Esta es la cifra con la que la consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea parte para la elaboración del presupuesto de la comunidad autónoma

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, que dirige Matilde Asián, fijar el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026 en 12.143.143,09 millones de euros. Esta cifra supone 538 millones de euros más que en el presupuesto inicial de 2025.

Ahora bien, este límite podrá variar en función de la cuantía de los ingresos previstos para 2026 en concepto de financiación afectada. Asimismo, el límite también podrá sufrir variaciones atendiendo al cálculo del saldo ajustado de la CAC en 2026 o si se produjeran cambios en las reglas fiscales establecidas por el Estado.

Exigencia de cumplimiento de la regla del gasto

El límite de gasto no financiero de 2026 lo determina la regla del gasto, que señala que la variación del gasto computable de la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de medio plazo de la economía española (3,3% en 2026).

La aplicación de esta norma conlleva que la comunidad autónoma obtendrá un superávit o capacidad de financiación estimado en 106,58 millones de euros para 2026. Esta cifra representa un 0,17% del PIB, es decir, un porcentaje superior al 0,1% del PIB establecido en el Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026 para las comunidades autónomas.

En consecuencia, los posibles fondos provenientes de mayores recursos del Sistema de Financiación Autonómico (SFA) y de otros ingresos no financieros de 2026 respecto al inicial de 2025, no se podrán aplicar a empleos no financieros y, por lo tanto, no se podrán destinar ni a financiar las necesidades básicas de los canarios, ni a bajar impuestos.

Ante estas distorsiones en el funcionamiento de las reglas fiscales actuales, la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea insiste en que el incumplimiento de la regla de gasto no dé lugar a la aplicación de las medidas preventivas, correctivas y coercitivas previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), siempre que la comunidad autónoma mantenga “equilibrio o superávit estructural” y deuda inferior al 13% del PIB. Esta propuesta del Gobierno de Canarias es absolutamente respetuosa con la Constitución española y con la actual normativa de la Unión Europea, por lo que anima a todas las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias a apoyar esta propuesta de disposición legal.

Marco normativo y magnitudes tomadas en cuenta

El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), obliga a las comunidades autónomas a aprobar, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos.

En el momento actual no se han aprobado los objetivos de estabilidad y deuda pública para el período 2025-2027 y 2026-2028, tanto para el conjunto de las Administraciones Públicas como para cada uno de sus subsectores, ni los objetivos individuales de estabilidad presupuestaria de cada una de las Comunidades Autónomas en la forma establecida en la LOEPSF. Por lo tanto, la última referencia considerada por el Ministerio de Hacienda, sobre la base del criterio establecido en el informe de la Abogacía del Estado en diciembre de 2023, es el Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026, que contempla en 2026, un superávit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas.

En cuanto a la regla del gasto, la variación del gasto computable determinada por el Ministerio de Hacienda para la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española fijada en un 3,3% para 2026.

Respecto a los recursos del Sistema de Financiación Autonómico, el pasado 22 de julio, el Congreso de los Diputados aprobó la convalidación del Real Decreto-ley 6/2005, de 17 de junio, sobre las medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial. El importe provisional de las entregas a cuenta para el ejercicio 2026 asciende a 6.800 millones de euros, mientras que la previsión de la liquidación definitiva del año 2024 se cifra en 1.100 millones de euros. En total, la cantidad del SFA por ambos conceptos se cifra en 7.900 millones de euros.

Con la comunicación del límite de gasto no financiero se da cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que obliga a las comunidades autónomas a aprobar un límite máximo de gasto antes del 1 de agosto. Con la determinación de esta cifra, el Gobierno de Canarias puede iniciar la elaboración del presupuesto 2026, que deberá entregar al Parlamento antes del 31 de octubre para su posterior tramitación.

La publicación de la Orden para la elaboración de las cuentas autonómicas es una garantía y un símbolo de la estabilidad del ejecutivo regional frente a la incertidumbre de los presupuestos generales nacionales

Las cuentas autonómicas para 2026 persiguen la consolidación del crecimiento y transformación de Canarias, con prioridad en la mejora del sistema de bienestar

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica en su edición de hoy la Orden de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, que marca el comienzo de la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (PGCAC) para el año 2026. A través de esta Orden se dictan las normas y se regula el procedimiento referente a la elaboración y la estructura de las próximas cuentas públicas canarias. De esta manera, se establecen los plazos y la información que cada consejería, centro directivo, organismo autónomo y ente público deben remitir a la Dirección general de Planificación y Presupuesto para la elaboración del presupuesto para el ejercicio 2026.

Para la consejera Matilde Asián, la publicación de esta orden para la elaboración de los presupuestos es una garantía y un símbolo de la estabilidad del ejecutivo regional, que pone en marcha la tramitación habitual para la confección de sus cuentas públicas en tiempo y forma. Una postura que da certeza y tranquilidad a los ciudadanos y que dista mucho de la incertidumbre en la que las cuentas públicas se mueven a nivel nacional. De hecho, en los dos últimos ejercicios, la incertidumbre y la falta de información han obligado al Gobierno de Canarias a elaborar unos presupuestos prudentes, con cálculos a gasto real. La doble prórroga presupuestaria estatal y el desconocimiento de las principales magnitudes que deben regir la elaboración de los presupuestos de las comunidades, vuelven a dificultar la elaboración de cualquier presupuesto y añaden muchas incógnitas al proceso que se inicia con la Orden que hoy se publica.

A esto se une la negociación bilateral con Cataluña sobre la financiación singular de esta comunidad autónoma, que rompe con el principio de solidaridad consagrado en la Constitución. Esta ruptura del sistema de financiación autonómico acarrearía consecuencias de largo alcance en el futuro presupuesto de la comunidad autónoma.

Con todo, las cuentas autonómicas para el ejercicio 2026 perseguirán la consolidación del crecimiento y transformación de Canarias, priorizando la mejora del sistema de bienestar, en especial en el ámbito de la sanidad, los servicios sociales, la educación y el acceso a la vivienda, que constituyen la clave del presupuesto.

El presupuesto autonómico para el ejercicio 2026 se elaborará conforme a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos y dará respuesta a los retos asociados a la mejora del modelo económico de la región, de modo que genere un mayor valor añadido y empleo de calidad y estable. Asimismo, atenderá a cuestiones estratégicas en materia de energía, transformación digital o medio ambiente.

La Orden se estructura en dos capítulos. El primero, hace referencia al procedimiento para la elaboración del presupuesto e incluye el ámbito de aplicación, la tramitación, los plazos para la presentación de información o la consignación de créditos, entre otros aspectos. El segundo capítulo establece la estructura de los Presupuestos Generales de la CAC en cuanto a ingresos y gastos.

Matilde Asián critica que el Gobierno de España retuviese esa recaudación, que corresponde por ley a las autonomías, sin justificación

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, valoró este miércoles, en comisión parlamentaria, la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, aprobada en el Consejo de Ministros de ayer, si bien lamenta que esta se anuncie con seis meses de retraso.

El Estado garantiza el principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. En este contexto, el Sistema de Financiación Autonómico se erige como uno de los instrumentos para garantizar ese principio y que todos los españoles disfruten de los mismos servicios públicos, independientemente de su lugar de residencia.

La actualización de las entregas a cuenta es una medida reiteradamente solicitada por todas las comunidades autónomas de régimen común desde el anuncio de una nueva prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Sin embargo, el Gobierno de España ha retenido la recaudación que correspondía por ley a las comunidades autónomas y corporaciones locales durante seis meses sin justificación, puesto que se trata dinero que ya está recaudado a través de impuestos cedidos y que se había podido transferir a sus legítimos dueños mucho antes.

«Es incompresible la poca consideración que ha tenido el Ministerio con las comunidades autónomas y corporaciones locales en una situación de doble prórroga presupuestaria, a sabiendas de la importancia de las entregas a cuenta en el cómputo global de los presupuestos autonómicos y municipales. Este dinero resulta fundamental para el mantenimiento de los servicios públicos esenciales como sanidad, educación, bienestar social o vivienda, y el retraso genera distorsiones en la tesorería de estas instituciones», indicó Asián.

