Turcón propone alternativas para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica compatibles con el suelo agrícola

Rechaza que se declare de interés público y social la planta fotovoltaica El Mondongo promovida por Aguas de Valsequillo a costa de las plataneras en la Finca Las Salinetas

El proyecto planteado, al que se ha presentado documento de alegaciones en el Servicio de Planeamiento de la Consejería de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, promueve una instalación solar fotovoltaica de 1 MWp organizada en diferentes sectores o islas y con línea de evacuación de energía eléctrica, todo ello en suelo rústico y de alto valor agrario.

La implantación se realiza sobre suelo agrícola, en su mayor parte en producción y con alta calidad agrológica. Todo ello a través de estructuras metálicas de soporte para los captadores solares con cimentación mediante zapata corrida de hormigón armado.

Los terrenos están categorizados como Suelo Rustico de Protección Agraria Especial por el vigente PGOU de Telde y clasificado, en su mayor parte, como zonasde alto valor agrícola productivo actual y potencial según el PIO de Gran Canaria. Se propone una transformación significativa y de forma irreversible de una superficie afectada de 2,8 hectáreas, de las cuáles 1,7 hectáreas se encuentran en producción con cultivo de plataneras.

En opinión de este Colectivo, la producción de energía eléctrica con instalaciones fotovoltaicas sobre suelo que suponen la transformación del uso del Suelo Agrícola de Protección hacia un Uso Industrial, que está claramente prohibido por el Plan General de Telde. Desde el Colectivo se argumenta que lo lógico es que se indique al promotor que No procede la ocupación Suelo Agrícola con Instalaciones de Energías Renovables, las cuales sólo podrán autorizarse como uso complementario en las cubiertas de instalaciones, construcciones y edificaciones existentes.

En cuanto al PIO de Gran Canaria esta área está declarada, en su mayor parte, como Zona B.b 1.1., por su alto valor agrícola productivo actual y potencial, lo que implica que La finalidad de la ordenación será la protección y la potenciación de las zonas agrarias más productivas de la isla, preservándolas de los procesos de urbanización, así como de otros usos que no sean compatibles con la actividad agrícola.

El Colectivo reconoce que la nueva Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC´17) y, más concretamente, el Artículo 61 de la citada ley, habla de la posibilidad de establecer en suelo rústico de protección agraria, actividades complementarias entre las que se incluyen la producción de energías renovables, pero, eso sí, generando renta complementaria a la actividad ordinaria realizada en las explotaciones.

Es de destacar que esta Área Agrícola de valor Estructurante ya está siendo afectada por otras instalaciones fotovoltaicas sobre suelo, instaladas o en trámite como son Las Salinetas (IPS), Salinetas I, Salinetas III y Salinetas II que unidas a ésta nueva de Aguas de Valsequillo ocupa superficies cercanas entre las 12 y 13 hectáreas, si se consideran los perímetros de las áreas valladas, accesos, vías de servicio, estaciones transformadoras y líneas de evacuación de energía, y no sólo la superficie de placas fotovoltaicas.

En este contexto el Colectivo Turcón - Ecologistas en Acción considera que no es compatible la instalación de producción de energías renovables en este suelo debido a que no se cumplen las condiciones establecidas por la Ley del Suelo. Por un lado, la producción de energías renovables ocupando suelo en producción agrícola es incompatible con el mantenimiento de la actividad y por otro lado el promotor no se dedica a la actividad agraria. Además, la superficie ocupada es superior a la que podría ser permitida en una explotación de este tipo tomando en consideración que este cómputo se aplica sobre la superficie afectada sin considerar las edificaciones e instalaciones existentes y la superficie de cultivo en invernadero. Si observamos este proceso desde el punto de vista del Área Agrícola Estructurante, ya afectada por otras instalaciones, esta nueva instalación es a todas luces incompatible sobre suelo agrícola.

Desde el punto de vista del paisaje, esta actividad va a transformar más aún la perspectiva desde la Carretera a Melenara, que actualmente incorpora un espacio de tránsito peatonal que probablemente pueda incorporar pérgolas en altura para sombreo y árboles de porte. En este sentido podemos tomar como referencia el Plan Territorial Especial del Paisaje (PTE-05) que indica que “Las instalaciones solares fotovoltaicas deberán integrarse en el Paisaje, y habrán de ubicarse preferentemente en zonas del territorio pobladas para así reducir su impacto paisajístico, teniendo en cuenta incluso que pueden ubicarse en las propias edificaciones”.

Alternativas

Con el objeto de procurar alternativas para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica proponemos a Aguas de Valsequillo, al Ayuntamiento de Telde y al Cabildo de Gran Canaria, que procure superficies urbanas o urbanizadas para el desarrollo de las instalaciones que pretende, sin la necesidad de ocupar suelo rústico de protección agraria. Solamente en el Barrio de anexo de Casas Nuevas, que ocupa en su totalidad más de 10 Hectáreas, existen múltiples superficies utilizables con las que se puede llegar a acuerdos para el desarrollo de estas infraestructuras sobre cubiertas y o pérgolas asociadas a sombreado de zonas de apartamiento. Como infraestructuras públicas destacan el IES Casas Nuevas, equipamientos vecinales de la plaza pública y zonas de aparcamientos con posibilidad de ocupación de unos 6.000 metros cuadrados.

La zona industrial de las Rubiesas ocupa una superficie de más de 20 hectáreas donde con una superficie útil de entorno al 50% se cubriría prácticamente la superficie fotovoltaica que está afectando al Área Agrícola Estructurante. En la zona industrial anexa, sólo considerando la zona más cercana a Casas Nuevas hay espacios para unos 20.000 metros cuadrados de instalaciones.

Otra opción que recomendamos explorar es la Agrovoltaica, combinando la continuidad de los cultivos con la generación de energía solar.

Proponemos que se recomiende a Aguas de Valsequillo que reoriente su capacidad financiera a promover proyectos sobre cubiertas de edificios, en cooperación justa con los demandantes de energía eléctrica propietarios de las instalaciones, e integrando políticas de gestión de la demanda en los proyectos que se propongan para minimizar las necesidades externas de almacenamiento de energía para estabilizar el sistema eléctrico insular, o replantear al proyecto hacía una instalación de Agrovoltaica que sea compatible con la continuidad de la actividad agraria.

Entendemos que el desarrollo de la energía solar fotovoltaica debe ser integrado en edificios o zonas industriales o urbanizables, sistemas generales de infraestructuras, etc., evitando, en todo caso, los suelos agrícolas productivos o potencialmente productivos u otro tipo de suelos rústicos de protección.

