Esta medida pretende seguir profundizando en un mejor trato a la infancia, lo que redunda tanto en la calidad del testimonio que debe prestar en sede judicial como en la minimización del estrés y ansiedad que pueden ir asociados a la intervención en un proceso judicial

Forma parte del desarrollo de un proyecto denominado “Programa de perros de apoyo a menores en procesos judiciales y terapias con animales” en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

El Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas ofrece como proyecto piloto, a través de la Asociación Terapican, el acompañamiento de los perros de apoyo a menores dentro de los juzgados y la participación posterior del menor en terapias con animales con el fin de minorar los efectos negativos de su participación en un proceso penal

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha incorporado, a través de la Viceconsejería de Justicia, tres perros de apoyo a menores al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. El propósito de esta iniciativa es aminorar los efectos negativos que se producen en el menor, tanto durante el procedimiento penal como una vez finalizada su participación en el proceso, mediante la figura de estos animales en sede judicial y la puesta a su disposición de terapias con animales en el ámbito de la justicia restaurativa.

Para ello, la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, ha adjudicado al Colegio de Veterinarios de Las Palmas el servicio de asistencia técnica para el desarrollo del proyecto denominado “Programa de perros de apoyo a menores en procesos judiciales y terapias con animales”, en el marco de los proyectos del Pacto de Estado contra la violencia de Género, por un importe de 12.305 euros.

Este servicio consiste, por un lado, en facilitar la participación y el testimonio de los y las menores en el proceso a través de la presencia de un perro de apoyo, que los acompañe durante el mismo y, por otro, cubrir sus necesidades dentro de las exigencias de los procesos judiciales en los que se ven envueltos.

A juicio de sus promotores, los y las menores que participan en una causa judicial pueden ofrecer una fuente inestimable de información. Si testifican desde un estado emocional apropiado –más relajado, favoreciendo el vínculo con los profesionales judiciales que se establece de manera natural y fluida–, gracias a la presencia del perro de apoyo, la labor de los peritos es más efectiva.

La presencia de los perros de apoyo mejora el bienestar percibido por los y las menores y sus familias en todas sus áreas, siendo una presencia tranquilizadora que ejerce como colchón emocional durante todo el proceso, ayudando a que los juzgados sean percibidos, tanto por los y las menores como por su entorno, como un ambiente más amable.

El proyecto piloto ejecutado por la Asociación Terapican, bajo las directrices del Colegio de Veterinarios, no sólo ofrece la posibilidad de acompañamiento a través de perros de apoyo de los menores dentro de los juzgados, sino también posteriormente, tras la finalización del proceso, la participación del menor en terapias con animales con el fin de minorar los efectos negativos de su participación en un procedimiento penal.

Según la viceconsejera de Justicia, se trata de un proyecto piloto de la Consejería, realizado en colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas y el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. Su objetivo, en primer lugar, es realizar un diagnóstico y elaborar una guía de recursos de terapia con animales que puedan ser adecuados para intervenir con los menores y que cuenten con el aval del Colegio de Veterinarios.

Está previsto que durante el año 2023 se elaboren guías, protocolos y material formativo, dirigido a los órganos jurisdiccionales y fiscales con el fin de que las víctimas y sus hijos e hijas, que por cualquier causa deban intervenir en el proceso judicial, cuenten con información adecuada a los sistemas de atención y recursos.

También se pondrá en práctica el proyecto piloto de perros de terapia que intervendrán en el propio juzgado, siempre acompañados por técnicos especializados y cuando lo estime conveniente el órgano judicial.

Estos días los perros han acudido por primera vez al juzgado al llamado “día de olor” para conocer las instalaciones. Se llaman Lucas (el chihuahua), Leo (el labrador) y Lúa (la podenca). Se trata de animales especialmente entrenados para programas de terapias con menores o personas en situación de vulnerabilidad a través del servicio que presta la asociación Terapican.

Para Carla Vallejo, lo que se pretende con esta medida es seguir profundizando en un mejor trato a la infancia, que redunda a la vez tanto en la calidad del testimonio que deben prestar en sede judicial, como en la minimización del estrés y ansiedad que puede ir asociado a la intervención en un proceso judicial.

El III Consejo Territorial de Memoria Democrática aprueba por unanimidad la distribución de fondos correspondiente a 2023 y concede a las islas 51.592,63 euros, que se suman a los 149.500 de financiación propia

Estos fondos permiten, entre otras cuestiones, la financiación de proyectos para investigar la localización y viabilidad de prospección de fosas, la actualización del mapa de estas y el registro de víctimas y personas desaparecidas

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias cuenta este año con más de 200.000 euros para actuaciones en Memoria Democrática, gracias a la financiación propia, que asciende a 149.500 euros, y a los 51.592,63 euros distribuidos en el III Consejo Territorial de Memoria Democrática celebrado, en formato online, bajo la presidencia del ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y que contó con la participación del titular de este departamento, Julio Pérez, y de la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo.

