De los 9.394.000 euros del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, ya se han repartido casi 5.000.000 para los proyectos de este año. La Consejería de Bienestar Social liberará el resto de los fondos para proyectos que no se puedan ejecutar en su totalidad antes de final de año y puedan terminar a principios de 2026

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha vuelto a reiterar que “no se perderá ningún proyecto financiado con los Fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género”, y que ya se han liberado casi cinco millones de euros, de los 9.394.000 que correspondieron a Canarias, para la financiación de proyectos de este 2025, entre los cuales se encuentran 18 proyectos del ámbito de juventud. “El resto del crédito, una vez que el Estado nos ha dado por justificados todos los proyectos de 2024, se liberará antes de finalizar el año, ya que se ha acordado con las propias entidades que desarrollarán los proyectos presentados este 2025 con ese remanente y que con ello continuarán ejecutándolos a principios de 2026, ya que así nos ha autorizado a hacerlo el Ministerio”. En este reparto adicional, se incluirán proyectos del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Juventud y Justicia.

Delgado se ha manifestado así ante las desinformaciones que se han vertido esta mañana en una rueda de prensa de la Red Feminista de Gran Canaria donde, entre otras cosas, se solicitó su dimisión y la de la directora del ICI, Ana Brito. “No tiene ningún sentido que argumenten que el ICI no ha ejecutado sus fondos cuando la semana pasada nos llegó un documento de Hacienda confirmando que, hasta el 30 de septiembre, es el organismo con menor porcentaje de inejecución. Confundir a la ciudadanía, diciendo que se ha ejecutado solo un 16% del presupuesto cuando la realidad es que el porcentaje de inejecución es del 21.6% da idea de la falta de rigor en la interpretación de los datos y, desde nuestro punto de vista, invalida cualquier ataque a esta Consejería, si estos no se basan en hechos fehacientes sino en bulos”.

Por su parte, la directora del ICI, Ana Brito, asegura que “Desde el Instituto se está trabajando, desde que empezó la legislatura, en reforzar la lucha contra la violencia. Manifestaciones como las vertidas hoy ponen en entredicho no mi labor, sino la del personal que trabaja día a día, sin descanso, por mejorar la atención y el servicio a la ciudadanía, incluyendo personal de apoyo. Esto se nota en el grado alto de ejecución presupuestaria”.

Tanto la consejera como la directora del ICI y el director general de Juventud, Daniel Morales, han mantenido diversas reuniones con las entidades a las que se financian proyectos con los fondos provenientes del Estado, así como una coordinación continua con el Ministerio. “Si estos repartos no se han realizado antes, no ha sido, en ningún caso, debido a que el ICI no esté trabajando, sino porque había que justificar previamente los anteriores. Aun así, los proyectos cuya ejecución es vital para la lucha contra la violencia de género y la igualdad, se han mantenido y se han desarrollado sin esta financiación, como son los puntos violeta, los centros de crisis 24 horas, o los puntos de encuentro familiar…”.

El compromiso del Gobierno de Canarias en el ámbito de la violencia de género es claro y firme, y prueba de ello es que el Instituto Canario de Igualdad (ICI) contará con 14,7 millones en su presupuesto de 2026, un millón más que en 2025, destinados a reforzar la atención contra la violencia de género y la red de servicios del 1-1-2, que aumentará de 8 a 14 técnicas para atender este dispositivo.

Pacto de Estado contra la Violencia de Género

El Estado renovó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en Conferencia Sectorial en abril de 2025, y Canarias lo que ha hecho es aplicarlo y mejorar su gestión para que cada euro que se reciba proteja mejor a las mujeres.

Se establecieron los criterios y 160 millones de euros para las comunidades autónomas, 9,394 millones para Canarias, con una financiación finalista, indicadores claros y evaluación anual. Son 461 medidas, con nuevos ejes: violencia vicaria, económica y digital. Hay un refuerzo para las mujeres rurales y con discapacidad y más seguimiento, evaluación y trazabilidad de fondos.

Desde el Gobierno de Canarias hemos hecho cambios en la gestión para mejorar. Hemos establecido reglas claras desde el inicio y con eso logramos generar seguridad jurídica y evitar errores al final del proceso. Hemos establecido una coordinación técnica continua con el Ministerio (Subdirección General) para resolver dudas en tiempo real y alinear criterios. También hemos establecido una rúbrica común de valoración para priorizar el impacto y garantizar el destino exacto de los fondos.

En Canarias contamos con diferentes recursos para la atención y la protección de las mujeres. Tenemos cinco centros de crisis 24h para violencias sexuales operativos en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma (atención social, jurídica y psicológica; derivaciones desde 112, educación y sanidad).

El Instituto Canario de Igualdad tiene un plan operativo que incluye campañas, materiales formativos; web como herramienta práctica muy consultada o formación especializada.

En definitiva, mejoramos la aplicación del Pacto, establecemos reglas claras, coordinación, evaluación y recursos 24/7. Esto se traduce en más eficacia, más trazabilidad y más protección real para las mujeres en Canarias.

El consejero Narvay Quintero presentó hoy en Comisión parlamentaria los presupuestos del próximo ejercicio, en los que destacó la gestión de 509,9 millones y un crecimiento de los fondos propios superior a la media del 7% del conjunto del Ejecutivo canario

El titular del área destacó las inversiones en infraestructuras hidráulicas, modernización de explotaciones y apoyo a jóvenes agricultores y ganaderos, la cobertura de dos anualidades de las ayudas POSEICAN para compensar los sobrecostes que asume el sector de la pesca, y las medidas para la mejora de la sanidad vegetal y animal frente a plagas y enfermedades

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias gestionará un total de 509,9 millones de euros durante 2026, según anunció hoy viernes, 7 de noviembre, el consejero Narvay Quintero en la Comisión parlamentaria destinada a presentar las cuentas de su departamento. De esta cuantía, 156,1 millones de euros corresponden a fondos propios, un 8,3% más que el año pasado, mientras que 29 millones proceden de financiación estatal y 301,7 millones de la Unión Europea.

Según indicó el titular del área, el objetivo de las cuentas del próximo ejercicio es consolidar un sector primario competitivo, moderno y sostenible, fomentando la producción local y su comercialización, fortaleciendo el tejido rural y las localidades pesqueras, impulsando el asociacionismo y el cooperativismo y mejorando la calidad de vida de los profesionales del sector. “En este sentido, se implantarán medidas para paliar la escasez de agua de uso agrícola, la modernización del sector pesquero, la adaptación al cambio climático y la reducción de la carga burocrática que lastra a nuestros productores”, señaló.

Como líneas de actuación prioritarias para 2026 figuran el apoyo a la producción local y al fomento de cadenas cortas de comercialización, que redunda en beneficios para los profesionales y en una mayor frescura de las producciones; promover una gestión eficiente y sostenible del agua de riego; impulsar la innovación y la tecnificación; contribuir a garantizar el relevo generacional a través de la incorporación de jóvenes y fomentar la profesionalización en la actividad agraria y la pesca; la apuesta por la digitalización y la simplificación administrativa a través de recursos que emplean la IA; la promoción del producto local y el apoyo a su comercialización interior y exterior; y la mejora sanitaria de nuestros cultivos y cabaña ganadera, eje que se refuerza con la incorporación de una partida para actuaciones de prevención, control y erradicación de la filoxera.

“Por medio de esta previsión financiera sentamos las bases de un compromiso decidido y continuado con nuestro sector primario y nuestras zonas rurales, al tiempo que incidimos en nuestro propósito de lograr una gestión más eficiente a través de la simplificación administrativa y la digitalización”, agregó.

De los 156,1 millones de euros de fondos propios, un total de 137,4 millones de euros corresponden a la Consejería y 41,8 millones de euros a sus entes públicos (ICIA, ICCA y GMR Canarias). La financiación estatal se sitúa en 29 millones de euros, que se distribuyen en 8 millones de euros de las ayudas para la extracción de agua de pozos y galerías, desalación y producción de aguas regeneradas para riego agrícola mientras que los restantes 21 millones de euros corresponden al POSEI adicional.

En este sentido, ante los reiterados incumplimientos del Gobierno de España desde 2023, el Ejecutivo canario ha asumido el pago a lo largo de la legislatura de 13,76 millones de euros correspondientes a las modificaciones a esta ayuda de Estado, aplicadas por el anterior equipo de Gobierno sin contar con previsión presupuestaria.

“Para no dejar a los agricultores y ganaderos de las islas en una situación crítica hemos adelantado con fondos propios las cuantías de dos campañas. Sin embargo, el Ejecutivo canario no puede seguir asumiendo el pago de unos créditos que corresponden al Estado español, que incumple de forma reiterada con lo recogido en el REF y con los agricultores y ganaderas de las islas”, concluyó.

En cuanto a los 301,7 millones de financiación europea, 207 millones de euros provienen del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI), 62 millones del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), 30,5 millones del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027 (PEPAC) y 2,2 millones de euros corresponden al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

En el desglose de líneas estratégicas que reciben mayor inversión, Quintero resaltó las partidas dirigidas a dotar de recursos hídricos al sector a través de infraestructuras y la modernización de los regadíos así como ayudas para una gestión más eficiente del agua, que en el próximo ejercicio alcanzarán los 29 millones de euros y se complementarán con la puesta a disposición de los Cabildos de desaladoras portátiles. Además se reforzarán las líneas de apoyo para mejorar la sanidad agraria y se incrementarán “al nivel máximo permitido por la UE las subvenciones para la suscripción de seguros agrarios” (7 millones de euros). Asimismo, se aumentarán las partidas para compensar los sobrecostes que asume el sector pesquero del Archipiélago por su condición de RUP (16 millones de euros del POSEICAN), así como las que permiten sufragar mejoras en las infraestructuras y equipamiento pesquero (11 millones de euros).

En cuanto al Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) destacan como partidas con mayor financiación las subvenciones por importe de 10 millones de euros para la mejora y modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como 7,5 millones dirigidos a incentivar la incorporación de jóvenes al sector primario a través de la puesta en marcha de sus propias empresas agrarias, con lo que se contribuye a garantizar el relevo generacional en el campo y el mantenimiento de la población en las zonas rurales.

Por otra parte, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante posibles imprevistos y situaciones adversas como sequías, fenómenos meteorológicos extremos o crisis coyunturales, el Ejecutivo aumenta las ayudas por posibles contingencias con una dotación de 6,02 millones de euros para 2026. Además, los nuevos presupuestos mantienen el apoyo al asociacionismo en el sector al consolidar el incremento establecido la campaña pasada en las ayudas destinadas a las organizaciones profesionales agrarias.

En materia ganadera las prioridades para el nuevo ejercicio son el abaratamiento de la alimentación animal, la legalización de explotaciones (durante 2025 se han regularizado un total de 23 instalaciones) y la defensa de las razas autóctonas a través de actuaciones de mejora genética y conservación. Para ello se amplían las partidas presupuestarias dirigidas a respaldar la labor de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) y otras actuaciones complementarias de saneamiento ganadero, entre ellas la adquisición de nuevos equipos para laboratorio de sanidad animal que permitan mejorar la respuesta y la prevención ante posibles enfermedades como la lengua azul.

Los fondos del área de Pesca para el próximo ejercicio se dirigen a compensar los sobrecostes que afronta este sector en Canarias como consecuencia de la condición de RUP (lejanía, insularidad, fragmentación del territorio, etc.), por medio de una dotación reforzada que se sitúa en 16,6 millones de euros. Este incremento supone duplicar la financiación del POSEICAN y sufragar dos anualidades de este programa de ayudas, las correspondientes a las campañas 2024 y 2025, con lo que se da solución a una situación anómala heredada de la pasada legislatura.

Asimismo, se priorizan las inversiones en infraestructuras pesqueras (17 millones de euros del FEMPA y de fondos propios) y el apoyo a las cofradías de pescadores (1,19 millones de euros gastos corrientes y 418.000 euros equipamiento) y a sus federaciones (310.000 euros), cuyas ayudas experimentan un nuevo crecimiento en 2026. Adicionalmente se destinará una inversión cercana a los 500.000 euros al desarrollo del convenio de colaboración con el Instituto Español de Oceanografía (IEO) para implementar un plan de gestión sostenible durante los próximos tres años encaminado a mejorar el conocimiento científico de los recursos pesqueros.

El presupuesto del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), que suma 10,9 millones de euros, está dirigido a seguir promoviendo la transferencia de conocimiento al sector para atender sus demandas científico-técnicas y el desarrollo de una veintena de proyectos estratégicos de I+D+i en los ámbitos agrario y agroalimentario, conocidos como CAIAs (es decir, aprobados por el Consejo Asesor de este organismo autónomo, en el que están representados los Cabildos, organizaciones profesionales agrarias y de productores, etc.), que son financiados con fondos propios. En el ámbito de estos trabajos se reforzarán especialmente las líneas de investigación en saneamiento de variedades de vid, clonación in vitro de papaya a escala comercial, así como los estudios que se llevan a cabo en el marco del Plan de Recuperación de la piña tropical de El Hierro enfocados al saneamiento de suelos y control de plagas, o de especies canarias de interés forrajero para alimentación del ganado. Estas iniciativas buscan mejorar la competitividad y calidad de las producciones agrarias y agroalimentarias del Archipiélago y fomentar el uso eficiente de los recursos y la protección del medio ambiente. Asimismo, las cuentas del ICIA para el próximo año posibilitan la contratación científico-técnica con carácter indefinido, lo que permite apuntalar los recursos dirigidos a impulsar la I+D+i.

Por otro lado, la asignación presupuestaria del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) será en 2026 de 7,8 millones de euros, con los que se dará continuidad a la promoción de productos de calidad diferenciada de las islas, al apoyo económico a los órganos de gestión de las figuras de calidad y a iniciativas de éxito ya consolidadas como el Plan Escolar de Frutas y Hortalizas, que el curso pasado repartió 223.000 kg de estas producciones entre 70.000 estudiantes, o el Programa de Ecocomedores de Canarias, un proyecto referente reproducido en otras Comunidades Autónomas que promueve una alimentación saludable a partir de menús elaborados con productos ecológicos de cercanía frescos y de temporada suministrados por un centenar de productores, del que ya se benefician 36.000 comensales en 190 comedores. En este contexto, los créditos del ICCA permitirán, además, incrementar la prima por hectárea en agricultura ecológica como medida para fomentar la alimentación saludable a través de producción obtenida mediante métodos sostenibles.

