Con la aprobación de este futuro decreto se busca simplificar y reducir el tiempo de tramitación para el reconocimiento del grado de dependencia y para acceder a las prestaciones que contempla la ley

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha sacado a consulta pública el reglamento para la aprobación del nuevo decreto que regulará el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones. Esta normativa reducirá los trámites administrativos actuales y agilizará notablemente el acceso de la ciudadanía a los derechos que contempla la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

Como se detalla en el documento expuesto a consulta pública, el objetivo de la aprobación del decreto es lograr la simplificación administrativa y reducir los plazos de tramitación al establecer una configuración monofásica del procedimiento para el reconocimiento del grado de dependencia y para la aprobación del Plan Individualizado de Atención (PIA).

De esta forma, con la aprobación del nuevo decreto, se pasará de las dos fases en vigor actualmente a un procedimiento unificado que concluya con una resolución única donde se reconozca el grado y el derecho efectivo de las prestaciones que le correspondan a la persona reconocida como dependiente, a partir de la aprobación del PIA. Esta unificación de dos procedimientos en uno solo contribuirá de forma notable a reducir la burocracia y, en definitiva, a que los derechos se hagan efectivos en un breve período de tiempo.

En la actualidad, el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones que de tal situación se deriven, tal y como fue concebido inicialmente en el año 2008, es un procedimiento complejo que se desarrolla en dos fases -reconocimiento de la dependencia y aprobación del Programa Individual de Atención (PIA)-, en el que intervienen múltiples profesionales (técnicos y administrativos), y cuya culminación resulta difícilmente posible en los tiempos legalmente establecidos.

“Esta medida de simplificación administrativa, una de las primeras que anunciamos al llegar a la Consejería, será fundamental para cambiar los ritmos en materia de dependencia, algo esencial para garantizar el acceso a este derecho por parte de la ciudadanía en tiempo y forma”, señala la consejera del área, Candelaria Delgado. “Se trata, en definitiva, que Canarias se acoja al modelo ya usado en otras comunidades autónomas y cuyos resultados demuestran importantes ventajas de cara a la agilización del procedimiento”.

Además de esta medida, la Consejería seguirá trabajando para solucionar la demora en la tramitación de este procedimiento con otras medidas no regulatorias, como son la actualización de las herramientas informáticas o de la relación de puestos de trabajo.

Las personas y entidades podrán hacer sus aportaciones en el siguiente enlace de PARTICIPACIÓN CIUDADANA del Gobierno de Canarias.

En una visita a la SAT Izaña, en Güímar, el presidente canario, Fernando Clavijo, destacó que el sector primario es “una actividad absolutamente estratégica que proporciona alimentos de calidad con todas las garantías sanitarias, por lo que administraciones y consumidores deben apoyar y proteger el producto de kilómetro 0”

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, señaló que el Ejecutivo canario “no quiere que se derogue la Ley del 87, que protege al Archipiélago de la entrada de plagas en cultivos, porque esto supondría un problema sanitario y también económico”

Esta OPFH es la principal productora de fresa de las Islas, con una producción anual de 600 toneladas y cuenta con unas modernas instalaciones de hidroponía que permiten ofrecer un producto de calidad durante todo el año a partir de variedades adaptadas a la climatología canaria y métodos de cultivo respetuosos con el medioambiente

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, destacó hoy jueves, 31 de agosto, en una visita a la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Izaña, en el municipio tinerfeño de Güímar, que el Gobierno regional apuesta por apoyar e incrementar la producción local como medida para reducir la dependencia exterior del Archipiélago. Explicó que en esta legislatura, el Ejecutivo tiene el objetivo de poner el foco en el sector primario, “una actividad absolutamente estratégica” y reconoció que es un momento complicado para agricultores y ganaderos, por lo que se trabajará en medidas concretas y en proporcionar ayudas a los productores canarios.

“En Canarias hay mucha tecnología, talento, inversión económica y esfuerzo, y producimos alimentos de calidad, que contaminan menos que los procedentes de fuera y cumplen todas las condiciones de calidad y las garantías sanitarias; por lo que administraciones y consumidores debemos apoyar y proteger el producto local”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG), Rafael Hernández, defendió que “la producción local en Canarias es más necesaria que nunca para alcanzar un nivel de soberanía alimentaria razonable”. Para ello, insistió en la importancia de “seguir incrementando la producción de kilómetro 0 para poder cubrir nuestras necesidades alimentarias sin depender tanto del comercio exterior, lo que repercute en los consumidores y en los productores”.