Creemos que esta estrategia de desarrollo de la energía solar fotovoltaica basada sólo en cubiertas o suelos industriales, urbanos o de infraestructuras, es imprescindible en aras de preservar los suelos agrícolas, rústicos o con protección, que ya están empezando a ser ocupados masivamente por macrohuertas solares de forma especulativa.

De lo que observamos a partir de los datos aportados por el Plan de Transición Energética de Canarias (PTCAN), con la superficie de cubiertas estimada para la instalación de fotovoltaica es evidente que en las Islas Canarias es innecesario ocupar terrenos con vocación agrícola o rústica para instalar macroinstalaciones fotovoltaicas sobre suelo.

Como hemos indicado, consideramos que ocupar las cubiertas traslada en gran parte la producción de energía eléctrica al lugar del consumo, evitando transporte de energía la mayor parte del tiempo (reducción de pérdidas por disipación), así como que aportaría más estabilidad al sistema eléctrico insular con medidas de gestión de la demanda asociadas a los propios consumidores-productores. En estos casos se evitan también las líneas de evacuación de energía eléctrica, ya que, según los casos, suponen el recorrido de varios kilómetros hasta los puntos de conexión asignados extendiendo el impacto sobre el territorio. La integración de energías renovables en áreas con consumos de energía, en todo caso, requerirían el refuerzo coordinado de las redes preexistentes y no la creación de nuevos recorridos de infraestructuras de evacuación.

Al contrario, observamos con preocupación cómo el modelo de implantación de energías renovables en Gran Canaria pretende, simplemente, sustituir las fuentes de generación, desvinculadas de la demanda, a costa del territorio de la Isla. Proyectos de este tipo, sobre suelo rústico de protección agraria y desvinculados de las demandas de energía eléctrica concretas, convierten a la implantación de infraestructuras de energías renovables en el territorio como un fin especulativo en sí mismo y no como un medio para el desarrollo socioeconómico local y para satisfacer las necesidades energéticas de la sociedad canaria en el proceso de transición ecológica y energética.

Por otro lado, en general las autorizaciones de plantas de energías renovables sin consumos asociados, cargas eléctricas gestionables, ni almacenamiento alguno, generarán costes externos que deberán cubrirse con otras inversiones públicas o por otros participantes en los sistemas eléctricos como es el caso del Bombeo Reversible de Soria. No deberían ser de utilidad pública inversiones que generen externalidades que ellas mismas deben cubrir. No debería autorizarse ninguna planta fotovoltaica que no lleve asociados consumos y un programa de gestión de cargas eléctricas para que su producción fuese gestionable en al menos un 50 %.

Claramente, este tipo de iniciativas de implantación de infraestructuras de producción de energía solar fotovoltaica sobre suelo rústico de protección son incompatibles con la vocación del suelo rústico en cuestión y sin generar beneficios para los sectores públicos y privados que demandan energía eléctrica. Por tanto, NO PUEDE SER CONSIDERADO UN PROYECTO DE INTERÉS PÚBLICO O SOCIAL por parte de las instituciones públicas canarias. Por todo lo argumentado el Colectivo Turcón ha solicitado que se rechace la declaración de interés público para la instalación fotovoltaica El Mondongo, a la vez que no se autorice dicho proyecto, proponiéndosele alternativas al promotor en la línea de las expuestas en el pliego de alegaciones diligenciado en sede institucional.

Frente a la actual crisis ecológica y social, las ecologistas exigen medidas encaminadas hacía la desturificación del archipiélago y el decrecimiento de la actividad turística

Con motivo del Día de La Tierra, cientos de personas se manifiestan en la capital grancanaria, bajo el lema “Canarias tiene un Límite”, para exigir la Moratoria Turística y la Ecotasa en Canarias

Ben Magec-Ecologistas en Acción critica las políticas irresponsables de las diferentes administraciones canarias apostando por el crecimiento turístico en el actual contexto de crisis ecológica y social.

El monocultivo del turismo implantado en Canarias, lejos de traer riqueza y bienestar para el conjunto de la población, es una actividad económica que concentra la riqueza cada vez en menos y más opulentas manos, a la vez que perpetúa las elevadas cifras de exclusión social, pobreza y vulnerabilidad que siempre han caracterizado a las Islas y que son la otra cara de la misma moneda. La “industria sin chimeneas” ha crecido en Canarias a expensas de la depredación y mercantilización de nuestro territorio y de la expulsión de la población del disfrute de determinados espacios de socialización.

Nos encontramos en la actualidad en una contradicción por la que, si el turismo crece y mejoran mínimamente las cifras de empleo, precario y de baja cualificación, empeoran brutalmente nuestros indicadores ambientales y nuestra calidad de vida como habitantes de estas islas, cada vez más saturadas. El crecimiento exponencial y sin medida de la llegada de turistas a Canarias está tensionando la convivencia dentro y fuera de los núcleos tradicionalmente turísticos, agravando la desigualdad y los problemas de acceso a derechos fundamentales, lo que demuestra que hemos sobrepasado ya el cénit de nuestra capacidad de carga y acogida.

La creciente turistificación de nuestro territorio está abarcando ya zonas urbanas y rurales y la gentrificación que genera dicha actividad está imposibilitando el acceso a la vivienda para una gran cantidad de personas con sueldos y vidas precarias. La subida del precio de los alquileres y el alcance internacional que están teniendo las operaciones inmobiliarias, están poniendo nuestros inmuebles en manos de fondos de inversión y de población extranjera de alto poder adquisitivo. La explotación de las viviendas para alquiler vacacional las detrae de la oferta residencial y expulsa a la población con arraigo de sus pueblos y barrios.

Las mismas administraciones y representantes públicos que han determinado que en los suelos categorizados como turísticos no se permita el uso residencial, dicen no poder regular la oferta de vivienda turística en zona urbana o la venta de inmuebles, pues esto vulneraría las sacrosantas leyes del libre mercado, la propiedad o la libre circulación de personas, que sólo es libre y sagrada en función del nivel de renta. Sobre los suelos que aún no están construidos, independientemente de su calidad ambiental o de su peso simbólico para el ideario colectivo, pesa la amenaza de la creación de hoteles, villas de lujo o campos de golf, muchas veces avalados por la declaración de “Interés Insular”, subterfugio que con la aprobación de la ley del suelo permite disfrazar proyectos dirigidos al lucro privado de inversiones buenas para el conjunto de la ciudadanía.

