El viceconsejero del Gabinete del Presidente reclama una estructura estable de coordinación entre la UE, los Estados y las regiones que tienen que gestionar la migración en primera línea

Octavio Caraballo anuncia la posible visita a las islas del vicepresidente de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, el próximo mes de septiembre

El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, ha mantenido estos días encuentros con la Comisión Europea para abordar dos asuntos de especial relevancia para el futuro de Canarias, como son la próxima entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo y la nueva estrategia para las regiones ultraperiféricas (RUP), que probablemente Bruselas aprobará antes del verano.

Respecto al Pacto Migratorio y ante la Dirección General de Asuntos de Interior de la Comisión Europea, trasladó la preocupación del Gobierno de Canarias ante la falta de información sobre la aplicación del acuerdo a poco más de un mes de su entrada en vigor. Será el próximo 12 de junio, en plena visita del Papa León XIV a las islas. Esta situación, dijo, genera “riesgos reales para su aplicación efectiva”.

Caraballo recordó en Bruselas que Canarias, como una de las principales puertas de entrada a Europa de la migración procedente de África, “será uno de los territorios determinantes para medir el éxito real del Plan de Implementación en España y, por tanto, reflejará el éxito o fracaso de las medidas que se adopten”..

Sin embargo, subrayó que las regiones “no sabemos nada, no hemos sido informadas ni siquiera de los aspectos que son de nuestra competencia, como el de los menores”. En este sentido, apuntó que no se ha producido ni una sola reunión informativa y de coordinación multinivel con las autoridades que también tienen competencias en la implementación de esta nueva legislación europea.

El viceconsejero del Ejecutivo autonómico recordó que el Estado, en su plan nacional, se comprometió a realizar cambios legislativos que son necesarios para la correcta implementación del Pacto pero “ni siquiera las ha trasladado al Congreso dado que no tienen mayoría suficiente para su aprobación”.

Otro de los asuntos que preocupa al Gobierno de Canarias es que el Reglamento de Triaje establece que los adultos que soliciten protección internacional podrán permanecer hasta 12 semanas en centros de residencia obligatoria en las islas mientras se resuelve su solicitud. En caso de denegación, este tiempo se podría prolongar otras 12 semanas en centros “multimodales” (no de detención) a la espera de su retorno.

Estas medidas, expuso Caraballo en sus reuniones en Bruselas, podria generar situaciones de exclusión social o sinhogarismo, reavivando la percepción de Canarias como islas cárcel. Agregó que “no se garantizan los derechos humanos ni un tránsito ordenado y garantista de los menores”.

Ante este escenario, Canarias planteó a la Comisión Europea establecer una estructura estable de coordinación entre la UE, los Estados y las regiones que se encuentran en primera línea en la gestión de la migración.

El viceconsejero del Gabinete del Presidente reiteró asimismo la necesidad de regionalizar los fondos y dotar de mayor transparencia los recursos estatales para que exista una distribución efectiva; medidas específicas para los territorios que son frontera exterior, como es el caso de Canarias; así como un seguimiento a la creciente gravedad de los movimientos que se están registrando en el Sahel.

Aunque las cifras de llegadas a Canarias han descendido en 2025 y en 2026, dijo Octavio Caraballo, “puede tratarse de un espejismo. La realidad en el Sahel es cada día más preocupante, así como la situación en la que se encuentran países como Senegal y Gambia”.

Nueva Estrategia RUP

El representante del Gobierno de Canarias incluyó en su agenda de trabajo en Bruselas una reunión con el Gabinete del vicepresidente de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, para abordar las propuestas de Canarias a la nueva Estrategia de las RUP. Para analizar estas propuestas sobre el terreno, está prevista la visita del Fitto a las islas el próximo mes de septiembre.

En la cumbre de las regiones ultraperiféricas celebrada en la Isla de Reunión el pasado mes de enero, el vicepresidente de la Comisión ya anunció que esta nueva estrategia se apoyará en cinco pilares fundamentales, como son defensa, agua, energía, competitividad y vivienda.

Esta es precisamente una de las grandes reclamaciones de Canarias ante la UE, la posibilidad de limitar la venta de viviendas a personas no residentes como una de las medidas para hacer frente a la crisis habitacional del archipiélago. Aunque la libre circulación de personas y bienes es uno de los principios básicos de la Unión, el Gobierno de Canarias considera que su condición de región ultraperiférica le permitiría disponer de una exención por parte de Bruselas.

