El Juzgado desestima la denuncia de Turcón contra Miguel Hidalgo y el Consejo Insular de Aguas

El Juzgado desestima la denuncia de Turcón contra Miguel Hidalgo y el Consejo Insular de Aguas por el proyecto del parque acuático de El Veril

El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha dispuesto sobreseer las actuaciones contra el Consejo Insular de Aguas y su presidente, el consejero del Cabildo de Gran Canaria del Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Aguas, Miguel Hidalgo Sánchez, planteadas por el colectivo ecologista Turcón, por un presunto delito de prevaricación, al “no existir indicios de que los hechos imputados sean constitutivos de infracción penal”.

La denuncia formulada por la representante legal de Turcón, la abogada madrileña Pilar Gómez Pavón, acusaba de “obviar el requerimiento del Estado impulsando la ilegal postura del Consejo Insular, incumpliendo lo obligado a hacer”, según indicaba el grupo ecologista, ya que desde la Dirección General de Patrimonio (el 14 de enero de 2019) se requirió al Consejo Insular a “proceder a depurar la situación registral de los terrenos del Barranco del Veril, a fin de poner término a la doble inmatriculación que afecta a los terrenos entre el Estado y Loro Parque; iniciar los trámites dirigidos a la desafección y posterior entrega a la Administración General del Estado de los aprovechamientos urbanísticos generados por los terrenos de dominio público hidráulico, en el ámbito del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de El Veril, así como de aquellos terrenos que como consecuencia de las obras de canalización y encauzamiento van a perder la naturaleza de dominio público hidráulico; y que hasta en tanto se haga efectiva la desafección se persone en las administraciones urbanísticas competentes para la defensa de los intereses urbanísticos derivado de lo anterior”.

Dicho oficio se reiteró el 25 de abril y el 16 de octubre, remitiéndose también al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, para “dar a conocer que la Administración General del Estado pretende llevar a cabo las actuaciones en la defensa patrimonial de los intereses de la zona, que se la tenga como propietaria de parte de los terrenos”.

Tras diversas consideraciones jurídicas y detallar la doctrina y jurisprudencia existente sobre el delito de prevaricación, la Magistrada del Juzgado número 5, responde que “observamos que no es que haya existido ningún tipo de omisión por parte del Consejo Insular de Aguas, de lo solicitado por la Dirección General de Patrimonio, en relación a los terrenos objeto de conflicto. Hay una argumentación jurídica por cada una de las cuestiones planteadas por la DG de Patrimonio, que son objeto de desglose, razonado jurídicamente en dicho informe, dando las debidas conclusiones en relación a lo interesado por la DG de Patrimonio”, contestación que en términos parecidos realiza el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

“Del estudio de esos informes no podemos decir”, señala la juez, “que la actuación de la parte querellada, no puede ser calificada de injusta, evidente, patente, flagrante y clamo rosa, arbitraria ni grosera, y que carecen de razonamiento alguno. Se podrá estar de acuerdo con esa actuación, pero la misma está debidamente argumentada, puede ser o no equivocada la interpretación en la que se basa para dar respuesta a lo interesado por la DG de Patrimonio, pero no puede predicarse que la misma sea arbitraria, en el sentido que requiere el tipo penal imputado, es más tiene una sólida argumentación que, de ser equivocada, para ello está la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, pero lo que no puede predicarse es que el comportamiento mantenido por el Consejo Insular de Aguas, a través de su representación, sea constitutiva como la parte querellante pretende de prevaricadora”.

El vicepresidente del Consejo Insular de Aguas, Miguel Hidalgo, valora muy positivamente la sentencia, y señala que llama la atención el que los denunciantes no tuvieran en cuenta que el Consejo Insular respondió a los requerimientos de la DG de Patrimonio, así como la utilización de un procedimiento que no es acorde a la actividad denunciada. Para Hidalgo es de destacar que el grupo ecologista fuera representado por la letrada Pilar Gómez Pavón “quien tiene su despacho en el Paseo de la Castellana de Madrid, y que es conocida por ser la abogada del que fuera presidente de la Comunidad Balear, Jaume Matas, de un sobrino de Ruiz Mateos investigado en relación a cuentas en Suiza de su tío o de un imputado en los atentados del 11M. Este colectivo debería informarnos a todos sobre el coste real de los honorarios de esta letrada y cómo los ha abonado. Más que nada por la transparencia y porque sorprende que decidan contratar los servicios de abogados madrileños”.

Asimismo, Hidalgo Sánchez, destaca que el colectivo Turcón se ha significado por sus constantes denuncias contra el Cabildo, particularmente con la tramitación del proyecto Salto de Chira, con numerosas peticiones de documentación ante el Consejo Insular y varias denuncias que han terminado archivadas: ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia; escritos sobre el supuesto uso de dinero público del Cabildo en prensa, con denuncia ante el Tribunal de Cuentas; contra una supuesta privatización del agua de las presas del Cabildo; una denuncia ante la ministra de Transición Ecológica, etc. “Y así con un constante goteo de acciones por parte de este colectivo, con las que pretenden frenar el proyecto, poniendo en duda toda la gestión del mismo ante la opinión pública”, concluye Miguel Hidalgo.