Recordó, de hecho, que el año pasado las entregas a cuenta se actualizaron en julio y no se empezaron a pagar hasta septiembre, con el gran prejuicio que eso supuso, por lo que la consejera de Hacienda espera que esta ocasión se tramiten con mayor celeridad.

Además, en todo este tiempo que se ha bloqueado la actualización, el Estado ha disfrutado de unos ingresos que correspondían a las comunidades autónomas y corporaciones locales, consiguiendo una rentabilidad financiera que solamente ha beneficiado al Estado, y que ha complicado la gestión de las instituciones autonómicas y municipales.

Respecto a las cifras, la comunidad autónoma no ha recibido todavía comunicación oficial de la actualización de las entregas a cuenta. En el acuerdo del Consejo de Ministros tampoco se recogen esas cifras desglosadas

Matilde Asián ha explicado que la mayoría corresponde a fondos finalistas que tienen designada un objetivo específico como destino final

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha defendido hoy ante la Cámara regional la ejecución presupuestaria del Gobierno del año 2024. En su intervención, Asián ha definido como “falso y torticero” insinuar, como han hecho tanto el Partido Socialista como Nueva Canarias, que las partidas de fondos no ejecutados se pierden o que se podían haber destinado a satisfacer las necesidades de los canarios.

La consejera explicó que, los 1.286 millones que aparecen como no ejecutados en el presupuesto de 2024, no se han perdido, pasando principalmente al año 2025. De hecho, más del 80% corresponden a fondos finalistas; es decir, fondos que solo pueden ser destinados a la finalidad concreta para la que se establecieron a través de las conferencias sectoriales. En concreto, Matilde Asián detalló que 699 millones del total corresponden a fondos MRR que es dinero que viene de Europa y que el gobierno de España centraliza y reparte a través de las conferencias sectoriales para finalidades muy concretas que, muchas veces, no tienen nada que ver con las necesidades reales de las regiones en las que se distribuyen. La ejecución de este tipo de fondos finalistas es un problema no solo a nivel autonómico sino también a nivel estatal, donde recientemente se ha conocido que en 2024 se han quedado sin gastar 25.122 millones en España. A pesar de todo, la consejera ha querido aclarar que eso 699 millones no se han perdido, más de la mitad están ya en alguna fase de tramitación y, además, su período de finalización no termina en 2024 sino en 2026 por lo que pueden ser utilizados en estos dos próximos años.

Otros 61 millones de euros no ejecutados son fondos estructurales europeos que siguen la misma norma en cuanto a su asignación finalista, con un objetivo concreto y un período de programación que se extiende hasta el año 2027.

Y, por último, 307 millones se corresponden con transferencias de la Administración General del Estado como las entregas a cuenta y otras partidas que llegaron con mucho retraso en el último trimestre del año y que, por lo tanto, no se pudieron ejecutar. “Por eso es tan importante que el Reino de España disponga de unos presupuestos en tiempo y forma que nos permitan saber a las comunidades autónomas los fondos que nos corresponden, su destino y plazos de entrega”.

Por lo tanto, la cifra que no se ha ejecutado ascienda a unos 216 millones que está en la línea de la serie de años anteriores, que osciló entre los 225 millones en el año 2020 y 2023, y los 177 millones del año 2022. En cambio, en el año 2021, con el Pacto de las Flores, la cifra de fondos no finalistas sin ejecutar ascendió hasta los 405 millones de euros, el doble que en 2024.

Para la consejera Matilde Asián es incomprensible la alarma que se ha querido trasmitir a la población puesto que la ejecución presupuestaria de 2024 se sitúa en un 95,25% del total, sin contar con los fondos MRR, cuya inejecución de los años anteriores se va acumulando. Tal y como se detalla en los presupuestos de la CAC, el gasto ejecutado en 2024 es el más alto desde 2020. De hecho, en 2024 se han ejecutado 1.632 millones de euros más que en 2022, último ejercicio correspondiente al gobierno anterior.

Respecto al superávit, la consejera se refirió a la necesidad de cumplir con las reglas de disciplina fiscal establecidas y cuya actualización ve necesaria para que se adapten a las vigentes en Europa, más favorables para el Gobierno de España. El superávit de 500 millones de la CAC es necesario para alcanzar el equilibrio estructural que nos imponen a las comunidades autónomas y que “yo no voy a incumplir con ese mandato constitucional”, aseguró la consejera de Hacienda y Relaciones con la UE.

A este respecto, Matilde Asián también ha querido recalcar que es el Gobierno de España el que, para rebajar el sumatorio de su déficit, no permite que las comunidades autónomas lo tengan y, por el contrario, se les exige tener superávit. De hecho, de 17 comunidades autónomas, 11 ya presentan superávit. “Yo creo que nos tienen que dejar gastar más a las comunidades autónomas. Si nos ponen una regla del gasto del 2,6 en 2024 y la recaudación sube entre un 8% o 9%, no hay que tener mucha brillantez intelectual para llegar a la conclusión que el resultado va a ser superávit”, concluyó Matilde Asián.

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea y presidenta de la Agencia Tributaria Canaria, Matilde Asián, el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, y la directora de la ATC, Raquel Peligero, han firmado un protocolo de colaboración para acercar al mundo universitario la labor desarrollada por la ATC y difundir los valores cívico-tributarios entre los jóvenes

Como presidenta de la Agencia Tributaria Canaria, Matilde Asián destacó la importancia de establecer lazos con los centros universitarios como pilares para la educación cívico-tributaria. Uno de los objetivos del protocolo de colaboración es ahondar en el conocimiento de las labores y funciones de la Agencia Tributaria lo que redundará en una mejor comprensión del destino de los impuestos y el sentido de las políticas públicas que sustentan el estado del bienestar y el principio de solidaridad contemplado en la Constitución. “En este sentido, la transmisión de estos valores cívico-tributarios resulta relevante para para inculcar en los jóvenes una conciencia ciudadana más solidaria” añadió la consejera.

Por su parte, el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, resaltó que este convenio refuerza el compromiso de la universidad con la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento, en un ámbito tan relevante como el tributario y valoró positivamente las futuras acciones que se enmarcarán en él, pues “beneficiarán a nuestros estudiantes, investigadores y a la sociedad en su conjunto”.

Entre las acciones contempladas en este protocolo, que tendrá una duración de cuatro años, figura la organización de jornadas que permitan dar a conocer entre los estudiantes las posibilidades que, en relación al empleo público, ofrece la ATC en su futuro profesional, fomentando el interés por el servicio público.

El convenio ofrece un cauce de colaboración estable entre las dos instituciones, que se materializará en actividades de diferente índole como la realización conjunta de seminarios y cursos impartidos por el personal de la ATC en materias de interés para ambas partes como la aplicación del sistema tributario y aduanero, entre otras.

La consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, a través de la dirección general de Asuntos Europeos, firma los contratos de concesión de las ayudas FEDER para su puesta en marcha

Canarias participa en los 34 proyectos aprobados y lidera 33 de esos proyectos por un importe conjunto de 63,5 millones de euros

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha inaugurado hoy en Gran Canaria las jornadas técnicas para la puesta en marcha de los proyectos aprobados en la primera convocatoria del programa de cooperación territorial Madeira-Azores-Canarias para el período 2021-2027 por un importe total de más de 78 millones de euros.

Este programa, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), tiene por objeto reforzar la inserción regional de Canarias, Azores y Madeira en su área geográfica, a través de la cooperación con los países vecinos de Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Mauritania, Sao Tomé y Príncipe, y Senegal. Para Matilde Asián, el acto de hoy convierte en realidad tangible la cooperación territorial entre la Maraconesia y los socios de África occidental para generar oportunidades más allá de nuestras fronteras. “A partir de aquí, debemos consolidar y capitalizar nuestra posición de cara al próximo período del programa, en el que ya se está trabajando”, añadió.