Previsiblemente, esta estrategia específica para las nueve RUP amparadas por el artículo 349 del Tratado europeo quedará aprobada por la Comisión antes del verano. Además de las medidas relativas a la vivienda, el Gobierno de Canarias confía en que recoja sus propuestas para la protección del POSEI: que se mantenga una ficha financiera propia y que se actualice para garantizar la efectiva protección del sector primario de las islas.

El presidente de Canarias rechaza que el archipiélago sea utilizado como espacio de detención y denuncia que ni Estado ni Bruselas escuchen la voz de los territorios frontera

Las imprecisiones y lagunas que siguen existiendo sobre la aplicación de la política migratoria europea centran el debate de expertos durante la jornada organizada por IRLab con profesionales, ONG y entidades

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha alertado este lunes de que la aplicación del Pacto de Migración y Asilo de la UE puede generar más presión sobre las islas. Su aplicación, dijo, “puede suponer un antes y un después en el proyecto y los principios de la Unión Europea, que corre el riesgo de involucionar y dar pasos hacia atrás”. En su opinión, este acuerdo no ha tenido en cuenta la opinión de las regiones fronterizas, como Canarias, “en los que sí se pueden ubicar esos espacios de retención, esos agujeros negros de los derechos humanos”.

Clavijo hizo esta reflexión en la jornada ‘Canarias ante el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo: impacto, desafíos y oportunidades’. El encuentro, organizado por Islas Responsables Lab (IRLab) del Gobierno de Canarias y celebrado en Casa África, ha contado con expertos que han puesto de manifiesto que el Pacto europeo -que entra en vigor el próximo 12 de junio- contiene imprecisiones y lagunas sobre su aplicación, especialmente en los territorios frontera como el archipiélago.

Clavijo hizo hincapié en este sentido en que la aplicación del Pacto de Migración y Asilo de la UE abre “muchas incógnitas” en el Gobierno de Canarias, puesto que asuntos como el Reglamento de Triaje permite que los migrantes permanezcan en las islas hasta seis meses, cuando en la actualidad el plazo suele rondar un mes. Esta circunstancia dificulta la gestión de la migración en un territorio ultraperiférico y fragmentado como Canarias, que ya sufre una alta presión migratoria.

Durante la inauguración de la jornada, el titular del Gobierno canario lamentó que Bruselas no haya contado con Canarias para la elaboración de este documento, como tampoco lo ha hecho el Gobierno de España en el diseño de los planes nacionales para la aplicación del pacto.

El presidente también considera fundamental que la UE tenga en cuenta las especificidades de la Ruta Atlántica, porque son muy diferentes a las que se registran en el Mediterráneo, tanto en su alta mortalidad como porque los migrantes llegan a un archipiélago a miles de kilómetros del lugar en que quieren construir sus sueños en Europa.

Además, se refirió a la próxima visita a Canarias del papa León XIV, que coincide con la entrada en vigor del Pacto, y espera que contribuya a difundir el mensaje de respeto a los derechos humanos y de solidaridad con las personas que buscan un futuro mejor.

Fernando Clavijo también aprovechó su intervención para agradecer a las ONG y entidades del tercer sector su apoyo. En especial, que se hayan sumado a la lucha en Bruselas para reclamar que el Pacto de Migración y Asilo de la UE incluya un acuerdo europeo para que los menores migrantes no acompañados se puedan distribuir de forma segura, no sólo entre las comunidades españolas sino también entre los Estados miembros.

Por su parte, el director de Casa África, José Segura, felicitó al Gobierno de Canarias por proponer este debate sobre el Pacto Europeo de las Migraciones en un momento de endurecimiento de las medidas para gestionar las migraciones no solo a nivel europeo, sino global. En su opinión, la aprobación en el Parlamento europeo del reglamento de retorno “plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos y la tutela judicial efectiva”.

Quiso enfatizar que, mientas algunos en Europa optan por el blindaje y la externalización, “en España hemos decidido tomar un camino diferente”, el que permitirá regularizar a muchas personas migrantes “que ya viven entre nosotros y cuyo acceso al mercado de trabajo y aportación a la economía formal harán que sigamos avanzando”, dijo.

Por su parte, el director de Relaciones con África, Luis Padilla, insistió en la cooperación como uno de los factores que más contribuye a promover el desarrollo social, económico y personal de los países emisores de migración.

