La Consejería de Administración Pública y Transparencia, que dirige Margarita González, reducirá el número de interinos en la plantilla de la Corporación de 635 a 55 plazas, lo que supone rebajar el nivel de interinidad del Cabildo a tan solo un 3,5% del total de sus 1.561 trabajadores

La Consejería de Administración Pública y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria, que dirige Margarita González, celebra estos días los últimos exámenes con los que culminará el proceso de estabilización de 403 empleados de la plantilla de trabajadores públicos de la Corporación insular. Las metas de esta estabilización es cumplir con los objetivos de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que recomiendan reducir la interinidad de las plantillas de las administraciones públicas a menos del 8%. Pues bien, con esta estabilización de las plazas del Cabildo, el porcentaje de interinidad disminuirá desde el 26% actual hasta el 3,5% del total de la plantilla insular con la ejecución de las OPE ordinarias pendientes que se convocan cada año para cubrir la tasa de reposición, que suman un total de 177 plazas, que se corresponden a los años 2021 y hasta 2024.

“Desde el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Administración Pública y Transparencia, celebramos este proceso de estabilización con el objetivo primordial de reducir la temporalidad en el empleo público, llegando al 3,5% de interinidad, un dato que demuestra el compromiso de esta corporación con las mejoras laborales”, ha señalado González, “las pruebas que se realizan esta semana permitirán dar respuesta a las necesidades de personal que puedan surgir en un futuro no solo en el Cabildo de Gran Canaria sino también en ayuntamientos y otras administraciones públicas. Unas pruebas que evidencian la apuesta por un empleo de calidad y por la consolidación de los profesionales con los que cuenta la isla”.

La consejera Margarita González supervisó personalmente este lunes, 2 de diciembre, uno de los exámenes que se ha llevado a cabo en el Centro Insular de Deportes de la capital grancanaria con más de medio millar de aspirantes, entre trabajadores interinos del Cabildo y personas de libre concurrencia, para hacerse con una de las plazas de auxiliar de la Administración General, operario de Medio Ambiente y Educador. Este martes 3 de diciembre habrá nuevas pruebas para las plazas de cuidador/puericultora, encargado, oficial de primera cocinera, oficial de servicios técnicos, oficial de explotación y obras y para auxiliar de hogar.

En cuanto a la OPE extraordinaria, y según la Ley 20/2021 se establece una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal de aquellas plazas de naturaleza estructural que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 2020. Las plazas que salen a concurso oposición con este requisito son un total de 70 de esas 403. A este cupo pertenecen las pruebas que se han realizado hoy y se repetirán mañana y el jueves, en el Centro Insular de Deportes.

Las otras 333 plazas de esta OPE extraordinaria se reservan para aquellas plazas que hayan estado ocupadas con carácter temporal ininterrumpidamente antes del 1 de enero de 2016, estas plazas se cubrirán mediante el sistema de concurso, valorando solo los méritos de los aspirantes. Este concurso ya ha finalizado y se encuentra en proceso de resolución de propuestas de nombramiento.

El presidente de Canarias hace balance de la décima legislatura y recuerda que solo en dos mandatos el Ejecutivo que ha comenzado se ha mantenido sin rupturas, tal y como ha pasado desde 2019

Torres subraya que Canarias tiene más trabajadores que nunca, ha duplicado su energía limpia y ha aprobado 10 leyes estructurales pese a sufrir un volcán, la crisis migratoria y la pandemia

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, resaltó esta mañana (miércoles 29 de marzo), durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento regional (en la última sesión, previa a la disolución de la Cámara), la estabilidad que ha mostrado el actual Gobierno autonómico durante esta décima legislatura y los avances en sostenibilidad social, económica y ambiental pese a que este ha sido el mandato más duro para una comunidad autónoma española porque, a la crisis por la covid, que afectó a Canarias más que a ninguna otra región por el peso del turismo, se añadió en las islas el repunte migratorio de 2020 y el volcán de La Palma de 2021.

En un pleno con marcado balance de los últimos cuatro años, Torres recordó que, de las diez legislaturas vividas en Canarias en esta etapa democrática, desde 1983, solamente en dos se mantuvo sin crisis el Gobierno que las inició: de 2011 a 2015 y durante el presente mandato. A su juicio, esto es especialmente destacable porque, además, en esta ocasión el pacto lo conformaban cuatro formaciones políticas que, pese a las crisis o precisamente por su gravedad, “han sabido estar a la altura y dejar a un lado las diferencias partidistas”.