Hace décadas que el movimiento ecologista canario viene denunciando el expolio de nuestros espacios naturales para ponerlos al servicio de la industria turística. La creciente y masiva llegada de turistas está copando hasta el hartazgo todos nuestros recursos naturales, infraestructuras y servicios. Nuestros ecosistemas y espacios de interés ecológico y paisajístico se están convirtiendo en lugares no solo más amenazados desde el punto de vista ambiental, sino también en los que ya no es agradable estar. Y nos quedamos sin nuestros refugios y también sin nuestros símbolos, que se convierten en productos estándar de consumo masivo.

Las ecologistas señalan a la actividad turística, vinculada al sector de la construcción, como la causa fundamental de buena parte de los problemas ambientales que este archipiélago padece y de las emisiones de gases de efecto invernadero atribuidas a Canarias, asociadas al transporte y demanda de energía. El metabolismo de la actividad turística en Canarias es altamente intensivo en el requerimiento de grandes cantidades de materiales y energía que no disponemos, y a su vez genera ingentes cantidades de residuos y contaminantes que nuestro territorio es incapaz de asimilar. La huella ecológica de Canarias es un territorio 27 veces superior, lo que quiere decir que necesitamos un territorio 27 veces mayor para satisfacer todas las demandas del modelo económico y de consumo del archipiélago. Lo que lo convierte en un modelo totalmente insostenible y cortoplacista abocado al colapso.

La organización ecologista exige que, desde las instituciones públicas, se tomen las medidas necesarias para paliar la gentrificación que sus políticas neoliberales han favorecido, para caminar hacia un modelo fiscal más redistributivo, que reparta la riqueza, que no privatice los beneficios mientras se socializan las pérdidas, que apueste por la desturistificación y que implante también una ecotasa finalista dirigida a mitigar los impactos ambientales que esta actividad produce. Pero sobre todo, que recupere la moratoria turística y que en la situación de emergencia climática y de colapso de nuestros hábitats naturales no permita consumir ni un centímetro más de suelo para ponerlo al servicio de la industria turística y de otros fines especulativos.

Exigimos a la clase política que dejen de plegarse ante los intereses de los grandes empresarios de la industria turística y que tome medidas contundentes que establezca límites y regule la actividad turística y a su vez ponga al servicio de las mayorías sociales el beneficio que genera. Ha llegado el momento de las apuestas decididas por el decrecimiento turístico y por reestructurar nuestra economía, desde la justicia social y ambiental, poniendo la vida en el centro, garantizando el bienestar de las generaciones venideras en un contexto de alarmante emergencia climática.

La federación ecologista canaria denuncia públicamente la impunidad con la que la empresa ”Costa Canaria Veneguera S.A.”, subsidaria de LOPESAN, sigue actuando en el barranco de Veneguera, dentro del Espacio Natural Protegido del Roque Nublo

Ben Magec-Ecologistas en Acción exige a la administraciones públicas que actúe con mayor contundencia y de forma ejemplarizante en defensa del patrimonio natural e histórico que previsiblemente han sido gravemente dañados en el barranco de Veneguera

La federación ecologista considera inaceptable, la impunidad con la que la empresa Costa Canaria Veneguera S.A., empresa subsidiaria de LOPESAN, a través de la empresa matriz “INVERTUR HELSAN SL”, está actuando en dominio público hidráulico dentro del cauce del barranco de Veneguera, incluido dentro del Espacio Natural Protegido “Parque Rural del Nublo”.

Tras la concesión administrativa, en el año 2016, otorgada a la entidad Costa Canaria de Veneguera S.L. por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, para la ocupación de 52.704,85 m2 de terrenos de Dominio Público Hidráulico del Barranco de Veneguera, los ecologistas han constatado que se han venido realizado grandes movimientos de tierra y desmontes a lo largo del cauce del barranco de Veneguera, afectando gravemente y de forma irreversible a los ecosistemas naturales del fondo del barranco y al cauce natural del mismo, reduciéndolo a la mínima expresión. En las últimas actuaciones y tal cual manifiesta el Cabildo de Gran Canaria en un comunicado también han afectado de forma irreversible al Bien de Interés Cultural “La Cañada de la Mar”.

La federación lamenta que tras muchos años de lucha social para la salvaguarda de este espacio por parte de la sociedad canaria y la consecuente inclusión del barranco de Veneguera en el Espacio Natural Protegido del Parque Rural del Nublo, el 6 de marzo de 2003, se sigan desarrollando actuaciones en el dominio público de manera continuada durante años sin los correspondientes estudios ni licencias y generando daños irreversibles para el patrimonio arqueológico y a los valores ambientales.

Ben Magec EeA recuerda que la citada empresa ya fue sancionada por acometer obras sin las correspondientes autorizaciones por lo que consideran que, si se demuestra la probable reincidencia y los daños causados sobre los valores naturales y culturales, deberían paralizar inmediatamente las actuaciones así como tomar medidas ejemplarizantes que marquen precedentes, con la correspondiente sanción y restauraciones de los espacios dañados.

Con algo más de perspectiva, Ben Magec-Ecologistas en Acción lamenta que el Barranco de Veneguera, símbolo de la lucha ecologista, se haya convertido de facto, en lo que consideran, el cortijo particular de LOPESAN con acceso privado por la costa, en donde se actúa con total impunidad en el Dominio Público Hidráulico y en el Espacio Natural Protegido, bajo el nombre de otra empresa, con formas más propias del caciquismo de épocas anteriores que con las garantías ambientales y de acceso público al litoral propias de una sociedad democrática en el siglo XXI.

De protección paisajística y servidumbre de Costas a circuito de motocross sin sofoco alguno en El Sobradillo de Gáldar y con los favores del Ayuntamiento

Turcón denuncia esta actividad de instalación del circuito en suelo rústico del término municipal de Gáldar (El Sobradillo), en escrito dirigido a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y al Seprona donde pone en su conocimiento una serie de hechos requiriendo su intervención y la verificación de los daños ambientales de esta práctica.

Los ecologistas muestran su inquietud por la actividad que se viene desarrollando en El Sobradillo, un recinto de Motocross con instalación de pistas sobre Suelo Rústico de Protección Paisajística con graves perjuicios para el entorno y para el medioambiente en general. La zona donde se pretende continuar con obras para la terminación y consolidación del circuito de motocross se sitúa a escasamente 100 metros en línea recta de la línea de pleamar y en la parte superior de un cantil bajo. La explotación agrícola es el uso económico de mayor importancia en el lugar, destacando la producción platanera. Existen dos zonas de baño en sus cercanías: la playita de Punta de Gáldar y el Caletón de los Cangrejos.

