dar “un espaldarazo” a su compromiso de legislatura de avanzar en la mejora de la atención a “quienes más lo necesitan”. Lola García consideró clave la apuesta del Ejecutivo autónomo, los cabildos y los ayuntamientos para abordar las necesidades sociales “desde la cogobernanza”.

Por su parte, el consejero el consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote manifestó que los nuevos convenios de Dependencia vienen a dar respuesta a la “necesidad” de reforzar el trabajo de las instituciones con las personas más vulnerables, una labor en la que será clave la coordinación institucional con la ciudadanía en el centro de la gestión social.

Costes actualizados

Los convenios firmados este jueves y los que se rubricaran mañana viernes con los cabildos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife destinan más de 1.630 millones en cuatro años -desde el 1 de enero de 2025 con carácter retroactivo hasta 2028- para cubrir los costes de los servicios para las personas con dependencia o discapacidad.

De esta cantidad, 726 millones de euros son para garantizar recursos para 4.955 plazas asistenciales -tanto residenciales como diurnas- en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, además de otros servicios claves para la calidad del sistema dependencia y de discapacidad.

Los acuerdos financian la gestión de las plazas de centros de día y residenciales, así como otros servicios como la Prestación de Asistencia Personal. Además, contemplan la posibilidad de incrementos automáticos en función de parámetros como el IPC, o la inclusión para la financiación de nuevas plazas a través de adendas.

La financiación en Gran Canaria asciende a 615.280.614,03 euros, de la cual la Comunidad Autónoma asume el 70,48% y el restante corresponde al cabildo insular. Financiará servicios y 4.328 plazas totales (2.444 centros de día y 1884 residenciales), 722 de ellas de nueva creación en 2025.

El importe del convenio plurianual en Fuerteventura asciende a los 35.730.311,81, asumiendo el 74,12% el Ejecutivo autonómico, y el 25,88% el Cabildo para financiar servicios y 308 plazas totales (162 diurnas-146 residenciales), 31 de ellas de nueva creación en 2025.

En cuanto a Lanzarote, el importe total del convenio contempla una inversión de 75.714.745 euros, de los cuales el Cabildo aporta el 30,39% para 647 plazas totales (328 diurnas-319 residenciales).

Mejoras en la legislatura

El Gobierno de Canarias considera que estos nuevos convenios servirán para afianzar y mejorar el avance en Dependencia que ya verifican los datos oficiales. A fecha de 31 de diciembre de 2025, 2.427 personas tienen grado reconocido, pero no tienen PIA, es decir, tienen el derecho a recibir una prestación, pero no la tienen concedida administrativamente hablando. Desde la entrada en vigor del decreto, este limbo se ha reducido a menos de la mitad. Los datos del IMSERSO indican que Canarias ha reducido este grupo de personas en un 67,54%, lo que supone 5.051 personas.

Este limbo, de hecho, era consecuencia de la incorporación al sistema de más de 8.000 solicitudes que no habían sido grabadas al inicio de la legislatura. El intenso trabajo de este equipo ha logrado no solo absorber las nuevas incorporaciones, sino las obligaciones que dejó pendientes el anterior.

Para el Ejecutivo autonómico, aún queda por resolver otro obstáculo: el de personas con prestación concedida sin hacerla efectiva por razones no achacables a la administración, que a fecha 31 de diciembre es de 17.130 personas. Para todos estos casos, el Gobierno de Canarias ha sacado a licitación el servicio de ayuda a domicilio especializado, que facilitará su atención, y prepara ya el nuevo Plan de Infraestructuras, que dotará a Canarias de nuevas plazas residenciales para atender la demanda existente.

La partida plurianual de 1.132,4 millones de euros para los siete cabildos fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 10 de diciembre

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha firmado el último convenio que quedaba por firmar en el que se aprueban las partidas plurianuales para la financiación de plazas y servicios que prestan las instituciones insulares a las personas con dependencia y discapacidad, el convenio con el Cabildo de El Hierro. Quedan así firmados los siete acuerdos entre el Ejecutivo autonómico y las siete instituciones insulares.

Hay que recordar que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 10 de diciembre la partida plurianual de 1.132,4 millones de euros para hacer frente a los convenios que dan cobertura al Sistema de la Dependencia en el Archipiélago durante el período 2025-2028, con efecto retroactivo desde el momento de la aprobación del gasto desde el 1 de enero del año en curso. A dicha cifra hay que añadirle una aportación de 469,6 millones de euros provenientes de los cabildos insulares, con lo cual, el total de la inversión en el sistema de la dependencia y la discapacidad en Canarias alcanza los 1.602 millones de euros.

El Cabildo de El Hierro financia con este acuerdo 106 plazas (34 en centros de día y 72 residenciales), de las cuales 9 son nuevas plazas financiadas en 2025. La aportación de la CAC para las cuatro anualidades que contempla este acuerdo es del 78,09%, lo que supone una inversión de 14.281.800,33 euros, a los que se añade el importe correspondiente a la aportación de la administración insular de 4.007.461,38 euros.

Lo importante de este convenio es que los precios se actualizan a coste real, con un método de revisión basado en informes de costes insulares y en un estudio independiente. En el desglose, se contemplan incrementos de financiación, por ejemplo, como el de los hogares funcionales para discapacidad, que pasan de un importe de 74.04 euros a 117,17 día/plaza para soportar el coste de ese servicio; los servicios de promoción de la autonomía personal pasan de financiarse a 26 euros por plaza y día a los 50,44 euros. Asimismo, se contempla un incremento de 30 euros por precio/plaza en centros residenciales para discapacidad; los 20 euros de subida en servicios para mayores en centros de día; o los 53,68 euros de incremento en las plazas de alto requerimiento residencial para personas mayores.

Con el nuevo convenio de dependencia, los servicios que presta directamente la Comunidad Autónoma dejan de figurar en los textos insulares: así ocurre con la teleasistencia -ya contratada por la Comunidad y, por tanto, eliminada de todos los convenios- y con la prestación de ayuda a domicilio especializada en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife, que pasa a ser gestionada por el Gobierno de Canarias para asegurar criterios homogéneos y cobertura insular completa.

El presupuesto de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para 2026 asciende a 837,7 millones de euros (+8,2 %), y podría alcanzar los 1.037 millones de euros al incorporar fondos externos. En ese sentido, el Capítulo IV, destinado a sostener la red insular y los convenios, alcanza 635,9 millones (75,9%). De esta forma, la dependencia recibe el mayor impulso para el próximo año, con 387,4 millones de euros (+30,4 %), lo que significa más intensidad de cuidados y capacidad real para las personas dependientes y con discapacidad con el objetivo de garantizar la cobertura y la mejora de los servicios.

La aportación total del Gobierno de Canarias solo para estos cuatro cabildos es de más de 600 millones de euros

La partida plurianual de 1.132,4 millones de euros para los siete cabildos fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 10 de diciembre

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha firmado ya los convenios que, ratificados por los cabildos de Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma y La Gomera, aprueban las partidas plurianuales para la financiación de plazas y servicios que prestan las instituciones insulares a las personas con dependencia y discapacidad. A inicios de esta semana fueron firmados los de Lanzarote y Tenerife.

En total, y hasta el año 2028, los convenios suponen una inversión del Gobierno de Canarias de 604.183.389 €, que incluye la partida que con carácter retroactivo desde 1 de enero de 2025 financiará plazas y servicios ofrecidos por los cabildos en las islas correspondientes, importe al que se suma la aportación de cada una de las administraciones insulares.

Desglosados por convenios, el de Fuerteventura implica la financiación de 308 plazas, de las cuales, en este 2025 hay 31 nuevas. Esto supone un total de 26.484.957,24 euros de aportación plurianual por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, y otro 21,94% del coste total de aportación insular.

En cuanto a Gran Canaria, este 2025 incluyó 722 nuevas plazas (298 de centros de días y 424 de centros residenciales) con respecto a las financiadas hasta 2024, por lo que cuenta con un total de 4.328 plazas financiadas a través de este convenio. La aportación de la administración regional a este convenio es de 433.647.844,61 euros, que se sumarán a los 181.632.769,42 euros de aportación insular hasta 2028, lo que supone el 29,52% del total de la financiación.

La Palma, por su parte, financia el 24,57% del total del importe del convenio, cuyo importe asciende a 159.598.971,71 hasta 2028 para financiar 1004 plazas (461 en centros de día y 543 en centros residenciales) y otros servicios. La comunidad autónoma soporta el 75,43% del importe de la financiación del convenio que, como se ha señalado, en todos los casos, también introduce importantes novedades para mejorar la gestión y la respuesta a las personas dependientes de la isla, como la modernización del sistema de información o la incorporación de un protocolo para la derivación de las urgencias sociosanitarias (pendiente de negociación entre las administraciones participantes).

En La Gomera, la financiación de la CAC asciende del 69,27%, con una aportación de 23.666.091,38 euros hasta 2028, para la financiación del coste de diversos servicios y un total de 236 plazas en 2025.

Hay que recordar que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 10 de diciembre la partida plurianual de 1.132,4 millones de euros para hacer frente a los convenios que dan cobertura al Sistema de la Dependencia en el Archipiélago durante el período 2025-2028, con efecto retroactivo desde el momento de la aprobación del gasto desde el 1 de enero del año en curso. A dicha cifra hay que añadirle una aportación de 469,6 millones de euros provenientes de los cabildos insulares, con lo cual, el total de la inversión en el sistema de la dependencia y la discapacidad en Canarias alcanza los 1.602 millones de euros. En el caso de Tenerife, la institución insular aportará 202.000.242 euros (un 29,21% del total del coste del Sistema); y en Lanzarote, la administración insular aportará el 30,39%, lo que supone 23.009.614,12 millones de euros.

Lo importante de este convenio es que los precios se actualizan a coste real, con un método de revisión basado en informes de costes insulares y en un estudio independiente. En el desglose, se contemplan incrementos de financiación, por ejemplo, como el de los hogares funcionales para discapacidad, que pasan de un importe de 74.04 euros a 117,17 día/plaza para soportar el coste de ese servicio; los servicios de promoción de la autonomía personal pasan de financiarse a 26 euros por plaza y día a los 50,44 euros. Asimismo, se contempla un incremento de 30 euros por precio/plaza en centros residenciales para discapacidad; los 20 euros de subida en servicios para mayores en centros de día; o los 53,68 euros de incremento en las plazas de alto requerimiento residencial para personas mayores.

Con el nuevo convenio de dependencia, los servicios que presta directamente la Comunidad Autónoma dejan de figurar en los textos insulares: así ocurre con la teleasistencia -ya contratada por la Comunidad y, por tanto, eliminada de todos los convenios- y con la prestación de ayuda a domicilio especializada en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife, que pasa a ser gestionada por el Gobierno de Canarias para asegurar criterios homogéneos y cobertura insular completa.

El presupuesto de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para 2026 asciende a 837,7 millones de euros (+8,2 %), y podría alcanzar los 1.037 millones de euros al incorporar fondos externos. En ese sentido, el Capítulo IV, destinado a sostener la red insular y los convenios, alcanza 635,9 millones (75,9%). De esta forma, la dependencia recibe el mayor impulso para el próximo año, con 387,4 millones de euros (+30,4 %), lo que significa más intensidad de cuidados y capacidad real para las personas dependientes y con discapacidad con el objetivo de garantizar la cobertura y la mejora de los servicios.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, califica el hecho como histórico al poner la atención a las personas en el centro de la acción del Ejecutivo

Con la aportación de los Cabildos insulares, el total de la inversión en el sistema de la dependencia en el Archipiélago alcanza los 1.602 millones de euros

El Gobierno de Canarias aprobó hoy una partida plurianual de 1.132,4 millones de euros, aproximadamente, para hacer frente a los convenios que dan cobertura al Sistema de la Dependencia en Las Islas durante el período 2025-2028. A dicha cifra hay que añadirle una aportación de 469,6 millones de euros provenientes de los Cabildos insulares, con lo cual, el total de la inversión en el sistema de la dependencia y la discapacidad en Canarias alcanza los 1.602 millones de euros.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, señaló que “estamos cumpliendo uno de los compromisos que nuestro presidente, Fernando Clavijo, fijó al inicio de la legislatura, como es atender a las personas y ponerlas en el centro de nuestra acción. Estamos atendiendo una deuda histórica que tiene también muy en cuenta al tercer sector, asegurando la estabilidad, unas reglas comunes y una financiación cierta para la red de atención a la dependencia y la discapacidad en todas las islas. Además, la cuantía aprobada contempla el compromiso de sostener todos los servicios previstos con precios actualizados y con carácter retroactivo a enero de este año”.

