La distribución de fondos en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de 2022 supone dotar a los ayuntamientos de la isla con una partida de 1.403.306, 87 euros

Fuerteventura recibirá este año en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, a través del cual se financian los servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables de los municipios, una partida que asciende a 1.403.306,87 euros, un 17,59% más que en 2021.

En concreto, de este montante, Puerto del Rosario, el municipio capitalino, contará con un montante de 470.987,13 euros, lo que supone un incremento de 64.200,22 euros, un 15,78% más con respecto a 2021.

Por municipios, las partidas son las siguientes: Antigua, recibirá en 2022 una montante que asciende a 153.654,91 euros; Betancuria, 107.271,53 euros; La Oliva, 221.112,56 euros; Pájara, 42.779,5 euros y Tuineje, 207.501,24 euros.

El Plan Concertado, cuyo protocolo de reparto de fondos ha sido firmado recientemente entre la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), asciende este año a un global para todo el Archipiélago de 41.294.742 euros, 6.047.428 euros más que en 2021 y más del doble con respecto a 2019, cuando la inversión alcanzó los 20.182.927 euros.

Durante el acto de firma, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, recordó que “desde que asumimos esta Consejería en el Gobierno canario, hemos incrementado la cantidad destinada a los servicios sociales comunitarios cada año, aumentando en un 125% la financiación a este protocolo desde los 18 millones con los que contó en 2018 a los más de 41 millones de euros de 2022”.

A través de la firma del Protocolo de distribución del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales se garantiza la cobertura financiera de los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

La Consejería de Hacienda remite al Gobierno central sus alegaciones y propuestas al informe del grupo de trabajo sobre el cálculo de población ajustada

El documento reprocha al Ministerio que se refiera a los recursos tributarios del REF, pese a que no forman parte del sistema de financiación

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias remitió hoy al Ministerio de Hacienda y Función Pública un documento técnico con las alegaciones y propuestas presentadas al informe de este ministerio sobre el cálculo de población ajustada que defienden básicamente la necesidad de aumentar el peso de la insularidad e incluir la pobreza en el reparto de los fondos para atender los servicios públicos fundamentales. La población ajustada es el parámetro utilizado para medir las necesidades de gasto de las comunidades autónomas, uno de los elementos del sistema de financiación pendiente de reforma. Además, el Ejecutivo recuerda al Gobierno central que los recursos tributarios del REF no forman parte de ese sistema.

Canarias responde, de esta manera, al informe del grupo de trabajo sobre población ajustada remitido el pasado 3 de diciembre por la ministra, María Jesús Montero, al vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez. Y lo hace con un documento que complementa algunas de las consideraciones ya remitidas con anterioridad al propio Ministerio, el 21 de mayo y el 22 de septiembre de 2021. El documento se ha elaborado en virtud de un convenio de colaboración entre la Consejería y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la participación, por parte de Hacienda, de Lucrecia Apolinario Hidalgo y María Teresa Gil Doreste, y del centro académico superior, de Arturo Melián González.

La propuesta canaria argumenta, en relación con los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales), que la pobreza se traduce en una mayor necesidad de gasto y que, por tanto, se hace necesario trasladar correctamente esta circunstancia a la fórmula de población ajustada. Las comunidades autónomas con menor nivel de renta, asegura, tienen una mayor presión en los servicios públicos.

Así, en el caso de la sanidad se señala que “existen evidencias claras del impacto negativo que tiene una mayor pobreza en el estado de la salud de la población, y, por lo tanto, en unas mayores necesidades de gasto en materia de servicios sanitarios, hecho que es preciso que se considere para contar con una fórmula de medición de necesidades de gasto justa y equilibrada que permita que las CCAA afectadas por este hecho puedan ofrecer unos servicios a su población en igualdad de condiciones”.

Esta necesidad de precisión, añade el documento, es más importante aún ante un escenario en el que se plantea incrementar la ponderación del gasto sanitario en la fórmula de la población ajustada.

Sobre este mismo bloque competencial, Canarias también echa en falta un análisis del impacto del turismo en los costes sanitarios, a pesar de haberlo solicitado en julio.

La Consejería se pronuncia en similares términos en relación con el gasto educativo, si bien en este caso también reprocha al Gobierno central que no haya considerado aquí que los peores niveles de renta conllevan unas necesidades de gasto mayores y que los territorios con menos renta son los que tienen peores resultados académicos y más necesidades de programas especiales de apoyo.

Un indicador fiable

En el caso de los servicios sociales, Canarias considera fundamental añadir un indicador destinado a medir la pobreza y que sirva para calcular las necesidades de gasto relacionadas con la exclusión y la vulnerabilidad.

El documento rechaza la propuesta del Ministerio de realizar los cálculos sobre el número de parados sin prestación por desempleo, al considerar que la casuística de la exclusión es más diversa y propone el uso de la tasa AROPE, “un indicador multidimensional más aceptado, que permite su cuantificación sin dejar de lado la componente del desempleo (“baja intensidad en el empleo”)”, aunque considerando también la privación material severa y el riesgo de pobreza (hogar con una renta inferior al umbral de pobreza). “Esta tasa, al proceder de fuentes oficiales (Eurostat e INE), tiene garantizada su continuidad, periodicidad anual, y su perfeccionamiento, a la vez que permite la homogeneidad y la comparabilidad entre comunidades autónomas y países de la UE”.

El informe del Gobierno de Canarias se detiene también en el análisis de las variables geográficas y demográficas propuestas por el Ministerio y asegura, entre otras cosas, que comparte el criterio de la estrecha relación entre las variables despoblación, superficie y dispersión y, en particular, que la despoblación debe ser abordada por instrumentos de desarrollo regional, no con la financiación autonómica. Precisamente por ello, los expertos canarios no entienden que, sin embargo, se le otorgue a la despoblación peso específico en la propuesta enviada desde Madrid, porque, además, no supone mayores gastos en servicios. En este sentido, no encuentran ninguna justificación para añadir una variable distinta a la de “superficie”, dado que este indicador ya mide la densidad de población, y dispersión.

Más dotación por insularidad

En relación con la insularidad, se hace constar que ni su ponderación ni la porción que corresponde a Canarias pueden sufrir una disminución con la reforma, dado que está claramente infrarrepresentada en el documento remitido desde el Gobierno central. De ahí que se reclame que la participación de Canarias en la población ajustada a través de la insularidad se incremente, dado que la contribución de esta variable es significativamente inferior a los costes de los servicios públicos prestados por la Comunidad Autónoma.

La insularidad, se subraya en el informe remitido al Ministerio, es el único instrumento para considerar la lejanía de 1.300 kilómetros respecto a la Península y la doble insularidad que padecen las islas no capitalinas. A esto se añaden dificultades como el relieve, la orografía y la superficie reducida. “La evidencia de las dificultades que suponen estas desventajas ha llevado a que Canarias sea considerada en el Tratado de Funcionamiento de la UE como región ultraperiférica (RUP), con una aplicación especial del derecho comunitario”, a la vez que acentúa el factor de su insularidad.

En este apartado, el documento critica que el Ministerio haya mencionado explícitamente aspectos relativos a la financiación de Canarias al hablar de insularidad, cuando no se menciona a ninguna otra comunidad autónoma en todo el informe -centrado exclusivamente en la población ajustada- y recuerda que la integración de los recursos del REF no tiene nada que ver con la importancia relativa que deba otorgarse a la insularidad en la población ajustada, sino que se justifican por las especiales y graves dificultades de carácter estructural, asociadas a la condición de RUP.

Ante esos comentarios, el Ejecutivo canario recuerda al Ministerio que el artículo 166.3 del Estatuto de Autonomía señala que “los recursos del Régimen Económico y Fiscal son adicionales a los contemplados en la política y normativa vigente en cada momento para la financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus Entidades Locales”. Además, el REF tiene como finalidad promover el desarrollo económico y social de Canarias, “objetivo cuya vigencia continúa presente”, conforme al artículo 1 de la Ley 19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y a la exposición de motivos de al Ley 20/1991 de modificación de los aspectos fiscales.

Durante los actos de conmemoración del aniversario de la Constitución en Madrid, el presidente de Canarias agradeció las muestras de apoyo a La Palma y avanzó que el miércoles se celebrará una nueva Comisión Mixta en la Isla Bonita

Torres recurre a la renovación del Estatuto de Autonomía de Canarias en 2018 como ejemplo de reforma consensuada que podría servir de referente a la actualización de la Carta Magna española, que cree necesaria pero sin obviar “todo lo bueno que nos ha dado”

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, asistió este mediodía a los actos conmemorativos del 43 aniversario de la Constitución española en Madrid. Previamente, el jefe del Ejecutivo canario indicó a la prensa que la reforma del sistema de financiación autonómico que ha impulsado el Ministerio de Hacienda con un primer borrador tendrá el visto bueno de su Gobierno y del resto de fuerzas políticas canarias si se respetan las singularidades del Archipiélago, reflejadas y renovadas en el Estatuto y el Régimen Económico y Fiscal (REF) de 2018, así como diversos criterios correctivos.

Torres insiste en que el texto remitido recientemente por el Ministerio a las comunidades autónomas es “un primer documento amplio que estudiaremos con detenimiento y calma. No obstante, repito lo que ya hemos dicho en otras reuniones: que nuestro Estatuto recoge bien que la financiación autonómica está al margen de nuestro REF y, por tanto, es algo indiscutible”.

El presidente autonómico se refirió a los “criterios correctivos” que incluye ese borrador, como el despoblamiento (población ajustada) y la insularidad (que pasa del 3% al 4%) pero recalca que se trata de cuestiones que deben ser “bien estudiadas. Canarias considera que hay otros conceptos que deben tener peso en la renovación, como la renta per cápita, la pobreza, la renta de paro, la de las familias y las singularidades de los territorios”, explicó.