Hernández aseguró estar convencido de que “en esta legislatura se van a dar pasos para avanzar hacia una soberanía alimentaria y mejorar la agricultura, la ganadería y la pesca, gracias a la visión agrarista del Ejecutivo canario actual”.

Durante la visita, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, explicó, en relación a la importación de papas procedentes de Inglaterra, que “los países europeos han cerrado las fronteras para evitar la entrada de la plaga que afecta a este tubérculo”. “Un escarabajo pone en jaque el consumo de un alimento tan esencial para Canarias como este, lo que debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de apostar por la producción local”, comentó.

El consejero explicó que se está negociando con la Delegación del Gobierno y El Ministerio, competentes en esta materia, que se posibilite la importación de papas de otros territorios de Reino Unido en los que según la EPPO no está presente el escarabajo de la papa, como Irlanda del norte o Gales, una acción importante para la entrada en el Archipiélago canario de la papa de consumo pero especialmente para la de semilla, que llega a Canarias en estas fechas y que procede en su mayoría de estas zonas”. “No queremos que se derogue la Ley del 87, que protege a Canarias de la entrada de plagas en cultivos, porque esto supondría un problema sanitario y también económico”, agregó.

El presidente de la SAT Izaña, Roberto Rodríguez, reconoció en declaraciones a los medios que el sector “lo está pasando mal tanto por la competencia de las importaciones como por la detección de nuevas plagas”. “No vamos a permitir que se derogue la Ley del 87 porque si no habrá que cerrar todas las explotaciones agrícolas de Canarias”, indicó. También aseguró que “las plagas entran a través de los contenedores importados, por lo que se requiere controles fitosanitarios exhaustivos” por parte del Estado.

La visita se desarrolló por las plantaciones de calabacín, calabaza, fresas y lechugas, además del empaquetado de esta organización de productores, referente en la producción y comercialización de frutas y hortalizas, que cuenta con más de 40 años de antigüedad. Además, es la principal empresa productora de fresa del archipiélago con una producción de unas 600 toneladas anuales.

Sus modernas instalaciones de cultivo hidropónico de fresa permiten ofrecer este producto durante todo el año a partir de variedades adaptadas a la climatología de las islas, fruto de las más recientes investigaciones en obtención de material vegetal, y métodos de cultivo respetuosos con el medioambiente. Además, mediante un sistema de cultivo suspendido reutilizan el agua de drenaje para el riego de otros hortícolas.

Sus 14 socios cultivan un total de 112,81 hectáreas de cultivos como la coliflor, brócoli, espinaca, acelga, calabaza, puerro, lechuga, papa negra, calabacín, tomate, habichuela y col, entre otros, apostando por la mejora continua de los procesos y utilizando las nuevas tecnologías para una mayor eficiencia productiva.

Además están certificados por Global Gap (organización que se dedica a la certificación de prácticas agrícolas seguras y sostenibles en todo el mundo) y han implementado en todas sus explotaciones un sistema de producción integrado que consiste en utilizar todas las herramientas disponibles para producir alimentos de calidad y saludables, dándole prioridad a aquellas que son menos invasivas y más sostenibles. De este modo, en todas las fincas se recurre a un sistema de lucha contra los organismos nocivos y posibles enfermedades de las plantas a través de invernaderos y trampas cromáticas, al uso de productos ecológicos, la suelta de enemigos naturales (como insectos que ayudan al control de algunas plagas), y de productos agroquímicos solo como último recurso.

El departamento técnico de Izaña presta especial importancia a la seguridad alimentaria de los productos que comercializa mediante, entre otros recursos, un sistema de codificación que permite conocer en todo momento el origen producto, lote, fecha de caducidad, cantidades de producto, etc. En su apuesta por la innovación han elaborado un software propio que permite, entre otras cosas, la geolocalización de todos los terrenos de sus agricultores, consultar el histórico de tratamientos en las distintas parcelas o consultar la producción obtenida.

La empresa ha establecido también entre sus protocolos una lucha activa contra el desperdicio de alimentos contribuyendo de esta forma a lograr los ODS. Así, incorporan los restos de frutas y hortalizas en las parcelas de cultivo para que vuelvan a nutrir la tierra y los alimentos que no cumplen con los mínimos para su comercialización pero cuentan con los requisitos mínimos para poder ser consumidos, son donados a diferentes ONGs de la zona y al Banco de Alimentos de Santa Cruz de Tenerife.

Referente en el sector

Durante el encuentro, el presidente de Canarias reconoció el trabajo del fundador y presidente de esta organización de productores, Roberto Rodríguez, “hombre innovador con una vida dedicada a la actividad agrícola y al aprovechamiento del agua, que constituye un ejemplo para muchos jóvenes emprendedores del sector y cuyo legado pasará próximamente a su hijo y sus nietos”.

“El propietario de la finca es un ejemplo de tesón y esfuerzo, a sus 80 años sigue trabajando y levantándose para mantener alrededor de 300 puestos de trabajo y de surtir producción de kilómetro 0 al mercado canario”, señaló.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha reunido en Puerto del Rosario (Fuerteventura) con representantes de la plataforma Acción Social Majorera, que aglutina asociaciones del tercer sector que trabajan en la isla

En el encuentro, en el que estuvieron presentes la presidenta del Cabildo, Lola García; el consejero de Acción Social, Víctor Alonso; y a través de videoconferencia la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado; el presidente Clavijo se ha comprometido a “hacer todo el esfuerzo que sea necesario” para responder a unas necesidades que, subrayó la presidenta majorera, son importantes.

“Fuerteventura es la isla con índice de plazas sociosanitarias más bajo de toda Canarias”, afirmó, “y es importante que el Gobierno de Canarias conozca las necesidades de los colectivos y trabajar de forma conjunta para tener una hoja de ruta consensuada y dar respuesta a necesidades como ampliar plazas sociosanitarias y, también, que el Gobierno aporte el personal necesario en materia de dependencia”.

El Consejo Territorial de Servicios Sociales celebrado hoy aprobó la distribución de fondos del nivel acordado para Canarias que pasan de 11,8 millones en 2022 casi 25 millones de euros en 2023

Además, se incrementan los fondos de subvenciones a entidades del Tercer Sector vinculadas al IRPF de 11,2 a 15 millones de euros, 4,3 millones de euros más

Canarias contará este año con un total de 24.875.299,07 euros para la financiación del nivel acordado según se acordó hoy viernes, 12 de mayo, en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales en el que se abordó el reparto de créditos para la financiación en 2023 del nivel acordado, contemplado en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Esto supone un incremento de más del doble con respecto a 2022 cuando Canarias recibió por este concepto la cantidad de 11,8 millones de euros, un aumento que ha sido posible gracias al esfuerzo y a la notable mejoría de los criterios en la atención a las personas en situación de dependencia llevada a cabo por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Ejecutivo canario.

Hay que subrayar, que del global de 24,8 millones de euros, un total de 3.931.838 euros irán destinados al Fondo de Impulso del Acuerdo de Acreditación de Centros y Servicios del Sistema para la autonomía y atención a la Dependencia.

La partida global del nivel acordado de este año asciende a un total de 783 millones de euros aportados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a distribuir entre todas las comunidades autónomas, lo que supone la continuación del trabajo realizado en la apuesta por la mejora de la atención a las personas en situación de dependencia.

Los fondos del nivel acordado se distribuyen siguiendo los criterios directamente ligados a la reducción de la lista de espera, mejora de la calidad de centros y servicios y mejoras que redundan en las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores del sistema.

Incremento de las ayudas vinculadas al IRPF en 4,5 millones de euros

Por otra parte, se acordó en el seno del Consejo Territorial el incremento de las partidas destinadas a las subvenciones otorgadas a las entidades del tercer sector con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En este sentido, se fijó que a Canarias le corresponde este año en total de 15.557.106,97 euros, lo que supone un incremento con respecto a 2022 del 40,46%, cuando la partida para estas ayudas se estableció en 11.192.449,03 euros.

Estas subvenciones están dirigidas a cubrir la atención integral a las necesidades sociales básicas de personas en situación de pobreza o exclusión, cualquiera que sea su causa, así como en situaciones de especial vulnerabilidad derivadas de discriminaciones por razón de sexo, etnia, edad, discapacidad, identidad y orientación sexual.

Estos fueron algunos de los asuntos abordados en el Consejo Territorial sobre también se trataron la distribución de fondos para los programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil, el Plan de Desarrollo Gitano y recomendaciones sobre la protección de las personas mayores y vulnerables ante olas de calor.

El Colegio de Economistas presenta un informe en el que se constata que el valor de las importaciones totales han crecido un 35,7% entre 2002 y 2021, mientras que las gravadas por el AIEM lo han hecho en un 85,7%

Cuanto menor producción interior, más presión fiscal a través del AIEM en productos cuyas cuotas de mercado muestran un alto nivel de consolidación

La dependencia de Canarias con el exterior para su abastecimiento local de productos industriales ha ido en aumento tras 20 años, a pesar de las ayudas recibidas por el sector a través del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM). En el periodo comprendido entre los años 2008 y 2021, esta dependencia exterior ha aumentado del 76,7% al 91,6%, según se constata en un informe hecho público hoy por el Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas.

Bajo el título ‘20 años del Arbitrio sobre las Importaciones y Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM) 2002-2022. Una reflexión’, el estudio refleja que la capacidad de producción local para abastecer el mercado interior se sitúa, en 2021, en un 8,4%, en comparación con el 23,3% de 2008. Canarias sigue importando la mayoría de los productos de consumo para las islas, mientras que se han registrado incrementos significativos en los precios, superando en ocasiones la media nacional.

En la presentación del informe, el decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, Alcibíades Trancho, indicó que el Colegio de Economistas, a través de sus profesionales, quiere contribuir a una sociedad más próspera, con sectores económicos pujantes, con rentas ciudadanas dignas y cercanas a la media del país y en el contexto europeo.

“A través de estos informes, pretendemos llevar a una profunda reflexión que implique a todos los agentes económicos y sociales, así como a las administraciones públicas, a través de sus representantes políticos, a trabajar juntos para definir qué Canarias queremos y, qué decisiones y estrategias han de adoptarse para tal fin”, manifestó.

Por su parte, la coordinadora del informe y doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, Rosa Rodríguez Díaz, afirmó que “a pesar de que la mayoría de los productos sujetos al AIEM pertenecen a la industria manufacturera, no se ha observado una disminución en la entrada de productos importados, sino más bien lo contrario”.

En este sentido, señaló que “Canarias, que, históricamente ha dependido en gran medida del exterior para su abastecimiento local, ha experimentado un incremento en esta dependencia en dicho periodo, por lo que no se puede afirmar con certeza que la aplicación del AIEM haya beneficiado directamente a esta industria, ni que haya mitigado una caída más pronunciada. Por el contrario, el aumento de la dependencia exterior para el abastecimiento local ha generado efectos negativos, como el incremento de precios en la cesta de la compra”.

La modificación del AIEM en 2020 revela un alto grado de protección hacia las producciones altamente consolidadas en el mercado local, ya que a medida que la cuota de mercado es más elevada se gravan más partidas nuevas. Es decir, cuando el productor canario ya vende su producción al 51% o más del total de consumidores canarios, a estos productos se les aplican nuevos gravámenes del AIEM a la importación que antes no estaban. Esto se materializa en 29 nuevas partidas de este tipo de productos, que representan el 70,7% del total de las 42 nuevas incorporadas por el Decreto Ley de 2020. En definitiva, cuanta más cuota de mercado acapara la producción local, más gravamen soportan los bienes importados.

El informe de los economistas también subraya que durante los últimos 20 años, el AIEM ha gravado un mayor número de partidas y ha establecido tipos impositivos incrementales, lo que evidencia una mayor presión fiscal, especialmente en los sectores que generan bienes de consumo básico, como Alimentación y Bebidas, Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca.

A pesar de que el valor de las importaciones totales ha crecido un 35,7% entre 2002 y 2021, las importaciones gravadas por el AIEM lo han hecho en un 85,7%. Por otro lado, las importaciones totales en peso (toneladas) han disminuido un 28,5%, mientras que las gravadas por el AIEM han crecido un 30%.