Delgado indicó que “el nuevo convenio de dependencia refuerza la igualdad territorial con criterios comunes de acceso a las listas de reserva y la acreditación obligatoria de las entidades del tercer sector, garantizando la misma calidad de atención en todas las islas.

Todo el procedimiento ha sido documentado y participativo, con la implicación de los cabildos y agentes del sector y estamos, sin duda, en un día histórico porque cumplimos con los planteamientos que nos habíamos trazado en materia de igualdad territorial, consolidando un sistema sociosanitario más justo, estable y sostenible”.

Con el nuevo convenio de dependencia, los servicios que presta directamente la Comunidad Autónoma dejan de figurar en los textos insulares: así ocurre con la teleasistencia -ya contratada por la Comunidad y, por tanto, eliminada de todos los convenios- y con la prestación de ayuda a domicilio especializada en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife, que pasa a ser gestionada por el Gobierno de Canarias para asegurar criterios homogéneos y cobertura insular completa.

Además, los precios se actualizan a coste real, con un método de revisión basado en informes de costes insulares y en un estudio independiente. De igual forma, se incorpora un protocolo sociosanitario que regula las altas hospitalarias y urgencias sociales, evitando pérdidas de financiación estatal y mejorando la coordinación con el sistema sanitario.

El presupuesto de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para 2026 asciende a 837,7 millones de euros (+8,2 %), y podría alcanzar los 1.037 millones de euros al incorporar fondos externos. En ese sentido, el Capítulo IV, destinado a sostener la red insular y los convenios, alcanza 635,9 millones (75,9%). De esta forma, la dependencia recibe el mayor impulso para el próximo año, con 387,4 millones de euros (+30,4 %), lo que significa más intensidad de cuidados y capacidad real para las personas dependientes y con discapacidad con el objetivo de garantizar la cobertura y la mejora de los servicios.

El alumnado del CEPA Gáldar recibió el pasado lunes 17 de noviembre un taller formativo denominado "Ley de Dependencia, prestaciones y servicios del sistema", impartido por Jonatan Viera, Trabajador Social del Servicio de Dependencia del Gobierno de Canarias

El taller se llevó a cabo en el Club de Mayores Estrella del Norte Sardina de Gáldar y acto seguido, también se impartió en la Asociación de Vecinos Amigos del Charcón, en La Punta de Gáldar. Ambas sesiones contaron con la participación de vecinas y alumnado del CEPA Gáldar, que imparten sus clases cada semana en el club social y en la entidad vecinal, respectivamente. Durante el desarrolló de la acción formativa, se aprendieron conceptos básicos relacionados con la dependencia, las actividades básicas de la vida diaria, los procesos para su trámite y reconocimiento del derecho, así como se profundizó sobre las prestaciones y servicios del sistema de dependencia.

También, se dió a conocer los diferentes proyectos sociales que realiza AES Tagoror Ajei en la comarca noroeste, tales como: "Entre Todas Aprendemos", que cuenta cuenta con la colaboración de Fundación "La Caixa", " Querid@ Abuel@" y "Tagoror Ajei Integra", subvencionado por Presidencia del Cabildo de Gran Canaria.

AES Tagoror Ajei agradece la participación del público asistente y la colaboración del CEPA Gáldar y les invita a participar en la siguiente acción educativa programada para las jornadas del Día de la Infancia en la Asociación de Vecinos Amagro de Barrial, donde el próximo viernes 21 de noviembre a las 17 horas, tendrá lugar el taller de "Introducción a la disciplina positiva", dirigido a padres, madres y tutores, a cargo de Haridian Suárez. A la misma hora, se desarrollará un taller de manualidades para los niños y niñas que vengan acompañados por sus familiares.

Acto seguido, el AMPA Amagro y la AV Amagro organizan una tarde de cine en familia, con la proyección de una película animada, con degustación de roscas para las personas asistentes.

