El consejero confía en que la Abogacía del Estado dé por válida la metodología, consensuada junto al sector, para obtener un cálculo real y efectivo

La falta de ajuste está provocando que las empresas canarias se encuentren en una situación de desventaja competitiva, compensando ellas mismas, actualmente, de media, el 60% de los costes reales

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha explicado en sede parlamentaria que el Ejecutivo seguirá defendiendo ante el Estado la propuesta canaria para calcular los costes tipo, con el objetivo de que que se tenga en cuenta la realidad de los costes efectivos del transporte de mercancías en las islas.

“La fórmula utilizada por el gobierno estatal es prácticamente desconocida por este gobierno y por los propios transportistas. Esta falta de transparencia en el cálculo impide cualquier posibilidad de verificación o ajuste por parte de aquellos que más directamente sufren sus consecuencias”, ha detallado.

En este sentido, en la mesa técnica celebrada el pasado mes marzo con el Ministerio, se analizó la propuesta presentada por Canarias, y consensuada con el sector, con la nueva metodología, de forma que las compensaciones sean adecuadas a los verdaderos costes asumidos en el transporte de mercancías. “Las empresas canarias están asumiendo, actualmente, de media, el 60% de los costes reales, lo que pone de manifiesto que el Estado no está dando cumplimiento a nuestro Régimen Económico y Fiscal, en el que se recoge que los costes tipos deben corresponderse con los costes reales que abonan las empresas”.

“Con nuestra propuesta no solo se va a garantizar una mayor precisión en la determinación de los costes tipo, sino que también se reforzará la confianza del sector en el sistema de compensaciones”, ha señalado Rodríguez.

Próxima convocatoria de la Comisión mixta

Durante su intervención, el consejero ha explicado la cronología de encuentros e intercambio de información con el Ministerio para encontrar una solución a esta problemática.

Por un lado, se remitieron escritos en noviembre de 2023 y febrero de 2024 al Ministerio, subrayando la importancia de que estas actualizaciones se realizaran conforme a los incrementos reales de los costes operativos. Posteriormente, en junio de 2024, después de celebrarse la mesa técnica y ante la ausencia de informe de la Abogacía del Estado, la Dirección General de Transportes remitía una nueva carta y la directora María Fernández manifestaba, en rueda de prensa, la importancia de llevar a cabo una actualización a la mayor celeridad posible.

“Casualmente, el jueves de la semana pasada, el 4 de julio, un día antes de la visita del ministro a Gran Canaria, y tras nuestra comparecencia antes los medios de comunicación, la Consejería recibe una carta del Ministerio, firmada por el director general de la Marina Mercante, en la que se informaba de la posible convocatoria de la comisión mixta en las próximas semanas para abordar este asunto”, ha explicado el consejero, a la vez que ha indicado que la Consejería confía en que en este próximo encuentro “la Abogacía del Estado dé por válida la metodología, consensuada junto al sector, para obtener un cálculo real y efectivo, y evitar que este continúe en clara desventaja competitiva, dificultando su capacidad para operar eficientemente y repercutiendo, negativamente, en la economía local”.

El Gobierno autonómico lamenta que el Estado persista en el conflicto pese a que el artículo 157 del Estatuto confiere al archipiélago la gestión exclusiva de su litoral

La reunión de la Comisión Bilateral celebrada en la capital grancanaria se salda con un desacuerdo “frontal” entre el Ejecutivo canario y los representantes del Gobierno español

El Gobierno de Canarias acudirá al Tribunal Constitucional para defender sus competencias plenas en materia de Costas. Así lo anunciado el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, tras lamentar la “falta de voluntad política” del Estado que persiste en este conflicto competencial pese a que el artículo 157 del Estatuto de Autonomía confiere al Ejecutivo canario la gestión exclusiva del litoral del archipiélago.

El representante del Gobierno de Canarias se ha pronunciado de este modo al término de la reunión de la Comisión Bilateral Canarias-Estado celebrada este lunes en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria donde ha constatado el “choque frontal existente sobre este asunto”, lo que obliga a la comunidad autónoma a “acudir al Tribunal Constitucional para que resuelva”.

El encuentro se ha saldado con un desacuerdo entre el Gobierno de Canarias y los representantes del Estado. La representación del Gobierno de Canarias en esta reunión ha estado encabezada por el presidente Fernando Clavijo, acompañado por el vicepresidente Manuel Domínguez, la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, y el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello.

En nombre del Estado han participado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España García, y el secretario Estado de Medio Ambiente. Hugo Morán Fernández.

Según ha explicado el consejero de Obras Públicas, durante la Comisión Bilateral Canarias-Estado los representantes del Gobierno español han mantenido su tesis “jurídica” de que la gestión de algunos expedientes de Costas sigue siendo responsabilidad del Ministerio de Transición Ecológica, cuando “se trataba de una reunión política donde debían demostrar su voluntad política de alcanzar un acuerdo”. El Gobierno de Canarias considera que esa posición “choca frontalmente” con el Estatuto de Autonomía, algo que Canarias defenderá ante el Tribunal Constitucional.

Pablo Rodríguez ha agradecido a los representantes del Estado el “bueno tono” mostrado en la Comisión Bilateral, pero también ha calificado de “decepcionante” que el Gobierno español haya rechazado las vías ofrecidas por Canarias para resolver este conflicto competencial. “Nos sentaremos todas las veces que haga falta, pero vamos a seguir defendiendo nuestro Estatuto y el derecho de Canarias a gestionar su litoral”, ha subrayado.

Informes a favor de Canarias

El Gobierno de Canarias sustenta la defensa de sus competencias integrales en materia de Costas en informes de sus Servicios Jurídicos, de expertos constitucionalistas, y en el dictamen al respecto elevado por la Audiencia de Cuentas.

El 5 de abril y a petición del Consejo de Gobierno, el Consejo Consultivo emitió un dictamen en el que considera que la resolución del Ministerio dirigido por Teresa Ribera “invade la competencia” de la comunidad autónoma asumida en el art. 157, letra b) del Estatuto de Canarias, y el real decreto mediante el que el Estado transfirió desde el 1 de enero de 2023 las competencias de Costas.

El Consejo Consultivo estima que tanto el Estatuto como el real decreto disponen que “toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal que necesite concesión corresponde al Gobierno de Canarias”. En consecuencia, su dictamen apoya la posición del Gobierno de Canarias de plantear este conflicto competencial ante el Tribunal Constitucional para que “restaure el orden constitucional quebrantado”.

Con ese amparo jurídico, el Ejecutivo autonómico ha dado ya todos los pasos previos preceptivos para poder acudir al Tribunal Constitucional en defensa su gestión exclusiva sobre el litoral en el caso de que no se alcanzara un acuerdo con el Estado. Hace dos semanas, presentó ya ante el Ministerio de Transición Ecológica un requerimiento denunciando la invasión de las competencias de Canarias en materia de Costas en la resolución dictada por este departamento el pasado de 27 de febrero de 2024.

Desencuentro de años

El desencuentro entre Canarias y el Estado sobre la gestión del litoral se mantiene desde la anterior legislatura, cuando el Gobierno autonómico también reclamó competencias plenas en la gestión del litoral de las islas.

Tras la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía en 2018, el Ejecutivo canario presidido por Ángel Víctor Torres inició las negociaciones con Madrid para el cumplimiento del artículo 157 y el traspaso de las competencias de Costas. De hecho, en octubre de 2021, el Gobierno autonómico ya se dirigió al Estado para advertirle que era el competente para resolver los expedientes abiertos en material de gestión del litoral.

Esta discrepancia se volvió a reflejar en agosto de 2022 en la firma del decreto de traspaso de competencia de Costas para su aplicación a partir del 1 de enero de 2023. De hecho, en febrero del año pasado, el Gobierno presidido por el ahora ministro de Política Territorial dirigió un escrito al Estado reclamando la no acción ante los temas controvertidos del traspaso de competencias y, ya en abril, solicitó también la convocatoria de la Comisión Bilateral y en especial la Subcomisión de Costas, para dirimir los conflictos competenciales.

Tras el desacuerdo plasmado este martes en la Comisión Bilateral Canarias-Estado, el Gobierno autonómico esperará ahora a que el Consejo de Ministros rechace su requerimiento sobre este conflicto, algo que se prevé que ocurra dentro de una semana. A partir de ahí, la comunidad autónoma tendrá vía libre para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El ICAP apuesta por la profesionalización del personal empleado público con una especialización en los retos que suponen las tecnologías digitales

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias la convocatoria del itinerario en Competencias Digitales incluidas en el Plan de Formación para el año 2024, que incorpora por primera vez un módulo de inteligencia artificial.