Por último, la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias) contará con una ficha financiera total de 23,1 millones de euros para la ejecución de actuaciones como el programa ‘Dinamiza Rural’, un plan integral del Gobierno de Canarias que se implantó en 2025 para impulsar el desarrollo sostenible de los 46 municipios rurales del archipiélago y revitalizar nuestras medianías mediante el fortalecimiento del sector primario, el impulso de la economía local y la generación de empleo, combatiendo así la despoblación de estas zonas. Al mismo tiempo GMR seguirá impulsando la estrategia “Crecer Juntos” con el fin de continuar incentivando la valorización del producto local a través de la unión del sector primario y otros sectores, fundamentalmente del turístico, con el que se trabaja para convertir Canarias en destino gastronómico de primer nivel a partir de estas producciones de cercanía.

En este ámbito se promueven acciones para mejorar la presencia de estas producciones en el canal HORECA y el acceso a nuevos canales en el sector turístico, además de seguir apoyando a los pequeños productores, respaldar la comercialización interior y exterior del producto canario y reforzar las funciones de la empresa como medio propio de Cabildos y de otras administraciones públicas, es decir, como instrumento de apoyo en el desarrollo y ejecución de políticas agrarias y pesqueras.

La Consejería pondrá en marcha a partir del próximo curso, de forma progresiva y en todas las etapas de enseñanza obligatoria, un programa que garantizará el acceso gratuito a libros y materiales curriculares

Con 2.315 millones de euros, 159 más que en el ejercicio anterior, las cuentas del departamento que dirige Poli Suárez crecen un 7,4 por ciento, con una destacada inversión en la contratación de personal docente para cumplir con la bajada de ratios y la atención a las necesidades educativas especiales, entre otras líneas estratégicas

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, presentó este miércoles en comisión parlamentaria el presupuesto de su departamento para 2026, que asciende a 2.315 millones de euros, 159 millones más que en el ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 7,4 por ciento y el mayor presupuesto de la historia del área. Unas cuentas que, además, anunció el consejero, permitirán poner en marcha el programa de gratuidad de los libros y materiales escolares, que se implantará a partir del curso 2026/27 en todas las etapas de las enseñanzas obligatorias en Canarias.

Se trata de una medida de carácter estructural que se desarrollará de forma progresiva y plurianual con una inversión inicial de once millones de euros, lo que supone un cambio de modelo en la adquisición y gestión del material en las islas. Este nuevo sistema permitirá crear un banco público de libros y materiales, cuyo uso compartido busca garantizar la igualdad de oportunidades para todo el alumnado isleño.

Así, durante el primer año de implantación, el programa beneficiará a más de 70.000 estudiantes de 1.º a 3.º de Educación Primaria, 1.º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y los ciclos formativos de Grado Básico, aumentando hasta los 185.000 alumnos y alumnas beneficiarios de todas las etapas que componen el sistema de educación obligatoria al finalizar su implementación.

“Es una demostración más de nuestro compromiso con la comunidad educativa de las islas y la equidad en el acceso a la Educación”, expresó Poli Suárez, quien subrayó que “con ese propósito trabajamos intensamente desde el inicio de la legislatura, con una gestión responsable de los recursos, en la que priorizamos la calidad de la enseñanza y la igualdad de oportunidades”. En este sentido, el consejero añadió que “hemos venido a aportar y a ayudar a mejorar el sistema educativo canario y los hechos nos avalan”.

El programa establece importes de referencia por nivel educativo —120 euros para 1.º y 2.º de Primaria, 150 para el resto de esta etapa, 220 para la ESO y 120 para la FP Básica— y un modelo de reutilización estimado de entre cuatro o cinco cursos. En aquellos niveles, como 1.º y 2.º de Primaria, donde es necesaria su renovación, se reemplazará anualmente. Todo ello sin menoscabo de las ayudas actuales, que permanecerán vigentes mientras dure la implantación del sistema.

Además, según palabras del consejero, se está estudiando la incorporación de un módulo complementario para alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil. En este sentido, Suárez destacó que se “se trata de una medida con la que buscamos una educación realmente gratuita, inclusiva y equitativa, aliviando el gasto de las familias y reforzando la cohesión del sistema”.

Dentro del marco del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, cuyo importe total es de 12.491 millones de euros, el área de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes representa el 18,5 por ciento del presupuesto total, porcentaje que se elevaría hasta el 19,4 por ciento si se descuenta el pasivo financiero, consolidándose así como uno de los ámbitos con mayor inversión del Gobierno de Canarias. “Un año más, este departamento se constituye como el segundo más financiado de la comunidad autónoma, solo por detrás de otro servicio esencial como es Sanidad”, subrayó Poli Suárez, quien recalcó que “este presupuesto demuestra solidez institucional y prioriza las medidas que garantizan el bienestar y los servicios públicos esenciales”.

Medidas principales

Otra de las principales novedades del presupuesto destaca el refuerzo histórico de personal docente y la reducción progresiva de las ratios por aula, fruto del acuerdo alcanzado el pasado año con las principales organizaciones sindicales del archipiélago. Así, el nuevo curso escolar se ha iniciado con cerca de un millar de nuevos docentes respecto al anterior.

Esta medida, acompañada de una inversión adicional de 130 millones de euros, permitirá consolidar un plan plurianual de reducción de ratios hasta 2027, situando los máximos en 16, 18 y 20 alumnos en Infantil, 22 en Primaria y 25 en Secundaria, convirtiendo a Canarias en una de las comunidades autónomas con mejores índices de atención al alumnado.

El presupuesto también refuerza las políticas de inclusión educativa y atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Por primera vez, este curso cerca de 1.500 auxiliares no docentes para la atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) —hoy, 1.614— se han incorporado a las aulas desde el primer día de clase, con distintos perfiles, una cifra inédita en la historia del sistema educativo canario. Se trata de un 59,4 por ciento más que en el curso 2022/2023, cuando el sistema educativo comenzó con 941 recursos personales no docentes. En 2023/2024 esa cifra aumentó a 1.200 y el curso pasado alcanzó los 1.333.

En este período, la Consejería también ha aumentado la contratación de personal docente para la atención a las NEAE, sumando profesionales de Orientación, Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, pasando de los 2.590 efectivos del curso 2022/2023 a los 2.941 de este curso, con un aumento de la inversión de 15,3 millones de euros —de 129,7 millones a 145,1—. Además, se han abierto 72 nuevas aulas Enclave y hay proyectadas una veintena más para este curso, tres nuevos centros de educación especial y un cuarto que lo hará próximamente en Adeje (Tenerife) y siete nuevos centros TEA, de forma que se reducen las ratios de los existentes y se evita el desplazamiento del alumnado.

“Una demostración más del compromiso real del Gobierno de Canarias con la atención a la diversidad”, afirmó Suárez durante su intervención. “Hemos creado nuevos servicios y reforzado los equipos para garantizar que todos los niños y niñas reciban la atención que necesitan y que las familias cuenten con los apoyos que venían reclamando desde hace años.”