Podrán solicitarlo quienes no dispongan actualmente de ningún servicio de atención a domicilio financiado con fondos públicos

El Ayuntamiento de Guía, a través del Área de Empleo que dirige el alcalde, Alfredo Gonçalves Ferreira, ha puesto en marcha un nuevo servicio de acompañamiento y limpieza básica del domicilio dirigido a las personas dependientes del municipio con el fin de mejorar su bienestar y favorecer su autonomía en el entorno familiar y social. Antes de acceder a la prestación, el equipo técnico municipal realizará una valoración previa de las solicitudes para determinar las necesidades específicas de cada caso. Las plazas son limitadas.

Podrán solicitar este servicio aquellas personas que estén pendientes de la asignación del servicio de atención domiciliaria contemplado en la Ley de Dependencia o que no lo hayan solicitado aún y siempre que no dispongan actualmente de ningún servicio de atención a domicilio financiado con fondos públicos.

Con esta iniciativa el Ayuntamiento refuerza su compromiso con las personas dependientes y sus familias, ofreciendo un apoyo esencial en las tareas diarias y contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

Este tipo de servicios resultan fundamentales para atender situaciones de vulnerabilidad y garantizar que ninguna persona quede desatendida mientras espera la asignación de los recursos públicos previstos por la Ley de Dependencia.

Las personas interesadas en acogerse a esta nueva prestación del Ayuntamiento de Guía pueden obtener más información a través del teléfono 646 39 62 13.

Los datos analizados en el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales corroboran la mejora del sistema en Canarias tras la aplicación del nuevo decreto unificador de procedimientos

Un nuevo informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales corrobora los datos aportados por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias que reflejan la evolución positiva de la atención a la dependencia en Canarias. “Aunque aún queda mucho por avanzar, este informe refleja con claridad la mejoría y la necesidad de que el Estado aumente la financiación del sistema para que, al mismo tiempo, se refleje en la atención a las personas y familias de personas dependientes”, aseguró la consejera Candelaria Delgado.

El documento de la Asociación especifica que las comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias son Canarias (+18,5%) y Galicia (+15,7%), lo que supone un espaldarazo a las tesis de la Dirección General de Dependencia sobre la importancia de la aplicación del decreto que unifica los procedimientos de valoración y PIA.

La información refleja que mientras que en España, las personas con derecho aumentan un 5,5%, Canarias, con un 22,6%, es la comunidad en la que más han aumentado las personas con derecho a prestación en 2025.

Por otra parte, se señala que, aunque hay 25.755 personas en lista de espera, sin especificar a qué denominan como tal, también reconoce que la variación porcentual de la lista de espera en este año se ha reducido un -18,7%, siendo la tercera región que tiene mejor evolución a este respecto. Lo cierto es que Canarias ha admitido que hay 6.386 personas con derecho pero sin PIA, y 13.741 personas sin prestación efectiva, aunque los propios datos del IMSERSO señalan que 12.691 de estas personas no han hecho la prestación efectiva por motivos no imputables a la administración.

El informe refleja que, de media, en España “en los últimos nueve meses no solo no se redujo el tiempo de espera, sino que aumentó en septiembre”, mientras que reconoce la reducción de los plazos en Canarias en 83 días solo en estos primeros nueve meses, llegando a los 478 días, mientras que la media nacional está en los 349 días. La cifra, además, está ya en los 180 días que exige la ley en islas como Fuerteventura, El Hierro y La Gomera, además de algunas zonas de la isla de Gran Canaria.

El informe también señala que las Comunidades Autónomas financiaron, de media, el 72,9% del Sistema, mientras que la Ley exige una financiación al 50% por parte del Estado. En el caso de Canarias, la situación es aún más sangrante, puesto que no se tiene en cuenta la aportación que hacen los cabildos por lo que Canarias se sitúa en una aportación de 1.339€ por persona al no tener en cuenta esa inversión insular.

En los datos nacionales, el informe especifica que el 56% de las personas atendidas en sus domicilios no cuentan con el servicio de teleasistencia. En el caso de Canarias, el servicio que ha empezado a implementarse, el de teleasistencia avanzada, alcanzará a 20.000 personas, lo que dará un giro importante a la situación actual.