La directora del ICAP, Pino de León, señala que “la inteligencia artificial se ha convertido en un elemento fundamental en la evolución del entorno laboral en la era digital. En este mundo, en constante transformación, las competencias digitales de los empleados públicos son esenciales para mantener y mejorar la eficiencia de los servicios públicos”.

Con el nuevo Plan de Formación, la directora asegura que “apostamos por la profesionalización del personal empleado público, con una especialización en los retos que suponen las tecnologías digitales y los objetivos que imponen las directivas comunitarias”.

El curso consta de seis áreas competenciales, con tres niveles de complejidad. El itinerario contempla alfabetización digital, información y datos, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad, resolución de problemas, y transformación digital e innovación e incluye un módulo de Inteligencia Artificial. Para cada nivel se especifican descriptores basados en términos de conocimientos, capacidades y habilidades. La duración total de este curso es de 285 horas lectivas.

El ICAP recuerda que el plazo de presentación de solicitudes ya está abierto, a través de su Secretaría Virtual, y se extenderá hasta el día 26 de marzo de 2024.

La directora general de Asuntos Económicos con África del Gobierno de Canarias, Nasara Cabrera, presenta los nuevos cursos para personal docente de Cabo Verde en el marco del programa Formación de formadores junto a la gerente de Casa África, Ana María Hernández, la responsable del departamento de innovación del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), Alma Cruz, el director del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Las Indias, Gregorio Hernández, y la gerente del Clúster Audiovisual de Canarias, Genoveva Ayala

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo presenta en Casa África los nuevos cursos dentro del programa Formación de formadores con el apoyo del Instituto Tecnológico de Canarias

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias presentó este miércoles en Casa África dentro de su programa internacional Formación de formadores, con el apoyo del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), los nuevos cursos en competencias profesionales dirigida a personal docente de Cabo Verde en los ámbitos audiovisual, textil y de imagen personal, que contará con profesorado del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Las Indias y del Clúster Audiovisual de Canarias.

Junto a la directora general de Asuntos Económicos con África del Gobierno de Canarias, Nasara Cabrera, participaron en la presentación de la oferta formativa para 2023 la responsable del departamento de innovación del ITC, Alma Cruz; el director del CIFP Las Indias, Gregorio Hernández, la gerente del Clúster Audiovisual de Canarias, Genoveva Ayala, y la gerente de Casa África, Ana María Hernández.

“Ya se beneficiaron más de 500 personas de ocho países del continente vecino desde el inicio del programa Formación de formadores dentro del eje de transferencia de conocimiento de la nueva Estrategia Canarias África con el objetivo de profundizar en la colaboración de los dos territorios desde múltiples ámbitos para un crecimiento conjunto”, destacó Nasara Cabrera.

A lo largo de la jornada, se detallaron las tres acciones formativas enmarcadas en el programa internacional de Formación de Formadores que se impartirán en esta edición y que están centradas en los sectores textil, audiovisual y de imagen personal, dirigidas principalmente a personal docente de formación profesional y universitario de Cabo Verde.

El programa, puesto en marcha en Canarias en 2020 y financiado por la Dirección General de Asuntos Económicos con África, tiene como objetivo principal consolidar e impulsar a Canarias como nodo de conocimiento internacional en el que confluyan expertos canarios junto a formadores provenientes de países en vías de desarrollo del continente africano.

Para su desarrollo, bajo la coordinación de la empresa pública ITC, el programa cuenta en esta ocasión con la colaboración del CIFP Las Indias, centro público en el que se imparten enseñanzas vinculadas a las familias profesionales identificadas, y el Clúster Audiovisual de Canarias, nodo relevante en el crecimiento de la producción audiovisual en las islas.

Gracias a esta iniciativa de colaboración, se fomenta la transferencia de conocimiento intercentros en ámbitos profesionales de interés, a través de herramientas formativas funcionales y personal docente cualificado de la región, bajo las premisas de la innovación, la sostenibilidad y la igualdad de género, contribuyendo al alcance de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Formación de formadores entre Canarias y Cabo Verde

El programa de formación incluye entre sus ámbitos profesionales el sector audiovisual y se implementará a través de cinco sesiones formativas presenciales en Cabo Verde, durante los meses de junio y julio de 2023, dirigidas a fomentar la especialización del sector en el archipiélago vecino.