Este dinero permitirá a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad seguir desarrollando a lo largo de 2023 el conjunto de iniciativas que desde el inicio de la legislatura viene llevando a cabo en cumplimiento de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Entre otras, la financiación de proyectos para investigar la localización y viabilidad de prospección de fosas, la actualización del mapa de estas y el registro de víctimas y personas desaparecidas.

El montante distribuido en el III Consejo Territorial de Memoria Democrática, tres millones de euros, tiene como destino tres líneas de actuación. La primera, que dispone de dos millones, incluye trabajos de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura.

La segunda y la tercera, de un millón, agrupan actividades de divulgación de trabajos efectuados y resultados obtenidos y de dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de los lugares de memoria asociados a los mismos. Además, a partir de ahora, y tras aprobarlo por unanimidad Gobierno estatal y comunidades autónomas, también se podrán utilizar estos fondos en la elaboración de censos de víctimas y proyectos de tratamiento de series documentales relacionadas.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha resaltado que por tercer año consecutivo las islas reciben fondos a través de esta vía, así como el consenso general alcanzado por el Gobierno estatal y las comunidades autónomas, durante la reunión, para ampliar el número de actuaciones a realizar sobre esta materia y poder continuar trabajando conjuntamente en la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil, la II Guerra Mundial y la Dictadura.

El juez considera que prima la defensa del interés general, "no siendo ni sensato ni responsable" paralizar una dotación total de 476 millones para tres cabildos y las universidades públicas

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria, ha desestimado la petición del Ayuntamiento de Mogán de que se suspenda de forma cautelar el Programa Insular de desarrollo socioeconómico de Gran Canaria, para su presentación al Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) para el período 2023/2027 o, de manera subsidiaria, que se le incluya en dicha programación.

Más en detalle, el Ayuntamiento de Mogán presentó un recurso contencioso-administrativo en el que solicitaba una medida cautelar consistente en "suspender la tramitación del procedimiento iniciado por la Orden de 17 de enero de 2023, de convocatoria de programas y proyectos para la asignación de recursos en el marco el Fondo de desarrollo de Canarias (FDCAN) para el período 2023/27", así como "con carácter subsidiario, y solo para el caso de que fuera desestimada la anterior medida cautelar solicitada, acuerde adoptar la medida cautelar positiva consistente en incluir en el 'Programa Insular de desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria para su presentación bajo la modalidad de programa, al FDCAN para el período 2023/2027', al Ayuntamiento de Mogán en la relación de Ayuntamientos que son beneficiarios finales de la subvención”.

Ante esta solicitud, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Teba García, asegura en su fallo que, partiendo de la naturaleza jurídica de las órdenes como actos administrativos, no se observa la relación de instrumentalidad entre el acto impugnado y la Orden de 17 de enero de 2023, que se limita a convocar, para el período 2023-2027, el procedimiento de presentación de programas y proyectos para la asignación de recursos en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), "sin que dicho acto incida en modo alguno en el contenido del dictado a su vez por el Cabildo de Gran Canaria, en cuya virtud el Ayuntamiento de Mogán queda excluido como beneficiario final de los fondos y sin que lo impugnado constituya ejecución del acto administrativo que se pretende suspender, en lo que al particular caso de la corporación municipal se refiere".

Destaca, asimismo, que la suspensión se pretende respecto de una Orden de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, un acto administrativo para el que, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), su juzgado carecería de competencia para enjuiciar su legalidad. "Partiendo de que la justicia cautelar es accesoria respecto del enjuiciamiento de fondo, quien suscribe expresa sus dudas de si tiene competencia para suspender un acto respecto del cual carece de competencia para su enjuiciamiento", indica el juez.

No obstante, y aun sin tener en cuenta lo anterior, sostiene que la ponderación de intereses se decanta hacia el interés general, representado por el acceso de los fondos contemplados en la Orden de 17 de enero de 2023 por parte de los cabildos de Gran Canaria, El Hierro y Fuerteventura y las Universidades Públicas de Canarias, "no siendo ni sensato ni responsable paralizar una dotación que alcanza un total de 476.786.534 euros, lo que implicaría que se detuvieran durante largo tiempo la ejecución de numerosos proyectos que redundan en favor de la población canaria", recalca. Y máxime cuando, como añade, no se observa la existencia de un peligro por la mora procesal que deba ser evitado mediante la estimación de la solicitud de medida cautelar por parte del Ayuntamiento de Mogán.

Y es que hace hincapié en que, de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, "una medida cautelar podrá denegarse cuando de esta pudiera seguirse perturbación grave para los intereses generales o de tercero, que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada". Porque, según refiere, "como reitera hasta la saciedad la jurisprudencia, cuando las exigencias de ejecución que el interés público presenta son tenues, bastarán perjuicios de escasa entidad para provocar la suspensión; por el contrario, cuando aquella exigencia es de gran intensidad, solo perjuicios de elevada consideración podrán determinar la suspensión de la ejecución del acto (ATS 3 de junio de 1997, entre otros muchos)".