Por su parte, la directora general de Asuntos Europeos, Celia Alberto, ha sido la encargada de firmar los contratos de concesión de las ayudas FEDER a las empresas y entidades seleccionadas para que puedan iniciar la puesta en marcha de los proyectos. Los 34 proyectos aprobados responden a intereses y valores compartidos, con objetivos comunes en innovación, competitividad, transición ecológica, lucha contra el cambio climático y gestión de la migración.

De estos 34 proyectos, Canarias participa en todos y lidera 33 de ellos. En los proyectos aprobados participan un total de 223 entidades públicas y, por primera vez, algunas empresas privadas. La mayor parte son entidades canarias, que recibirán 63.554.898 euros de los fondos FEDER.

Cabe destacar también la participación de 31 entidades de Cabo Verde, 16 de Senegal, 13 de Ghana, 12 de Costa de Marfil, 11 de Santo Tomé y Príncipe, 9 de Mauritania y 7 de Gambia.

Al acto de firma han asistido el Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, con cinco proyectos aprobados; la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg, con tres proyectos; David Mille, director general de Comercio y Consumo; el presidente del Centro Tecnológico de Ciencias Marinas, José Luis Guersi; María José Padrón, de la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la ULPGC; José Juan Socas, presidente de la Federación Canaria de Empresas Portuarias, y el presidente de la Asociación Centro para el Desarrollo del Sur de Tenerife Comarca Chasna-Isora, Lot García.

Desglose de los proyectos por prioridades del programa MAC

Los proyectos aprobados en la primera convocatoria responden a la Prioridad 1 (MAC Inteligente), prioridad 2 (MAC Verde) y prioridad 4 (MAC Movilidad).

En el epígrafe MAC Inteligente se han seleccionado 16 proyectos por un importe total de 37 millones de euros. Los proyectos en esta prioridad se centran, por un lado, en la mejora de las capacidades de investigación e innovación y, por otro lado, en el refuerzo de la competitividad de las pymes y la creación de empleo.

En la prioridad 2 – MAC Verde, se han seleccionado 15 proyectos por un importe total de 37 millones de euros, que se centran en el fomento de las energías renovables, la adaptación al cambio climático, la prevención y gestión de riesgos, la transición hacia una economía circular y la protección de la naturaleza y la biodiversidad.

Por último, en la categoría de MAC Movilidad, se han aprobado 3 proyectos por un importe de 4,6 millones de euros. Cabe destacar que es la primera vez que se firman contratos para proyectos centrados en la gestión de la movilidad y la migración en origen y destino.

El listado de proyectos aprobados y la lista de reserva se pueden consultar en la página web del programa, en la dirección:

https://interregmac.org/1a-convocatoria/#aprobados

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, y el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, han suscrito hoy lunes un convenio de colaboración con fines estadísticos

La cooperación entre ambas entidades no es ni mucho menos reciente. De hecho, a través de la unidad mixta de investigación creada en 2015 se llevó a cabo una investigación pionera de referencia internacional sobre microdestinos turísticos, y también es reconocida la investigación en áreas pequeñas de la EPA, Encuesta de Población Activa, que permite ofrecer datos insulares en Canarias.

Con este acuerdo se dota pues de un marco general a toda la actuación que se realice sobre investigación en estadística pública y en la obtención del conocimiento científico que de ahí se desprenda. El acuerdo aborda además la planificación y elaboración de estudios de todo tipo, la elaboración de sistemas de indicadores de seguimiento, así como todo lo relacionado con la gestión y el análisis de datos.

Para desarrollar esta tarea, la Universidad de La Laguna compartirá con el Istac los datos necesarios para llevar a cabo las operaciones estadísticas y, en sentido inverso, el Istac hará lo propio, dando acceso a la información estadística que requiera la institución docente para la toma de decisiones informadas en el ámbito de sus competencias. Así, el centro universitario podrá tener acceso al banco de datos del sistema estadístico de Canarias.

