El convenio de colaboración de utilización no exclusiva del módulo desarrollado en Gran Canaria tiene una duración de cuatro años

El Cabildo de Gran Canaria ha acordado la cesión de uso no exclusivo a su homólogo de Tenerife de la aplicación informática desarrollada por el Gobierno insular grancanario para agilizar la tramitación de subvenciones. El acuerdo se sustenta en un convenio de cooperación que no comporta obligaciones económicas para las partes, si bien la Corporación tinerfeña asume el gasto generado por la implantación, gestión y mantenimiento en su ámbito de los recursos digitales necesarios.

La suscripción del convenio de colaboración entre ambas instituciones insulares surge del interés mostrado por el Cabildo de Tenerife y fue aprobada en el último Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria tras obtener luz verde la propuesta elevada por la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible que dirige Teodoro Sosa.

El acuerdo fija una vigencia inicial de cuatro años, si bien se recoge que las partes firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de igual extensión, salvo que se decida su extinción anticipada. Además, el Cabildo de Tenerife se compromete a ceder al Cabildo de Gran Canaria aquellas mejoras que puedan ser realizadas en el sistema informático, autorizando su incorporación.

Esta colaboración se produce dentro del marco de la cooperación y asistencia activa entre Administraciones Públicas que ampara el actual régimen jurídico del sector público.

Dicha aplicación fue desarrollada por el Cabildo en el contexto de su Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública (PEGIP), el cual establece la hoja de ruta para las políticas de modernización y mejora de los procesos de gobernanza y funcionamiento institucional, bajo un enfoque sistémico, integrador y pragmático. Este marco estratégico se alinea con los principales paradigmas de reforma y transformación adoptados por administraciones públicas de referencia internacional.

El PEGIP es un plan plurianual en permanente adaptación al contexto y a los objetivos institucionales, que, en su primera versión, fue aprobado por el Consejo de Gobierno Insular con fecha 20 de diciembre de 2020. Entre los valores destacados en el programa se incluyen la transparencia y rendición de cuentas, la participación ciudadana, la eficiencia y racionalización de los procedimientos y los recursos humanos, la administración electrónica e inteligente, la promoción del Gobierno abierto con la colaboración con la ciudadanía y los ayuntamientos, y la innovación administrativa.

La iniciativa persigue mejorar la calidad de vida de la ciudadanía grancanaria y promover el desarrollo sostenible de la isla a través de una gestión eficiente desde las propias Administraciones Públicas, en este caso el Gobierno de la isla.

La modificación de la Ordenanza Fiscal fija 0,01 euros por litro de carburante destinado a la prevención de incendios forestales y restauración de ecosistemas

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado el inicio del expediente para modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Exacción sobre el Consumo de Combustibles en la isla. Con esta medida, la Corporación insular avanza en la implantación de un instrumento tributario que permitirá destinar recursos estables a actuaciones de protección y restauración ambiental.

La iniciativa, que continuará su tramitación, establece una tarifa especial de 0,01 euros por litro para la gasolina y el gasóleo de automoción. El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo grancanario, Raúl García Brink, señala al respecto que “Gran Canaria ha dado un paso valiente y necesario al aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, un recargo de 0,01 € por litro de combustible destinado íntegramente a la protección de nuestros montes, la restauración de ecosistemas y la prevención de incendios forestales”.

“No es un impuesto más”, añade, al señalar que “es una herramienta justa, de bajo impacto económico -apenas 1 euro por cada 100 litros-, pero de alto valor ecológico y social. Una medida coherente con las políticas europeas de fiscalidad verde y los principios de quien contamina, paga”.

Para el consejero, “la emergencia climática exige respuestas claras. Este céntimo forestal permitirá contar con una financiación estable, transparente y finalista para proteger nuestros espacios naturales y prepararnos ante fenómenos extremos como incendios o pérdida de biodiversidad”.

García Brink finaliza destacando que “Desde Gran Canaria demostramos que es posible actuar con responsabilidad, alineando la sostenibilidad ambiental con la justicia fiscal y el compromiso institucional. Frente a la inacción, damos un paso firme hacia una isla más resiliente, más verde y mejor preparada para el futuro”.

Los ingresos obtenidos a través de la tarifa general se destinarán a financiar e impulsar políticas de transporte terrestre sostenible. Por su parte, la tarifa especial se orientará a reforzar la prevención de incendios forestales, acometer proyectos de restauración de ecosistemas degradados y promover la conservación de suelos, en línea con las estrategias insulares de protección del medio natural.

El hecho imponible de esta exacción se configura en la entrega onerosa de carburantes por parte de los titulares de las instalaciones de venta al público, que tendrán la condición de contribuyentes. Los empresarios que suministren los combustibles a estas instalaciones actuarán como sustitutos del contribuyente.

El Cabildo de Gran Canaria subraya que esta actuación responde a la necesidad de garantizar una financiación estable para afrontar retos ambientales y de movilidad. “Es una medida que conjuga responsabilidad fiscal y compromiso ambiental, con la que se busca dar respuesta a las necesidades de conservación de nuestro territorio y de modernización de la red de infraestructuras viarias”, se indica en el expediente tramitado.

La propuesta continuará su tramitación administrativa con la publicación de la modificación de la Ordenanza para su exposición pública, abriendo un periodo de presentación de alegaciones antes de su aprobación definitiva.