El magistrado también se refiere a los argumentos que desarrollan tanto el Consistorio de Mogán como el Cabildo de Gran Canaria, relativos al fondo del asunto, que pretenden que se proyecten a la hora de resolver sobre la solicitud de justicia cautelar bajo la fórmula de una evidente apariencia de buen derecho.

A este respecto, menciona el ATS de 21 de enero de 2016, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, Ponente Pablo María Lucas Murillo de la Cueva: “Sobre la apariencia de buen derecho es constante la jurisprudencia que limita su aplicación como criterio para conceder medidas cautelares a aquellos supuestos en que sea manifiesta su procedencia por referirse a actos de ejecución de leyes declaradas inconstitucionales, de disposiciones generales declaradas nulas o reiteración de actuaciones consideradas contrarias a Derecho. O en aquellos casos en que a simple vista se advierta la ilegalidad del proceder de la Administración”.

Así, con esa base, remarca que "basta un somero recorrido por los extensos escritos rectores de la parte recurrente y de la Administración demandada, para alcanzar la conclusión de que no nos encontramos ante uno de los supuestos en que el criterio del 'fumus boni iuris' puede ser empleado como rector para la adopción de la medida cautelar que de manera subsidiaria se interesa por el Ayuntamiento de Mogán".

Finalmente, argumenta que no es posible compartir con el Consistorio sureño que, si no se acuerda su inclusión como beneficiario final de la subvención, en el Programa del Cabildo de Gran Canaria que es objeto de impugnación, se vaya a producir un perjuicio que haga perder su finalidad legítima al recurso contencioso-administrativo. Y es que, en este sentido, comparte la reflexión que efectúa la Universidad de La Laguna cuando, en el Folio 1º de su escrito rector, manifiesta su desconcierto sobre la cuestión pues dirimiéndose, en el fondo, "si el Ayuntamiento de Mogán debe acceder a determinados fondos como beneficiario final del programa de subvenciones, no existe obstáculo alguno para el caso de que el recurso contencioso-administrativo prosperase y resultase del Fallo de la Sentencia que deben reconocerse determinados fondos en su favor, que se habilitaran los créditos necesarios con objeto de cumplir con lo fallado".

Y apostilla que la parte recurrente no cuantifica la cantidad de la que resultaría beneficiaria, en el caso de ser incluida en el Programa, ni detalla qué tipo de actuaciones tendría previsto acometer con dicha suma y su carácter perentorio, "de modo y manera que la espera al dictado del Fallo generase un verdadero peligro por la mora procesal. En este estado de cosas, la medida cautelar positiva pretendida no es más que una simple petición de anticipación del Fallo, finalidad no contemplada para las medidas cautelares", concluye.

Por último, cabe indicar que contra este fallo cabe interponer recurso de apelación, en el plazo de quince días, para su resolución por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Las Palmas.

La implantación ha tenido lugar en las 210 salas de vistas y polivalentes, objeto del despliegue, de la Comunidad Autónoma de Canarias

Este sistema incluye nuevas funcionalidades, orientadas a facilitar el trabajo de los usuarios, con importantes avances, respecto al sistema anterior, y numerosas mejoras en materia de seguridad, aplicando la última tecnología disponible

Los profesionales pueden acceder, a través de la sede judicial electrónica, al servicio de descarga de vistas judiciales para obtener copia de las grabaciones de los juicios o vistas en los que hayan participado

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia destaca el esfuerzo para adaptarse al cambio y la colaboración de los funcionarios, especialmente el cuerpo auxiliar judicial

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha finalizado la instalación de todos los equipos de grabación del sistema Arconte-Áurea, en las 210 salas de vistas y polivalentes, objeto del despliegue, de los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La implantación de este sistema de grabación integrado y de última tecnología, en toda Canarias, por importe de 7.084.111,55 euros, procedentes de fondos europeos, resuelve los problemas derivados de la coexistencia de dos sistemas diferenciados, como ocurría hasta ahora, y permite disponer de un modelo unificado en todos los partidos judiciales, sencillo y operativo, para la grabación, almacenamiento y gestión de toda la información generada en los actos judiciales, mejorando, al mismo tiempo, la calidad y seguridad de las grabaciones, al impedir que se produzcan fallos que puedan dar lugar a anulaciones de pruebas o repetición de juicios o vistas.

Por ejemplo, entre sus funcionalidades, Arconte-Áurea permite que el sistema compruebe automáticamente el funcionamiento del equipo. El propio dispositivo avisa si durante la grabación deja de entrar el sonido, para que no se produzca ningún error, y así evitar posibles anulaciones de pruebas.

