La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, explica en comisión parlamentaria que este recurso se ha reforzado con la incorporación de un total de 20 profesionales

“En los dos últimos años, el Servicio de Inspección de Centros, dependiente de la Viceconsejería de Bienestar Social, ha realizado un total de 442 visitas de inspección a 378 centros de mayores de todas las islas, entre 2023 y 2024”, explicó en comisión parlamentaria la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en respuesta a la pregunta a las medidas tomadas por el Ejecutivo para proceder al cierre de residencias de mayores que no cumplen con los requisitos.

“Las acciones puestas en marcha demuestran que el servicio de inspección de centros ha recibido una atención especial por parte de este Gobierno”, afirmó Delgado, quien matizó que “cuando nos pusimos al frente de la Consejería de Bienestar Social, el servicio estaba compuesto tan solo por tres personas, dos en Gran Canaria y una en Tenerife. En este momento, contamos con 20 profesionales (una jefa de Servicio, 15 técnicos-as universitarios-as de distintas especialidades y cuatro auxiliares administrativas) para desarrollar este cometido”.

A la incorporación de este nuevo personal mediante contrato-programa, la consejera de Bienestar Social aludió a otras medidas ejecutadas con el fin de mejorar y ampliar los servicios, entre ellos, el acuerdo de colaboración con la Policía Canaria, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, para que realice tareas de inspección en los centros sociosanitarios de las islas, “con gran éxito”.

En su intervención, Delgado aclaró que, para proceder al cierre efectivo de los centros, una vez constatado que existen razones legales para el mismo, instruido y resuelto el correspondiente expediente sancionador se adoptada medida provisional de suspensión temporal de las actividades del establecimiento, se efectúan visitas de seguimiento al centro para recabar los datos de los residentes, su identificación, grado de dependencia y familiares o personas responsables de contacto, así como para constatar que, por parte de los titulares, se están llevando a cabo las actuaciones necesarias para proceder al cierre del centro.

“De esta forma, hay centros que han sufrido hasta nueve inspecciones durante los dos últimos años con el fin de garantizar que se cumplen las indicaciones que se les hacen”, matizó la responsable del Ejecutivo canario, quien aclaró que el proceso incluye instar a los titulares de los centros para que contacten con los familiares y/o responsables de los residentes y transmitirles el cierre del establecimiento y que procedan a la reubicación de los residentes.

Por su parte, el servicio de inspección contacta directamente con los familiares/tutores para comprobar que están informados de la situación y facilitar información disponible sobre distintas opciones de reubicación, así como coordina la reubicación de las personas usuarias cuyo traslado a otro establecimiento o domicilio haya resultado imposible por distintas causas.

El servicio de inspección, que depende de la Viceconsejería de Bienestar Social, tiene, entre sus funciones, además, la tramitación de los expedientes de acreditación, necesarios para la incorporación de estos a la Red pública del Sistema de la Dependencia de los Centros de titularidad privada, cuando lo soliciten.

Transición Ecológica, Salud Pública y Costas del Gobierno de Canarias mantienen una nueva reunión de coordinación junto al Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz para analizar el avance de los trabajos realizados

Entre las medidas, Transición Ecológica informa sobre el comienzo de los trabajos de inspección en el entorno de Punta Brava, Playa Jardín y San Telmo que analizará muestras en 15 puntos de la zona

El Gobierno de Canarias mantiene una reunión de coordinación con el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz para seguir avanzando en la búsqueda de soluciones al cierre de la zona de baño en Playa Jardín, en el municipio de Puerto de la Cruz, tras ser detectada el pasado mes de julio una desproporcionada concentración de patógenos. Dicha reunión ha tenido como objetivo analizar las medidas tomadas por todas las administraciones implicadas y actualizar la hoja de ruta pactada.

El encuentro contó con la asistencia del director general de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático, Ángel Montañés; el director general de Salud Pública, José Fernando Díaz-Flores; el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo, Antonio Acosta; la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo, Blanca Pérez; el alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso; y el gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, Javier Davara, así como técnicos de las respectivas administraciones.