La formación incluye las siguientes temáticas: caracterización de personajes, vestuario, innovación en el sector audiovisual (en el contexto de la sostenibilidad e igualdad de género), mercados cinematográficos y gestión empresarial de proyectos audiovisuales y creación y edición cinematográfica.

Los beneficiarios directos de esta formación serán una treintena de miembros de la Asociación de Cineastas de Cabo Verde y más de un centenar de docentes y estudiantes de la Escuela Profesional de las Tecnologías y las Artes (Eptartes) de Praia y de la Universidad de Cabo Verde, que será impartida por docentes canarios pertenecientes al CIFP Las Indias y empresarios del Clúster Audiovisual de Canarias.

La formación también incluye el ámbito de la imagen personal, con sesiones presenciales impartidas por el profesorado del CIFP Las Indias en Tenerife, durante el mes de mayo y con una duración de 40 horas. Cuatro docentes caboverdianos recibirán la formación práctica en este marco profesional, abarcando las ramas de estética, peluquería, estilismo y dirección de peluquería, y buenas prácticas ambientales, incluyendo cosmetología natural, entre otros.

Por último, el sector textil será la tercera área profesional de especialización formativa y se impartirá en el CIPF Las Indias, por profesorado cualificado, y se desarrollará en el mes de mayo con una duración de 40 horas. La formación práctica que recibirán docentes caboverdianos incluye: confección y moda, vestuario a medida, sastrería y patronaje digital, entre otros.

Cabe destacar que todos los contenidos del programa se integrarán en el repositorio de documentación que estará disponible en el Aula Virtual del proyecto para ser consultados por los docentes caboverdianos, así como un foro para solventar dudas.

Las acciones formativas se llevarán a cabo desde abril hasta julio del presente curso, teniendo como beneficiarios a un total de cuarenta docentes africanos que, a su vez, podrán trasladar los conocimientos adquiridos a su alumnado en Cabo Verde, con la finalidad de mejorar sus competencias en profesiones muy demandadas como peluquería y estética, confección u operador de cámara de cine y televisión.

Ambas administraciones tratan de dimensionar los medios humanos y materiales que deben ser transferidos, así como su coste económico

Acuerdan elaborar un cronograma para que durante la transición de una a otra institución no se produzca ningún vacío

Gobierno de Canarias y Ministerio del Interior han vuelto a reunirse este lunes para avanzar en el traspaso de las competencias en Seguridad Privada, con el propósito de que la comunidad autónoma pueda asumirlas antes de que acabe la presente legislatura. De esa forma, las islas pasarían a gestionar, tal y como establece el artículo 150 el Estatuto de Autonomía de Canarias, la autorización de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio social en el Archipiélago y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio; la autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada; la inspección y sanción de las actividades de seguridad privada que se realicen en el Archipiélago; y la coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con la policía autonómica y las policías locales.

Al citado encuentro han asistido, por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo Armas; la viceconsejera de los Servicios Jurídicos, Isabel Cubas; el comisario jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), Luis Santos; y el jefe del Servicio de Régimen Jurídico y Modernización de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, Carlos Miguel Esquivel. En representación del Ministerio del Interior han participado el director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez; y el jefe del Área Normativa e Informes de este departamento, David Tentino.

Ambas administraciones han analizado los recursos humanos y materiales que deben acompañar este traspaso de competencias, así como su coste económico, para que la prestación del servicio se pueda desarrollar en condiciones óptimas. En este sentido, Interior se ha comprometido a entregar al Gobierno canario, a lo largo del mes de octubre, la documentación necesaria que permita dimensionar el estado actual de este sector en el archipiélago. Igualmente, han acordado elaborar un cronograma para que durante el traspaso de las competencias no exista ningún vacío.