Además, con Arconte-Áurea, los profesionales pueden descargar todas las grabaciones que se realizan de un procedimiento en el que hayan intervenido, accediendo al área privada de la sede judicial electrónica de Canarias, https://sede.justiciaencanarias.es/sede/.

En un futuro próximo, con la plena implantación del expediente judicial electrónico y con el marco normativo preciso, los particulares no profesionales también podrán acceder y descargarse las grabaciones.

Dichas grabaciones cuentan con un marcado o índice de las intervenciones que tienen lugar durante el acto judicial, lo que facilita y agiliza su posterior búsqueda a los abogados, magistrados y demás personas si necesitaran acceder a esa documentación. El sistema también permite convertir a texto el contenido para permitir la búsqueda indexada por palabras, posicionamiento, subtitulado y otras funciones avanzadas.

La instalación de los equipos se ha desarrollado en dos fases. En la primera, se llevó a cabo la sustitución del Arconte 1 por el Arconte-Áurea en todas las salas de vistas y polivalentes de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. En la segunda, en el resto de órganos judiciales del archipiélago.

Según la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, este despliegue ha sido complejo técnicamente, no solo por su coincidencia con la pandemia, que incrementó las necesidades de dotación de sistemas de grabación y de videoconferencias, sino por el cumplimiento de la normativa Covid-19. Por todo ello, la sustitución de un sistema por otro ha sido un proceso arduo, en el que se ha intentado ocasionar la menor perturbación al funcionamiento de la Administración de Justicia.

La sustitución ha llevado aparejada la formación de los funcionarios de esta Administración, que han hecho un esfuerzo para adaptarse al cambio, especialmente el cuerpo de auxilio judicial, lo que ha querido remarcar Ceballos, quien ha destacado que gracias a su colaboración se han producido pocas incidencias.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad demanda también avances en organización y mejoras en la eficiencia con el fin de incrementar la productividad y la capacidad de generar valor

Destaca que el Gobierno de Canarias ha respondido a la obligación de dotar de medios adecuados a la jurisdicción mercantil con la creación de dos nuevos juzgados, uno en Santa Cruz de Tenerife y otro en Las Palmas de Gran Canaria, ambos con plantilla completa

Resalta, igualmente, que se han mejorado los medios materiales y tecnológicos puestos a disposición de la Administración de Justicia para que pueda hacer frente a cargas de trabajo superiores y mantener las altas tasas de resolución

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha afirmado, recientemente, que, si bien el incremento en la dotación de recursos es importante, de nada sirve si no están bien administrados. Por ello, ha apuntado que un aumento de los medios humanos y materiales debe venir acompañado de los necesarios avances en organización y mejora de la eficiencia, con el fin de incrementar la productividad y la capacidad de generar valor, siendo este un reto que tanto la Administración Pública como la sociedad deben asumir como prioritario.

Las palabras de Julio Pérez han sido pronunciadas con motivo de la inauguración del Congreso Nacional ‘Reestructuración y Reforma Concursal: un primer examen seis meses después’, celebrado en el Colegio de Abogados de Las Palmas. Un evento organizado, además de por esta entidad, por los colegios oficiales de Economistas de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, así como por el Aula de Formación del Colegio de Abogados de Las Palmas, y dirigido a profesionales con el fin de analizar el impacto de las reformas llevadas a cabo en la Ley Concursal.

Durante su intervención, el consejero destacó la evolución de la legislación en este ámbito y los importantes cambios producidos en la forma en que la sociedad y las instituciones públicas abordan los procesos de insolvencia, introduciéndose mecanismos tan necesarios como la segunda oportunidad o los procedimientos especiales para personas físicas.

Como responsable del área de Justicia en el Gobierno de Canarias, ha destacado la obligación de su departamento de dotar de medios adecuados a la jurisdicción mercantil, que, como toda la justicia en las islas, aborda cargas de trabajo superiores a las que serían adecuadas y que, sin embargo, mantiene una alta tasa de resolución.

En este sentido, ha dicho que a este compromiso se ha respondido creando en los últimos años dos nuevos juzgados –Mercantil 2, en Santa Cruz de Tenerife, y Mercantil 3, en Las Palmas de Gran Canaria–, dotados de plantilla completa, y se han mejorado los medios materiales y tecnológicos puestos al servicio de la Administración de Justicia.

Junto a Julio Pérez, también han participado en la inauguración el decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, Alcibiades Trancho; el vicedecano del Colegio Oficial de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Jorge Zurita; y el diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Las Palmas Luis Calonge. Entre los asistentes se encontraba la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo.

