El consejero Pablo Rodríguez ha mantenido una reunión con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el marco de una Comisión Bilateral

Esta modificación permitiría la tramitación de las licencias urbanísticas e impulsaría la edificación de inmuebles protegidos para seguir dando respuesta a la emergencia habitacional existente en el archipiélago

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha trasladado hoy, en el marco de la Comisión Bilateral con el Ministerio de Vivienda, la necesidad de que el Estado acelere la modificación de la ley del suelo para facilitar la construcción de vivienda pública.

Rodríguez ha recalcado que “es importante que el Gobierno de España impulse esta modificación para destacar el importante problema de la tramitación y las licencias urbanísticas y poder facilitar la construcción de vivienda pública. Es por eso que le hemos pedido al Gobierno de España que acelere esa tramitación o modificación de la Ley del Suelo”.

En la reunión también han estado presentes el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, y el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero.

Asimismo, el consejero ha reconocido que “el acceso a la vivienda se ha convertido, sin duda alguna, en uno de los principales problemas del Estado y uno de los principales problemas de Canarias. Por eso, este Ejecutivo está haciendo la mayor apuesta de su historia en políticas de vivienda”.

En esta línea, Rodríguez ha explicado que el Gobierno de Canarias ha impulsado una batería de medidas, por un lado, aprobando el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, del que ha podido dar cuenta hoy a la ministra, Isabel Rodríguez, y, por otro, el Anteproyecto de Ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas, u otras políticas vinculadas al derecho de superficie o a la construcción de vivienda pública, entre otras.

Asimismo, Rodríguez ha anunciado la próxima puesta en marcha del Observatorio de la Vivienda en Canarias, una herramienta que permitirá recoger datos objetivos sobre el estado de la vivienda en el archipiélago y evaluar las medidas que se están desarrollando.

Bono Alquiler Joven

Durante el encuentro, el consejero ha trasladado la necesidad de que el Estado apruebe una nueva dotación de crédito para un nuevo período subvencionable del Bono Alquiler Joven.

Rodríguez ha explicado que “durante estos dos años, más de 3.400 personas resultaron beneficiarias del bono, que consistía en una ayuda de 250 euros mensuales durante dos años a partir del reconocimiento del derecho a percibirla. Sin embargo, debido a la falta de cobertura presupuestaria estatal en la actualidad, no hemos podido prever ni proceder a una nueva convocatoria”.

En este sentido, el Estado ha entendido la petición del Ejecutivo Canario y ha asegurado que próximamente destinará una partida a cubrir el compromiso financiero que ha adquirido con Canarias mediante una transferencia de fondos que haga posible abrir un nuevo periodo subvencionado.

El presidente se reúne, durante dos días en Madrid, con los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados para trasladarles el documento y conseguir el apoyo necesario para que salga adelante antes del mes de agosto

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo ha destacado hoy, tras la reunión del Pacto canario por la Migración, que “Canarias sigue unida a la hora de abordar el fenómeno migratorio y la atención a los menores” al recibir el apoyo de la mayoría parlamentaria, a la propuesta de acuerdo elaborada por el gobierno canario y el gobierno del Estado, para modificar la Ley de Extranjería “que permitiría la redistribución de los menores que lleguen a las Islas y garantizar así un trato y atención dignos”.

“He constatado la generosidad y compromiso de las fuerzas parlamentarias, que a pesar de las diferencias hemos logrado unidad total para defender esta modificación sobre un texto, que es un buen texto pero que seguramente tendrá que sufrir pequeñas mejoras hasta su aprobación”, señaló.

En este sentido, el presidente se reunirá con los grupos políticos del Congreso de los Diputados, en unos encuentros a los que asistirá el ministro Ángel Víctor Torres y los equipos técnicos y jurídicos de ambos gobiernos,a los que trasladará la necesidad de aprobar cuanto antes esta modificación, “preferentemente como Decreto Ley y si no, como Proposición de Ley por vía de urgencia, para lo que nos hemos fijado de plazo hasta finales de julio”.

La situación es preocupante en estos momentos, con más de 5.600 menores en las islas, y previsiblemente se agravará “si tenemos en cuenta la situación que se vive en los países africanos, como nos confirmaron en Bruselas los funcionarios europeos de exteriores”, advirtió.

Para Clavijo, “el texto acordado es un buen texto y da satisfacción a las necesidades tanto del Estado como de la Unión Europea, aunque como en cualquier negociación todos hemos tenido que ceder”. En ello han coincidido los grupos, excepto Vox que no se ha unido al consenso.

Sobre la ficha financiera, el titular autonómico, señaló que “no está redactada en los términos que habíamos propuesto: nosotros garantizábamos la ficha independientemente de la celebración de la conferencia sectorial sobre Infancia, mientras el Estado lo remite a esa cita”, explicó.

Para Canarias, esta decisión “es menos operativa porque los costes no pueden ser lo mismos en todas las comunidades, pero en cualquier caso será uno de los temas que trataremos en las reuniones de estos dos días”, anunció

Clavijo concluyó manifestando su esperanza de que se pueda alcanzar un acuerdo, “y que en julio podamos dar forma a la respuesta que necesitan los niños y las niñas que llegan a las islas y a que Canarias no tenga que afrontar esta situación en solitario, ni cualquier otra comunidad que se pueda encontrar en estas mismas condiciones”.

Canarias recuerda que el Gobierno de España no es competente para regular los pisos turísticos, pero sí para modificar la Ley Estatal de Vivienda que ha sacado del mercado el 40% de la oferta residencial

El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, y el director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, asistieron este viernes a la conferencia sectorial convocada en Madrid para abordar el auge de los pisos turísticos en el territorio nacional, una materia en la que el Gobierno de España no tiene ninguna competencia.

La Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, ha pedido al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que ejerza sus propias competencias y busque soluciones efectivas a la crisis habitacional que sufren numerosos destinos de España. En esa línea han coincidido la mayoría de las comunidades autónomas presentes en la reunión.

Ya Canarias, junto a otras regiones como Madrid o Andalucía, se ha puesto manos a la obra para regular el uso turístico de viviendas en sus territorios, al tratarse de una competencia exclusivamente autonómica. Para el Ejecutivo regional, el Estado debe ahora remar en la misma dirección y hacer uso de las suyas propias con el fin de favorecer a los residentes.

Una de esas competencias clave que sí está en manos del Gobierno central es la modificación de la Ley de Vivienda Estatal, que desde que se aprobó en abril de 2023 ha sacado del mercado el 40% de la oferta residencial, debido a la inseguridad que ha generado a los propietarios.

Además, el Estado debe acometer la reforma de la Ley del Suelo que, precisamente este jueves, 23 de mayo, fue retirada en el Congreso de los Diputados por carecer de apoyos parlamentarios suficientes, un hecho que impide avanzar al país en asuntos trascendentales como el derecho a la vivienda.

Según detalló Rodríguez, desde el área de Ordenación Turística, se han presentado propuestas en positivo al Ministerio de Vivienda para mejorar la Ley Estatal del Suelo. Estas hacen referencia, especialmente, a la propia naturaleza habitacional del suelo residencial y de la vivienda, a la necesidad de recuperar el orden natural de las cosas y el equilibrio entre el uso residencial y el eventual uso turístico.

“Lo que queremos es que se defina mejor cuál es la función social del derecho a la propiedad de la vivienda, y que en el planeamiento urbanístico esta se reserve fundamentalmente a un fin habitacional”, explicó Rodríguez, agregando que así lo establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El director general señaló que más allá de las fotos y los titulares que surjan tras la reunión de hoy, espera que el Gobierno de España trabaje dentro de su marco competencial en beneficio de la ciudadanía, especialmente en aquellos lugares donde el mercado se encuentra tensionado y los precios son inasumibles.

“Las comunidades autónomas ya estamos trabajando para regular la vivienda vacacional”, afirmó Rodríguez, apuntando que “Canarias ya está inmersa en el trámite de la futura ley que regulará esta modalidad alojativa”. Además, desde la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que dirige Pablo Rodríguez, se han implementado medidas para incorporar viviendas residenciales al mercado, como la declaración de la emergencia habitacional, o la aprobación del decreto ley de medidas urgentes de vivienda.

El director general indicó, por otro lado, que se ha “fijado el calendario para implementar el reglamento europeo respecto a los alquileres de corta duración” que, entre otros aspectos, introduce requisitos comunes para todos los propietarios de viviendas vacacionales de la Unión Europea y la necesidad de establecer un número de registro único para cada piso turístico que quiera anunciarse en plataformas de alquiler vacacional, evitando con ello la oferta irregular.

En este sentido, Miguel Ángel Rodríguez subrayó que “no se va a agotar el plazo máximo legal de dos años para aplicar el reglamento, sino que se va a intentar realizar en año y medio”. Desde Canarias, agregó, se ha insistido en la importancia de hacer un esfuerzo, incluso, para que entre en vigor en el plazo de doce meses.

“Se trata de un primer paso por parte del Gobierno de España y confiamos que la cogobernanza sea la senda para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, que conviva con la actividad turística, pulmón de nuestra economía, concluyó Rodríguez.

Por su parte, Antonio Ortega declaró que la mayoría de las comunidades autónomas han coincidido en la necesidad de legislar, ya que “no se puede tener vivienda vacía por el miedo y la inseguridad jurídica que en este momento existe por parte de los propietarios, por las ocupaciones de esas viviendas”

En este sentido, llamó al Ministerio competente a “regular y dar garantía jurídica a los propietarios y a la parte pública, para que las viviendas que han sido ocupadas sean desocupadas, lo que sacaría al mercado las propiedades que ahora mismo se encuentran vacías”.

El presidente logra el respaldo de los grupos parlamentarios al acuerdo para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y garantizar así la corresponsabilidad de las comunidades autónomas

Todos los partidos con representación en la Cámara autonómica, excepto Vox, se comprometen a impulsar una tramitación rápida del cambio legislativo en las Cortes Generales

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, considera que el acuerdo alcanzado con el Estado para distribuir por ley los menores migrantes representa “el éxito del modo canario de hacer política”. “Es la mejor demostración de los beneficios” que aportan el diálogo y el consenso para resolver los problemas del archipiélago. Así lo ha subrayado tras agradecer a los partidos su lealtad a una “voz única de Canarias” que ha “allanando el camino para que Madrid al fin se adhiera” a buscar una solución.

Tras el encuentro mantenido este martes con los portavoces parlamentarios Clavijo ha destacado el rédito del “trabajo conjunto” desarrollado por el Gobierno y los grupos durante los últimos meses para impulsar un cambio normativo que Canarias llevaba años reclamando. Este trabajo “en equipo” comenzó el 19 de octubre del año pasado con la firma del Pacto Canario por la Migración, continúo con la inclusión de la distribución de los menores en la Agenda Canaria y se plasmó en la Comunicación aprobada por el Parlamento el pasado 28 de febrero, con el único voto en contra de Vox.

De forma paralela y siempre en coordinación con los partidos políticos, el presidente destaca que han sido los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias los encargados de redactar y negociar la denominada solución canaria, una propuesta elevada al Estado con cuatro vías legislativas para garantizar que la comunidad autónoma deje de asumir en solitario la acogida y tutela de los menores migrantes que llegan a las costas de las islas.

El titular del Gobierno canario ha realizado estas declaraciones tras una reunión celebrada en la Cámara regional donde ha logrado el respaldo de una amplia mayoría de los grupos parlamentarios a la fórmula de modificación normativa pactada con el Estado para garantizar por ley la distribución de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas.

Ley de Extranjería

Todos los portavoces, excepto el de Vox, han manifestado su apoyo a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, al considerarla una vía segura para lograr un reparto solidario y vinculante de los 5.357 niños y niñas que Canarias tutela en la actualidad repartidos en 74 dispositivos alojativos. Clavijo espera que la tramitación de esta reforma legislativa sea “ágil” y pueda materializarse durante el mes de abril.

Para lograrlo, el presidente de Canarias y los portavoces parlamentarios se han comprometido a liderar contactos con los grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados y en el Senado para garantizar su voto a favor de la modificación legal que eleve el Gobierno español a las Cortes.

Clavijo ha informado a los grupos del acuerdo alcanzado la semana pasada en un encuentro en Madrid entre equipos técnicos del Gobierno canario y el español liderados por el presidente Fernando Clavijo y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como responsable máximo de la Comisión Interministerial de Migraciones. Tras escoger la vía de modificación de la Ley de Extranjería, ambos equipos se han marcado un plazo máximo de diez días para perfilar la redacción definitiva del texto que el Estado remitirá a las Cortes Generales para su aprobación.

En la reunión celebrada este martes en el Parlamento, Fernando Clavijo estuvo acompañado por el vicepresidente Manuel Domínguez, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, y el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello. Como portavoces de los grupos de la Cámara han asistido Sebastián Franquis (Grupo Socialista Canario), José Miguel Barragán (Grupo Nacionalista Canario), Luz Reverón (Grupo Popular), Luis Campos (Grupo Nueva Canarias-Bloque Canarista), Nicasio Galván (Grupo Vox), Casimiro Curbelo (Grupo Agrupación Socialista Gomera) y Raúl Acosta (Grupo Mixto).

El Pleno del Parlamento aprueba por unanimidad la modificación de la Ley del Sector Eléctrico Canario para tramitar con mayores garantías los expedientes sancionadores derivados de los ceros energéticos

El Parlamento de Canarias aprueba, en el marco del debate de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024, la modificación de la Ley del Sector Eléctrico Canario. Una regulación que dotará al Gobierno canario de plazos más amplios y de una mayor eficacia a la hora de poder sancionar en tiempo y forma a las empresas eléctricas que incumplan, y que han sido las responsables de situaciones como la sufrida el pasado mes de julio en la isla de La Gomera, con un apagón general.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, valoró el consenso alcanzado por todos los grupos parlamentarios para la aprobación de esta modificación, tramitada como proyecto de Ley, apuntando que “estamos cumpliendo, una vez más, con nuestro compromiso de aportar medidas eficaces y efectivas apenas habiendo cumplido nuestros cinco primeros meses de gestión” para lo que “hemos aportado soluciones reales ante la situación de emergencia energética que actualmente padece Canarias y que ha sido apoyada y respaldada plenamente en esta cámara”.

Asimismo, Zapata apuntó que “la grave situación de déficit energético que durante años han advertido los operadores del sistema, y que motivó la declaración de emergencia energética por parte de este Gobierno el pasado 2 de octubre justifican la extraordinaria y urgente necesidad de avalar esta modificación”. Lo que, según afirmó “es un paso más para abordar los problemas históricos de la energía en Canarias”.

La Ley actual (Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario) regula el procedimiento sancionador en su artículo 21, que remite a la Le de Procedimiento Administrativo Común del Estado, que establece un plazo máximo de tres meses para resolver el expediente sancionador, es decir, para imponer la sanción.

Dado que la Ley Estatal del Sector Eléctrico cuenta con plazos más extensos (hasta dieciocho meses), en comparación con el Procedimiento Administrativo Común (sólo tres meses), se plantea la modificación mediante decreto ley del artículo 21 de la Ley del Sector Eléctrico Canario, para que el Gobierno canario pueda contar con plazos más amplios para sancionar a las empresas del sector eléctrico.

El Proyecto de Ley contará con un único artículo que modificará los artículos 19 y 21 y suprimirá los artículos 20 y 22. Es una modificación que dará más seguridad jurídica al procedimiento sancionador, dado que unifica en la Ley del Sector Público del Estado, las infracciones, las sanciones y el procedimiento sancionador.

La Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, inicia encuentros sectoriales con carácter participativo y de recogida de propuestas que puedan ser incorporadas en la propia Ley

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, y el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, han mantenido este martes un encuentro de trabajo con la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) para escuchar sus inquietudes y propuestas, de cara a la redacción de la futura Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.

De León destacó que “con esta reunión, comienza una segunda fase de participación de esta iniciativa legislativa, tras finalizar el período de consulta pública, en el que se recibieron 5.078 aportaciones de la ciudadanía”. En esta nueva fase, indicó, se recogerán las propuestas de los agentes implicados para que la futura norma cuente con el mayor consenso posible.

“En este sentido, recabar la opinión de los municipios turísticos es fundamental, porque conocen mejor que nadie la realidad del sector”, afirmó la consejera, quien valoró la elevada asistencia al encuentro, en el que participaron más de 40 representantes locales.

El director general de Ordenación, Miguel Ángel Rodríguez, afirmó que el encuentro “ha sido muy productivo y satisfactorio, porque los municipios turísticos han presentado muchas propuestas en todos los sentidos, desde cómo debe ser la implantación de la norma en el ámbito turístico y en el urbano, hasta la relación con el principio de unidad de explotación, o la necesidad de establecer indicadores de sostenibilidad para fijar el número de viviendas vacacionales que puede acoger cada núcleo de población”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Canaria de Municipios Turísticos y alcalde de Adeje, en Tenerife, José Miguel Rodríguez Fraga, resaltó que la reunión “ha sido intensa y participativa y pone de manifiesto la necesidad de regular y organizar la vivienda vacacional, que tiene muchas implicaciones, no solamente en el modelo turístico en sí, sino en su incidencia sobre la vivienda y la vida de los residentes”.

La vicepresidenta de la AMTC y alcaldesa del municipio grancanario de Mogán, Onalia Bueno, destacó que este encuentro permite seguir los pasos de la regulación de la vivienda vacacional en una cita en la que “tras exponer nuestras incidencias y dudas sobre la futura norma, pudimos realizar un fructífero debate”.

La alcaldesa también agradeció la oportunidad dada a los municipios turísticos y la capacidad de diálogo ofrecida por el Gobierno de Canarias, que permite, dijo, “seguir trabajando coordinadamente para lograr una normativa acorde a las necesidades del Archipiélago”.

La próxima reunión de esta segunda fase de participación tendrá lugar este viernes, 22 de diciembre, en Fuerteventura, con la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas que dirige Manolo Miranda.

La modificación dotará al Ejecutivo de un plazo más amplio para penalizar a las empresas responsables de apagones, como el sufrido recientemente en la isla de La Gomera

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este lunes a la modificación de la Ley del Sector Eléctrico Canario. Se trata de un cambio normativo cuyo objetivo es dotar al Gobierno canario de plazos más amplios a la hora de poder sancionar en tiempo y forma a las empresas eléctricas que incumplan, y que hayan sido las responsables de situaciones como la sufrida el pasado mes de julio en la isla de La Gomera, con un apagón general.

La Ley actual que regula el régimen sancionador (Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario), cuenta en su artículo 19 con tres mecanismos sancionadores: la infracción, la sanción y el procedimiento sancionador. Siendo los dos primeros competencia de la Ley Estatal y el tercero competencia de la Ley de Procedimiento Administrativo común.

Dado que la Ley Estatal cuenta con plazos más extensos (hasta dieciocho meses), en comparación con el Procedimiento Administrativo Común (solo tres meses), se plantea la modificación mediante decreto ley del artículo 19 de esa norma para que, en caso de necesidad, el Gobierno canario pueda contar con plazos más amplios para sancionar a las empresas del sector eléctrico en el tiempo que estipula la Ley.

El decreto ley contará con un único artículo que modificará los artículos 19 y 21 y suprimirá los artículos 20 y 22, en una modificación que hará los trámites más eficaces y ayudará a cumplir con los plazos que dicta la legalidad.

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, anuncia la recuperación de la subvención para planes generales municipales, después de dos años sin convocarse

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha anunciado hoy en el Pleno del Parlamento que uno de los objetivos de su departamento en este mandato es el de mejorar la Ley del Suelo, “analizando qué aspectos son mejorables e iniciando en breve un proceso participativo en el que esperamos intervengan todos los municipios y cabildos del Archipiélago”. Miranda ha realizado este anuncio en el marco de una comparecencia para explicar las principales líneas de trabajo de la Consejería en los próximos cuatro años.

Manuel Miranda ha destacado durante su intervención que el “nuevo Gobierno de Canarias tiene diferentes retos ante sí, y muchos confluyen en la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas asume buena parte de ellos, sobre todo los relacionados con la planificación del territorio, población y aguas”.

Miranda ha señalado que la nueva Consejería “tiene como objetivos concentrar su acción en impulsar un planeamiento que, en ocasiones, no responde a las necesidades reales de los diferentes agentes socio económicos, que debe abordar el desafío que suponen la cohesión del territorio y el reto demográfico; y afrontar una nueva estrategia autonómica en la gestión del agua”. Para ello, una de las primera medidas anunciadas es la apertura de un proceso de participación respecto a aquellos elementos de la Ley del Suelo que es necesario modificar para hacerla más eficaz.

“La burocracia y el día a día no pueden seguir limitando nuestra capacidad de planificación: necesitamos ofrecer mucha más agilidad en los procedimientos”, ha añadido, “para proyectar la Canarias que queremos y convertir el planeamiento en un verdadero agente de transformación social y económica”.

Respecto a la política en materia de Aguas, ha anunciado que en octubre están convocados los consejos insulares para recuperar la planificación en materia de aguas en las Islas, un trabajo que se dejó de hacer en los últimos años “y cuya falta de liderazgo autonómico estamos pagando ahora”.

Además, ha abogado por afrontar con “valentía e inteligencia” el reto demográfico, que ha calificado como un “desafío sin precedentes en la historia de nuestra tierra”, aprovechando “la unanimidad generada la pasada Legislatura en torno a la Comisión de Estudio del Parlamento”, cuyos trabajos se retomaron este mes de septiembre.

El consejero ha enfatizado además sus responsabilidades en materia de Emergencias, con la creación de una dirección general especifica que “señala el compromiso del Ejecutivo en la prevención, identificación de los riesgos, planificación y la coordinación” de sucesos de esta naturaleza que, por desgracia, “serán más habituales en el futuro”. “Se trata”, indicó Miranda, de generar una línea de trabajo “con carácter horizontal y transversal”, algo que han señalado como necesario los expertos tras eventos tan devastadores como los “ceros” energéticos de Tenerife y La Gomera; la pandemia; la erupción del volcán de La Palma; o los incendios que cada verano azotan las Islas.

Por último, ha anunciado para antes de que termine el año una subvención directa para la adaptación del planeamiento de los municipios palmeros afectados por el volcán (El Paso, Tazacorte y Los Llanos) y a su Cabildo. Se trata de una medida que viene a contribuir a que dichos municipios recuperen la normalidad y que retomará a partir de 2024 la Viceconsejería de Reconstrucción de La Palma, creada a tal efecto.

El Ejecutivo canario aprobó la creación del Comité para la Igualdad Social, encargado de garantizar la participación de las asociaciones que gestionan servicios orientación y asesoramiento para personas trans e intersexuales

Canarias avanza en el desarrollo de la Ley 2/201, de 7 de junio de Igualdad social y No Discriminación por razón de Identidad de género, expresión de Género y características sexuales tras la aprobación la pasada semana en Consejo de Gobierno del Ejecutivo canario del Decreto por el que se crea el Comité Consultivo para la Igualdad Social y no Discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, así como del Reglamento que regula su organización y funcionamiento.

Este Comité permitirá la participación de las asociaciones con experiencia acreditada en materia de defensa de los derechos de los personas trans e intersexuales en la gestión de los servicios públicos previstos en la ley.

Además, en el citado órgano participarán representantes del servicio de asesoramiento previsto en la Ley así como representantes de las unidades de acompañamiento a las personas trans e intersexuales.

El comité tiene, entre sus funciones, elevar conclusiones o propuestas de mejora y adaptación a los servicios o administraciones competentes sobre la base de los hechos que se constaten.

Una vez aprobado el proyecto en Consejo de Gobierno, el Decreto será remitido al Consejo Consultivo de Canarias con el fin de que emita el informe preceptivo, para lo cual cuenta con un plazo de 30 días.

Comité de Igualdad Social, órgano colegiado de consulta

El Comité Consultivo para la Igualdad Social y no Discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, se conforma como un órgano colegiado de consulta, participación ciudadana y mecanismo de seguimiento para la evaluación de las medidas adoptadas en la Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales.

Este órgano formará parte de la Consejería del Gobierno de Canarias con competencias en materia de diversidad y tendrá, entre sus funciones, garantizar la participación de las asociaciones y organizaciones especializadas en la gestión de los servicios de responsabilidad pública de orientación y asesoramiento, previstos en la normativa, para adecuarlos a las necesidades reales de las personas trans e intersexuales; realizar el seguimiento y evaluación sobre la efectividad de las medidas adoptadas en la Ley, para la protección integral de las personas trans e intersexuales en el ámbito de las competencias autonómicas y elevar conclusiones o propuestas de mejora y adaptación a los servicios o administraciones competentes sobre la base de los hechos que se constaten y las necesidades reales de las personas trans e intersexuales.

Además, será responsabilidad del Comité la elaboración anual de un informe sobre el grado de cumplimiento e impacto social de la ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, que será remitido al Parlamento de Canarias; así como servir como un canal de consulta para cuantas medidas estimen oportuno realizar los poderes públicos canarios, en relación con la igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad inicia los trabajos dirigidos a establecer los mecanismos previstos en esta norma que entró en vigor el lunes

La ley proviene de una directiva europea de 2019 sobre la seguridad de aquellas personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea o que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave

Una de las claves de esta normativa es la implementación de canales de información de situaciones de corrupción

El Gobierno de Canarias ha iniciado ya, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, los trabajos destinados a implantar los procedimientos y mecanismo previstos en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción –https://www.boe.es/eli/es/l/2023/02/20/2/con–, que ha entrado en vigor este lunes 13 de marzo.

Según ha explicado la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Amaya Conde, esta ley tiene como finalidad proteger, frente a las represalias que puedan sufrir, a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma.

Esta ley, que proviene de una directiva europea de 2019 sobre la seguridad de aquellas personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea, los conocidos como whistleblower, pretende amparar a los ciudadanos y ciudadanas que denuncien posibles irregularidades y corrupción en la Administración pública y en la empresa privada. Con este propósito, prohíbe las represalias contra el denunciante y protege a intermediarios, compañeros o familiares del mismo.

En su implantación trabajan ya, entre otros centros directivos de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, las direcciones generales de Modernización y Calidad de los Servicios, Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, y la Secretaría General Técnica.

Dentro de las claves de esta normativa, Conde ha destacado la implementación de dos canales de información de situaciones de corrupción, uno interno y otro externo. Estos deben diseñarse, establecerse y administrarse “de forma segura, de modo que se garantice la confidencialidad de la identidad del informante”.

El interno es para todos aquellos trabajadores del sector público, trabajadores de empresas que hayan contratado con el sector público, personas en programas de formación, etc., que puedan estar en conocimiento de prácticas que pudieran ser corruptas. El externo es para cualquier persona en conocimiento de actos de corrupción, que podrá ser propio de la Comunidad Autónoma o ser el que la Autoridad Independiente de Protección del Informante del Estado implemente. Estos canales deberán garantizar tanto la información verbal como por escrito.

Están obligados a implementar canales internos el sector público y las empresas que tengan más de 50 empleados, y las personas jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores y que así lo decidan. En el caso de los municipios de menos de 10.000 habitantes podrán compartir el sistema y los recursos entre sí o con otras administraciones.

La ley también obliga a disponer de un canal interno de información a los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que gestionen fondos públicos, con independencia de su número de trabajadores.

Respecto a las sanciones, establece multas de entre 1.001 y 300.000 euros en el caso de las personas físicas, y entre 100.000 y el millón de euros si se trata de personas jurídicas, las que cometen una infracción. Por ejemplo, impedir o dificultar una denuncia, no cumplir con el derecho de confidencialidad o por practicar represalias puede suponer una multa de 50.000 euros.