La medida llegará este mes de abril a 20.000 personas dependientes, que serán 29.000 en diciembre de 2024

Las cuantías de las prestaciones vinculadas al cuidado en el entorno se incrementan en un 30% para los grandes dependientes

Más de 20.000 personas dependientes de Canarias se beneficiarán de las subidas de las cuantías de las Prestaciones vinculadas al Servicio (PVS) y de las Prestaciones para el Cuidado en el entorno Familiar y de apoyo a personas cuidadoras no profesionales (PECEF), tras la entrada en vigor del Decreto de Ley que las regula en aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

De esta forma, a través de este Decreto, impulsado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, se modifican e incrementan las cuantías de estas prestaciones de las que se beneficiarán en diciembre de 2023 más de 24.000 personas en situación de dependencia en Canarias, cifra que aumentará hasta más de 29.000 personas en diciembre de 2024.

En concreto, con la entrada en vigor de este nuevo decreto aumentan las cuantías de la Prestación económica vinculada al servicio (PEVS) cuyo objetivo es contribuir a la financiación del coste del servicio que se determine en el Programa Individual de Atención (PIA) de la persona en situación de dependencia. Esta prestación económica, de carácter personal, puede vincularse a cualquiera de los servicios del catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

La nueva normativa establece, como cuantías máximas en función del grado de dependencia reconocido, las siguientes: 800 euros para Grado III; 477,25 euros para Grado II y 336 euros para Grado I. Así, la prestación para un gran dependiente se pasa de 715 euros a 800 euros.

Además, es incrementan las Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales (PECEF) dirigidas a otorgar una prestación económica dirigida a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención específica prestada a la persona dependiente en su domicilio.

Para esta prestación, el nuevo Decreto establece las cuantías máximas de 504 euros para Grado III; 319,08 euros para Grado II y 180 euros, para Grado I.

Así, por ejemplo, en el en el caso de las personas consideradas como grandes dependientes, las cuantías suben un 30%, de tal forma que un gran dependiente que ha cobrado hasta ahora por una prestación económica para el cuidado del entorno familiar, de 387 euros al mes, pasará a cobrar a partir de este mes, en su nómina un total de 504 euros.

Hay que recordar que el decreto establece como requisitos generales para acceder a estas Prestaciones que las personas beneficiarias sean residentes en Canarias y reúnan los requisitos específicos previstos para el acceso al servicio o servicios de atención o de cuidados en el entorno familiar, de acuerdo al Programa Individual de Atención (PIA) de la persona en situación de dependencia.

La asistencia médica para morir está recogida en la Ley Orgánica 3/2021 como un derecho individual y gratuito, incluido en la cartera común de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, supervisado y realizado por profesionales sanitarios

Pueden solicitar esta prestación las personas mayores de edad, capaces, conscientes, y que sufran una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante certificada por el médico responsable, y haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, con al menos 15 días naturales entre ambas

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia en junio de 2021, un total de catorce personas en Canarias se han acogido a la prestación de ayuda para morir, tras ser informadas favorablemente por la Comisión de Garantía y Evaluación que la regula.

La asistencia médica para morir está recogida en la Ley Orgánica 3/2021 como un derecho individual y gratuito, incluido en la cartera común de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, supervisado y realizado por profesionales sanitarios. Este nuevo derecho es garantista y para su realización se debe corroborar que se dan los supuestos específicos del contexto eutanásico recogidos en la Ley.

De las catorce personas que han recibido la prestación desde su puesta en marcha en junio de 2021, ocho eran de la provincia de Las Palmas y seis de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y por sexos, ocho eran mujeres y seis hombres.

En concreto, durante 2022, en Canarias se han realizado diez eutanasias, siete en la provincia de Las Palmas (cuatro mujeres y tres hombres) y tres en la de Santa Cruz de Tenerife (dos mujeres y un hombre).

Todas las solicitudes tuvieron su origen en centros de la red pública del Servicio Canario de la Salud. De las diez eutanasias realizadas en el año 2022, seis pacientes fallecieron en su propio domicilio y cuatro en el ámbito hospitalario, siempre respetando la voluntad de la persona.

En lo que llevamos de 2023 se han tramitado cuatro solicitudes, tres en la provincia de Las Palmas y una en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y en los primeras semanas de este año se ha realizado una eutanasia.

Requisitos

Entre los requisitos para que las personas puedan solicitar la prestación se establece que han de ser mayores de edad, capaces y conscientes en el momento de la solicitud, sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante certificada por el médico responsable, y haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, con al menos 15 días naturales entre ambas.

Asimismo, la norma determina los deberes del personal sanitario que atienda a esas personas, definiendo su marco de actuación, y regula las obligaciones de las administraciones e instituciones concernidas para asegurar el correcto ejercicio del derecho reconocido.

Prestación de ayuda para morir

El SCS ha elaborado un Guía breve para la aplicación de la prestación de ayuda para morir, que recoge la información general relativa al derecho a la eutanasia y al procedimiento que regula la aplicación de esta nueva prestación del Sistema Nacional de Salud, dirigida a la ciudadanía (pacientes y familiares), así como a los profesionales sanitarios de los centros asistenciales públicos y privados.

Por otro lado, se constituyó un grupo de trabajo en el que participaron profesionales asistenciales de los servicios de Farmacia hospitalarios y de Atención Primaria, de las Unidades de Apoyo a la Prestación de Ayuda para Morir y técnicos de la Dirección General de Programas Asistenciales, elaborándose un documento de consenso que establece el Protocolo de medicación para realizar la prestación de ayuda para morir.

Dicho documento se ha elaborado siguiendo las recomendaciones del Manual de Buenas Prácticas en eutanasia del Ministerio de Sanidad y pretende dar soporte a los profesionales sanitarios en la toma de decisiones farmacológicas, de forma que la prestación se realice con el máximo cuidado y profesionalidad y se minimicen los riesgos de complicaciones relacionadas con el uso de la medicación eutanásica.