A lo largo de las dos jornadas en las que se ha desarrollado el Congreso, se han abordado, mediante distintas mesas, diferentes materias. Entre ellas, “Estatuto Jurídico de los agentes intervinientes en el concurso de acreedores. Administración Concursal. Retribución y otras cuestiones discutidas. Otros agentes: principales novedades”; “El Concurso de Persona Natural. El Epi: La buena fe y procedimiento. El crédito público en el Epi. Cuestiones prejudiciales. El tratamiento de la vivienda habitual”; “Procedimiento especial de microempresa: ámbito objetivo y subjetivo. Especialidades procedimentales. Comunicación de negociaciones. Apertura del procedimiento especial. Procedimiento de liquidación”; y “Procedimiento especial de Microempresa (2): procedimiento de continuación: cuestiones. Nombramiento de administrador concursal. Calificación abreviada”.

Además, los participantes han tenido la oportunidad de abordar otros asuntos como “Cuestiones procesales. Principales novedades. Principio de agilidad y eficiencia: reglas de liquidación. El incidente concursal”; “Planes de reestructuración: ámbito objetivo. Extensión. Reglas de cómputo. Efectos. Formación de clases”; y “Planes de reestructuración (2): aprobación y homologación de los planes de reestructuración. Protección de la financiación. Incumplimiento. El experto de la reestructuración. La contratación publica en los supuestos de reestructuración y de concurso de acreedores”.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad señala que “hasta ahora no ha habido una explicación clara de las causas de esta situación”

En su opinión, «no puede atribuirse a una deficiencia de la Justicia»

Según los últimos datos oficiales del CGPJ, Canarias registró durante el tercer trimestre del 2022 una tasa de litigiosidad de 41,1 pleitos por cada 1.000 habitantes, la más alta del Estado, que en su conjunto fue de 32,1

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha reclamado una reflexión colectiva –Parlamento, Gobierno y operadores jurídicos– sobre la elevada litigiosidad que se registra en Canarias, pues, “hasta ahora, no hay una explicación clara de las causas de esta situación, de por qué en Canarias se ponen más pleitos y se va a los tribunales más que la media de los españoles”.

Según los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Comunidad Autónoma de Canarias registró durante el tercer trimestre del año 2022 una tasa de litigiosidad de 41,1 pleitos por cada 1.000 habitantes, la más alta del Estado en el periodo de estudio, que en su conjunto fue de 32,1, nueve puntos menos. Y ello a pesar de que en el mismo periodo las islas obtuvieron la segunda mejor tasa de resolución del país. Hay que retroceder a las estadísticas judiciales de hace siete años, a 2016, para no encontrar a Canarias a la cabeza de las regiones donde más se pleitea.

Además de haber sido Canarias la comunidad donde más se litigó en ese intervalo de tiempo, la provincia de Las Palmas fue la cuarta con mayor tasa de litigiosidad, 43,17 pleitos por cada 1.000 habitantes. La primera fue Ceuta (46,35), la segunda Málaga (43,69) y Lugo la tercera (43,43). En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la tasa de litigiosidad en el periodo de referencia fue de 35,7, lo que la sitúa en los puestos medios de la tabla nacional. La provincia más tranquila en cuanto a pleitos fue Lleida, con 18,92 litigios por cada 1.000 habitantes.

A raíz de una pregunta efectuada por la diputada socialista Matilde Fleitas en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad del Parlamento de Canarias, en la que indicó que en las islas “litigamos mucho, pero nuestros órganos administrativos y judiciales también resuelven proporcionalmente”, Julio Pérez ha señalado que la litigiosidad excesiva de Canarias “quizás sea uno de los problemas más importantes de la Justicia de Canarias”.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha explicado que, aunque se podría caer en la tentación de pensar que se debe a que la Justicia funciona peor, la excesiva litigiosidad “no puede atribuirse a una deficiencia de la Justicia”. Más bien al revés, ha dicho, “se podría pensar que los ciudadanos y las ciudadanas confían en la Justicia”.

Tampoco hay ningún dato que respalde que los canarios y las canarias tienen dificultades para llegar a acuerdos o entendimientos que eviten los conflictos, ha manifestado Julio Pérez, quien ha insistido en que la realidad es que año tras año, mes tras mes y semana tras semana, “tenemos más pleitos que el resto de los españoles”.

A su juicio, “algo nos pasa y convendría tener una explicación”. Mientras tanto, “si no tenemos ninguna y tenemos muchos pleitos, tendremos que poner más medios, ya que –ha apuntado– no se le puede decir a la gente que no vaya a los juzgados”. “Habrá que acomodar la oferta de medios judiciales a la demanda”, ha resaltado.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad pone como ejemplo la implantación del sistema de gestión procesal Atlante Web, que incorpora el expediente judicial electrónico, y el despliegue del Arconte-Aurea para la grabación de actos judiciales

A su juicio, “no es una tarea solo de la Administración de Justicia, sino también del resto de operadores. A veces se nos demanda más digitalización por sectores que no la utilizan”

Confía en que el denominado Edificio Auditorio, de Santa Cruz de Tenerife, acoja, en un plazo breve de tiempo, unos 20 juzgados desperdigados ahora por la capital tinerfeña

El Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha afirmado este viernes que, en materia de digitalización de la Justicia, el Gobierno de Canarias ha dado pasos importantes. “Hemos avanzado mucho en los instrumentos y medios de digitalización, ahora debemos hacerlo en los conocimientos y la capacidad para utilizarlos”, ha dicho durante su comparecencia en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad del Parlamento de Canarias.

A pregunta de una diputada del Grupo Parlamentario Socialista, el titular de Administraciones Públicas ha puesto como ejemplo del trabajo efectuado por su departamento la implantación del sistema de gestión procesal Atlante Web, que incorpora el expediente judicial electrónico, y el despliegue del Arconte-Aurea, que permite la grabación de actos judiciales a través de un modelo unificado en todos los partidos judiciales.

Sobre el primero de ellos, ha mencionado las palabras pronunciadas por la fiscal jefe de Canarias, María Farnés, en esa misma Comisión, subrayando su buen funcionamiento y calificándolo como unos de los mejores, si no el mejor, de los sistemas implantados en España.

Durante su intervención, Julio Pérez ha indicado que el proceso de pasar de una Justicia basada en el papel a una basada en medios electrónicos es una tarea que no solo corresponde a la Administración de Justicia, sino también al resto de operadores y ha advertido que, “a veces, se nos demanda más digitalización por sectores que no la utilizan”.

En su opinión, aunque durante la presente legislatura se ha dado un impulso a la digitalización y modernización de la Justicia, como no se había hecho antes, todavía quedan cosas por hacer.

Además, Julio Pérez se ha referido, debido a la pregunta de otra diputada del Grupo Socialista, a la situación en que se encuentra en estos momentos el procedimiento para que Santa Cruz de Tenerife cuente con instalaciones judiciales aptas.

Ha desgranado el pasado, presente y futuro del proceso seguido para construir la gran ciudad de la Justicia, un espacio destinado a completar las instalaciones actuales, que estará situado detrás del centro comercial de El Corte Inglés y que ha obligado a cambiar el planeamiento de esa zona y que su departamento impulse la presentación de uno nuevo. El consejero ha mostrado su esperanza de que este proyecto se haga realidad tras los trabajos realizados, en este sentido, a lo largo de este mandato.

Del mismo modo, ha manifestado que confía en que el denominado Edificio Auditorio de la capital tinerfeña, cuya compra al Ayuntamiento de Santa Cruz surgió como una oportunidad en medio del anterior proceso, podrá acoger, en un plazo breve de tiempo, unos 20 juzgados desperdigados ahora por distintos emplazamientos de la ciudad.

Como anotación final, ha recordado que la Justicia no solo son espacios, pero son imprescindibles, porque si no son adecuados no podemos crecer. En este sentido ha aludido a las dificultades que existen en Santa Cruz para instalar nuevos juzgados, una vez aprobados por el Ministerio de Justicia, todo lo contrario de lo que ocurre en Las Palmas, que sí cuenta con amplias instalaciones.

Los acusados deben hacer frente a pagar solidariamente al ayuntamiento la cantidad de 69.501,46 € en concepto de indemnización por los perjuicios causados

El juzgado de lo penal nº4, ha condenado a los tres adultos implicados en el incendio del Parque Municipal de Las Flores. Los hechos ocasionados en agosto de 2018 y que tuvo en vilo a la población tanto por los daños materiales como el riesgo para la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Arucas presentó denuncia y reclamó las acciones civiles que pudieran corresponderle por estos hechos a los acusados. Siendo el fallo de la sentencia la condena a las tres personas adultas como autores responsables de un delito de daños sobre bienes de uso público, de dos años de prisión, con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, y multa de nueve meses, con cuota diaria de seis euros y responsabilidad subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, acompañado de la viceconsejera de Justicia y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, se reúne con los decanos de los colegios de abogados de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife

Con un presupuesto de 185 millones de euros para el próximo ejercicio, un 15% más que en 2019, el área de Justicia supone el 45,6% de todo el departamento dirigido por Julio Pérez

Julio Pérez destaca los 28 millones de euros dirigidos a programas de transformación digital, que incluye, entre otras cosas, el expediente judicial electrónico, que permitirá a los letrados y letradas obtener copias desde la sede judicial electrónica

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se ha reunido esta semana, acompañado de la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, con los decanos de los colegios de abogados de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Rafael Massieu y José Manuel Niederleytner, respectivamente, para informarles de las líneas programáticas que contiene el presupuesto del área de Justicia en el año 2023.

Julio Pérez ha explicado a ambos decanos que, dentro de las cuentas de su departamento para 2023, cuyo montante es de 406 millones de euros, el área de Justicia tiene asignados 185 millones, lo que supone un 45,6% sobre el total y representa un 15% más que en 2019, donde ascendieron a 161 millones.