El importe de la contratación del servicio dirigido a promover la autonomía y combatir la soledad no deseada de las personas en situación de dependencia, asciende a 17 millones de euros

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Dirección General de Dependencia, ha publicado el anuncio de licitación para la contratación de Servicio de ayuda a domicilio dirigido a las personas en situación de dependencia y servicio de supervisión y control de calidad de los servicios domiciliarios, en las islas de Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y Tenerife, por un importe que asciende a 17 millones de euros.

Según explica la consejera del área, Candelaria Delgado, desde la Dirección General de Dependencia se constató la necesidad de tramitar el expediente de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio en las citadas islas, “al constatarse que el modelo actual de prestación del servicio, a través de convenios de cooperación suscritos entre el Ejecutivo canario y los cabildos insulares, no ha resultado todo lo eficaz que debería. En este modelo sucede que el servicio o bien no se ha desarrollado o bien se ha desarrollado de forma desigual, lo que, como resultado, da ciudadanos de primera y de segunda en función de la atención que se les ofrecía. Por ello, se ha optado por modificar el modelo de prestación con el fin de garantizar que el servicio llegue a la ciudadanía en situación de dependencia de estas islas en igualdad de condiciones y oportunidades”. El Servicio de Ayuda a Domicilio constituye un servicio fundamental dentro del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

El anuncio de licitación se publicó el pasado día 1 de agosto y las empresas interesadas cuentan hasta el día 4 de septiembre para la presentación de ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La cantidad del contrato asciende a un total de 17.000.000 euros, 15.887.850,47 euros sin impuestos, dividida en dos lotes, el lote 1 ‘Servicio de ayuda a domicilio en las islas de Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y Tenerife’, por un importe de 16.882.300 euros y el lote 2, ‘Servicio de supervisión y control de calidad de los servicios domiciliarios en las islas de Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y Tenerife’, por una cuantía de 117.700 euros. El contrato tiene un plazo de vigencia de doce meses.

El Servicio de Ayuda a Domicilio (Lote 1) ofrece a las personas en situación de dependencia o en riesgo de padecerla una ayuda que les permitirá atender las necesidades de su vida diaria, a la vez que ayuda a incrementar su autonomía, posibilitando la permanencia en su domicilio y su inclusión en el entorno comunitario, evitando situaciones de aislamiento y de soledad no deseada. El Servicio tiene como objetivo detectar, prevenir e intervenir apoyando a las personas usuarias en sus necesidades de atención de la vida diaria, complementando a la familia y a las redes de apoyo, mediante intervenciones profesionales que promuevan una mejora de la calidad de vida de la persona, incluyendo una serie de atenciones o cuidados personales de carácter doméstico, social, técnico y de apoyo psicológico a los individuos o familias, mejorando sus condiciones de seguridad y compañía en la vida cotidiana.

Por otro lado, el Servicio de Supervisión y Control de Calidad de los Servicios Domiciliarios del SAD (Lote 2) tiene como objeto garantizar la calidad y eficacia del servicio de ayuda a domicilio mediante la evaluación y supervisión continua del mismo. Se trata de un contrato de servicios dirigido a realizar las labores de supervisión, control y dirección o coordinación de la calidad de la prestación del servicio.

Según se contempla en el pliego de contrato, la solvencia técnica o profesional que se tendrá en cuenta para ambos lotes será una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los 3 últimos años.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha respondido en la comisión del área a tres preguntas sobre Dependencia demostrando que las medidas implantadas han mejorado la atención a las personas

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha explicado hoy en sede parlamentaria y ante la Comisión de Bienestar Social la mejora que ha supuesto para los datos de Dependencia el corto periodo de tiempo en que lleva aplicado el nuevo decreto que unifica dos procedimientos, grado y PIA.

“El propio IMSERSO, en su último informe de junio de 2025, recoge que, hemos logrado reducir el tiempo medio de tramitación total a 521 días, ocho meses y medio menos que cuando se inició la legislatura, pero solo ha pasado un mes desde la entrada en vigor del nuevo decreto de simplificación y somos conscientes de que aún estamos lejos del plazo legal de seis meses que establece la Ley estatal”, reconoció.