Al amparo de este acuerdo también se regula con mayor detalle el contenido de la unidad mixta de investigación, que estará encauzado hacia proyectos públicos de ciencia de datos, actuaciones en investigación científica, apoyo a la realización de tesis doctorales que se encuadren en el objeto de este convenio, formación de personal científico y técnico y cualquier otro que se considere de mutuo interés.

El propósito con la firma de este convenio es básicamente el diseño de líneas de investigación con el aporte de datos y microdatos al trabajo científico. También resultará factible mejorar la planificación estratégica de la universidad haciendo uso de esta información estadística y de cualquier otra de la misma naturaleza para la correcta toma de decisiones.

Los aspirantes, que han superado el curso formativo, se incorporarán a la ATC a lo largo de 2024

La presidenta de la Agencia Tributaria Canaria y consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha presidido hoy la entrega de los diplomas acreditativos a la promoción resultante de la Oferta Pública de Empleo 2020, que han superado el curso de formación específica. Durante el acto, la han acompañado la directora de la ATC, Raquel Peligero; el director general del Instituto de Estudios Fiscales, Alain Cuenca, y la directora del Instituto Canario de Administraciones Públicas, María del Pino de León.

Entre los 45 nuevos egresados hay 11 funcionarios del grupo A1 o administradores tributarios, 23 funcionarios del grupo A2 o gestores tributarios y 11 del grupo C1 o agentes tributarios. Todos realizaron la formación específica, que contó con la participación de 16 profesores del Instituto de Estudios Fiscales y 11 profesores de la Agencia Tributaria Canaria.

El curso selectivo fue de 232 horas lectivas para los Administradores Tributarios, 172 horas para los Gestores Tributarios y 86 horas para los Agentes Tributarios. La formación se ha desarrollado presencialmente en las instalaciones del Instituto Canario de las Administraciones Públicos, referente en la capacitación de los empleados del Gobierno de Canaria.

Los planes de actuación internos de la ATC contemplan, como uno de sus objetivos principales, la mejora de la gestión de los recursos humanos, no solo aumentando el número de empleados, sino poniendo a su disposición una mejor formación específica que promueva la excelencia en el desempeño profesional y la vocación de servicio público.

En este marco, la última convocatoria de procesos selectivos, contemplaba, además de la habitual fase de oposición, un curso selectivo y con un período de prácticas para que, cuando se incorporen a sus puestos como funcionarios de carrera, hayan adquirido todas las habilidades teóricas y prácticas que se requieren; así como un adecuado conocimiento de la estructura y organización de la ATC y de sus herramientas.

El proceso de selección de los funcionarios de la ATC da un salto cualitativo al contar con el Instituto de Estudios Fiscales, que es el centro especializado de formación e investigación al servicio de la Hacienda Pública Española, que ya colabora en la formación de los funcionarios de los cuerpos de funcionarios del Estado y de la AEAT.

Formación presencial de calidad

La decisión estratégica de la formación presencial, ha tenido en cuenta las ventajas de esta sobre la telemática que se traduce en un trato más cercano entre docentes y alumnos, que redunda en un conocimiento real de las necesidades del alumnado. Además, se favorece la colaboración y el trabajo en equipo, con independencia de la isla en la que estén prestando servicios en el futuro.

Otro de los puntos fuertes de este proceso formativo ha sido la rotación de los funcionarios en prácticas por los diferentes departamentos de la ATC para conocer, de primera mano, las funciones y herramientas para el desempeño de su trabajo e incorporarlas con mayor eficacia cuando se incorporen.

Un equipo de la Agencia Tributaria visitará La Aldea el próximo jueves, 13 de junio, para asistir a las personas a realizar de forma presencial (preferentemente mayores) la declaración de la renta 2023

Para solicitar cita a esta iniciativa, organizada desde la Concejalía de Economía y Hacienda, que dirige Yara Cárdenes, a partir del lunes, 3 de junio, se habilitará el número de teléfono 682 667 723, donde se podrá solicitar turno hasta agotar las plazas disponibles.

Podrán solicitar cita para confeccionar su Renta, los contribuyentes que hayan obtenido en 2023:

Rendimientos del trabajo, con el límite de 65.000 € anuales.

