A propósito de la sentencia sobre el “muelle de la vergüenza”

La Audiencia Provincial de Las Palmas archivó, el pasado 17 enero, la denuncia presentada contra el Gobierno de España por las condiciones en las que, en noviembre de 2020, llegó a hacinar en el Muelle de Arguineguín, que se popularizó como el “muelle de la vergüenza”, a 2.600 personas migrantes llegadas por vía marítima. El juez no ha apreciado delito en las actuaciones. Sin entrar en consideraciones de tipo jurídico, sí quiero valorar algunas de las afirmaciones vertidas por el magistrado en el auto que no se ajustan a la evidencia ni a los datos con los que contamos y mucho menos a los informes de las ONG que documentaron ese hacinamiento.

En el auto, aunque se reconoce que las condiciones eran “lamentables”, se asegura que ''se intentó ofrecer amparo, protección y asistencia, si se quiere insuficiente, pero no había otra alternativa, no era posible prever tan masiva llegada”. Una afirmación que llama poderosamente la atención ya que se formula sin sustentarse en ningún dato y en contra de los informes de todas las organizaciones especializadas en el ámbito, incluida FRONTEX, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

En primer lugar, la llegada de migrantes a Canarias por vía marítima no es ni mucho menos un fenómeno nuevo. Han pasado ya más de 26 años desde el 28 de agosto de 1994, fecha en la que llegó la primera patera a las islas, a las costas de Fuerteventura, y aún seguimos sin un sistema estable y adecuado de primera acogida con centros suficientes para atender a estas personas. Pero es que además tampoco es la primera vez que nos enfrentamos a un aumento súbito de las llegadas. Ya en el año 2006 Canarias recibió 31.678 migrantes en la llamada “crisis de los cayucos” y ni después de esa experiencia se han puesto los medios necesarios para atender a este tipo de situaciones.

Por otra parte, esta ola de llegadas se produjo en medio de una pandemia mundial, en la que se impusieron severas restricciones a la movilidad humana, se cerraron las fronteras y durante la cual las llegadas por vía aérea (la principal vía de entrada en España) se redujeron drásticamente. Es decir, que en la Península había miles de plazas de acogida libres para personas migrantes, pero no se quiso derivar a estas personas fuera de Canarias, como tuvieron que hacer de manera solapada y paulatina tiempo después.

Dice asimismo el auto que no era previsible prever “tan masiva llegada”. Sin embargo, el informe de análisis de riesgo de Frontex de 2019 ya avisaba de un aumento de las llegadas a las islas y de la reactivación de la llamada “ruta canaria” debido al cierre de otras alternativas marítimas y terrestres. Es más, el aumento no fue súbito, sino que desde principios de 2020 se fue produciendo un incremento de las llegadas sin que se tuviera preparada una respuesta institucional acorde al volumen de personas desembarcadas en nuestras costas.

También se contaba ya con datos sobre cómo las restricciones pandémicas habían afectado gravemente al envío de remesas de los inmigrantes a sus países de origen y a la venta ambulante, dos de las principales fuentes de ingresos en los países africanos de nuestro entorno. O sobre las consecuencias del aumento de la inestabilidad y del conflicto bélico en el norte de Mali. Es decir, había información más que suficiente que permitía prever un escenario como el que se produjo.

Insisto, sin querer entrar en aspectos jurídicos, llama la atención también que no se aprecie delito alguno en las brutales vulneraciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el campamento y que fueron ampliamente documentadas. Se hacinó a 2600 personas en unas carpas cuya capacidad máxima establecida era de 400, se superó ampliamente el plazo máximo de 72 horas de retención (hubo personas que pasaron más de dos semanas bajo custodia policial en el muelle), se les privó de asistencia letrada pese a que muchos eran potenciales solicitantes de asilo, no contaban con inodoros ni agua suficiente y dormían tirados en esterillas en el suelo, entre basura e incluso ratas. Pero parece que nada de esto es constitutivo de delito.

Por último, el magistrado Carlos Vielba concluye en el auto “parece posible huir de la idea de que esta isla (refiriéndose a Gran Canaria) quiera ser convertida en una nueva Lesbos”. En este punto ignora no solo los informes y denuncias de las ONG expertas en materia de migración y asilo, sino incluso la propuesta de la Comisión Europea del “Nuevo Pacto de Migración y Asilo”, así como del Reglamento de Procedimiento de Asilo que, de aprobarse, consolidaría y daría cobertura legal a la actual situación que estamos viviendo y que nos convertiría en un territorio de detención y/o retención de personas migrantes y más concretamente, en este caso, de solicitantes de asilo.

En ese texto se recoge que durante el proceso de asilo (cuya duración no se delimita y por lo tanto es indeterminada) y también si la solicitud de asilo es rechazada, las personas deben permanecer en las “fronteras exteriores de la UE” (es decir en territorios como Canarias) hasta que sean devueltas a sus países. En conjunto las mujeres y hombres migrantes podrían permanecer varios meses retenidos en las islas en contra de su voluntad.

Como han explicado varios expertos y expertas en migraciones como Blanca Garcés, la contención de los migrantes en islas como las griegas o Canarias y el freno a los traslados a territorio continental forman parte de la nueva estrategia que la Comisión Europea quiere implantar en toda la Unión, espoleada por los populismos anti-inmigración de extrema derecha y la complacencia de la derecha tradicional y parte de la socialdemocracia,.

En este sentido, un caso paradigmático es el de los migrantes menores no acompañados que llegan a las islas. Se trata de menores que han pasado por una experiencia en muchos casos traumática, que son especialmente vulnerables y que requieren de centros con personal especializado y políticas de integración. Una competencia estatal que por la vía de los hechos parece haber sido transferida a comunidades autónomas y cabildos. Desde estas instituciones hemos asumido la acogida de estos niños y niñas sin recibir compensación alguna por parte del Gobierno de España y sin que se produjeran derivaciones, a pesar de que en muchos casos la presión sobre los centros de menores era casi inasumible.

Canarias acoge en estos momentos unos 2.645 menores extranjeros que llegaron a las islas no acompañados, de los cuales 1.496 se encuentran en Gran Canaria. Y las derivaciones hacia otras comunidades autónomas apenas ascienden al 3,7%, poco más de un centenar. El Cabildo de Gran Canaria ha llegado a destinar unos 8 millones de euros al año para la atención de estas personas, a pesar de ser una competencia estatal. Las derivaciones son necesarias para poder ofrecer una atención adecuada a estos menores en materia de educación e integración social y laboral para cuando cumplen la mayoría de edad.

En definitiva, al margen de consideraciones jurídicas sobre si lo acontecido en 2020 en Arguineguín pudiera ser constitutivo de delito, lo que sí queda claro es que, pese a lo que dice el auto de la Audiencia Provincial, sí que era previsible el repunte de llegadas, sí que había alternativas al hacinamiento que se produjo y sí que había una manifiesta voluntad política del Gobierno de España de utilizar Gran Canaria y Canarias como un espacio de retención de personas migrantes en consonancia con la orientación de la política europea. Y desde el Cabildo vamos a luchar con todos nuestros recursos para impedir la aplicación de estas políticas. Porque sigue pasando. De hecho, en estos momentos se encuentran hacinadas más de 400 personas en la que se conoce como “nave de la vergüenza”, en Arrecife de Lanzarote, sin condiciones de habitabilidad e higiene y con baños químicos escasos o un único grifo de agua para el aseo.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria.