La actuación de los agentes locales fue posible gracias a la colaboración ciudadana

La Policía Local de Guía ha identificado y sancionado a tres personas por arrojar escombros en una zona no autorizada de las medianías del municipio, concretamente en Lomo Vergara. Esta actuación ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana que alertó sobre el vertido incontrolado que se estaba realizando y posibilitó que los agentes pudiesen localizar a los infractores.

El concejal de Limpieza Viaria, Tanausú Mendoza, ha destacado los servicios realizados por parte de los agentes locales “que demuestran las importantes funciones que desempeñan como policía de cercanía y proximidad” resaltando asimismo “la importancia de la colaboración de los vecinos para hacer frente a la falta de civismo de algunas personas que no tienen respeto ni consideración con los espacios comunes”, subrayó.

El Ayuntamiento de Guía se encuentra preocupado por el incremento de vertidos incontrolados de trastos, escombros, muebles o electrodomésticos en varias zonas rurales del municipio, por parte de ciudadanos desaprensivos que aprovechan, principalmente los fines de semana para atentar contra el paisaje y el medio ambiente. El gobierno municipal quiere poner freno a esta situación y a las consecuencias que producen los vertidos incontrolados, ya que “están afectando a la calidad medioambiental y la imagen turística, con unas consecuencias muy serias y costosas para las arcas municipales”, lamentó Tanausú Santos, quien recordó que se está “trabajando de manera muy concienzuda para eliminar los puntos negros en todo el municipio” indicó.

El Consistorio guiense cuenta con un servicio especial de recogida de trastos a domicilio, totalmente gratuito, llamando al teléfono 636 827 629, en horario de 06:00 a 16:00 horas. La recogida se realiza semanalmente, por lo que desde el Consistorio no se entiende que los fines de semana se viertan tantos desperdicios incontrolados en descampados, barrancos y márgenes de carreteras, e incluso vertidos de productos tóxicos como aceites en contenedores de recogida de residuos urbanos, algo que está severamente castigado por la Ley.

La falta de civismo de algunos ciudadanos ha llevado al Ayuntamiento a endurecer las actuaciones contra los que abandonan trastos o basuras en plena calle o en lugares no autorizados para ello, aplicando las sanciones recogidas en la ordenanza municipal.

Los infractores, que fueron localizados por el Servicio de Inspección Pesquera de El Hierro cuando pretendían trasladar las capturas desde El Puerto de La Estaca al de Los Cristianos, se enfrentan a sanciones de entre 301 y 60.000 euros por superar el límite legal de 10 kilos autorizados

El Servicio de Inspección Pesquera de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha levantado acta contra varios individuos que intentaban trasladar de El Hierro a Tenerife un total 47,8 kilos de pescado entre islas, es decir, 37,8 kilos más de los autorizados por la normativa, que establece 10 kilos como máximo.

Ante una denuncia por parte de un ciudadano alertando sobre posibles actividades ilícitas en materia de pesca, agentes de Inspección pesquera de la isla iniciaron la semana pasada una operación desde embarcación para verificar la veracidad de la información trasladada, en la que se detectó a varios individuos en una zona no autorizada para la pesca submarina. A pesar de las malas condiciones del mar y la falta de señalización, se logró localizar a estas personas (que aseguraron que no se encontraban pescando), y fueron trasladadas posteriormente a tierra al no llevar señalización y estar en riesgo su integridad física. Ante las sospechas de los inspectores, se realizó un seguimiento de los individuos que finalizó con la localización de los mismos en un intento de traslado del pescado desde el Puerto de La Estaca, en El Hierro, al de Los Cristianos, en Tenerife.

Esta acción constituye una infracción grave, de acuerdo con la Ley 17/2003, al superar el límite legal de 10 kilos autorizados para el transporte de pescado entre islas. Los infractores se podrían enfrentar a sanciones que oscilan entre 301 y 60.000 euros según establece la normativa.

El director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Armiche Ramos, ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana y la cooperación con otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el rechazo que estos actos ilegales suponen para los pescadores responsables, tanto profesionales como recreativos. “La pesca responsable es esencial para la conservación de nuestros recursos marinos”, agregó.

El titular del Departamento también destacó la mala conservación del pescado durante el transporte, especialmente en unos días muy calurosos, y el riesgo que supone esta manipulación para la Salud Pública si hubiera sido comercializado.