Rendimientos del capital mobiliario, con el límite de 15.000 € anuales.

Rendimientos del capital inmobiliario con el límite de 2 bienes inmuebles alquilados o 2 contratos de alquiler.

Rendimientos de actividades empresariales en módulos (con sus subvenciones).

Ganancias patrimoniales sujetas a retención o ingreso a cuenta (derechos de suscripción, fondos de inversión salvo si calcula su base de retención por el art 97.2 RIRPF, y premios). Ganancias y pérdidas patrimoniales por transmisión (incluso la vivienda habitual y excluidas las de bienes adquiridos por herencia o donación), con el límite de 2 transmisiones. Renta básica de emancipación, subvenciones (salvo de actividades económicas) y resto de ganancias y pérdidas patrimoniales (sin transmisión).

Imputación de rentas inmobiliarias.

Todas las rentas anteriores en el régimen de atribución de rentas (con el límite según su naturaleza).

También se realizan declaraciones con:

Compensación partidas pendientes de ejercicios anteriores.

Rentas exentas con progresividad.

Regularización clausulas suelo.

Deducción por doble imposición internacional.

Rectificaciones y complementarias del ejercicio 2023 (con los límites generales establecidos)

Con atención a circunstancias excepcionales

Es suficiente 1 cita por unidad familiar, con el NIF de cualquiera de los cónyuges. Hay 2 modalidades de unidad familiar:

En caso de matrimonio, la unidad familiar está formada por los cónyuges no separados y si los hay, los hijos menores de edad (menores de 18 años, salvo los que vivan independientes con el consentimiento de los padres) y los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.

En caso de separación legal, viudos o solteros, la unidad familiar está formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otra, con los requisitos de la modalidad anterior.

La persona autorizada a confeccionar la declaración de un tercero debe tener su consentimiento expreso. Deberá acudir a la cita con la autorización firmada y fotocopia del DNI de la persona que autoriza (representado).

Documentación necesaria:

Documentación sobre tu situación personal y en todo caso:

DNI original del titular que acude a la cita y fotocopia del DNI de todos los que figuren en la declaración.

-Número IBAN de cuenta bancaria.

Las referencias catastrales de todos los inmuebles de tu propiedad o en los que vivas de alquiler o en otras circunstancias (recibo del IBI).

Autorización firmada por otros declarantes y su fotocopia del DNI (miembros de la unidad familiar o terceros) para realizar y en su caso presentar la declaración en su nombre.

MODELO DE AUTORIZACIÓN 

Cualquier justificante que pudiera dar derecho a deducciones autonómicas u otro beneficio fiscal. Así:

Si vives en un inmueble alquilado necesitas el NIF del arrendador y las cantidades pagadas por el alquiler.

Por adquisición de vivienda habitual con ampliación del préstamo: los saldos pendientes de amortizar del préstamo original.

Con hipoteca: los recibos de los seguros.

Por donativos: los justificantes, etc.

ADEMÁS, debes preparar los documentos siguientes si has percibido alguna de estas rentas y no aparecen imputadas en tus datos fiscales:

Rendimientos del Trabajo.

Certificado emitido por el pagador.

Importe de las cuotas satisfechas a sindicatos y de las cuotas satisfechas a colegios profesionales (si la colegiación es obligatoria).

Los gastos de defensa jurídica por litigios suscitados en la relación del contribuyente con la persona de la que percibe los rendimientos

Rendimientos del Capital Inmobiliario.

Justificantes de ingresos (contratos…) y gastos deducibles (facturas…) por los alquileres de pisos, locales, plazas de garaje…de los que sea propietario o usufructuario.

Para ayudarte a relacionar todos los datos cumplimenta el siguiente documento:

MODELO DE DATOS DE INMUEBLES ALQUILADOS 

Rendimientos del Capital Mobiliario.

Certificados de empresas, entidades financieras y de seguros, contratos, recibos de gastos en las transmisiones de letras del tesoro, obligaciones o de otros activos financieros, etc.

Si has percibido un seguro contratado antes de 31/12/1994, el importe del capital recibido.