En esta línea, el presidente de Canarias resaltó que, frente a los que auguraron que el Pacto de las Flores se marchitaría pronto o no superaría ni su primera Navidad, “ha aprobado cuatro presupuestos y tiene voluntad de continuidad”. Además, recordó que Jerónimo Saavedra tuvo que conformar el llamado Pacto de Progreso en 1985 para dar estabilidad a su primer Ejecutivo, que la segunda legislatura estuvo marcada por los dos gobiernos surgidos por la moción de confianza que perdió Fernando Fernández, que en la tercera ocurrió algo similar con la censura a Saavedra y que en la cuarta, quinta, sexta o séptima, siempre con un acuerdo inicial entre CC y PP, acabaron con gobiernos en minoría, algo que también se dio de 2015 a 2019.

En contraste a esas tendencias, el presidente Torres esgrimió la hoja de ruta desplegada en este mandato y el nuevo marco legislativo que se ha impulsado, con leyes como la de Renta Canaria de Ciudadanía, el Cambio Climático (que se suma a la Agenda Canaria 2030), la Ley de Cultura, la de Juventud o la Ley Trans, “muchas de ellas estructurales y aprobadas por unanimidad”. A su juicio, la de Renta de Ciudadanía muestra “la altura que ha tenido este Parlamento en esta legislatura, con una exconsejera autonómica de Derechos Sociales felicitando a la actual”.

Asimismo, remarcó “hitos como la cumbre de la OCDE desarrollada en Canarias el pasado diciembre, la apuesta por la innovación en estos cuatro años, el importante avance del subsector audiovisual, el aumento de las exportaciones de empresas canarias, el récord en inversión extranjera en las islas, la consolidación económica y que se haya dado respuesta al concepto de sostenibilidad, que no es solo medioambiental, sino además social y económica”.

Incremento presupuestario del 63% en cuatro años

En esta misma línea, aludió a que se haya pasado de 2.300 prestaciones en dependencia al año a casi 10.000 en 2022 (con la opción de acabar con las listas de espera a finales de este 2023), al refuerzo de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), a las crecientes cuentas públicas canarias (el 63% de incremento entre 2019 y 2023), a las ayudas a las empresas (“entregadas en su totalidad”) o a que la energía limpia en el mix energético canario haya pasado del 10% a situarse por encima del 20%, con islas como La Gomera que serán pronto también totalmente sostenibles, en sintonía con lo que ocurre en El Hierro.

El presidente valoró la apuesta de los grupos del Gobierno por la estabilidad, “palabra que define estos cuatro años”. A su juicio, todas las consejerías “han hecho un buen trabajo, aunque siempre habrá cosas que mejorar”, al tiempo que remarcó el hecho de que Canarias fuera la comunidad autónoma con menos mortalidad por la covid, con una media de 4,19 frente al 10,7 del país (103 fallecidos por 100.000 habitantes frente a 251, así como una media de 1,9 entre los mayores de 60 años por el 3,7 de media nacional).

Asimismo, recordó el gran esfuerzo inversor en Sanidad (con la incorporación de 7.000 nuevos sanitarios) frente al cierre de urgencias en otras comunidades, que se haya implantado la educación de 0 a 3 años cuando hay regiones que dan becas a hijos de familias con rentas de más de 60.000 euros al año, que se haya aprobado la Ley Canaria de Cambio Climático, que se solucionase el conflicto del convenio de carreteras o que las rebajas fiscales para rentas medias y bajas en las islas contrasten con la que dejó 50 euros en el bolsillo de los andaluces más vulnerables y 5.000 en los de mayor renta.

De 5.000 a 40.000 familias beneficiarias de la PCI o Renta de Ciudadanía

Torres también recordó que las ayudas de la PCI han pasado de beneficiar a poco más de 5.000 familias a unas 40.000, que hay más recursos y personal en Derechos Sociales que en toda la historia, que la semana pasada se aprobó un decreto ley que aumenta la cuantía de las ayudas a las familias por dependencia (las de tercer grado, por ejemplo, pasan de 369 a 504 euros al mes) o que Canarias presenta ahora la cifra más alta de su historia de afiliados a la Seguridad Social, con mayoría en el sector servicios, pero con aumentos porcentuales en ámbitos como el de los cuidados, esto sin precedentes. “Este Gobierno ha entendido que, ante las crisis, había que proteger a los más vulnerables, y eso es algo que este pacto deja también para la historia”, subrayó.

Entre los múltiples logros, incluyó, a su vez, que se salvara el bloque canario de financiación, el uso del superávit y los remanentes para servicios básicos (y no para cancelar deuda pública), las medidas fiscales para La Palma o que se haya ejecutado más de mil millones del Feder en 2020.

También resaltó el diálogo y la paz social propiciados con las patronales y los sindicatos, o que, junto con los vascos, los canarios sean los que más valoran la atención primaria en sanidad (con una nota del 6,5 “pese a no ser una legislatura normal por la covid, que ha aumentado las listas de espera y las demoras en todas las comunidades”). Asimismo, recordó que hoy haya más contratos indefinidos que nunca y que el Ejecutivo haya demostrado su solidez en materia económica.

Torres reafirmó la decidida apuesta de los grupos del Ejecutivo por la sanidad pública y aludió a los avances en esta legislatura en aceleradores lineales, resonancia magnética en las islas menores, con una inversión récord y con 300 camas para hospitalización incorporadas, si bien insistió en que aún queda mucho trabajo por hacer.

El Ejecutivo ha desplegado 40.000 millones de euros para atender “lo ordinario y lo extraordinario que nos ha tocado vivir”, señala el vicepresidente

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, defendió hoy en el Parlamento la gestión “rigurosa, sensible y honrada” del Gobierno de Canarias durante la presente legislatura, en la que se han atendido eficazmente las necesidades de la ciudadanía “en los peores momentos que hemos vivido en décadas”.

Rodríguez aseguró que a pesar de las dificultades y circunstancias “inéditas” en las que el Gobierno de Canarias ha tenido que desenvolverse -incendios forestales, pandemia, erupción o tensiones inflacionistas- el Ejecutivo supo siempre defender los intereses del Archipiélago ante terceras administraciones y captar recursos para atender a la población.

El vicepresidente precisó que en la presenta legislatura se habrán movilizado cerca de 40.000 millones de euros en los cuatro Presupuestos autonómicos elaborados por el actual Gobierno para blindar los servicios públicos esenciales, proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad y ayudar a las empresas y a los autónomos. “Todo ello sin subir los impuestos y rebajando la deuda pública de la Comunidad Autónoma”.

Rodríguez subrayó que ese despliegue de recursos sin precedentes obedece al acierto y trabajo del Ejecutivo en pelear cada euro allá donde estaba en juego, lo que unido a la política presupuestaria expansiva de la Unión Europea y, en consecuencia, del Gobierno de España, ha permitido inyectar 40.000 millones de euros para el ejercicio de las competencias que tiene atribuida Canarias, “cuando aún no hemos recuperado completamente el PIB del año 2019”.

“Canarias ha tenido estos cuatro años un gobierno de progreso, distinto, que ha gestionado más recursos que otras autonomías y mejor que ejecutivos canarios anteriores”, dijo el vicepresidente, quien confió en la reedición del actual pacto tras las próximas elecciones.

“Si en cuatro años tan terribles para todo el mundo hemos conseguido gestionar más y mejor que otros, en cuatro años normales podemos darle la vuelta completamente a la Canarias que recibimos en 2019, a la cola de todo lo bueno y a la cabeza de todas las estadísticas malas”.

El vicepresidente detalló que la buena gestión del Ejecutivo se mide, desde el punto de vista cuantitativo, por el grado de ejecución presupuestaria, que ha estado por encima de la media del Estado y muy por encima de gobiernos anteriores, si se tienen en cuenta los recursos extraordinarios que se han debido despachar durante toda la legislatura. En concreto, se han ejecutado 3.018 millones de euros más de lo presupuestado inicialmente

Además, recordó el impacto de las medidas de carácter social aprobadas por los Gobiernos de España y de Canarias, como la contratación de personal sanitario y educativo, la aprobación de los ERTE, el Ingreso Mínimo Vital y la Renta de Ciudadanía, la subida del SMI o la actualización de los salarios de los empleados públicos.

Ni un paso atrás con el 75%

Por otro lado, Rodríguez dijo que Canarias no dará ni un paso atrás en una conquista histórica como el 75% de descuento de residencia y que “toca defender con uñas y dientes” un derecho que asiste a todos los canarios.

El vicepresidente recordó que se trata de un mecanismo que compensa a los residentes canarios para reducir los costes de su movilidad y acercarlos a los de territorio continental, y que la propia norma aprobada, gracias al trabajo de Nueva Canarias en las Cortes, contempla la respuesta a un posible pacto de precios entre los operadores”.

“Son las autoridades de la Competencia quienes tienen que vigilar que no se produzcan anomalías, pero en el caso que se detecten la norma aprobada prevé la posibilidad de fijar las denominadas obligaciones de servicio público”, insistió.