Durante la reunión, convocada por la dirección general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, su responsable, Ángel Montañés, ha subrayado que se han intensificado los trabajos, «tomando medidas ágiles y coordinadas”, y ha detallado que “hoy hemos analizado los avances en la hoja de ruta trazada, tras la última reunión celebrada en agosto”.

En este sentido, destacó que desde la citada consejería “han comenzado los trabajos de inspección y análisis en 15 puntos diferentes en el entorno de Punta Brava, Playa Jardín y San Telmo”. Así, se están realizando trabajos de campo con visitas in situ a las instalaciones y a la zona litoral y mediciones tanto en tierra como en mar, además de un inventario de los potenciales focos de contaminación marina. “Esas muestras se analizarán para ver la calidad del agua en la zona, detectar posibles vertidos y poder con ello gestionar y controlar la contaminación de la zona”, indicó.

José Fernando Díaz-Flores, informó sobre los recientes resultados tras la intensificación del proceso de análisis de muestras tomadas en el entorno de la península de Punta Brava, mostrando su máxima colaboración para disponer de estos datos de cara a realizar los estudios necesarios.

Por su parte, Antonio Acosta expuso el esfuerzo que desde su departamento se está haciendo para contar a la mejor brevedad posible con las autorizaciones sectoriales, mayoritariamente supeditadas de actos administrativos dependientes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, necesarias para poder acometer las grandes obras en materia de depuración que requiere el municipio.

Asimismo, Blanca Pérez indicó que en la actualidad se están ejecutando obras en el emisario desde la pasada semana: “A principios de agosto iniciamos la reparación de la fuga a nivel submarino, pero los técnicos tuvieron dificultades técnicas. La pasada semana decretamos la emergencia de la obra, con una inversión de 201.000 euros, para acometer diferentes actuaciones en tierra y el mar en el emisario, de tal forma que el problema se pueda resolver lo antes posible”.

Por parte del ayuntamiento del Puerto de la Cruz, su alcalde Leopoldo Afonso informó sobre las mejoras que se están estudiando en la red de saneamiento municipal y la instrucción dada por el nuevo equipo de gobierno para priorizar el proceso de legalización de las estaciones de bombeo del municipio.

Durante los próximos meses se seguirán manteniendo estas reuniones de coordinación, enmarcadas dentro de la hoja de ruta prevista para poner en común toda la información y avances necesarios para resolver la situación actual.

El Gobierno canario ha incrementado la vigilancia e inspección marítima en el Archipiélago para combatir capturas ilegales y retenciones irregulares de especies

El personal del Servicio de Inspección Pesquera del Gobierno de Canarias, a bordo del barco «Roque Antequera», ha identificado numerosas infracciones en actividades de pesca y marisqueo recreativo en el área marítima entre Agaete y Mogán (Gran Canaria), tras incrementar la frecuencia y la presencia de patrullas marítimas para realizar operaciones de vigilancia e inspección.

El objetivo principal de estas actuaciones es controlar posibles actividades de pesca furtiva y prevenir violaciones de la normativa, relacionadas principalmente con la pesca y el marisqueo recreativo desde pequeñas embarcaciones deportivas.

Durante estas intervenciones en una zona de gran valor ecológico, se han constatado diversas infracciones, principalmente relacionadas con capturas que exceden los límites permitidos por la normativa, así como la retención de especies por debajo de la talla mínima establecida legalmente. En consecuencia, los agentes del Servicio han confiscado el pescado ilegal y ha levantado actas de las infracciones cometidas.

El director general de Pesca, Armiche Ramos, ha subrayado la importancia de respetar la normativa en cuanto a las tallas mínimas de las especies, las especies prohibidas, los límites de captura, las áreas habilitadas para la pesca, los métodos de pesca utilizados y los períodos de veda en las distintas modalidades de pesca recreativa y marisqueo.