En el ámbito de la escolarización temprana, el área que dirige Poli Suárez destinará veintidós millones de euros de fondos propios a consolidar la implantación del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), una vez finalizados los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Actualmente existen 2.700 plazas públicas en funcionamiento, de las que cerca de 2.200 han sido abiertas durante esta legislatura, y se prevé alcanzar una cifra entre 1.500 y 1.700 plazas más antes de que concluya el curso 2025/2026.

El criterio de distribución se mantiene centrado en aquellos municipios con mayor vulnerabilidad social o con menor oferta educativa pública, de modo que se garantiza la equidad territorial y se cumple con el compromiso de alcanzar las 3.879 plazas en 2026. “Cumpliremos con el hito acordado con el Ministerio de Educación”, aseveró el consejero, para quien “la escolarización temprana es una prioridad, porque sabemos que cada plaza nueva supone una oportunidad para la conciliación, la igualdad y el desarrollo infantil.”

En la misma línea de ayudas, también se incrementa el denominado ‘bono infantil’ hasta los cinco millones de euros, ampliando los umbrales de renta familiar para acogerse a estas ayudas hasta los 40 mil euros para unidades familiares de dos miembros; 43 mil para las de tres; 46.300 para las de cuatro; 49.500 las de cinco; y 52.700 las de seis o más integrantes, favoreciendo así a un mayor número de familias. Asimismo, la Consejería reforzará las partidas para el transporte escolar, con un incremento de ocho millones de euros, y para los comedores y desayunos escolares, que crecen en 2,8 millones.

Gestión responsable

En materia de infraestructuras educativas, el Gobierno de Canarias continuará desarrollando el Plan Estratégico de Infraestructuras Educativas 2024-2035, dotado con 235 millones de euros para la modernización, ampliación y adaptación de la red pública de centros. A este se suma el Plan de Choque de Infraestructuras del Sur de Tenerife 2024-2031, con 85 millones de euros para la construcción de nuevos centros y ampliaciones.

Ambos programas persiguen dotar a Canarias de espacios escolares más modernos, sostenibles y adaptados al cambio climático. En este sentido, la Consejería continuará impulsando el Plan de Adaptación a las Altas Temperaturas, con más de 30 millones de euros de inversión, que incluye, entre otras medidas, la instalación de módulos fotovoltaicos en 56 centros educativos, el Protocolo de actuación en el ámbito educativo ante situaciones de altas temperaturas, o los siete millones de euros destinados a crear espacios de sombra frente al calor en 160 centros de las islas. A ello se suma el Proyecto de Naturalización de los Espacios Educativos de Canarias destinado a transformar patios y entornos escolares en espacios verdes y sostenibles.

El presupuesto de 2026 consolida también el crecimiento de la Formación Profesional en Canarias. En los dos últimos cursos, el número de grupos ha pasado de 2.342 a 2.600, lo que supone un incremento del 11 por ciento, mientras que el alumnado matriculado ha aumentado un 10 por ciento, de 42.788 a 47.000 estudiantes. También se refuerza la plantilla docente, que alcanza los 4.000 profesionales, casi 300 más que hace dos años, a los que se suman 30 prospectores dedicados a la búsqueda de empresas colaboradoras para la FP Dual. La Consejería destinará dos millones de euros adicionales a becas para esta modalidad, consolidando su implantación y fortaleciendo la relación entre el sistema educativo y el tejido productivo de las islas.

El proceso de modernización administrativa sigue avanzando con la implantación del Plan de Simplificación Administrativa, que contempla 65 medidas dirigidas a reducir la carga burocrática y agilizar los trámites en los centros educativos. Entre las principales novedades figura el nuevo aplicativo Doramas, que permitirá reducir hasta en un 50 por ciento los procedimientos que realizan los equipos directivos y docentes, optimizando la gestión y permitiendo dedicar más tiempo a la labor pedagógica.

“Una gestión responsable significa maximizar los recursos de los que disponemos y ejecutar con eficacia cada euro destinado a la educación”, concluyó Suárez. “Ese es el compromiso de este Gobierno: invertir allí donde más falta hace, pensando siempre en el alumnado, el profesorado y las familias de Canarias”, agregó.

Con estas cuentas, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes refuerza su compromiso con la mejora del sistema educativo canario, garantizando una gestión responsable de los recursos y una inversión eficaz orientada a la equidad, la calidad y el bienestar de la comunidad educativa de las islas.

La Consejería cifra su gasto inicial en 111 millones, 2,2% más que en 2025, de ellos, un 39% es para inversiones propias y casi un 14%, para apoyar inversiones de otras administraciones

La Agencia Canaria de Emergencias aparece por primera vez en los presupuestos, con una consignación de 500.000 euros para su puesta en marcha

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias dispondrá en 2026 de un total de 111.379.191 euros, un 2,2% más que los 109 millones que estaban consignados en enero de 2025. Por capítulos, 43 millones de euros -un 39%- corresponden a inversiones, principalmente relacionas con el ciclo del agua en Canarias, y otros 14 millones -casi un 13% del presupuesto- servirán para apoyar a ayuntamientos y cabildos para la ejecución de proyectos de inversión. El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, explicó estos datos hoy en la presentación del presupuesto del departamento que dirige. En su intervención también destacó que la Agencia Canaria de Emergencias, cuya creación mediante decreto es inminente, dispondrá de 500.000 euros para iniciar sus primeros trabajos en 2026.

Miranda subrayó que las cuentas para el año próximo refuerzan el papel de la Consejería como “garante de la seguridad hídrica, la cohesión territorial y la respuesta eficaz ante las emergencias”. “Este presupuesto -añadió- está condicionado, como el del resto del Gobierno autonómico, por la falta de certidumbre, algo que afecta especialmente a materia de aguas, donde las obras han de planificarse a medio y largo plazo. Desconocemos si podremos contar con partidas como los 20 millones de euros del Estado para este fin, cuya cuantía para el presente año aún no ha sido transferida”, advirtió.

El consejero informó de que el presupuesto en materia de Aguas disminuye un 4% (en 2026 será de 35 millones de euros) debido principalmente a la necesidad de ajustar las previsiones a los tiempos reales de tramitación de los proyectos y, además, a la finalización de las obras financiadas por los fondos Next Generation.

Miranda sostuvo que 2026 será un año para visibilizar proyectos que “han sido puestos en marcha por este Ejecutivo” y puso como ejemplos las obras de abastecimiento en La Graciosa, la desaladora de Valle Gran Rey o las obras de saneamiento en El Paso, en La Palma. “Se trata de proyectos que han llevado muchos meses de tramitación y el próximo año empezarán a ser una realidad”.

Asimismo, recordó que, al igual que en los dos últimos presupuestos, éstos contemplan una disposición adicional de 15 millones de euros “para afrontar posibles emergencias en materia de agua u otros proyectos que no tengan financiación”.

Un presupuesto para todas las islas

Manuel Miranda ha señalado que los proyectos impulsados por la Consejería llegan a todas las islas. Entre ellos, destacó las subvenciones para la depuradora de Mogán o la impulsión de Arucas-Teror, en Gran Canaria; la estación de bombeo de San Blas, en Tenerife; o el impulso a la obra del barranco de Vallehermoso, en La Gomera. “El próximo año será, además, el del impulso a la nueva planificación hidrológica, una vez que logramos poner al día a Canarias respecto al anterior ciclo, o y también el año de finalizar las inversiones financiadas por fondos europeos Next Generation”.

