El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote sientan las bases de un plan de trabajo común para la creación de más plazas sociosanitarias con las que atender las demandas de la ciudadanía lanzaroteña

La consejera de Derechos Sociales del Ejecutivo canario, Noemí Santana, mantuvo el miércoles, 5 de marzo, un encuentro virtual con la presidenta del Cabildo insular, María Dolores Corujo, en el que también participó la directora general de Dependencia y Discapacidad, Marta Arocha, en el que abordaron la necesidad de trazar una hoja de ruta común en la creación de más plazas para la atención de personas en situación de dependencia y de discapacidad en la isla.

Durante el encuentro, Santana expresó la vocación del Gobierno regional en este proceso de trabajo compartido con el cabildo lanzaroteño. “El compromiso es claro: antes de que acabe la legislatura, Lanzarote contará con más plazas sociosanitarias”, manifestó.

Por su parte, la presidenta del Cabildo lanzaroteño planteó la posibilidad de incluir el Proyecto de Atención Integral de Personas en Situación de Vulnerabilidad de Lanzarote dentro del Convenio de Dependencia, con el fin de que sea cofinanciado por el Gobierno de Canarias. “Necesitamos imperiosamente un cambio en el modelo de cuidados, fortaleciendo el sistema de atención a la dependencia. Nuestro objetivo es promover un cambio de modelo de atención residencial, para hacer de los centros residenciales entornos amables, cercanos y próximos a la comunidad donde las personas mayores han vivido y quieren seguir viviendo”, aseguró.

Tanto la consejera regional de Derechos Sociales como la directora general de Dependencia han valorado positivamente las propuestas planteadas por el Cabildo de Lanzarote y se han comprometido a estudiar las opciones más eficaces para integrar el Proyecto de Atención Integral de Personas en Situación de Vulnerabilidad de Lanzarote dentro del Convenio de Dependencia.

Derechos Sociales ha encargado a la entidad pública Fundación Tutelar Canaria la elaboración de los programas individuales de Atención (PIA)

La Dirección general de Dependencia y Discapacidad ha encargado a la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, entidad pública dependiente de la Consejería de Derechos Sociales, la elaboración de informes sociales, trámites de consulta y propuestas de Programa Individual de Atención, con el fin de reducir la actual lista de espera de personas dependientes que ya tienen reconocido su grado de dependencia.

“Esta medida es un instrumento más para reducir las listas de espera, junto a las 50 personas que han iniciado su labor en el mes de enero en la Dirección General de Dependencia. Será un refuerzo al importante trabajo que está desarrollando el personal del área”, asegura la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana.

“De hecho, destacó Santana, el refuerzo de personal en el área de Dependencia ha empezado a ofrecer resultados, mejorando en datos como en la resolución de 634 altas en el mes de febrero en el PIA, cifra que triplica las resueltas en febrero del pasado año”.

Por su parte, la directora general de Dependencia y Discapacidad, Marta Arocha, explica que el objetivo de este encargo, para lo cual se ha destinado una partida de 647.487,60 euros, es “disminuir la lista de espera de las personas solicitantes a las que se ha reconocido grado de dependencia pero no están siendo atendidas a través de servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Canarias”.

“El objetivo prioritario de esta Dirección general es dar respuesta a las personas que se encuentran a la espera de ser atendidas a través de los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para lo cual se ha procedido a adoptar las medidas necesarias para hacer frente a esta situación y reducir la actual lista de espera existente en materia de atención a la Dependencia en las Islas”, matiza la directora general.

En concreto, se ha optado por contratar a un total de 18 trabajadores sociales y 6 auxiliares administrativos que trabajarán en la reducción del número de expedientes en los que ya consta resolución de reconocimiento de grado pero se encuentran pendientes de la elaboración del correspondiente Programa Individual de Atención (PIA).

“Es decir, se trata de reducir la lista de personas a las que ya ha sido reconocida su situación de dependencia y que no están siendo atendidas”, aclara la responsable de Dependencia quien puso en énfasis la necesidad por parte del Ejecutivo de adoptar medidas organizativas y de reforzamiento de los recursos humanos que participan en los procesos de gestión y de valoración de grado y de elaboración de los Programas Individuales de Atención.

Con este fin, desde Dependencia se ha hecho el encargo a la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, entidad pública dependiente de la Consejería de Derechos Sociales, para la elaboración de informes sociales, trámites de consulta y propuestas de Programa Individual de Atención, con el objetivo de disminuir la lista de espera de las personas solicitantes a las que se ha reconocido grado de dependencia pero no están siendo atendidas a través de servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Canarias.