Según la normativa de aplicación, los usos característicos del Suelo Rústico de Protección Paisajista. (SRPP) son aquellos que persigan la conservación, restauración y rehabilitación del paisaje, así como las actividades de uso y disfrute de la naturaleza. Las actividades de recuperación de la vegetación, la restauración ambiental, y en general, las de protección, conservación y mejora de los recursos naturales, paisaje y patrimoniales.

Como usos permitidos y autorizables, en general, están los usos y actividades compatibles con la protección del paisaje y que no estén expresamente prohibidos. Dentro de estos usos autorizables se incluyen las actividades deportivas al aire libre en la naturaleza que no requieran vehículos a motor. Se indica expresamente que los rallyes u otras competiciones deportivas con vehículos a motor se podrán autorizar, pero en las carreteras de la red principal del municipio y no en Suelo Rústico de Protección Paisajista (SRPP). Todos los demás usos o actividades están prohibidos y expresamente están prohibidos todos aquellos usos no compatibles con el Plan Insular y los que pongan en peligro las características paisajísticas y naturales de estos suelos.

La zona transformada está en SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN de Costas. Destacar que la Ley de Costas establece una servidumbre administrativa, para la defensa e integridad del dominio público marítimo-terrestre denominada servidumbre de protección que recae, con carácter general, sobre una zona de 100 metros medida tierra a dentro desde el límite interior de la ribera del mar. En esta zona puede existir propiedad privada, pero se limitan las instalaciones y obras permitidas.

Con respecto a la avifauna, se pueden observar una amplia manifestación de especies como Bisbita caminero (Anthus berthelotii), Mirlo común (Turdus merula), Curruca tomillera (Sylvia conspicillata), Mosquitero canario (Phylloscopus canariensis), Herrerillo común (Parus Caeruleus) o Canario (Serinus canarius). Todas ellas son de amplia distribución en el entorno más inmediato o en el resto de la isla. Sin embargo, existen tres grupos de aves de especial interés que si pueden estar afectados por la realización de las obras y la propia actividad de motocross: las aves esteparias, rapaces y aves marinas.

· Aves esteparias. El punto analizado se encuentra dentro de una de las áreas de distribución potencial de aves esteparias en la isla de Gran Canaria, concretamente para el Alcaraván común (Burhinus oedicnemus), el cual nidifica en dicho espacio.

· Aves rapaces. Además del omnipresente Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y la escasa Lechuza común (Tyto alba), la especie a destacar en este entorno litoral norteño es la presencia de algún ejemplar de Halcón tagarote (Falco pelegrinoides pelegrinoides), especie considerada “En Peligro” en el Libro Rojo de las Aves de España, siendo las molestias producidas por actividades humanas una de las amenazas a su conservación.

· Aves marinas. Al tratarse de una zona de cantil costero, atrae la presencia de aves pelágicas que se aproximan a nuestras islas con la intensión de nidificar. Aunque no segura, existe la posibilidad de nidificación de dos de estas especies en este entorno: la Pardela cenicienta (Calonectris diomedea borealis), considerada “Vulnerable”; y la Pardela chica (Puffinus assimilis baroli), como “En peligro” y una de las escasas zonas de la isla donde se ha detectado algún ejemplar de la misma. En ambas, además de las molestias directas de la acción humana sobre individuos de ellas, destaca el problema de la contaminación lumínica con la consiguiente desorientación de las aves, especialmente de juveniles en sus primeros vuelos cerca de la costa.

Como reflejo del material fotográfico aportado, el impacto ambiental del Circuito de Motocross implantado se refleja por la propia construcción del mismo y por las emisiones contaminantes que genera durante el desarrollo de la actividad. Resumimos, la transformación del suelo rústico de protección paisajística cuya vocación es la protección, la afección a la Zona de Servidumbre de Protección de Costas, la obstrucción con vertidos de tierra, escombros y residuos de un cauce con afección al litoral y sus charcos intermareales y fondos marinos. A su vez, se verán afectadas las comunidades vegetales de costa, de laderas, barrancos y entorno circundante y por último los hábitats de aves del lugar.

Durante los períodos de funcionamiento del circuito de Motocross las afecciones ambientales se extienden de forma grave por todo el entorno con el levantamiento de polvo en suspensión, partículas de aceite, gases de la combustión de los motores y ruidos que genera el tránsito de vehículos a motor a gran velocidad. Con impactos acústicos, vertidos accidentales de combustibles y aceites procedentes de los motores, partículas de los neumáticos (materiales que pueden ser arrastrados por las aguas de escorrentías, llegando al litoral, en forma de lixiviados). También existe la posibilidad de vertidos de aguas residuales en los usos de aseos.

La actividad agrícola se verá afectada por los niveles de polvo y partículas en el aire, como consecuencia del devenir de los vehículos asociados al circuito con su afección a la productividad agrícola. A su vez incidirán negativamente las emisiones de gases de los propios vehículos participantes y de los visitantes y aficionados que se trasladan al lugar.

Por otro lado, van a aumentar de las emisiones de gases de efecto invernadero. No cabe duda que en un contexto de emergencia climática es una actividad que debe estar desaconsejada.

Nos han informado que la propia Agencia Canaria de Protección del Medio Natural les ha reconocido que la actividad deportiva de motocross está prohibida en el tipo de suelo pero que el Ayuntamiento de Gáldar manifiesta que la actividad de motocross se constituye como uso consolidado en esa parcela desde el año 2010 y que, asimismo, el propio Ayuntamiento de Gáldar ha firmado un contrato de alquiler con el Club de motocross promotor de la actividad, cuando debería ser garante de la legalidad vigente e impedir esta actividad.

Entendemos que no hay razones para mantener una actividad con tantos impactos ambientales y molestias para el entorno. Según el apartado 6 del artículo 361 de la Ley 4/2017 de 13 de julio del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias “los usos consolidados podrán ser mantenidos por los interesados siempre que resulten adecuados a las condiciones técnicas de seguridad, habitabilidad y salubridad…..” situación que no se produce como se acredita con los argumentos e imágenes que se aportan, siendo asimismo suelo público que debe recuperarse y restaurarse.

Los argumentos referenciados hacen que los ecologistas soliciten una inspección urgente que verifique las obras y los impactos ambientales de las mismas, a la vez que se requiera los permisos y títulos habilitantes para la realización de las obras y movimientos, con la comprobación de si lo realizado se ajusta a lo permitido en dichos documentos.

En todo caso, si existiera incumplimientos se proceda al precinto del circuito. A la vez que se arbitren las medidas para la restauración del entorno y la reconstrucción de la realidad alterada y la retirada de elementos exógenos añadidos.