Respecto al ámbito de las emergencias, el consejero afirmó que durante 2026 “vamos a consolidar el sistema canario de emergencias, mediante el impulso a la Agencia Canaria de Emergencias, la redacción de la Ley del Sistema Canario de Protección Civil o el mantenimiento de las diferentes unidades de apoyo, tanto técnico como logístico, en todo el territorio insular. Todo ello sin perder de vista el apoyo a otras administraciones, como los consorcios de emergencias de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, el apoyo a la mejora material del sistema de emergencias de La Gomera o el apoyo a ayuntamientos para la homogenización de los servicios en zonas de baño del Archipiélago”.

Consolidar el apoyo a ayuntamientos y cabildos

Respecto a las áreas de Planificación, Ordenación del Territorio y Reto Demográfico, Manuel Miranda apuntó que el objetivo es consolidar los avances de años anteriores, por lo que el presupuesto es similar al de 2025.

En ese contexto, 17 millones de euros de las cuentas de la Consejería están dedicadas a afrontar el reto demográfico en las islas y garantizar que los municipios más pequeños y con menos recursos disponen de más oportunidades.

“Una de las líneas de trabajo más importantes para este Gobierno es el apoyo a municipios y cabildos para que tengan actualizado su planeamiento y puedan abordar los trabajos de sus oficinas técnicas, gestión de licencias, etcétera”, señaló. Por este motivo, se mantienen tanto la línea de 2,3 millones de euros para subvenciones al planeamiento, el apoyo a las oficinas técnicas o la oficina virtual para municipios reto demográfico.

Como novedad, este año se incluye en los presupuestos desde el principio la nueva oficina de consultas jurídicas, que entrará en vigor de manera inminente y que “viene a complementar el apoyo integral que desde el Gobierno prestamos a las administraciones locales”. Esta oficina tiene un presupuesto para 2026 de 224.000 euros.

El presupuesto de la Consejería de Política Territorial incluye un millón de euros para proyectos relacionados con la Cohesión Territorial, e incluye las cantidades necesarias para que la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural aborde el sellado de otros cinco vertederos ilegales. A finales de 2026, si las previsiones se cumplen, solo restarán por recuperar 10 de los 47 vertederos denunciados por la Comisión Europea.

Las cuentas de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos para 2026 crecen un 8,8% hasta alcanzar los 92,6 millones de euros

El 73% de los 7,5 millones de incremento presupuestario para el próximo año se destinarán a capítulos de inversión

La Dirección General de Autónomos incrementa su presupuesto en un 58,9% para implementar las políticas de apoyo al emprendedor

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, presentó este martes en comisión parlamentaria el presupuesto de su área para el año 2026 que asciende a 92.637.899 euros, un 8,8% más que en 2025, y que estará orientado a la puesta en marcha de políticas para el apoyo al trabajador autónomo, el emprendimiento y el fomento del talento canario.

Durante su intervención, el consejero destacó que las cuentas de su departamento para el próximo año están “adaptadas a la realidad de la economía canaria” y persiguen “un objetivo claro que no es otro que aumentar la inversión productiva y avanzar en la simplificación administrativa para alcanzar la diversificación económica de las islas”. “Se trata de unos presupuestos continuistas y transversales que refuerzan programas que ya estaban y que han funcionado e implementan acciones nuevas para generar oportunidades y mejorar la competitividad de las empresas a través de la modernización y digitalización”.

En este sentido, destacó que de los 7,5 millones de euros que aumenta el presupuesto, el 73%, es decir, siete de cada diez euros, van destinados a capítulos de inversión. “Esto permitirá a las empresas crecer, generar empleo, salir al exterior y modernizarse”, afirmó.

El consejero destacó el incremento del 58,9% en el presupuesto de la Dirección General de Autónomos para implementar todas las medidas y acciones de apoyo al trabajador autónomo y que ya anunció hace semanas. Entre ellas se encuentran el programa Concilia con tres líneas que favorece la conciliación familiar, la bonificación en el pago de interés de los préstamos para inversiones, y la protección del autónomo ante la incapacidad temporal, además del refuerzo de la cuota cero para aquellos autónomos que empiezan a emprender y el programa +uno52 que favorece la contratación de personas igual o mayores de 52 años.

En línea con el objetivo de crear y arraigar el talento canario para este año se refuerza la partida para becas de negocios internacionales un 67% al objeto de mejorar sustancialmente esta acción tan relevante para la incorporación de ‘Export managers’ en las empresas canarias. Así, se incrementarán las becas de 35 a 60 a través de un máster universitario de 60 créditos.

Además, se continuará con las convocatorias de incentivos canarios que también se refuerzan con 1,2 millones y todos los programas de Canarias Aporta destinados a la internacionalización de las empresas canarias. Todo esto unido a un programa de simplificación administrativa a través de la Inteligencia Artificial que lo que pretende es mejorar la competitividad de las empresas canarias. Además, se incluye el plan de educación financiera anunciado el pasado mes de junio cuyo objetivo es que “los canarios mejoren sus competencias financieras y adopten decisiones que tienen que ver con sus finanzas de manera eficaz”.

En relación con el comercio, la Consejería continuará con los programas de dinamización de las zonas comerciales abiertas y de transformación digital del comercio, a través de Canarias destino comercial inteligente. Como novedad, en 2026 se pondrá el foco en los mercados tradiciones cuyo presupuesto pasa de un millón de euros a 3,1 millones.

En cuanto a la industria, para 2026 aumentan las partidas de los programas de modernización y digitalización del sector industrial y de Industria 4.0 que ayudan a la transformación de las empresas industriales. Asimismo, se continuará con el proyecto de Construcción Industrializada con la idea de impulsar este tipo de construcciones y aliviar uno de los mayores problemas de las islas, que no es otro que el acceso a la vivienda.

En consejero insistió que se trata de unas cuentas que “reflejan la realidad canaria y ofrecen oportunidad para impulsar el crecimiento del tejido empresarial, apoyar al emprendimiento, a la inversión productiva y a la simplificación administrativa; todo ello con el objetivo de avanzar en la diversificación económica”.

El organismo deportivo incrementa un 16,65% su dotación respecto a 2025, consolidando una senda de crecimiento sostenido

La inversión en infraestructuras y el refuerzo del tejido deportivo federativo centran el esfuerzo económico del ejercicio 2026

Las cuentas de este año incluyen una partida de 1,5 millones de euros para que los niños y niñas menores de 16 años federados no paguen la mutualidad deportiva

El área de Deportes del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado en Junta Rectora el Proyecto de Presupuesto del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria para el ejercicio 2026, cuyo importe total asciende a 63.810.048,93 euros. Así, de esta manera, el Instituto Insular de Deportes (IID) ha incrementado, en un 16,65%, el presupuesto respecto al de 2025, que fue de 54.702.602,98 euros, y consolida una senda de crecimiento sostenido que se inició en 2023, cuando el presupuesto ascendía a 27.996.262,94 euros.

En apenas tres años, el organismo deportivo ha duplicado con creces su capacidad económica, reflejo directo de la expansión de las políticas deportivas insulares, del compromiso del Cabildo de Gran Canaria con el deporte y de la eficacia en la gestión de los recursos públicos.