El Gobierno determina que lo daños causados al yacimiento arqueológico ‘Cañada de la Mar’, con categoría BIC, son irreversibles y muy graves

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias ha iniciado un expediente sancionador a la empresa Costa Veneguera S.A, tras la visita de inspección realizada junto al Cabildo de Gran Canaria, el pasado 11 de abril, al yacimiento arqueológico de la ‘Cañada del Mar’, un enclave que cuenta con la categoría BIC.

En esta visita de inspección, se verifica que las obras de desmonte y ataluzado de la ladera realizadas por la promotora han provocado daños irreversibles muy graves, al destruir casi en su totalidad cuatro estructuras de piedra seca, a la que se asocian, además, depósitos y materiales arqueológicos como fragmentos de recipientes cerámicos, industria lítica, moluscos marinos o fragmentos de óseos de fauna terrestre presentes en superficie y que, podrían perderse de forma definitiva.

Por otro lado, en el yacimiento arqueológico Playa de Veneguera-Fortaleza, se ha comprobado que las obras han afectado a la delimitación del bien inventariado, transformado parte del espacio, que ha sido aplanado por las máquinas que trabajaban en la zona. En este caso, la responsabilidad sancionadora corresponde a la corporación insular.

Hay que señalar que el área afectada se encuentra dentro de la Zona Arqueológica Cañada de la Mar, declarada Bien de Interés Cultural (BOC núm. 149, de 01/08/2005), y por lo tanto debía contar con autorización del Cabildo Insular de Gran Canaria a tenor del art.73.1 de la Ley 11/2019, de Patrimonio Cultural de Canarias, que dispone que: “En los bienes inmuebles declarados de interés cultural o con procedimiento incoado al efecto será necesaria la autorización del respectivo cabildo insular, previo dictamen favorable de la comisión insular, para la realización de cualquier intervención, interior o exterior, o el cambio de uso.”

En este caso es de aplicación, asimismo, el art.139.a) de la Ley 11/2019, que determina como infracción grave en materia de patrimonio cultural de Canarias: “realizar sin la preceptiva autorización o licencia o incumpliendo las condiciones de su otorgamiento cualquier intervención o cambio de uso sobre bienes integrantes del patrimonio cultural de Canarias, si ello comporta daños graves.”

En consecuencia, tanto las valoraciones realizadas por la Inspección del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria y por la Alta Inspección de la Dirección General de Patrimonio Cultural, ratifican que esta actuación es constitutiva de infracción muy grave. En este sentido, el apartado 1 del artículo 142 de la ley 11/2019 estipula como sanción para las infracciones muy graves una multa que puede oscilar entre los ciento cincuenta mil un euros y los seiscientos mil euros. La empresa promotora cuenta con un plazo de quince días para presentar sus alegaciones

Los trabajos han afectado de manera grave a elementos y materiales de la Zona Arqueológica de La Cañada de la Mar y al yacimiento Playa de Veneguera-Fortaleza

El Cabildo de Gran Canaria ha abierto dos expedientes por la ejecución de unas obras que se están realizando sin autorización en el Barranco de Veneguera, en el término municipal de Mogán, y que están provocando graves daños a los elementos patrimoniales de la Isla que se hallan en la Zona Arqueológica de La Cañada de la Mar y en el yacimiento Playa de Veneguera-Fortaleza.

El acta, elaborada por las y los técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Presidencia, que tutela Teodoro Sosa, ha sido notificada igualmente a la promotora de los trabajos, Costa Canaria Veneguera SA, para que suspenda de inmediata las intervenciones, así como a la entidad propietaria del BIC afectado, con objeto de que elabore un proyecto de intervención que deberá ser remitido al Cabildo, para que dé su autorización. Asimismo, se ha dado traslado de estos expedientes a la Fiscalía de Medio Ambiente y a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) por la gravedad de los hechos.

Y es que, en la visita de inspección a ambos enclaves que efectuaron el personal del Servicio de Patrimonio Histórico, junto a varios agentes del Servicio insular de Medio Ambiente, se comprobó que las intervenciones acometidas por la citada promotora en la Zona Arqueológica de La Cañada de la Mar, para el proyecto 'Canalización y camino de acceso al Barranco de Veneguera. Tramo II', "han generado daños irreversibles muy graves sobre este espacio arqueológico, que mantenía un grado importante de integridad".