Ganancias y Pérdidas por Transmitir la Vivienda Habitual.

Fechas y escrituras de adquisición y transmisión.

Importes reales, gastos y tributos de adquisición y transmisión.

Las declaraciones de los ejercicios en los que se practicaron deducciones por la vivienda transmitida.

Datos de préstamos hipotecarios y el capital pendiente de amortizar a fecha de transmisión.

Otras Ganancias y Pérdidas.

Fechas y escrituras de adquisición y transmisión.

Importes reales, gastos y tributos de adquisición y transmisión.

Certificados de fondos de inversión.

Justificante de premios

Justificante de subvenciones.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal prevé un incumplimiento de la Administración central que se trasladará a las comunidades autónomas

Las cifras para Canarias no difieren en exceso de las previsiones del gobierno regional en cuanto que establecen superávit en el presupuesto

En su último informe, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) evidencia riesgo de incumplimiento, a medio plazo, de las reglas fiscales por parte de la Administración Central, lo que repercutirá directamente en todas las comunidades autónomas.

La AIReF basa su análisis en una previsión de déficit para el período 2024-2028 superior al 3% del PIB, la estabilización de la deuda por encima del 100% del producto interior bruto, el crecimiento del gasto hasta el 4% y el no crecimiento del PIB, que pasaría del 2% en 2024 al 1,5% en 2028. Estos datos vienen a constatar, para Matilde Asián, “el panorama preocupante de las cuentas públicas del gobierno de España”.

Ante esta situación, y dado que los objetivos de estabilidad aplicados por el Gobierno de España son los contenidos en el Programa de Estabilidad 2023-2026, resulta difícil que, sin hacer reformas, España pueda cumplir en el próximo plan fiscal para 2025-28, que deberá presentar en septiembre.

Si bien la AIReF estima que el déficit de 2024 se reducirá en seis décimas del PIB respecto a 2023, también explica que se debe a la retirada progresiva de las medidas implantadas para paliar los efectos de la crisis energética y de la subida de precios. Para la consejera de Hacienda la prórroga presupuestaria no va a incidir en estas previsiones porque el Gobierno ha anunciado que mantendrá otras medidas como el incremento salarial de los empleados públicos.

Previsión para las CCAA

Al igual que en el caso de la Administración Central, la AIReF considera que existe riesgo de incumplimiento de la regla de gasto por parte de todas las comunidades autónomas. En líneas generales, la AIReF estima que, a partir de 2025, el saldo de las comunidades autónomas se deteriorará hasta estabilizarse en torno al -0,2% del PIB.

En el caso de Canarias, el informe establece un superávit del 0,8% del PIB en 2024. En este escenario, el cumplimiento de la regla de gasto, llevaría a la comunidad autónoma a alcanzar un superávit cercano al 1,7% del PIB.

Según Matilde Asián, los datos de la AIReF refrendan la posición de Canarias como comunidad cumplidora con los objetivos de estabilidad y deuda. De hecho, el informe no expone ningún riesgo para el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria por parte de la comunidad autónoma, ni del nivel de deuda, que siempre se situaría por debajo del 13% máximo autorizado.

Se evidencia que Canarias se encuentra en la tesitura de qué hacer con ese superávit: si destinarlo a amortizar deuda, como establece la regla de gasto, o utilizarlo para atender las necesidades de los canarios. Matilde Asián confía “en que la posición en Canarias sea unánime y podamos optar por esta segunda opción”

Como recomendación general, la AIReF insta a Canarias a vigilar el crecimiento del gasto computable que sitúa por encima del 8% en 2024, adoptando las medidas pertinentes para corregir ese crecimiento.

Corporaciones locales

Respecto a las 25 grandes corporaciones locales examinadas, la autoridad fiscal ve riesgo de incumplimiento en 10 de ellas. En materia de regla de gasto, el crecimiento del gasto computable previsto por la AIReF para 2024 en 10 de las entidades analizadas es superior al 5%, existiendo por ello riesgo de incumplimiento de la tasa de referencia. En esta situación se encontrarían, entre otros, el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo Insular de Tenerife.