Para Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, “mantenemos el equilibrio entre solidez financiera, crecimiento inversor y sostenibilidad social, reforzando los ejes que han guiado al Instituto en los últimos ejercicios: la mejora de las infraestructuras deportivas, el apoyo al tejido federativo y de base, y la modernización administrativa y técnica del propio organismo”.

En primer lugar, el Capítulo I de Gastos de Personal asciende a 2.949.932,46 euros, lo que supone una leve disminución del 0,17% respecto al ejercicio anterior. Este apartado recoge todas las plazas incluidas en la plantilla orgánica, conforme a la Relación de Puestos de Trabajo aprobada en julio de 2025. Asimismo, incorpora el incremento retributivo del 0,5% previsto en el Real Decreto-ley 4/2024 y consolida la masa salarial derivada de la actualización de la RPT.

Romero señala que “la nueva RPT fue negociada y aprobada con las secciones sindicales en un proceso ejemplar de diálogo, transparencia y consenso”, asegurando que “este acuerdo nos permite consolidar la estructura organizativa del organismo deportivo y seguir mejorando las condiciones laborales de la plantilla, garantizando la estabilidad necesaria para afrontar los retos presentes y futuros”.

Por su parte, el Capítulo II de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios alcanza los 13.613.840,65 euros, con una reducción del 9,04% respecto al ejercicio anterior. Este ajuste responde a una reordenación del gasto corriente tras la desaparición de gastos excepcionales, como los derivados de la Copa del Rey de Baloncesto 2025. No obstante, se refuerzan partidas esenciales: limpieza y aseo (+827.094,67 euros), suministros (+12,95%) y transportes, garantizando el funcionamiento eficiente de los servicios básicos.

El Capítulo IV de Transferencias Corrientes asciende a 21.037.384,31 euros, lo que representa un incremento del 13,11% respecto a 2025. Este aumento consolida el compromiso estructural del Instituto con clubes, federaciones y deportistas, ampliando las convocatorias públicas de subvenciones hasta 5.948.384,31 euros, un 7,12% más que el año anterior.

Como novedad, el presupuesto incorpora una nueva aplicación de gasto de 1,5 millones de euros destinada a mutualidades deportivas, con la que el Cabildo asumirá el coste de la mutualidad de todos los niños y niñas menores de 16 años con licencia federativa en cualquier disciplina deportiva. Se trata de una medida inédita en el ámbito insular, que refuerza la cobertura y seguridad de los deportistas federados y, al mismo tiempo, alivia la carga económica de miles de familias grancanarias.

El consejero de Deportes, Aridany Romero, ha subrayado que “si hasta ahora el apoyo del IID se dirigía a clubes, federaciones, deportistas y empresas, con esta nueva partida damos un paso más: ayudamos también a las familias, que son la base del deporte canario”. En esta línea, añadió que “la creación de una partida específica para las mutualidades deportivas supone un avance importante en la protección del deportista; queremos garantizar que todos los federados cuenten con una cobertura adecuada ante cualquier eventualidad, porque la seguridad y el bienestar de quienes practican deporte son una prioridad para este gobierno insular”.

El Capítulo VI de Inversiones Reales, con 26.043.452,78 euros, constituye el núcleo central del presupuesto y refleja un aumento del 43,63% respecto al ejercicio anterior. Esta cifra representa una de las mayores inversiones en la historia del Instituto, orientada a la modernización de las instalaciones deportivas de Gran Canaria.

Entre las actuaciones más relevantes destacan la Ampliación y Reforma Integral del Estadio de Gran Canaria (14.287.327,66 euros), la Reforma del Centro Insular de Deportes (6.612.797,90 euros) y la Reforma de la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva Gran Canaria (1.686.297,41 euros). Además, se ejecutarán proyectos de eficiencia energética, como la adecuación del sistema de iluminación LED, y actuaciones en El Garañón, que incluyen la mejora del vial de acceso, la rehabilitación de edificios y la construcción de una nueva depuradora.

Romero ha recalcado que “las políticas destinadas a promover la actividad física y el deporte mantienen una línea ascendente, reflejo del compromiso del Instituto con la ciudadanía”, y ha añadido que “este impulso convive con la renovación de instalaciones emblemáticas, que forman parte de la historia y del presente deportivo de la isla de Gran Canaria”.

El Ayuntamiento de Gáldar aprobó este jueves en el Pleno ordinario del mes de octubre el Presupuesto para el 2026, así como el Plan Estratégico de Subvenciones para dicho ejercicio, que cuenta con unos ingresos de 44.008.712,61 euros, un 5,44% más que el de 2025, que ascendió a 41.739.933 euros

Esta cifra supone el doble que el de una década, por lo que se vuelve a convertir en el presupuesto más elevado de su historia, manteniendo así el ritmo creciente sostenido desde la salida de la crisis del coronavirus. Y es que cabe reseñar que desde entonces, desde el año 2021, el presupuesto ha crecido en trece millones de euros.

Valeria Guerra, concejala de Hacienda, destacó el aumento de los ingresos "a pesar de que no se incrementa en ningún caso la presión fiscal a excepción del incremento de la tasa por recogida de residuos urbanos, que ha subido por imperativo legal y se mantiene muy por debajo de la media de la provincia de Las Palmas (652 euros por habitante frente a 761)".

Además, el Ayuntamiento presentó una previsión de gastos de 40.788.132,93 euros. "Mantenemos la política de este grupo de gobierno de propiciar liquidaciones con superávit, pero la liquidación suele ser bastante superior a lo proyectado por la constante captación de fondos procedentes de administraciones supramunicipales y la ejecución de créditos con origen en ejercicios anteriores", añadió Valeria Guerra, que detalló que el resultado presupuestario es de 3.220.579,68 euros.

Las cuentas generales recibieron un consenso mayoritario al contar con el voto favorable del grupo de gobierno y la abstención de la oposición. El Presupuesto prevé además en inversiones reales 6.806.935,39 euros y un 73% de las cuentas tendrán una repercusión directa en la ciudadanía. Mientras, el 77% de las inversiones proyectadas se financian con recursos propios municipales.

La concejala subrayó que este Presupuesto "será el penúltimo que presentemos con deuda financiera ya que en el 2027 se va a eliminar la deuda histórica heredada de más de 31 millones de euros que tenía este Ayuntamiento en 2007".

En definitiva, la concejala concluyó asegurando que "estos presupuestos se alinean con los objetivos de nuestro programa de gobierno progresista y actuará como punto de apoyo para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, incrementa la cohesión social y la igualdad de oportunidades, además de lograr una administración eficiente y moderna que ofrezca mejor atención a la ciudadanía".

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, felicitó a la concejala “por su gran trabajo y la presentación tan didáctica y precisa del Presupuesto», además de subrayar que «como todos los años mantenemos nuestro objetivo de gastar menos de lo que ingresamos y seguir generando ahorro». “Este presupuesto refleja la fortaleza económica y la buena gestión que ha caracterizado a nuestro Ayuntamiento en los últimos años", indicó.