Según subrayó, “para nosotros, el REF no tiene debate ni discusión: debe cumplirse por cualquier Gobierno de España y, una vez que se logre que la financiación esté al margen de ese sistema, eso será para siempre, para ese ejercicio y los siguientes, sin posibilidad de revisión”, advirtió.

Torres reiteró que Canarias “lo tiene claro porque somos la única Región Ultraperiférica (RUP), la única que tiene un REF singular, disponemos de IGIC y no de IVA, y estas singularidades y características propias las vamos a defender porque ya son hitos logrados, por lo que estaremos muy atentos a las propuestas del Gobierno y de otras comunidades para defender una justa financiación”, indicó.

Torres también agradeció las múltiples muestras de apoyo y solidaridad de todas las instituciones españolas, desde el Gobierno de España y las Autonomías con La Palma por la erupción de Cumbre Vieja, que sigue sin terminar y que se ha convertido en la emergencia más grave de la historia reciente del Archipiélago. “He notado ese respaldo y compromiso por parte de los distintos grupos en las Cortes Generales, de presidentes autonómicos y, en especial, del Gobierno de España, que ha estado y estará al lado de esta situación, buscando soluciones permanentes, adoptando medidas y, de hecho, en los próximos días habrá otra Comisión Mixta”. El presiente entiende que las familias afectadas esperen que las ayudas lleguen cuanto antes, pero considera “que hay que reconocer que son las que están llegando más rápido que nunca, si se atiende a otros acontecimientos del pasado, como el Delta de 2005 o las riadas de 2010”. El presidente tiene claro que la reconstrucción precisa de la participación de todos y que La Palma “seguirá siendo La Isla Bonita”.

Sobre la renovación de la Carta Magna española, el presidente de Canarias considera que se debe actualizar y adaptar al siglo XXI y cree que lo ocurrido precisamente con el Estatuto y REF canarios en 2018 es un buen ejemplo a seguir porque también llevaba tiempo intentándose, porque hubo muchas dificultades pero, al final, salió “con un gran consenso para dar más autogobierno a nuestras islas y por aplicar medidas que hoy se debaten, como la eliminación del aforamiento de los diputados y diputadas canarias”.

“Han pasado 43 años de la Constitución –afirmó- y se sigue tratando de una importantísima manifestación popular de la mayoría del pueblo español porque consolidó la libertad y la recuperación de la democracia, pero creo que sería bueno actualizarla. Eso sí, poniendo en valor todo lo que nos ha dado, lo que nos está dando y nos seguirá dando para la convivencia pacífica en nuestro país, por lo que tiene mucho presente y futuro. No es una cuestión del Gobierno, sino de las Cortes Generales, pero hay que estar feliz por vivir en un Estado de libertad, democrático y en el que podemos opinar con el valor de la palabra y con nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos libres”, aseveró el presidente de Canarias.

Este martes La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo publica la Resolución definitiva 2021 de apoyo a la actividad de I+D de la convocatoria María del Carmen Betancourt y Molina con la concesión de casi tres millones de euros

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ha publicado la resolución definitiva de la convocatoria de concesión de casi tres millones de euros de ayudas para la realización de Proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D) María del Carmen Betancourt y Molina cofinanciada en un 85% por el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020.

La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, que dirige Carlos Andrés Navarro, financia 46 proyectos de Investigación y Desarrollo en Canarias con la Resolución Definitiva de I+D 2021.

Son los centros públicos de investigación en cooperación con empresas y organismos que desarrollen actividades de investigación las entidades beneficiarias de dichas ayudas, potenciando criterios de inclusión social y potenciando el papel de la mujer en la investigación, con 18 proyectos liderados por mujeres.

En esta convocatoria han obtenido la ayuda entidades como Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC), Instituto Tecnológico de Canarias, (ITC), Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC); Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y Universidad de La Laguna (ULL).

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo incentiva la realización de Proyectos de I+D que generen conocimiento científico y técnico de excelencia en las áreas prioritarias para Canarias, que supongan avances cualitativos y significativos en el ámbito científico y que logren a medio y largo plazo mejorar el impacto nacional e internacional de las instituciones, centros, grupos de investigación e investigadores canarios, canalizar los recursos hacia los sectores esenciales para Canarias y en definitiva fortalecer la capacidad del sistema canario de ciencia, tecnología e innovación.

Con la resolución de la convocatoria de María del Carmen Betancourt y Molina se generará 42 contrataciones con la participación de 63,98% de hombres y 36,02% mujeres en los proyectos de investigación financiados por la ACIISI.

Esta línea de subvención lleva el nombre de ‘Programa de apoyo a la investigación María del Carmen Betancourt y Molina’ como reconocimiento a esta investigadora, y con el propósito también, de resaltar el papel de la mujer canaria en la ciencia, así como dar visibilidad al pasado histórico científico y la trayectoria profesional de las mujeres en el campo de la investigación y poner en valor sus importantes aportaciones al mundo investigador y a la sociedad.