En este sentido, destacó los proyectos que desarrolla el Gobierno de Canarias en países como Senegal o Mauritania, que tienen como principal objetivo generar actividad económica y con ello fijar la población al territorio. Proyectos como Tierra Firme, dijo Padilla en el cierre de este encuentro, aportan formación profesional en sectores como la construcción, la agricultura o el textil “y con ello no sólo facilitan oportunidades de empleo, sino que ofrecen futuro no solo a nivel personal, sino una vía de desarrollo a esas sociedades”. Además, apuntó, de esta manera se desincentiva que estos jóvenes arriesguen su vida subiendo a un cayuco para atravesar la peligrosa Ruta Atlántica.

Amplio debate

La jornada Canarias ante el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo: impacto, desafíos y oportunidades ha estado estructurada en dos paneles que abordan dos aspectos fundamentales del nuevo acuerdo de los 27: ‘Del marco normativo a la gestión sobre el terreno: el Pacto en la frontera atlántica’ y ‘El nuevo Pacto: retos de derechos humanos en Canarias’. Entre los ponentes, han participado representantes de la Policía Nacional; Oxfam; Cear; el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE); Acnur; y expertos en protección de la infancia.

En la primera sesión, el comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Frontera de Las Palmas, José Antonio Ayuso, relacionó los actuales procedimientos de triaje con los propuestos en el nuevo pacto europeo, desde los plazos y lugares en los que se realiza, a las modalidades o las fases en las que está estructurado.

En este sentido, la coordinadora de Protección de los Derechos de la Población Migrante de Oxfam, Sonia Díaz, destacó que los circuitos previstos como resolución del triaje son el procedimiento fronterizo de asilo -que establece una residencia obligatoria de 12 que se puede alcanzar otras 12, con el impacto que puede tener esta situación en el territorio y para el conjunto de la población- y el procedimiento fronterizo de retorno (para el resto de migrantes). Para ello, previsiblemente se utilizarán los CATE existentes en Canarias. Además, señaló que existe “el riesgo” de una posible decisión de derivación inversa concentrando únicamente los centros fronterizos de retorno en las Islas.

En cuanto a oportunidades que ofrece el documento, Díaz señaló que uno de los requerimientos más importantes que hace la Agencia Europea de Asilo es que se garanticen las traducciones e interpretaciones en todas las fases. En este punto, Oxfam observa un potencial de formación para el empleo entre chicos que llegan al territorio canario y que podrían constituir un cuerpo de traductores financiado por estas políticas europeas. En cualquier caso, puntualizó que es fundamental contar con dotación económica específica.

Por su parte, la coordinadora estatal del servicio jurídico de CEAR, María Elena Muñoz, se centró en los procedimientos de protección internacional en frontera para valorar a quien se aplicará en Canarias, en qué plazos, en qué lugares o con qué recursos. Igualmente, en su intervención habló sobre el procedimiento de retorno en frontera.

Muñoz criticó que el Gobierno de España “no ha hecho los derechos” en el marco jurídico para aplicar el pacto. Esta tarea la considera necesaria porque determinará “cómo compatibilizar lo que dice el acuerdo europeo con lo que tenemos en el territorio español”.

Derechos humanos

En el segundo panel -dedicado a ‘El nuevo Pacto: retos de derechos humanos en Canarias’-, Marta García Cienfuegos, oficial de Protección y responsable de la Unidad de Protección de ACNUR destacó los riesgos de quienes no entran en los procesos de asilo o las circunstancias de la aplicación del proceso de retorno para demandar la protección internacional. Lamentó que su organización no tiene información de cómo España va a aplicar el Pacto y señaló que Canarias es “clave” para su aplicación. Al respecto, dijo que “podría ser útil” establecer en las islas un proyecto piloto para analizar cómo operar y cómo se garantiza la protección internacional a las personas que tienen derecho a ella.

Asimismo, Patricia Fernández Vincens, abogada especializada en infancia, situaciones de exclusión social y migraciones centró su intervención en las salvaguardas procedimentales que recoge el Pacto. Una de las buenas noticias de este acuerdo, señaló, es que si se aplica bien, la delimitación de la edad tiene que contemplar el carácter holístico y psicosocial, frente al actual escenario, que solo implica la determinación de la edad biológica.

Además, la jurista del Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE) María Trapet analizó aspectos relacionados con la asistencia letrada a los migrantes; la aplicabilidad del procedimiento de frontera (desde la casuística, hasta ficción de no entrada o los lugares donde podrá desarrollarse); y los aspectos que tienen que ver con la detención y restricción de la libertad de movimiento. Igualmente, analizó en su intervención los fondos y solidaridad de la Unión Europea.