"Alcanzar los 44 millones de euros supone no solo una cifra histórica sino también la confirmación de que Gáldar avanza con paso firme hacia un modelo de ciudad moderna. Hemos sido capaces de duplicar el presupuesto en una década sin aumentar la presión fiscal, y eso demuestra que la eficiencia, la planificación y la captación de recursos externos dan resultados. Este presupuesto nos permitirá seguir impulsando proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos”, concluyó Teodoro Sosa.

El límite de gasto no financiero para las cuentas autonómicas se sitúa en 12.491 millones de euros, lo que supone un crecimiento porcentual del 7 % respecto a este ejercicio

De esta cifra, más de 8.000 millones se destina a la prestación de servicios públicos esenciales: sanidad, educación, servicios sociales y acceso a la vivienda

El acceso a la vivienda se posiciona como una de las preocupaciones prioritarias de este Ejecutivo, que incluye deducciones en IGIC e ITP para la compra de vivienda habitual

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias por una cifra global de 12.491 millones de euros para el año 2026. Esto supone un incremento del 7%, lo que se traduce en 813 millones de euros más respecto a 2025, que se destinarán, principalmente, a garantizar el gasto en políticas sociales.

Al igual que los años anteriores, el presupuesto se ha diseñado a gasto real y con prudencia ante el desconocimiento de las magnitudes necesarias para su elaboración. Con respecto a la disciplina fiscal, la consejera ha explicado que el Gobierno de España no ha aprobado la senda de consolidación fiscal, lo que obliga Canarias a formular unos presupuestos con un superávit del 0,1% del PIB de la comunidad autónoma.

El ministerio de Economía tampoco ha aprobado la tasa de crecimiento del producto interior bruto, por lo que el presupuesto se ha elaborado en base a la última tasa de crecimiento referenciada, que es del 3,3%. A este respecto, la consejera de Hacienda se ha vuelto a referir a la imposibilidad de crecer más de ese porcentaje, independientemente de cuáles sean las cifras de recaudación de la comunidad autónoma. “Se trata de un valor del año 2023, por lo que no se adapta a la realidad actual. A pesar de todo, las cuentas públicas de 2026 dan prioridad al gasto social, al destinar la mayor parte del presupuesto a sanidad, educación, servicios sociales y acceso a la vivienda. También es importante el refuerzo que se hace en transición verde, agricultura, economía, industria y comercio”.

Además, al no haber un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, no se conocen las partidas destinadas a Canarias, por lo que, como ha explicado la consejera, se ha optado por mantener las recurrentes o las previamente acordadas. El incremento de los ingresos se sustenta en el crecimiento de los ingresos asociados al Sistema de Financiación Autonómica (SFA) y los tributos cedidos; además del incremento de otros ingresos tributarios.

De los 12.491 millones de euros de gasto, al Servicio Canario de Salud le corresponden 4.833 millones, lo que supone un incremento del 5,2% respecto al año anterior, con una subida de algo más de 240 millones de euros. Educación incrementa su partida en 159 millones de euros, el doble que el incremento del año pasado, situándose en un diferencial del 7,4% , con 2.313 millones de euros.

Por otro lado, el gasto en Bienestar Social asciende a 824 millones de euros, 62 millones de euros más, lo que supone un incremento del 8,2% respecto a 2025. Respecto a la vivienda, el Instituto Canario de la Vivienda refleja un incremento del 14,9%, con una partida de 197,5 millones de euros, casi 26 millones de euros más.

También destaca el crecimiento de Transición Ecológica y Energía, con 454 millones de euros, un 44,8% de subida respecto al ejercicio anterior, es decir, 140 millones de euros más. Por el contrario, la mayor caída la registra Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, con un descenso de, prácticamente, 60 millones, debido a la distribución de los fondos del Convenio de Carreteras.

La comunidad autónoma, con la deuda pública en 6.680 millones de euros, es decir, un 10,4% del PIB, cumple con los compromisos con las reglas fiscales y de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, la consejera ha vuelto a reclamar que el Gobierno central trasponga al ordenamiento jurídico español la nueva normativa disciplinaria europea, vigente desde abril de 2024, mucho más flexible que la que el Estado aplica a las comunidades autónomas y corporaciones locales. “Esta adecuación a la normativa europea permitiría flexibilizar la regla del gasto y destinar el superávit a paliar las necesidades de los canarios, situación que ahora nos está vetada”, ha recalcado Matilde Asián.

Modificaciones tributarias

En relación a la política fiscal, la preocupación del Gobierno de Canarias por el acceso a la vivienda de sus ciudadanos, se verá reflejada en la mejora de las deducciones fiscales para adquisición de vivienda habitual. Al respecto, el proyecto de presupuesto de 2026 fortalece las rebajas en el Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) y en el Impuesto de Transmisión de Patrimonio para adquisición de vivienda habitual, aumentando la edad, la renta máxima para acogerse a las mismas, así como el importe de adquisición de los inmuebles. “El anterior nivel de renta hacía impracticable su aplicación y no estaba repercutiendo en la población. Por eso, lo que hemos aumentado y adaptado a la realidad, lo que va a permitir que se beneficie un mayor número de personas”, aclaró la consejera.

Respecto al IGIC para la adquisición de vivienda habitual, en el nuevo Proyecto de Ley de Presupuestos, la edad de adquiriente sube hasta los 40 años y el importe máximo de la vivienda, hasta los 200.000 euros aunque aumenta en el caso de familias numerosas. La renta máxima para acogerse a estas mejoras aumenta de los 24.000 a los 46.445 euros, y de los 34.000 a los 61.770 euros, en el caso de tributación conjunta. En el caso del ITP, las rentas máximas de los adquirientes también suben hasta los 46.445 euros, pudiendo incrementarse en más de 6.000 euros por cada persona por la que el contribuyente tenga derecho a aplicar el mínimo familiar.

Asimismo, entre las medidas de alivio fiscal, y que afectan al IRPF, destaca la deflactación de la tarifa autonómica en función de la evolución del IPC; es decir, se incrementan todos los tramos un 2,1%. También se incrementan los límites máximos de rentas para la aplicación de las deducciones autonómicas, pasando de 45.500 a 46.455 euros, en tributación individual, y de 60.500 a 61.770 euros, en conjunta. También se crea una deducción autonómica por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de entidades de nueva o reciente creación. En estos casos, la deducción es del 20% de inversión con un máximo de 4.000 euros anuales, o del 30% con un máximo de 6.000 euros anuales, si se trata de sociedades creadas o participadas por universidades o centros de investigación.

En cuanto a las medidas relacionadas con la salud, se incrementa el tipo de IGIC del 7 al 15% a las bebidas energéticas y se gradúan los tipos tributarios a aplicar a las bebidas refrescantes, en función del nivel de azúcares añadidos, que oscilará entre 3%, 5% o 7% de IGIC. También pasan a tributar a tipo 0% las camas hospitalarias al ser consideradas aparatos sanitarios.

En línea con la preocupación por la salud, se incrementa el tipo impositivo en determinadas modalidades del Impuesto sobre las labores del tabaco en cigarrillos y tabaco calentado. También se modifica la tributación de las bolsas de nicotina, que pasa de ad valorem a específico.

Se elimina además el AIEM sobre combustibles, puesto que ya no se producen en Canarias, y se introduce de un tipo específico del 1% en el IGIC para gravar la entrega e importaciones de combustible, actualmente gravada a tipo 0. Y se introduce el aceite vegetal hidrogenado como biocarburante a tipo 0% de IGIC.