Si hubiera lugar se ejecuta la potestad sancionadora sobre el Ayto. de Gáldar y el Club de Motocross y se investigue la posible prevaricación de responsables públicos y funcionarios de la institución municipal en este asunto.

La federación ecologista canaria celebra la modificación por parte del Consejo de Patrimonio Histórico de Canarias del BIC “Grabados Rupestres de la Montaña de Tindaya”, que permite la protección en su totalidad de la montaña, e insta a las diferentes administraciones competentes a poner en marcha mecanismos efectivos que salvaguarden los valores patrimoniales de la misma

El pasado 10 de marzo del actual fue aprobada por Patrimonio Histórico una nueva delimitación del Bien de Interés Cultural, que después de exhaustivas prospecciones arqueológicas da cobertura total, entiende el Monumento de Tindaya como un conjunto arqueológico que requiere de protección integral. El nuevo BIC, pendiente de la publicación del decreto en el Boletín Oficial de Canarias, “da la razón a la federación ecologista, que denunció mediante un recurso contencioso administrativo la delimitación anterior, que protegía sólo la cima donde se encuentran los grabados podomorfos y dejaba sin protección el resto de valores etnográficos y arqueológicos, con el único objeto de dar encaje al proyecto de Chillida”, como señala la portavoz, Noelia Sánchez. “Este contencioso fue asombrosamente desestimado por el TSJC y la federación fue condenada a costas. Es necesario recordar además que la primera delimitación del BIC se plantea tras la anulación de las Normas de Conservación del Monumento Natural que recurrió y ganó la federación en 2013. A día de hoy las evidencias científicas corroboran la importancia del legado cultural y natural presente en Tindaya desde la base hasta la cima que siempre defendimos” recuerda la portavoz.

Para la federación ecologista, la propuesta actual de BIC supone la culminación de una dilatada lucha desde la sociedad civil que se remonta a los años ochenta. Ya entonces, colectivos ecologistas denunciaban la explotación minera de la misma para la extracción de traquita. A esto se sumó en los noventa la obra proyectada por el fallecido escultor Eduardo Chillida, que pretendía vaciar el interior de la montaña y que fue altamente contestada en la calle y en los tribunales por diferentes colectivos sociales y ecologistas, entre los que habría que destacar la labor de los colectivos federados Agonane-Ecologistas en Acción o Guanil y las coordinadoras Montaña de Tindaya que se crearon en varias islas. Al trabajo constante de dichas organizaciones debemos el sostenimiento durante décadas de un pulso contra las instituciones públicas, las empresas concesionarias y la familia Chillida, en forma de denuncia legal pero también de movilización social y de puesta en valor del legado cultural presente en Tindaya.

Los intereses espúreos en Tindaya han supuesto que el nombre de la montaña esté asociado también a uno de los mayores desfalcos de dinero público que se han producido en la historia de Canarias, decenas de millones de euros invertidos en indemnizaciones infladas, fundaciones faltas de contenido y estudios que nunca se realizaron. De estas causas en las que estuvo personada también la federación por la vía jurídica nunca se depuraron responsabilidades.

La federación solicita ahora que se pongan en marcha los mecanismos para permitir la conservación efectiva de la montaña, que viene padeciendo el robo, expolio y deterioro de su patrimonio arqueológico y en especial de sus petroglifos por el acceso incontrolado a la misma derivado de la falta de protección y vigilancia. Una de las soluciones que propone la federación es el diseño de un Plan Especial de Uso y Gestión de la zona arqueológica que haga efectiva la conservación de la misma y permita nuevos trabajos de investigación y difusión de su riqueza natural y de sus manifestaciones culturales, poniendo en valor además su historia reciente de lucha social.

El movimiento ecologista de Canarias se solidariza y se moviliza junto a la ciudadanía de Garafía, en La Palma, y presenta alegaciones al nuevo trazado de la carretera de Las Tricias a Llano Negro

Varios colectivos, integrados en la Federación Ben Magec Ecoloigstas en Acción, vienen siguiendo la movilización de los vecinos y vecinas de Garafía que, desde diciembre de 2022, tras la publicación en el BOP del Nuevo trazado de la carretera LP1 tramo: Las Tricias – Llano Negro. Isla de La Palma”, vienen organizándose y planteando posibles soluciones alternativas ante las consecuencias medioambientales, socioeconómicas y funcionales que este proyecto puede suponer para Garafía y La Palma, en general

Desde los Colectivos federados, Asociación Biocultural La Foresta y Turcón Ecologistas en Acción de Gran Canaria, contando con el apoyo de la Federación Ben Magec Ecologistas en Acción de Canarias y La Centinela Ecologistas en Acción de La Palma, se han remitido las correspondientes alegaciones como parte interesada en este procedimiento y siendo así partícipes junto a otros muchos colectivos sociales y personas a título individual que han manifestado su rechazo frontal a este nuevo e insostenible macroproyecto de carretera que, de ninguna manera va a solucionar las carencias y dificultades que actualmente padece el municipio.

Para las Organizaciones de Defensa Medioambiental, las consecuencias sociales, económicas y medioambientales de esta obra podrían ser irreversibles si no lo remediamos. A la desmesurada cantidad de 85 millones de inversión (sin contar los más que seguros sobre costes añadidos), 6 km de asfalto, 9 viaductos, gran cantidad de hectáreas de parcelas de cultivo eliminadas, más de 43 bienes patrimoniales afectados directamente (sin contar las afecciones indirectas por la zona de influencia), 5 años de obras, se uniría también la incomunicación de varios barrios del municipio (Cueva de Agua, Las Tricias, El Castillo, Los Colmeneros, Catela y otros núcleos) por la ausencia de conexiones con la nueva vía y una transformación radical de uno de los mejores atractivos turísticos de Garafía: su entorno rural.

Este proyecto viene a perpetuar una política de obras públicas en carreteras totalmente desfazada y que no tiene en cuenta la realidad de cada localización, su orografía, sus gentes, sus costumbres; muy al contrario pretende imponer un modelo de “anillos insulares” en todas las islas a costa de lo que sea.

La justificación de la necesidad de esta carretera parte de premisas infundadas y tendenciosas, cuando no falaces. La pretendida reducción de las distancias en más de la mitad del recorrido, la disminución del tiempo en 12 minutos, la reducción de la peligrosidad o del consumo de los vehículos, la mejora de la conectividad de los pueblos del norte con el resto de la isla, no se sostienen con ningún tipo de estudio riguroso de movilidad, siniestralidad o conectividad que avale tales datos además de referirse tan sólo a un tramo entre dos núcleos (Las Tricias y Llano Negro) y no cuenta para nada con el principal núcleo poblacional que es Santo Domingo donde residen más de 400 personas que no se beneficiarán de este recorte de tiempo y distancia planteado ya que seguirá siendo más rápido y fácil llegar a Puntagorda por la actual LP-114.