Según ha señalado, con este presupuesto se pretende ofrecer un servicio público de justicia más accesible y eficiente, y responder al desafío de la tutela judicial efectiva, como derecho fundamental de los canarios y canarias, y de su seguridad jurídica; y a la calidad de los servicios de la Administración de Justicia, a la atención a las víctimas y al acceso a la justicia gratuita.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha destacado los 23 millones de euros con los que se consolida el incremento de la partida destinada al turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, y los 28 millones de euros dirigidos a programas de transformación digital, que incluye el expediente judicial electrónico y permitirá a los letrados y letradas obtener copias desde la sede judicial electrónica. Esta cantidad también engloba las actuaciones que tienen como fin mejorar la ciberseguridad, la interoperabilidad y mejorar los equipamientos informáticos de la Administración de Justicia.

En relación a la estrategia para la transformación digital, Julio Pérez ha detallado que el programa de modernización de la Administración de Justicia en Canarias abarca, además del expediente judicial electrónico, el proyecto de justicia digital, el equipamiento de los órganos de nueva creación, la gestión inteligente de la cita previa y la accesibilidad a los servicios públicos de justicia.

Una parte de la financiación de esta estrategia se hará a través de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). En concreto, la adquisición de dispositivos informáticos para juzgados y salas de vista, y la implantación de servicios homogéneos digitales en el servicio Atlante web.

Durante el encuentro, también se abordó el plan de infraestructuras judiciales contemplado en el presupuesto, con la creación de nuevos órganos y la mejora de otros, bien a través del arrendamiento o la compra de inmuebles, para lo que hay previsto casi seis millones de euros; los puntos de encuentro familiar, 920.000 euros ampliables a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género; la mediación extrajudicial y las oficinas de atención a las víctimas del delito, 110.000 euros.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad afirma que, de este modo, “las raíces en la isla de los jueces y juezas y de los funcionarios y funcionarias de los cuerpos judiciales pueden ser más profundas”

Según el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, se trata de una “reivindicación histórica”, ya que desde el año 2009 no se había realizado esta acción en ningún partido judicial

El presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo, considera que se trata del primer paso para lograr una justicia de calidad en Fuerteventura

Sergio Lloret, presidente del Cabildo majorero, indica que con esta medida se da un gran paso en la isla, pues se proporciona estabilidad al personal de Justicia, lo que se va a traducir en un funcionamiento más ágil

El nuevo edificio judicial, señala Julio Pérez, es “el proyecto más importante para mejorar el servicio público de Justicia en Puerto del Rosario y en Fuerteventura”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha señalado este viernes que la elevación a la categoría de magistrado y magistrada de los juzgados de Fuerteventura supone no solo un incremento en la retribución económica, sino que también es importante para el arraigo de profesionales competentes y preparados en la isla, ya que, de este modo, ha afirmado, “las raíces que da la presencia en la Isla y su arraigo en ella pueden ser más profundas y estables para unos funcionarios públicos tan cualificados como son los jueces y juezas españoles y los funcionarios y funcionarias de los cuerpos judiciales”, que conviene “retener” en el territorio insular.

Este aumento de la categoría de las plazas de jueces y juezas que sirven los juzgados majoreros es una pieza más en la mejora de la justicia en la Isla, pero no la única, pues, según ha dicho, quedan otras mejoras que poner en marcha, especialmente y singularmente la construcción de un nuevo edificio, ya previsto y proyectado pero que no ha podido comenzar a construirse a consecuencia de complicaciones urbanísticas derivadas de un proceso judicial que ha alterado las previsiones del planeamiento territorial de Puerto del Rosario.

Julio Pérez ha presentado en Puerto del Rosario la elevación a la categoría de magistrados y magistradas para los jueces y juezas de Primera Instancia e Instrucción de la capital de la isla de Fuerteventura. En el acto han estado presentes, junto con el secretario de Estado de Justicia del Gobierno estatal, Tontxu Rodríguez, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, la secretaria general técnica de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Adela Altamairano, y la senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández, además de miembros de la Corporación insular majorera y de la Sala de Gobierno del TSJC.

Durante su intervención, el consejero ha hecho hincapié en la necesidad de promover la permanencia o “retención” de los jueces, problema que han sufrido siempre las islas, especialmente las no capitalinas, porque los titulares de juzgados terminan yéndose a otros órganos judiciales de otros territorios, que les pueden ser más interesantes profesionalmente. “Estos mecanismos son decisivos”, ha apuntado Julio Pérez, pues “no se trata solo de que ganen más, sino de que sea más atractivo quedarse en un juzgado en el que podrán especializarse”.

