El Ayuntamiento de Gáldar ha autorizado la ampliación en un 50% de las instalaciones de la Organización de Productores de Plátanos (OPP) Agrícola Llanos de Sardina, una actuación que permitirá incrementar en unos 2.000 metros cuadrados la superficie destinada a cámaras de frío y almacenaje de la cooperativa

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón, y el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, realizó la entrega de la licencia a Daniel Godoy, presidente de la cooperativa, durante la asamblea que tuvo lugar este sábado. Con esta autorización, la entidad podrá afrontar una ampliación de sus instalaciones para seguir creciendo y reforzando su capacidad logística.

Agrícola Llanos de Sardina cuenta con más de 400 socios y 150 trabajadores, alcanzando una producción superior a los 37 millones de kilos de plátanos y una facturación que supera los 60 millones de euros. Estas cifras la sitúan como la principal Organización de Productores de Plátanos de la isla de Gran Canaria. La ampliación permitirá a la cooperativa incrementar su capacidad de almacenaje y de conservación del producto, favoreciendo su desarrollo y respaldando su crecimiento en el marco de sus acuerdos comerciales.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón, destacó el compromiso del Ayuntamiento con el sector agrícola y señaló que «si a una cooperativa que reúne a 400 cooperativistas le va bien, a Gáldar le va bien. El sector platanero sigue moviendo economía, familias y sigue siendo rentable. Gáldar le da la mano al sector agrícola platanero». "El sector primario es uno de los pilares de nuestra economía local y el Ayuntamiento está del lado de los productores colaborando con iniciativas dirigidas a favorecer su modernización y competitividad", añadió el alcalde. 

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, subrayó que «tenemos que garantizar el futuro de la agricultura en Gáldar, donde se produce la mayor cantidad de plátanos en Gran Canaria. Es fundamental seguir fortaleciendo un sector agrícola que genera empleo, riqueza y contribuye a la soberanía alimentaria de la Isla». Además, añadió que el Ayuntamiento trabaja en proyectos como la digitalización de las redes de regadío del municipio con el objetivo de mejorar la eficiencia hídrica y avanzar hacia un modelo agrícola más innovador.

Los ayuntamientos podrán conceder licencias de construcción con plenas garantías jurídicas en menos de seis meses

Este decreto contempla la figura de la vivienda asequible incentivada, enfocada en beneficiar, especialmente, a las personas de clase media que no pueden optar a otras ayudas, y que convertirá a Canarias en la primera Comunidad Autónoma en desarrollarla

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el Decreto-Ley para la Agilización de la Tramitación de Licencias Urbanísticas y el Impulso de la Construcción de Viviendas, una norma de carácter urgente destinada a resolver el grave problema de demoras administrativas en el otorgamiento de licencias, y con la que se pretende dar un impulso decidido a la promoción de vivienda en las islas.

La nueva normativa ha sido elaborada conjuntamente por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, y trabajada por ambos departamentos junto a los sectores implicados en esta materia durante los últimos meses, con el objetivo de obtener un documento de consenso en el que se recogieran políticas reales, de aplicación directa, para aportar soluciones a este problema.

Este decreto introduce mecanismos de colaboración público-privada para la emisión de los informes técnicos preceptivos que forman parte del procedimiento de concesión de licencias urbanísticas. A partir de ahora, estos informes podrán ser elaborados no solo por los servicios técnicos municipales, sino también por colegios profesionales, medios propios personificados o entidades urbanísticas de colaboración acreditadas.

Estos podrán ser encargados por el ayuntamiento o aportado por el promotor en la solicitud de licencia, en cuyo caso asumirá el costo del mismo, que no podrá exceder el valor de la tasa urbanística del proyecto. Aunque no será vinculante, el informe tendrá eficacia jurídica inmediata, sustituirá al informe municipal en los puntos favorables, no requiere de ratificación por técnicos municipales, y en caso de disconformidad o falta de cobertura, la Administración podrá completar el expediente.

El objetivo es dotar a los ayuntamientos de mayores recursos para poder actuar con agilidad, sin merma de sus competencias ni de la seguridad jurídica del procedimiento. En la práctica, cualquier promotor podrá obtener una licencia de construcción en menos de seis meses, un plazo muy inferior a los dos años de media que se tarda en la actualidad. Esta norma supone un paso decisivo para agilizar la gestión pública, reactivar la economía y responder con eficacia al reto de la emergencia habitacional que atraviesan las islas.

Además, el Gobierno prevé incentivar la aplicación de este nuevo decreto-ley con medidas específicas de apoyo para los municipios de reto demográfico, que se pondrán en marcha en las próximas semanas con la entrada en funcionamiento de la Oficina Virtual del Reto Demográfico.

Compromiso con la emergencia habitacional

El Decreto-Ley también complementa las medidas adoptadas en febrero de 2024, con la aprobación del Decreto-Ley 1/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda, incorporando ahora nuevas herramientas para el desarrollo de viviendas asequibles incentivadas, la reutilización de suelos terciarios para uso residencial y la ejecución anticipada de viviendas protegidas en suelos aún no urbanizados por completo, entre otros. Asimismo, se regula, por primera vez, el procedimiento de declaración de zonas de mercado residencial tensionado, lo que permitirá aplicar las medidas previstas en la Ley estatal por el derecho a la vivienda (Ley 12/2023).

En el caso de la figura de la vivienda asequible incentivada, cuyo desarrollo convertirá a Canarias en la primera Comunidad Autónoma en aplicarla, los promotores que participen en este programa recibirán beneficios urbanísticos y fiscales, siempre que cumplan ciertas condiciones, con el objetivo último de beneficiar, especialmente, a las personas de clase media que no pueden optar a otras ayudas.

La norma, que entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, responde a la necesidad urgente de garantizar que los procedimientos urbanísticos se resuelvan en plazos razonables, evitando demoras que afectan tanto a los derechos de la ciudadanía como a la actividad económica. Al reducir la burocracia y fomentar la construcción de viviendas asequibles, se están dando pasos hacia un futuro donde más ciudadanos puedan acceder a un hogar digno.