Según la última memoria elaborada por el sector de la seguridad privada, en las islas existen 72 empresas dedicadas a esta materia, cuyas competencias ya tienen ahora mismo Cataluña y País Vasco.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se reúne con el secretario de Estado de Seguridad para avanzar en este sentido

Interior muestra su mayor predisposición para que la Comunidad Autónoma de Canarias ejerza estas facultades en su territorio y propone la creación de un grupo de trabajo que se reunirá el 19 de septiembre

Según la última memoria elaborada por este sector, en las islas existen actualmente 72 empresas dedicadas a esta materia

El Gobierno canario pretende asumir, antes de que acabe la presente legislatura, las competencias en Seguridad Privada, lo que incluye, según recoge en su artículo 150 el Estatuto de Autonomía de Canarias, la autorización de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio social en el Archipiélago y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio; la autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada; la inspección y sanción de las actividades de seguridad privada que se realicen en el Archipiélago; y la coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con la policía autonómica y las policías locales.

Para ello, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha mantenido un encuentro este martes con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el director de general de Coordinación y Estudios, José Antonio Rodríguez, quienes han mostrado su mayor predisposición para colaborar y coordinar el traspaso de estas competencias. De hecho, han propuesto la creación de un grupo de trabajo, que se reunirá el próximo día 19 de septiembre, con el objetivo de valorar las circunstancias y situación real para desarrollar esta labor de la forma más efectiva y eficaz posible.

Julio Pérez, que ha estado acompañado en la citada reunión por el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo Armas; el comisario jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria, Luis Santos; y el jefe del Servicio Jurídico de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, Carlos Miguel Martín, ha explicado que, según la última memoria elaborada por el sector de la seguridad privada, en Canarias existen 72 empresas dedicadas a esta materia, cuyas competencias ya tienen ahora mismo Cataluña y País Vasco.

Entre los trabajos que asumiría el Gobierno de Canarias, una vez traspasadas las competencias, están, por ejemplo, el control y seguimiento de aquellos establecimientos obligados a tener seguridad, así como la labor que desarrollan las empresas que realizan traslados de fondos o los detectives privados.

El Estado modifica la disposición final cuarta del Real Decreto 6/2022, teniendo el Gobierno de Canarias la competencia para la planificación de este tipo de infraestructuras

De esta manera, la ministra de Transición Ecológica cumple con el compromiso adquirido con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, tras la publicación del documento inicial

El Consejo de Ministros ha aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado de este sábado, 14 de mayo, una modificación a la disposición final cuarta del Real Decreto 6/2022, que eliminaba la autorización administrativa previa para las instalaciones de regasificación que tuvieran como destino principal la alimentación de gas natural en estado gaseoso a centrales térmicas. Esta medida afectaba a la ley de hidrocarburos, que regula el mercado gasista de gas natural en estado gaseoso, cuya competencia es estatal.

De esta manera, se da cumplimiento al compromiso adquirido por parte de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el consejero regional de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, para modificar el texto inicial.

El consejero regional del Área, José Antonio Valbuena, señaló que “desde el Gobierno de Canarias solicitamos una modificación al texto por considerar que en nuestra planificación energética no está contemplada ninguna forma de mercado gasista” y aclara que para los usos que se puedan dar en las Islas “en ningún momento se vendería gas natural en estado gaseoso, ya que podría dar la sensación que dicha disposición final cuarta se imponía a la planificación elaborada en Canarias, lo que generaba cierta inseguridad”.

En este sentido, Valbuena explicó que las centrales térmicas funcionan en régimen de autoconsumo y no precisan de autorización administrativa, ya que la propia central transforma el gas suministrado en estado líquido al estado gaseoso para alimentar los grupos que generan la electricidad.

Desde el Gobierno de Canarias se consideraba necesaria una modificación del texto, ya que con la redacción inicial se podía interpretar que no se contemplaban las competencias de Canarias a la hora de diseñar su transición energética.

“Con la nueva redacción queda claro que en todo momento se debe tener en cuenta el marco competencial de ambas administraciones, la estatal y la canaria, y, por lo tanto, ya no existe riesgo alguno de que se implante una regasificadora que abra la puerta a alguna forma de mercado gasista sin el visto bueno del Ejecutivo regional, que debe tenerlo contemplado, en su planificación”, apuntó el consejero, que recordó que “como en la planificación elaborada por la Comunidad Autónoma no se contempla esa posibilidad y queda claro que no se podrá desarrollar la disposición final cuarta, mientras no se modifique la planificación energética de Canarias”.

Con esta modificación, destacó, se elimina cualquier tipo de duda o incógnita que pudiera surgir sobre una posible modificación de los planes de transición energética que el Gobierno de Canarias ha trazado.