En este sentido, el presidente del TSJ, Juan Luis Lorenzo, ha propuesto justamente que varios juzgados que están ubicados hoy en Lanzarote se trasladen y radiquen en Fuerteventura, en cuyo territorio tienen competencias. Con ello, ha añadido, podría alcanzarse más pronto el número de juzgados necesarios para que los juzgados de Puerto del Rosario dejen de ser órganos mixtos (civiles y criminales) y puedan separarse las jurisdicciones y avanzar en la especialización, que es un medio importante de mejora de la calidad de la justicia.

El consejero ha querido resaltar que la mejora de los servicios judiciales se corresponde con la evolución de la población y de la economía de la Isla, y con los planes para su impulso que están promoviendo todas las administraciones, a los que hay que corresponder poniendo a la misma altura los servicios y las administraciones públicas.

Una medida justificada

El secretario de Estado de Justicia, que ha subrayado el papel desempeñado por la senadora socialista Paloma Hernández en la consecución de este cambio de categoría, sobre todo teniendo en cuenta que no se producía desde 2009 en ningún partido judicial de España, ha indicado que “la realidad de Puerto del Rosario, con sus especiales características socioeconómicas, turísticas, industriales y comerciales, además de la insularidad justifican la medida”.

Tontxu Rodríguez ha manifestado que el Ministerio de Justicia está inmerso en un proceso de transformación del servicio público de Justicia, que tiene por objetivo “construir, desde la cogobernanza y el diálogo, la justicia eficaz, rápida, cercana y moderna que el siglo XXI merece”.

Para ello, ha dicho, están trabajando en el proyecto Justicia 2030, enfocado en tres reformas legislativas en los ámbitos organizativo, procesal y digital, que van a afectar directamente al poder judicial. Un proyecto que también ha valorado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, quien ha subrayado que, “para ser eficientes, hemos de seguir avanzando, sobre todo en unos medios prioritarios, que son los medios informáticos, telemáticos y de conexión con las nuevas tecnologías. El problema no es el dinero, sino la actualización permanente de la organización y de las tecnologías”.

El presidente del TSJC se ha mostrado convencido de que la medida presentada este jueves, que entró en vigor a comienzos de octubre, es el primer paso para lograr una justicia de calidad en Fuerteventura y ha aprovechado la presencia del secretario de Estado para elevar algunas demandas de los jueces con este objetivo.

El anfitrión, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, se ha congratulado del cambio, ya que “dará estabilidad al personal de Justicia y se va a traducir en un funcionamiento más ágil, siendo un gran paso para la isla”. A su juicio, la mejora está en seguir trabajando para tener mejores infraestructuras y equipamientos, “prestando así el servicio de calidad que necesitamos en Fuerteventura”.

Sobre este último aspecto, Julio Pérez ha dejado claro que la construcción del nuevo Edificio Judicial en Puerto del Rosario es “el proyecto más importante para mejorar el servicio público de Justicia en Puerto del Rosario y en Fuerteventura”. Ha explicado que, pese a tener ya la ubicación y el proyecto listos, la existencia de algunos problemas entre algunos propietarios y el Ayuntamiento capitalino ha impedido el comienzo de las obras.

“No es un problema de voluntad política, ni de financiación”, ha advertido. En este sentido, el presidente el Cabildo insular, ha apuntado que están trabajando para contribuir a la resolución de las dificultades urbanísticas para que el nuevo Edificio Judicial sea una realidad cuanto antes, reiterando su ofrecimiento para cooperar y solucionar los problemas existentes.

Todos los esfuerzos posibles

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, también se ha referido a otros aspectos, y se ha mostrado partidario de que “la isla tenga un servicio de Justicia como corresponde a una población creciente y económicamente activa, y que tiene además proyectos tan importantes como los estratopuertos u otras iniciativas que ponen de relieve la vitalidad de Fuerteventura en este momento”.

De igual forma, ha abordado las dificultades que en algunas ocasiones han surgido con las autopsias en Fuerteventura. Según ha informado, “de los muchos centenares de autopsias que se practican en Canarias a lo largo del año, la inmensa mayoría se efectúan, de acuerdo con la autoridad judicial, en el plazo de 24 horas. En el caso de las islas no capitalinas, este plazo se dilata en contadas ocasiones hasta 48 horas, por la falta de auxiliares de autopsia, profesionales especializados que no pueden ser reemplazados por otros”, ha aclarado el consejero, pues la legislación no lo permite.

En este sentido, ha manifestado que desde el Gobierno canario “hacemos todos los esfuerzos posibles para resolver esta situación, siempre desde el respeto a la naturaleza judicial de la autopsia, pues es el juez de instrucción el que decide cómo se hace y qué le pregunta al forense. Nuestra labor es que haya forense y auxiliar de autopsia, sin intención de interferir en la práctica de la autopsia que es una diligencia de investigación. No es un trámite administrativo, como a veces se piensa, sino un acto de investigación judicial”, ha asegurado.