El refuerzo, formado por un equipo de 23 inspectores de Trabajo y Seguridad Social y subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social llegados desde otras comunidades autónomas, ha realizado un total de 940 visitas a empresas, 361 de ellas en horario nocturno y en días festivos

La Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo aprueba el Plan de Trabajo de 2024 que pone especial énfasis en la prevención de la siniestralidad laboral

La Inspección de Trabajo ha permitido mejorar las condiciones laborales de 426 personas en Canarias que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social o que trabajaban con contratos irregulares.

Durante las tres semanas que ha durado la campaña, el equipo de refuerzo ha realizado un total de 940 visitas, 361 de ellas en horario nocturno y días festivos. Estas inspecciones han posibilitado detectar fraude en 205 contratos de jornada a tiempo parcial, obligando a los empleadores de los trabajadores afectados a ampliar sus horas de trabajo y, consecuentemente, a subir sus salarios y cotizaciones. Además, la inspección ha logrado transformar en indefinidos 66 contratos temporales.

Han aflorado 281 empleos sumergidos, 96 de ellos por falta de alta en la Seguridad Social, 58 corresponden a mujeres y 38 a hombres. Además, se han identificado a 29 extranjeros no comunitarios sin permiso de trabajo. A esos empleos sumergidos aflorados se les añaden los supuestos de 156 trabajadores con contrato a tiempo parcial que vieron incrementada su jornada en más del 50%. También se abrieron 16 expedientes por obstrucción. De enero a octubre de este año, la acción inspectora afloró 3.355 empleos no declarados en Canarias.

Los datos se han dado a conocer en el marco de la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Canarias, que se ha reunido para analizar las actuaciones realizadas en el presente ejercicio y programar los objetivos para 2024.

El Plan para el próximo año recoge 35.791 órdenes de servicio divididas en cinco áreas: prevención de riesgos laborales, empleo y relaciones laborales, seguridad social, economía irregular y trabajo de extranjeros y otras actuaciones.

Las competencias del Gobierno de Canarias se centran en las dos primeras, prevención de riesgos y relaciones laborales, que representan el 51,35% del total de las actuaciones previstas, con campañas específicas contra el fraude en la contratación.

Las actuaciones en materia de jornada laboral, horas extraordinarias y descansos irán dirigidas principalmente a los sectores en los que se detecta un mayor número de irregularidades. En este ámbito, se contemplan campañas específicas para controlar el tiempo de trabajo y el registro de la jornada.

Otra de las acciones en las que se centrará en 2024 la Inspección Laboral se relaciona con vigilar el cumplimiento de las empresas obligadas a la contratación de un porcentaje mínimo de personas con discapacidad y las condiciones de trabajo en los centros especiales de empleo.

Bienestar laboral

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y Empleo, dará un carácter prioritario a la actuación inspectora para proteger la vida y la integridad física de los trabajadores. Además, la titular del área, Jessica de León, ha recordado que “dedicaremos especial atención a la salud mental de los trabajadores, ya no vamos a hablar de salud laboral, sino de bienestar laboral”.

Se reforzarán las acciones en el sector de la construcción. En total se prevén 1.970 órdenes de servicio en este campo. Asimismo, se llevarán a cabo campañas en el sector marítimo, como la centrada en buques de pesca y una de control de los riesgos en la actividad agraria.

También se continuará con la realización de actuaciones para prevenir los riesgos muscoesqueléticos. En 2024 se programarán 540 acciones en los sectores en los que se detectó un mayor número de accidentes de trabajo por sobresfuerzos y en las empresas en las que realizaron requerimientos este año. Se contempla, además, una campaña concreta en la actividad de las camareras de pisos.

El Ejecutivo autonómico, en coordinación con la Inspección de Trabajo, llevará a cabo también controles de los riesgos piscosociales.