Sin embargo, no se han tenido en cuenta la eliminación de casi 200.000 m2 de vegetación y zonas de cultivo, de la contaminación producida por la propia construcción de la carretera, de potenciar aún más el uso del vehículo privado en detrimento del transporte público entre otros, aspectos que sí contribuyen a aumentar la huella ecológica y el calentamiento global.

Pensar que esta nueva carretera va a suponer una mejora de la conectividad de los pueblos del norte con el resto de la isla, es no tener una visión clara de las auténticas necesidades o demandas de los mencionados pueblos. Este tipo de “vías rápidas” hacen de la supuesta conectividad una forma más rápida de abandonar los pueblos imposibilitando precisamente las sinergias socioeconómicas. Es evidente que la mejora de las carreteras existentes hace que los núcleos puedan asentar población y mantener el arraigo con el territorio.

La filosofía de los programas de actuación del Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda del Estado (PITVI) y de las Instituciones Europeas se basa en una visión global de la política de transporte centrada en la mejora de los servicios desde la óptica de la sostenibilidad y eficiencia económica. Así, los programas de actuación se orientan a la optimización de las infraestructuras existentes y a la realización de una planificación adecuada a las necesidades reales, dando prioridad al mantenimiento frente a la inversión en nueva infraestructura.

Por último cabe destacar la gran cantidad de errores de escritura y omisiones en el propio texto del proyecto, incorrecciones en el presupuesto que da la impresión de ser hechos con prisa y poco rigor. Por no decir de la cantidad omisiones e imprecisiones del Estudio de Impacto Ambiental realizado por Evalúa Soluciones Ambientales S.L. que no goza precisamente del necesario rigor o transparencia.

El futuro de Garafía tendría que pasar por estrategias imaginativas que convirtieran vivir en Garafía en garantía de calidad de vida, dotar al municipio y a la comarca de los servicios esenciales de los que históricamente ha carecido, en políticas de desarrollo endógeno que revierta la tendencia a la despoblación y que disminuya la necesidad de desplazamientos. Apostar por nuevas y rápidas infraestructuras viarias en vez de mejorar las existentes hará que “ir a Garafía” se convierta en “pasar por Garafía” o, lo que es peor, “pasar de Garafía”.

Turcón presenta alegaciones a la declaración de interés público de la cofradía de plantas fotovoltaicas en Gáldar, de la mercantil Hierba Muda S.L. coparticipe de la influyente energética ECOENER

El informe de alegaciones del colectivo presentado en sede electrónica al Servicio de planeamiento – Consejería de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, pide se rechace la declaración de interés público o social de los proyectos denominados “Planta Solar Fotovoltaica Gáldar”, “Planta Solar Fotovoltaica Anzo”, “Planta Solar Fotovoltaica Barrial” y “Planta Solar Fotovoltaica Marmolejos”, de 2 MWp de potencia cada una, igualmente se referencian las infraestructuras asociadas y líneas de evacuación emplazadas en suelo de protección agrícola intensiva del municipio de Gáldar.

Es de destacar que el propio Ayuntamiento de Gáldar ha manifestado su resistencia a estas macroinstalaciones fotovoltaicas, alegando lo siguiente “No procede la ocupación de Suelo Agrícola con Instalaciones de Energías Renovables, las cuales sólo podrán autorizarse como uso complementario en las cubiertas de instalaciones, construcciones y edificaciones existentes”. En este caso se pasa por encima del planeamiento municipal y de la voluntad popular.

Los ecologistas siguen manteniendo como en anteriores expedientes en información pública, la preocupación por el modelo de implantación de energías renovables en Gran Canaria donde se pretende, simplemente, sustituir las fuentes de generación, desvinculadas de la demanda, a costa del territorio de la Isla y para beneficio de grupos de inversión que no tienen más interés que ganar dividendos con el jugoso negocio que se les pone en bandeja.

Proyectos de este tipo, sobre suelo rústico de protección agraria y desvinculados de las demandas de energía eléctrica concretas, convierten a la implantación de infraestructuras de energías renovables en el territorio como un fin especulativo en sí mismo y no como un medio para el desarrollo socioeconómico local y satisfacer las necesidades energéticas de la sociedad canaria en el proceso de transición ecológica y energética.

Simplemente, se acaparan de forma privada derechos de inyección de energía eléctrica a la red eléctrica insular por 25 o 30 años, en detrimento de otros proyectos públicos o privados sobre cubiertas de edificios prexistentes, y se transforma suelo rústico de protección agraria, de forma irreversible e incompatible, en ese período hacia un uso industrial, en detrimento de la producción de alimentos y la recuperación de los suelos.

Por otro lado, en general las autorizaciones de plantas de energías renovables sin consumos asociados, cargas eléctricas gestionables, ni almacenamiento alguno, generarán costes externos que deberán cubrirse con otras inversiones públicas o por otros participantes en los sistemas eléctricos. No deberían ser de utilidad pública inversiones que generen externalidades que ellas mismas deben cubrir. No debería autorizarse ninguna planta fotovoltaica que no lleve asociados consumos y un programa de gestión de cargas eléctricas para que su producción fuese gestionable en al menos un 50 %.

Proponemos que se recomiende al grupo inversión que reoriente su capacidad financiera a promover proyectos sobre cubiertas de edificios, en cooperación justa con los demandantes de energía eléctrica propietarios de las instalaciones, e integrando políticas de gestión de la demanda en los proyectos que se propongan para minimizar las necesidades externas de almacenamiento de energía para estabilizar el sistema eléctrico insular.

Creemos que esta estrategia de desarrollo de la energía solar fotovoltaica basada sólo en cubiertas o suelos industriales, urbanos o de infraestructuras, es imprescindible en aras de preservar los suelos agrícolas, rústicos o con protección, que ya están empezando a ser ocupados masivamente por macrohuertas solares de forma especulativa.

Como atestiguan los datos disponibles, existe en Gran Canaria superficie urbanizada capaz de absorber todas las instalaciones de fotovoltaica que se precisen, sea de autoconsumo o instalaciones asociadas a infraestructuras, sin necesidad de ocupar suelo rústico, con un potencial de entre 220 y 320 MWp.