“Este decreto no es un parche. Es una reforma que ha sido aprobado en el Consejo General de Servicios Sociales por las entidades referentes del Tercer Sector, que ha sido revisado por el IMSEROS y cumple con la normativa y la recomendación acordada por los consejos territoriales de ofrecer ese trámite monofásico, e incluir en las valoraciones otros perfiles profesionales más allá del de los trabajadores sociales, para realizar las evaluaciones y facilitar a las familias llegar cuanto antes a esa ayuda que necesitan y les corresponde por ley”, aseguró.

Cabe recordar que en el primer mes del decreto, Canarias ha podido realizar 1.300 resoluciones de grado, PIA y prestaciones, lo que se traduce en casi 43 al día. Esta mejora será más palpable a medida que pase el tiempo y se acorten los tiempos desde que una persona pone la solicitud de ayuda y se le resuelve. “Actualmente, estamos en 521 días, aunque hemos reducido la espera en más de ocho meses desde el inicio de la legislatura, aún nos queda mucho esfuerzo que hacer para poder llegar a los seis meses a los que obliga la ley, pero estamos en el camino”, aseguró la consejera.

“Quiero aprovechar para recordar que el decreto no actúa solo: Forma parte de un plan integral de modernización, que incluye robotización de expedientes, un sistema de gestión inteligente y la digitalización total de los archivos.

“Se está reforzando la plantilla de valoradores y equipos de apoyo en todas las islas. Vamos a firmar muy pronto los convenios de colaboración con los Cabildos, están muy avanzados los trabajos del III Plan de Infraestructuras sociosanitarias y la Estrategia sociosanitaria de Canarias 2025-2030 está a punto de cerrarse. Todo suma para un mismo objetivo: que ninguna persona dependiente se quede atrás. Este Gobierno no solo simplifica: también rinde cuentas”, sentenció.

Continuó afirmando que para este Gobierno, “la dependencia no es un gasto, es una inversión en dignidad. Reducir la espera es proteger derechos, especialmente los de quienes menos tiempo vital tienen para esperar”.

Delgado repasó algunos de los datos que arrojan las estadísticas del IMSERSO. “Solo en el primer semestre de 2025, según el IMSERSO, se resolvieron 10.186 expedientes de grado. Esto representa un incremento interanual del 26% respecto al promedio de resoluciones de diciembre de 2024. Debemos alegrarnos también porque por primera vez en años, la cifra de valoraciones resueltas supera de forma sostenida la entrada de nuevas solicitudes en varios trimestres”.

En otra de las preguntas, referida a la financiación del sistema, Delgado recordó que el propio Observatorio Estatal para la Dependencia señala que el Estado apenas cubre el 22% de la financiación, situándose muy por debajo de ocho comunidades autónomas.

“Quiero ser muy clara”, aseguró, “esta situación es muy injusta porque Canarias está cumpliendo su parte en la gestión de la dependencia, incluso por encima de la media estatal”, por lo que la comparativa con esas otras comunidades no es justa.

Aseguró también que se ha sacado a concurso público un nuevo servicio de Teleasistencia avanzada que nos permitirá ofrecer muy pronto prestaciones efectivas a 20.000 canarios y canarias. “Además, también les he comentado que este gobierno pretende asumir directamente la gestión de la Ayuda a Domicilio Especializada en algunas islas en las que no funcionaba hasta ahora. Eso permitirá aumentar el número de personas que reciben una prestación muy importante para conseguir el objetivo de desinstitucionalización de la dependencia que se ha trazado este Ejecutivo”. “Para mejorar aún más la situación”, continuó “hemos sacado un contrato menor con una empresa que resuelva y ayude a las personas que tienen la prestación pero no la han hecho efectiva a que usen ese derecho. Son unas 8.500 familias que por dificultad burocrática o por no saber qué paso es el siguiente que tienen que dar, no la reciben, aunque la tengan concedida”.

“En esta consejería somos muy conscientes de que cada expediente resuelto es una persona que recupera derechos y dignidad. Seguiremos trabajando para reducir la lista de espera y garantizar que nadie tenga que esperar años para ejercer un derecho que la Ley reconoce”, finalizó.