La Consejería de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, cuya responsable es la consejera insular Margarita González Cubas, apoyará con 120.000 euros en ayudas a los ayuntamientos de la Isla con una población inferior a 20.000 habitantes, con el fin de sufragar los gastos que les genera la prestación de los servicios de la administración electrónica, y contribuir con ello a su desarrollo en la Isla, tal y como se establece en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Corporación insular para 2022.

El Consejo de Gobierno Insular ha aprobado hoy tanto la convocatoria de las subvenciones y sus anexos como el gasto de esos 120.000 euros, y la distribución esos fondos entre las distintas corporaciones municipales, de acuerdo con los criterios que se han establecido para realizar el reparto.

En concreto, se han establecido las cantidades para cada ayuntamiento que presente la solicitud, en función de la población del municipio de conformidad con los datos anuales del Instituto Nacional de Estadística correspondiente al año 2020, de tal forma que aquellos que cuentan con 5.000 o menos habitantes recibirán 12.500 euros; los que tengan entre 5.001 y 10.000 obtendrán 10.000 euros; y las localidades con entre 10.001 y 19.999 residentes dispondrán de 7.500 euros.

Con esa base, los ayuntamientos que optarán a 12.500 euros serán Artenara, Tejeda y Valleseco; mientras que los de Agaete, Firgas, La Aldea de San Nicolás, Vega de San Mateo, Moya y Valsequillo podrán hacerse con 10.000 y a los de Teror, Santa María de Guía y Santa Brígida les corresponderán 7.500 euros.

Cada ayuntamiento podrá presentar una solicitud referida a un único proyecto o memoria y, por tanto, solo podrá recibir una subvención. El plazo para hacerlo será de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de las bases en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Cabildo (https://sede.grancanaria.com).

Los 21 ayuntamientos de la Isla recibirán 2,1 millones en ayudas que concede el Cabildo este año para acciones de desarrollo local y empleo

Los 21 ayuntamientos de Gran Canaria recibirán los 2,120 millones de euros en ayudas directas que les concede el Gobierno insular este año, con el propósito de apoyarles en las acciones que desarrollen destinadas a promover el desarrollo local, la creación de puestos de trabajo y la puesta en funcionamiento de instalaciones de formación para el empleo, para favorecer la actividad económica en sus municipios

Con esta iniciativa, la Consejería de Empleo y Desarrollo Local continúa materializando el objetivo prioritario del Plan Estratégico de Subvenciones del Cabildo para 2022, basado en promover el desarrollo local, el empleo y la formación en Gran Canaria, en cooperación con los ayuntamientos de la Isla. Además, en este ejercicio se impulsará por primera vez la adquisición de equipamientos para las instalaciones de formación con las que cuentan las corporaciones municipales, de cara a continuar con la dotación de espacios formativos adecuados para fomentar el acceso a la formación para el empleo de la ciudadanía en todo el territorio insular.

Juan Díaz, consejero responsable del área, ha puesto en valor esta iniciativa como impulsora de la creación de puestos de trabajo y, con ello, de la dinamización económica en la Isla. Así, ha detallado que los resultados de ediciones anteriores “son muy prometedores”, ha dicho al referirse al caso concreto de Tele, “que recibió 99.000 euros de la convocatoria de 2021, con los que ha financiado proyectos de Desarrollo Local que han fructificado en la creación de 15 empresas”.

En cuanto a la distribución de los fondos, la Corporación insular ha decidido repartir 1.470.000 euros, el 69,34% del presupuesto, de forma equitativa entre los 21 ayuntamientos, a razón de 70.000 euros por municipio, de los que 10.000 serán para gastos corrientes y 60.000 para gastos de inversión, de los cuales 15.000 se destinarán al equipamiento de instalaciones formativas municipales.

Asimismo, otros 540.000 euros, el 25,47 % del total, se asignarán en función del número de habitantes, mientras que la adjudicación de los 110.000 euros restantes, el 5,19 % de los fondos, se hará de acuerdo con la población desempleada de cada municipio.

Como resultado de esas asignaciones, Agaete recibirá 74.415 euros; Agüimes, 94.373; Artenara, 70.759; Arucas, 99.138; Firgas, 75.749; Gáldar 88.489,00; e Ingenio, 94.535.

Por su parte, a La Aldea de San Nicolás le corresponden 75.736 euros; Las Palmas de Gran Canaria, 359.894; a Mogán, 84.893; a Moya, 75.991; a San Bartolomé de Tirajana, 109.404; y a Santa Brígida, 83.230.

A su vez, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana obtiene 126.805 euros; el de Santa María de Guía, 80.492; y el de Tejeda, 71.330; mientras que a Telde irán, 149.648; aTeror, 79.531; a Valleseco, 72.812; a Valsequillo, 77.085: y a la Vega de San Mateo, 75.680.

Para el desarrollo de este programa de cooperación técnica y económica con los ayuntamientos o con entidades vinculadas a los mismos se han dispuesto tres líneas de acción subvencionables. La primera se refiere a las actuaciones centradas en el desarrollo local y abarca las iniciativas que favorezcan la prospección de recursos endógenos municipales, así como proyectos de promoción de la economía local y de estímulo de potenciales oportunidades de creación de empleo en el municipio.

La segunda línea de actuación es la relativa al equipamiento de instalaciones destinadas a la formación para el empleo y con ella se incentivará por primera vez la dotación de dependencias dirigidas a mejorar la empleabilidad de la población local. Para ello, se financiarán las inversiones realizadas en estos espacios para dotarlos de equipamientos (informáticos, telefónicos, de reprografía…) y para la adquisición de mobiliario y del material necesario para la obtención de su homologación.

La tercera y última línea se encauza hacia los proyectos de empleo basados en la contratación de personas desempleadas, con el fin de optimizar la empleabilidad de los colectivos que presentan mayor índice de dificultad en su inserción laboral. Las y los beneficiarios deberán estar inscritos en el Servicio Público de Empleo y al menos el 60% de las contratadas y los contratados deberán ser mujeres o mayores de 45 años.