Precisamente lo que está ocurriendo, en la práctica, es la concesión de utilidad pública y el desarrollo de multitud de macro instalaciones solares fotovoltaicas ocupando suelo rústico, agrícola o potencialmente agrícola, o en proceso de naturalización. Tan solo en la zona Este y Sureste de Gran Canaria, que nosotros sepamos, se están instalando o tramitando más de 60 instalaciones sobre suelo con una potencia nominal cercana a los 200 MWpico y una ocupación de suelo de probablemente más de 400 hectáreas, superficie equivalente a la que ocupa la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas. Prácticamente todas estas instalaciones están en manos de grupos financieros específicos como Ecoener, Naturgy y otros fondos de inversión especulativos que están acaparando prácticamente la totalidad del sector de generación de energía solar fotovoltaica en la Isla.

Estimamos que cualquier terreno rústico o con potencial agrícola debe ser respetado y conservado, en aras de preservar la capacidad de “soberanía alimentaria” y/o “la riqueza paisajística” necesaria para el bienestar social y de otras actividades económicas, incluso la propia actividad turística.

La importancia del carbono orgánico del suelo (COS, por sus siglas en español, en adelante), principal componente de la materia orgánica, es capital en todos los procesos que se dan en el suelo y en su calidad, ya que mejora su estructura, fertilidad y capacidad de almacenamiento de agua, siendo por ello ampliamente aceptado como un indicador de la calidad del suelo (Podmanicky et al. 2011).

La preservación del suelo y su capacidad para fijar carbono sí es de utilidad pública o social. La ocupación del suelo y su transformación para la instalación de macrohuertas solares fotovoltaicas sobre suelo rustico, no es de utilidad pública o social, sino de interés particular, y entra en claro conflicto con el interés general de preservar el suelo rústico y su potencial de fijación de carbono.

Los proyectos planteados promueven 4 instalaciones solares fotovoltaicas sobre suelo rústico de 2 MWp cada una (es decir 8 MWp) que afectan a una superficie ocupada de unas 11,7 hectáreas, sobre Zona Bb 1.1., por su muy alto valor agrícola productivo actual y potencial (según el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria) y clasificado como SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA INTENSIVA por el PGO de Gáldar. El espacio agrícola propuesto para su transformación se encuentra entre el Barranco de El Juncal y la zona conocida como Costa de Botija.

Como ya se indica en el propio Plan Insular de Ordenación de Territorio de Gran Canaria (PIO/GC), la finalidad de ordenación de esta Zona Bb1.1 es la preservación de la actividad agrícola existente frente a otros usos diferentes o ajenos a la actividad agrícola, la conservación y mejora de los paisajes agrarios y de los elementos naturales y patrimoniales existentes. Por otra parte, esta zona se encuentra integrada en un Área Agrícola de Valor Estructurante, considerada un Área de Interés Insular dentro de las Acciones Estructurantes previstas por el PIO/GC para el desarrollo de la Ordenación y la Estructura del Territorio correspondientes al Ámbito Territorial nº 5: La Costa Noroeste.

Claramente, la superficie total de las 4 instalaciones fotovoltaicas, en su conjunto, más las infraestructuras asociadas y vallados, con más de 10 hectáreas ocupadas, exceden cualquier criterio lógico de ocupación ya que estas instalaciones no están vinculadas a ninguna actividad agrícola.

Por tanto, nuestras alegaciones están por la consideración del suelo rústico agrícola productivo o potencialmente productivo como un bien escaso en Canarias, considerando incompatible su transformación con instalaciones industriales de paneles solares fotovoltaicos para producción de energía eléctrica, a no ser que estas instalaciones estén asociadas a cubiertas de edificios preexistentes, pérgolas o invernaderos en producción y destinadas a satisfacer las demandas energéticas de las fincas en cuestión con vertido a red de excedentes.

El taller participativo con la ciudadanía para la recogida de propuestas de intervención sobre los Ingenios Azucareros de Telde se desarrolló en la Casa Museo León y Castillo de Telde, el pasado día 22 de febrero y sirvió de colofón de las Segundas Jornadas de los Ingenios Azucareros: Investigación, participación y valores a preservar

La dinámica participativa propuesta por el Colectivo consistió inicialmente en definir, a 10 años vista (2033), las expectativas positivas y deseos de lo que debería ocurrir con Los Picachos y los Ingenios Azucareros en el Patrimonio Cultural de Telde, asimismo se analizaron las posibles amenazas y lo que se debe evitar, todo ello desde una perspectiva inclusiva e integradora de los bienes patrimoniales locales.

Los participantes en el taller plantearon que el escenario más positivo a 10 años vista con Los Picachos es que se convierta en un espacio visitable y polivalente, dedicado a la interpretación de la historia e integrado en una red de bienes de la arqueología industrial del municipio (Molino del Conde, Noria de Jinámar, Máquina del Azúcar, ingenio de Las Longueras, …), es conseguir que haya un continuo en la interpretación histórica. A su vez se tendrá que haber consolidado su conservación y rehabilitación, evitando de esta manera posibles sobresaltos por estructuras debilitadas y con riesgo de caída o desmoronamiento. También se plantea como fundamental que la población teldense conozca con rigor el valor y significado de los Picachos y se vincule con ellos a través de procesos educativos, de conocimiento, materiales editables y producciones multimedia que multipliquen su difusión ciudadana.

Como amenazas y miedos manifestados por los participantes destacan la inercia administrativa y el olvido, los procesos de transformación urbanística, la caída y/o deterioro de los elementos arquitectónicos que restan, que se quede como un elemento aislado, sin proyectos ilusionantes y que no sea realmente conocido ni valorado por la ciudadanía.

Las personas participantes expusieron múltiples propuestas para la consecución de los objetivos positivos y evitar las amenazas que se ciernen sobre los restos de Los Ingenios Azucareros de Telde. Estas propuestas se podrían resumir en la definición de un plan estratégico para la valoración del patrimonio cultural de Telde, que no sea partidista y que integre tanto los aspectos educativos, de formación, de protección, consolidación y recuperación para la ciudadanía del patrimonio arqueológico industrial. Para dinamizar este proceso se propuso la creación de una Plataforma ciudadana para la Defensa y Promoción del Patrimonio Cultural en Telde.

Esta Plataforma debe integrar diferentes colectivos, ecologistas, culturales, vecinales, juveniles, así como personas motivadas o con conocimientos. Entre las primeras actuaciones de esta plataforma estaría la de realizar tareas de divulgación entre la vecindad de Telde y centros educativos para que se conozca el patrimonio de Los Picachos y las ventajas que supone su protección, consolidación y mejora del entorno. Y, por supuesto, seguir dando seguimiento a las iniciativas públicas de declaración de Bien de Interés Cultural de Los Picachos, proyectos de consolidación y restauración, continuación de la investigación y definición del futuro de este tipo de espacios en el entramado urbano, económico y social de Telde.

Inauguradas las Segundas Jornadas de los ingenios azucareros: investigación, participación y valores a preservar

El Cabildo de Gran Canaria, a través de su Director Insular de Patrimonio Histórico, anunció que reactiva el expediente para la declaración del BIC de Los Picachos

En la tarde de hoy se inauguraron en la Casa Museo León y Castillo, con la presencia de la presidenta de Turcón-Ecologistas en Acción, Consuelo Jorges López, la Directora General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, María Antonia Perera Betancor, el Director Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, Juan Sebastián López, el Director Insular de Participación Ciudadana del Cabildo, Jorge Pérez Artiles y el Héctor Suárez, Concejal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Telde.

La jornada de hoy concluyó con la ponencia a cargo de Valentín Barroso Cruz, Licenciado en Historia y Arqueología. Arqueólogo y director de la intervención arqueológica realizada en LOS PICACHOS en mayo-junio de 2021, titulada “Las Intervenciones Arqueológicas en Los Ingenios de Canarias: Perspectivas en Telde” y de José Ángel Rodríguez Fleitas, profesor de Geografía e Historia; arqueólogo, historiador y miembro de TURCÓN Ecologistas en Acción quien concluyó haciendo un repaso a los Ingenios Azucareros de Telde.

Consuelo Jorges abría la jornadas explicando “estamos en la semana que celebramos la caída de una de las pilastras del Ingenio Azucarero de Los Picachos, un hecho que dejó a Telde sin una parte de algo que formó parte de la vida y desarrollo de la ciudad y de sus habitantes. Pero a su vez supuso un revulsivo para que una parte de la ciudadanía y uno de sus colectivos, Turcón Ecologistas en Acción, tomaran el compromiso de recordar y hacer sentir la historia, a la vez que modelar con sus acciones todo un hito de participación, vínculo y contrato ciudadano con el legado arqueológico y patrimonial de Telde y Canarias en general. Todos estos años que han trascurrido desde aquel 14 de febrero de 1994 dieron para mucha imaginación y hasta para un derroche de creatividad combatiente. Así, las llamadas de atención han pasado desde pelucas al uso de las que usaban la aristocracia en el siglo XVI, “capirotes en forma de “picachos”, cascos de obreros reconstructores de estructuras históricas, reproducciones del ingenio azucarero, pasando por charlas y actividades de divulgación. Múltiples fueron la puesta en escena para mentalizar y crear un estado de opinión activo y de defensa de este bien patrimonial. Y las administraciones se unieron y llegaron a un compromiso con la ciudadanía y con el patrimonio histórico”.

En las intervenciones de los diversos representantes institucionales se visibilizo el acuerdo y la sintonía de las administraciones presentes en continuar conjuntamente con las acciones necesarias para conseguir la restauración, revalorización y puesta en uso público del bien patrimonial del Ingenio Azucarero de Los Picachos, igualmente todos ellos tuvieron palabras de ánimo y reconocimiento por el compromiso y la constancia mantenida durante tantos años por el colectivo Turcón, señalando que es todo un hito en la participación ciudadana en la defensa del patrimonio histórico y arqueológico.

El próximo domingo, se realizará una Ruta de Senderismo, saliendo desde Los Picachos a las 9,30h para a continuación recorrer la Acequia Real hasta la Pardilla. Una ruta gratuita y de participación libre.

Estas actividades cuentan con la colaboración de las instituciones públicas que han apoyado y apoyan al Colectivo Turcón, como son la Consejería de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, así como, Casa Museo León y Castillo de Telde.

Invitación a participar de las Segundas Jornadas de los Ingenios Azucareros: Investigación, participación y valores a preservar y a la Ruta de senderismo Los Picachos y la Acequia Real de Telde – Los Caminos del Agua.

Los ecologistas de Turcón difunden un vídeo animando a la participación en las jornadas e invitan a la Ruta interpretada de Las Cantoneras de Telde

Estamos en la semana que celebramos la caída de una de las pilastras del Ingenio Azucarero de Los Picachos, un hecho que deja a Telde sin una parte de algo que formó parte de la visión y el imaginario colectivo de la ciudad y sus habitantes; pero a su vez supuso un revulsivo para que una parte de la ciudadanía y uno de sus colectivos, Turcón Ecologistas en Acción tomaran el compromiso de recordar y hacer sentir la historia, a la vez que modelar con sus acciones todo un hito de participación, vínculo y contrato ciudadano con el legado arqueológico y patrimonial de Telde y Canarias en general.

Nos viene a recordar la presidenta de Turcón Consuelo Jorges la “necesidad de dar valor y visibilidad a estas causas que han sido mantenidas en el sentir de los/as vecinos/as sensibles con su patrimonio, ahora más que nunca cuando la participación y el debate ciudadano puede ayudar a definir un proyecto de espacio abierto, interpretado y que sea la propuesta acertada que dinamice el conocimiento de la economía de los ingenios azucareros de los siglos XVI y XVII”. Es lo que nos viene a decir los ecologistas teldenses a través del video distribuido en las redes sociales por su presidenta para animarnos a acudir a las Segundas Jornadas que ya tienen preparado el salón de actos de la Casa Museo León y Castillo para dar comienzo el miércoles 15 de febrero a la s 18:OO horas, con presencia institucional y la esperada disertación de Consuelo Marrero y Valentín Barroso sobre los resultados de la intervención arqueológica en Los Picachos de Telde.

La Ruta de senderismo Los Picachos y la Acequia Real de Telde – Los Caminos del Agua

Una apuesta nueva de ruta que sitúa como punto de encuentro y partida la cantonera ubicada al lado del Ingenio Azucarero de Los Picachos, buen momento para comenzar a interpretar su historia, sus valores y su futuro.

Continuaremos por los vericuetos senderos de la Acequia Real de Telde, siguiendo los caminos del agua y reconociendo la influencia de estas arterias en la vida y el crecimiento de un municipio con tradición agrícola y con vivencias, testimonios y tradiciones ligadas a sus tierras, labranzas y los usos y aprovechamientos de sus aguas.

Una actividad que tenemos preparada para el domingo 19 de febrero, con salida desde Los Picachos a las 9:30 horas.

La participación es libre y gratuita. Tenemos habilitado nuestro email Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. para dudas y consultas.

Este programa de actividades cuenta con la colaboración de la Consejería de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, y la Casa Museo León y Castillo de Telde