La Inspección Educativa avala en su informe preliminar la actuación del CEIP El Tablero y confirma, tras el proceso de mediación llevado a cabo entre el centro y la familia, que no ha habido discriminación en el caso de un alumno con necesidades específicas de apoyo educativo al que, supuestamente, se le habría impedido viajar junto a otros estudiantes

El informe constata que, con anterioridad a la exposición pública del caso en medios de comunicación y redes sociales por parte de la madre, el CEIP ya le había propuesto “una adaptación del viaje”, así como que su hijo fuera acompañado, pero que la familia rechazó la propuesta.

Recoge asimismo que “las actuaciones del centro han sido las correctas” al estar fundamentadas “por la normativa vigente” (fue incluso entregada a la familia) y que el grupo de referencia del menor “es el Aula Enclave 2”, y no el de sexto de Primaria, como reiteradamente ha venido argumentando la madre.

Por todo ello, el procedimiento seguido por la familia para la resolución del caso “no ha sido el correcto”, según Inspección Educativa, que concluye que, al inicio de su mediación, la madre se comprometió a “subsanar la lesión producida en los medios al CEIP El Tablero y a la directora”, cosa que no se ha producido hasta el momento.

Así las cosas, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias reitera:

1) Que vela por el bienestar y la educación de todos los alumnos y alumnas matriculados en sus centros.

2) Que agradece el trabajo y la entrega del personal docente y no docente, en particular en circunstancias personal y profesionalmente difíciles, en las que deben gozar del respeto y el apoyo del conjunto de la sociedad.

3) Que la Consejería y el centro, referente en materia de inclusión, han tenido y tienen interés y voluntad en adaptar cualquier actividad para la plena integración de todo su alumnado, con independencia de sus circunstancias.

4) Que la Consejería cuenta con canales y servicios para la atención de todo su alumnado, y en particular de aquel que presenta necesidades específicas de apoyo educativo y, dentro de este colectivo, para quienes tienen necesidades educativas especiales.

5) Que la resolución de cualquier conflicto respecto al funcionamiento de esos canales y servicios debe hacerse por los medios establecidos, especialmente cuando existen menores implicados.

A lo largo del primer semestre de 2023 el Cuerpo General de la Policía Canaria ha intervenido 56 animales

Todas las actuaciones han tenido lugar en Tenerife, en los municipios de Güímar, La Matanza de Acentejo, San Miguel de Abona, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Arico, El Sauzal, Candelaria, Tacoronte, Granadilla de Abona, Fasnia, Arona, La Victoria de Acentejo y San Juan de la Rambla

Agentes del Grupo de Medio Ambiente (Gruma) del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) han realizado, en el transcurso del presente año, treinta y ocho inspecciones por presunto maltrato animal y, como resultado de ellas, han intervenido cincuenta y seis animales e instruido cuatro delitos. Así se deprende del informe elaborado, con fecha 20 de junio, por la Unidad Operativa de Seguridad Interior y Policía Administrativa (UOSIPA) del citado cuerpo.

Los municipios donde se han llevado a cabo estas intervenciones han sido Güímar (siete actuaciones), La Matanza de Acentejo (cinco), San Miguel de Abona (cinco), Santa Cruz de Tenerife (cuatro), La Laguna (cuatro), Arico (tres), El Sauzal (dos), Candelaria (dos), Tacoronte (una), Granadilla de Abona (una), Fasnia (una), Arona (una), La Victoria de Acentejo (una) y San Juan de la Rambla (una).

En el mes de enero, por ejemplo, tuvo lugar una investigación a una persona, en el municipio de Arico, por un presunto delito de maltrato animal, a raíz de la aparición del cadáver de un ejemplar canino, en estado de descomposición, en la desembocadura del barranco del Bonito.

Otra actuación que conviene mencionar es la efectuada, en el mes de marzo, en el término municipal de La Matanza de Acentejo, en la que se propone sancionar al dueño de siete perros debido a las condiciones higiénico-sanitarias deplorables en las que tenía a los animales.

También en marzo, conjuntamente con miembros de Servicios Sociales y un veterinario, todos ellos adscritos al Ayuntamiento de La Laguna, se realiza una inspección a una vivienda de este término municipal, en la que se encuentran más de setenta ejemplares caninos y varias aves –gallinas y patos–, todos ellos propiedad de una única persona y en unas condiciones higiénico-sanitarias deficientes que habían provocado enfermedades en varios de los perros, por lo que hubo que trasladar a uno de ellos, de manera urgente, a una asociación para su tratamiento veterinario.

En el mes de abril se efectúan dos investigaciones que dieron como resultado dos posibles delitos de maltrato animal. El primero de ellos, el día 13, en San Miguel de Bona, fruto de las pésimas condiciones higiénico-sanitarias en las que se encontraban varios ejemplares caninos.

Condiciones higiénicas

El segundo, el día 27, en los términos municipales de Arona y San Miguel de Abona, donde se investiga a diez personas relacionadas con un presunto delito de maltrato animal. En esta intervención se retiraron diecinueve perros y un poni, debido a las lesiones que presentaban y a las condiciones altamente insalubres, desde el punto de vista higiénico-sanitarias, en que se encontraban.

Durante el mes de mayo se investiga a tres personas como autores de un presunto delito de maltrato animal, debido a las condiciones higiénico-sanitarias y lesiones físicas que presentaban doce perros, un poni, un caballo, dos asnos, tres tortugas y dieciséis ejemplares caprinos y bovinos.

La investigación comienza a raíz de una denuncia presentada en dependencias del Cuerpo General de la Policía Canaria por unas graves lesiones que presenta un ejemplar canino en su pata delantera derecha, la cual le acabó generando una grave deformidad que le impide caminar con normalidad. Acto seguido, agentes pertenecientes a la Unidad Operativa de Seguridad Interior y Policía Administrativa (UOSIPA) inspeccionan la ubicación donde se haya dicho animal, dando como resultado el descubrimiento de más animales con lesiones y en unas condiciones higiénico-sanitarias deplorables.

Los controles se llevarán a cabo en las estaciones de servicio de todas las islas hasta el mes de junio

David Mille señala que, gracias a esta iniciativa, se podrá comprobar la aplicación de la bonificación, lo que redundará en beneficio de todos los usuarios y evitará la competencia desleal

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo, iniciará este mes un plan de inspecciones para comprobar el cumplimiento de la bonificación a determinados productos energéticos, como la gasolina, el gasóleo o el biodiésel, en el Archipiélago durante los tres meses de vigencia de la aplicación del descuento.

El director general del área, David Mille, señala que esta iniciativa se ha acordado para comprobar el cumplimiento de la normativa del Ministerio de Consumo, relativa a la aplicación de un descuento de 20 céntimos por cada litro de combustible y que debe verse reflejado en el pago final del consumidor.

Así, aclara, “se evitarán posibles incumplimientos que deriven en una competencia desleal entre las compañías, redundando, además, en beneficio de todos los usuarios, que han visto como el precio de la gasolina se ha ido incrementando en los últimos meses”.

En concreto, las inspecciones se llevarán a cabo desde este mismo mes y hasta junio en las estaciones de servicio de las islas. Para ello, se activarán ocho agentes de inspección, cuatro en cada provincia, que realizarán entre 75 y 90 inspecciones durante estos meses, lo que afectará a entre un 10% y un 15% del total de gasolineras, cifradas en torno a 460.

Con esta medida, además, se da cumplimiento a la delegación realizada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, a las comunidades autónomas para que se encarguen de verificar la aplicación de dicho descuento, que entró en vigor el pasado 1 de abril, así como cualquier variación injustificada de los precios tras la aplicación de la bonificación.

Las actas que levanten los inspectores sobre los posibles incumplimientos hallados en las visitas que realicen en las estaciones de servicio de Canarias se comunicarán a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.