Además, la ley de Presupuestos de la CAC para 2026, prevé mantener la bonificación extraordinaria y temporal del precio final del combustible derivado del petróleo para las islas no capitalinas.

Plazos

El proyecto de Ley de los PGCAC, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno de hoy, se entregará el próximo día 30 de octubre al Parlamento de Canarias para que comiencen los trámites necesarios para que el nuevo marco presupuestario entre en vigor el próximo 1 de enero de 2026.

El Consejo de Capitalidad abordó hoy las aportaciones directas del Ejecutivo canario a Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife por 9,1 millones de euros

La capital grancanaria recibe una aportación autonómica de 4,8 millones de euros y Santa Cruz de Tenerife una partida de 4,3 millones euros

El Gobierno de Canarias incrementa las aportaciones financieras en un 8,35% a los ayuntamientos de las dos capitales del archipiélago para 2026. Así se lo ha trasladado hoy el presidente Fernando Clavijo a los alcaldes Carolina Darias y José Manuel Bermúdez en la reunión del Consejo de la Capitalidad. Esto supone un ingreso conjunto de 9.176.226 euros para ambas ciudades, atendiendo a los gastos derivados de su situación de capitalidad compartida.

Por capitales, Las Palmas de Gran Canaria recibirá 4.883.462 euros y Santa Cruz de Tenerife, 4.292.763 euros. La presentación de las líneas financieras para el próximo año a los máximos responsables de los dos ayuntamientos se realiza cada año en cumplimiento del Estatuto de la Capitalidad compartida, que establece que ambas ciudades cuenten con un apartado específico en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, con partidas propias y distintas de otros recursos económicos.

El presidente Fernando Clavijo destacó que “este incremento refleja el compromiso del Gobierno con el equilibrio territorial y con el papel esencial que desempeñan nuestras dos capitales como motores económicos, sociales y administrativos del archipiélago”.

Asimismo, subrayó que “mantener y reforzar esta línea ascendente en las aportaciones a Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife es una muestra del esfuerzo por garantizar que ambas ciudades cuenten con los recursos necesarios para seguir prestando servicios de calidad no solo a sus vecinos, sino al conjunto de Canarias”.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, que acudió junto al concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, valoró positivamente el aumento de la asignación que recibirá la ciudad en concepto de capitalidad, que este año asciende a 4.800.000 euros, frente a los 4.500.000 del ejercicio anterior. “Mostramos nuestra conformidad ante un incremento que se ajusta a los cánones en relación con los ingresos que tiene la Comunidad Autónoma, tanto financieros como no financieros”, ha señalado.

Darias, asimismo, ha subrayado la importancia de contar con recursos adecuados para atender las demandas propias de las capitales: “Soportamos una mayor carga en la prestación de servicios, y por eso es absolutamente necesario contar con fondos como estos, sin perjuicio de que puedan llegar otros de carácter específico y singular en función de las necesidades particulares de nuestra ciudad”.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que asistió al Consejo de Capitalidad por videoconferencia acompañado por el Coordinador General de Hacienda y Política Financiera del Ayuntamiento, Rogelio Padrón, apuntó que «desde Santa Cruz de Tenerife valoramos que se haya incrementado la aportación por parte del Gobierno de Canarias, pero entendemos que Santa Cruz, precisamente por ser capital, tiene una serie de problemáticas diferentes a las del resto de municipios, y por ello necesita recursos adicionales, más allá de esta aportación genérica».

Por parte del Gobierno, además del presidente y el vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, han asistido como miembros del Consejo de la Capitalidad la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián; la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín; y la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto. También asistieron como invitados el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello, y el viceconsejero de Hacienda y Relaciones con la UE, Gabriel Megías.

Aridany Romero, consejero de Deportes señala que “hemos alcanzado niveles muy altos en rapidez de pago”

El organismo insular presenta un período medio de pago de solo 0,55 días en el mes de julio “gracias al trabajo realizado por todo el personal”

El Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria (IID) ha consolidado durante 2025 una gestión económica ejemplar que lo sitúa como uno de los organismos referentes en el archipiélago, destacando entre ellas un período medio de pago de apenas 0,55 días en julio, la institución ha demostrado una capacidad de respuesta ágil y eficaz, que se traduce en el abono puntual de facturas, subvenciones y nóminas por un total de 30.462.967,06 euros.

“Los datos hablan por sí solos: hemos conseguido un período medio de pago de apenas medio día. Eso significa que los clubes, deportistas y proveedores reciben sus recursos de forma inmediata, lo que genera confianza y estabilidad en el sistema deportivo de la isla”, señaló el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, defendiendo que “hemos alcanzado niveles muy altos, sin precedentes, en rapidez de pago”. Un logro, añade, “que no es aislado” y que hay que entenderlo “como una línea de gestión estable que se consolida año a año”.

Asimismo, el capítulo de inversiones reales refleja un avance sólido: se han abonado hasta la fecha 5.756.688,63 euros, mientras que otros 13.618.950,97 euros se encuentran ya comprometidos mediante contratos firmados y en fase de ejecución. De esta forma, el Instituto asegura la continuidad de proyectos estratégicos destinados a modernizar y mejorar las infraestructuras deportivas de Gran Canaria.

En cuanto a la contratación pública, durante este ejercicio se han formalizado 14 contratos -2 de obra, 3 de suministro y 9 de servicios-, que forman parte de un total de 67 procedimientos licitados (46 de servicios, 17 de suministros y 4 de obras). Cabe destacar que una parte relevante de estas adjudicaciones corresponde a expedientes iniciados en 2024, lo que demuestra la planificación y la estabilidad de la estrategia inversora del organismo.

Del mismo modo, la gestión en materia de subvenciones ha alcanzado cifras históricas. El IID ha concedido ya 15.073.926,40 euros, de los cuales se han abonado 14.012.926,40 euros, con un total de 994 ayudas tramitadas. Dentro de ellas, sobresalen las 773 subvenciones correspondientes a 7 convocatorias de 2025, que incluyen apoyos a clubes de fútbol (117), equipos (64), licencias (192), deporte femenino (297), municipios (73), federaciones (23) y desplazamientos europeos (7). A estas se suman 637 subvenciones concedidas fuera de convocatoria, lo que refuerza la flexibilidad y cercanía de la institución. Además, el adelanto de entre cinco y seis meses en los pagos respecto a 2023 confirma la voluntad de agilizar la financiación de clubes y entidades deportivas.

En paralelo, el IID ha reforzado su compromiso con la transparencia, obteniendo la máxima puntuación (10 puntos) en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), elevando la valoración alcanzada en 2022/2023 (5,82 puntos), lo que avala el esfuerzo de la institución por garantizar una gestión clara, rigurosa y plenamente accesible para la ciudadanía.

“La combinación de eficacia, transparencia, inversión y apoyo directo al deporte hace que el Instituto Insular de Deportes sea hoy un motor para Gran Canaria. Seguiremos trabajando para que cada euro público se convierta en oportunidades para deportistas, clubes y ciudadanía”, concluyó el consejero.

Además, el máximo responsable del IID, Aridany Romero, reivindicó el “trabajo que todo el personal lleva realizando durante el último año demostrado que se puede gestionar con eficacia”.