De hecho, el informe incide en que las obras han supuesto la destrucción de casi la totalidad de cuatro estructuras de piedra seca y, al mismo tiempo, han dejado los restos que se han conservado, como muros, depósitos y materiales, muy expuestos a factores de deterioro, que podrían contribuir a la pérdida definitiva de estos bienes del patrimonio cultural de Canarias. Asimismo, han originado la pérdida de parte del propio soporte de este Bien de Interés Cultural (BIC), que ha sido eliminado mediante los desmontes practicados en la margen este del barranco. El documento señala, además, que se desconoce si han desaparecido otros elementos muebles e inmuebles que definen la identidad de este Bien.

Por otro lado, en la inspección desarrollada en el yacimiento arqueológico Playa de Veneguera-Fortaleza, se constató que las actuaciones llevadas a cabo en su zona norte, si bien transformaron parte del espacio, mediante su aplanado con máquinas, no implicaron la alteración de elementos arqueológicos muebles e inmuebles.

No obstante, las y los expertos subrayan que este yacimiento está recogido en el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, y que en el artículo 229 de sus Normas Generales y Específicas, relativo a las 'Medidas preventivas para actuaciones en elementos, yacimientos, lugares y espacios de valor arquitectónico, etnográfico, arqueológico y paleontológico' se establece que cualquier obra que se lleve a cabo en este tipo de espacios debe contar con la autorización de la administración competente, así como un estudio de impacto arqueológico del mismo, circunstancias que no se dan en este caso. Por tanto, el acta concluye que estos trabajos son contrarios a la normativa.

Con esos argumentos, el Cabildo de Gran Canaria ha trasladado el acta a la Fiscalía de Medio Ambiente, así como a la APMUN, además de notificarlos a la promotora del proyecto, para que pare inmediatamente las obras, y al propietario del BIC, para que elabore un proyecto y solicite la licencia para llevarlo a cabo. Además, se ha informado a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, al Servicio insular de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Mogán.

Las obras de canalización del cauce público fueron solicitadas al Consejo Insular de Aguas, órgano que suspendió la autorización a mediados de febrero pasado al comprobar que se incumplía por parte de la empresa lo establecido en el proyecto. Paralelamente, se iniciaron visitas de los agentes de Medio Ambiente, lo que dio lugar a que se paralizaran las obras, hasta que el pasado 11 de abril se verificó que los trabajos ejecutados modificaban sustancialmente el paraje natural alterando sustancialmente el ecosistema y que la intervención en la zona declarada como Bien de Interés Cultural había provocado posibles daños irreversibles.

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural inicia un procedimiento sancionador de más de 700.000 euros al Consorcio de Comunidades de Regantes del Noroeste de Gran Canaria por el daño medioambiental ocasionado durante la construcción de una balsa en Montaña Alta

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ha iniciado un procedimiento sancionador por una cuantía de 754.474,22 euros al Consorcio de Comunidades de Regantes del Norte de Gran Canaria por infracción urbanística muy grave durante las obras de construcción de la Balsa de Manrubio con las que ha ocasionado el destrozo de la carretera de Bascamao-Montaña Alta al haber duplicado la extracción de tierra que le permitía la licencia concedida para este proyecto, provocando un daño medioambiental por la citada excavación no autorizada

La Resolución de la Agencia de Protección del Medio Natural recoge que las obras fueron realizadas sin las preceptivas autorizaciones administrativas de conformidad con la Ley del Suelo, señalando que los hechos son presuntamente constitutivos de una infracción urbanística, tipificada y calificada de muy grave en el artículo 382 de la Ley del Suelo y se sancionará con multa del 100% al 200% del valor de las obras ejecutadas.

Por otro lado, la misma Agencia ya ha obligado al citado Consorcio a la reposición de la tierra extraída para recuperar el estado original del terreno al tratarse de un suelo rústico de protección paisajística.

Ya el 26 de septiembre del pasado año el Ayuntamiento de Guía aprobó en Pleno una sanción de cerca de 70.000 euros al Consorcio de Regantes del Noroeste de Gran Canaria por el desmoronamiento de la citada vía municipal que conecta Bascamao con Montaña Alta.

Estos hechos, según se detalla en el Acta del Pleno, son constitutivos de las dos infracciones administrativas siguientes: en primer lugar por la realización de obras no permitidas en zonas de dominio público, de servidumbre o de afección de la carretera sin las autorizaciones o licencias requeridas y, por otro lado, por la sustracción, deterioro o destrucción de cualquier elemento de la carretera relacionado con la seguridad de la circulación o la modificación intencionada de sus características. Dos infracciones muy graves de las tipificadas en la Ley de Carreteras de Canarias.

El Comité de Competición y Disciplina de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas ha decidido, en sesión extraordinaria celebrada en la tarde de hoy, martes 31 de enero de 2023, la suspensión cautelar, por un periodo de dos meses, de la UD Pedro Hidalgo, que no podrá participar en ninguna competición oficial organizada por la FIFLP; así como del campo municipal José V. Sepúlveda, que no podrá acoger ningún partido oficial por el mismo periodo de tiempo

En atención a la notoria relevancia pública del caso, el Comité ha acordado realizar estas medidas cautelares, que quedan supeditadas a la sanción final que determine este órgano. Así mismo, también se suspende provisionalmente por espacio de dos meses a los dos futbolistas del club UD Pedro Hidalgo que fueron identificados en el acta arbitral: C.R.G y C.M.C.

Por último, el Comité de Competición y Disciplina de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas ha acordado dar traslado de las actuaciones a la Delegación del Gobierno en Canarias u Organismo Competente, a fin de que se depuren las responsabilidades de índole administrativas que correspondan.

La multa propuesta por las infracciones, calificadas de muy graves, asciende a seis millones de euros para la distribuidora y a más de diez millones para la generadora

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el decreto por el que se resuelve el procedimiento sancionador incoado a las entidades mercantiles E-Distribución Redes Digitales, SLU, y Unión Eléctrica de Canarias Generación, SAU, por la comisión de infracciones administrativas muy graves previstas en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, en relación con el incidente acaecido el 15 de julio de 2020 a las 9.41 en el sistema eléctrico de Tenerife, que ocasionó un cero energético en toda la isla. No se recuperó el suministro pleno hasta las 16.44.

En la instrucción del expediente se acredita que E-Distribución Redes Digitales, SLU, es responsable por no haber deslastrado la demanda exigida en el Plan de Deslastre vigente aprobado por la CNE, lo que contribuyó a que el incidente derivase en una interrupción total del suministro o cero eléctrico. También queda acreditada la falta de idoneidad técnica de la configuración del sistema de relés en sus instalaciones para cumplir con los objetivos de demanda a deslastrar establecidos en el plan vigente de la CNE.

Por estos motivos, en la propuesta de resolución del instructor del procedimiento sancionador se propone la imposición de una multa de 6.000.001 euros por la comisión de dos infracciones muy graves.

En cuanto a Unión Eléctrica de Canarias Generación, SAU, el procedimiento sancionador concluye que es responsable de originar la cadena de sucesos que provocó una reducción de la capacidad de generación disponible y una reducción del suministro que llevó aparejada una interrupción de este, primero parcial y, finalmente, en forma de cero eléctrico.

Por estos motivos, en la propuesta de resolución del instructor del procedimiento sancionador se propone la imposición de una multa de 10.002.751 euros por la comisión de dos infracciones administrativas muy graves.

El operativo se estableció entre los días 6 y 8 de diciembre en el Sur de Tenerife

Agentes de la Unidad de Seguridad Interior y Policía Administrativa del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) con base en Tenerife han incoado siete propuestas de sanción durante el operativo establecido entre los días 6 y 8 de diciembre, que tuvo como objetivos controlar y velar por el cumplimiento de la normativa específica de observación de cetáceos por parte de las embarcaciones en uno de los puertos deportivos del Sur de Tenerife que se dedican a realizar dicha actividad, así como informar y promover una guía de buenas prácticas acorde a la normativa vigente.

La vigilancia se desarrolló tanto por tierra, en unión a agentes rurales de pesca, como desde el mar, a bordo de una embarcación, y como resultado de la misma se inspeccionaron 18 barcos y se iniciaron siete propuestas de sanción. Cuatro de ellas fueron por carecer de la autorización administrativa que permite ejercer la actividad recreativa de observación de cetáceos; una por incumplir la normativa de acceso a la zona restringida, en la que sólo pueden permanecer simultáneamente dos embarcaciones; y el resto en materia de documentación náutica.

Con este tipo de acciones, el Cuerpo General de la Policía Canaria pretende realizar un mayor control sobre la actividad, evitando las prácticas irregulares que degraden el entorno natural y que producen un impacto negativo sobre las especies residentes, favoreciendo de esta forma el ejercicio sostenible de la observación turística de cetáceos.

En el sur de Tenerife, se encuentra la franja marina denominada Teno-Rasca, declarada zona de especial conservación (ZEC), integrada dentro de la Red Natura 2000 y recientemente declarada Patrimonio de las Ballenas por la importancia de las especies y biodiversidad que alberga.