Impacto en el aumento de precios en la cesta de la compra

El informe evidencia, por otra parte, la alta dependencia de las importaciones en sectores como Alimentación, Bebidas y Tabaco, junto con una producción local que no puede cubrir ni un tercio de la demanda, con un 27,8% en 2021 (31,8% en 2008). Es innegable que la aplicación de un impuesto como el AIEM al 72,2% de lo que necesita Canarias para abastecerse, en 2021 (68,2% en 2008), ha de tener un impacto directo vía aumento de precios en la cesta de la compra.

Históricamente, el Índice General de Precios en Canarias ha sido uno de los más altos del país en comparación con la media nacional y otras comunidades autónomas. Esta situación se agrava al considerar que el PIB per cápita de Canarias ha experimentado un crecimiento inferior al promedio nacional y europeo, ubicándose en los últimos puestos junto con Andalucía en 2021.

En los últimos 20 años (2002-2021), el PIB per cápita ha aumentado un 8,6%, mientras que los precios, tanto el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como los precios industriales, han experimentado un incremento considerable del 30,4% y el 62,4%, respectivamente.

Además, el coste medio de las importaciones ha crecido un 89,7%, mientras que la recaudación de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) ha aumentado un 122,9%, siendo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) un 134,17% y el AIEM un 94%. Estos datos reflejan una pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos canarios y una disminución en su nivel de vida, especialmente considerando el distanciamiento gradual de Canarias con respecto a los niveles medios del país en general.

El estudio concluye que la evolución de la Industria Manufacturera de Canarias está estrechamente ligada a variables coyunturales, afectándole de forma clara los periodos de crisis económica y con una elevada dependencia del turismo, el principal sector económico de las islas. Según el mismo, no cabe concluir que la aplicación del AIEM la haya beneficiado de forma directa, así como tampoco se puede afirmar con certeza que la aplicación de este impuesto haya atenuado una caída de mayor calibre.

Esta partida supone un incremento en la inversión para los recursos para la atención de personas en situación de dependencia y discapacidad, a cuya financiación se destina este año un global 288 millones de euros

El Gobierno de Canarias incrementa este año un global de 15.770.986,78 euros a los Convenios establecidos con los siete Cabildos insulares a través de los cuales se financian de los servicios para prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general, a personas menores de seis años, mayores o con discapacidad.

Este incremento se suma a la aportación realizada por los Cabildos insulares a estos Convenios, que es de 8.504.432,79 euros, lo que supone un incremento global, entre ambas Administraciones, de 24.275.419,57euros.

Esta cifra se suma a los 264.190.174 millones que se invierten en la financiación de estos acuerdos para la atención de personas en situación de dependencia y discapacidad, por lo que la inversión en 2023 para la atención a personas en situación de dependencia en las Islas será de 288.465.593,57 euros.

El aumento de la financiación se lleva a cabo con el fin de dar respuesta a las entidades sociales que reivindican el incremento de los precios plaza. Se trata de tercera vez en esta legislatura que se suben estos precios con el fin de adecuarlos a la realidad de los costes de los servicios.

A este respecto, el Gobierno de Canarias y Cabildos se han comprometido a realizar una mesa técnica en donde se estudien los costes reales de todos los servicios y poder adecuarlos de manera definitiva, sin perjuicio del incremento anual como consecuencia de la aplicación de los distintos convenios colectivos del sector o del IPC.

Este aumento de la financiación de estos convenios se materializa en el aumento en un 10% en las dotaciones en los sectores de Mayores y Discapacidad, en los servicios de centro de atención residencial y diurna, y en 30% en los hogares funcionales, tanto en el sector de mayores como para la atención de personas con discapacidad. Además, se incrementa en un 20% los centros de día en el sector de Discapacidad.

En el ámbito de Salud Mental, se aumenta la financiación en un 15% en viviendas y pisos tutelados y un 25% los recursos residenciales y centros de rehabilitación psicosocial.

La reducción de la lista de espera y de los tiempos de espera en materia de dependencia así como el aumento de Pías en 2022, implica que Canarias recibirá este año el doble de fondos correspondientes al nivel acordado

La reducción de lista de espera, reducción de tiempos de espera y aumento de PÍAS en Canarias ha supuesto que la comunidad autónoma vea incrementado la financiación por parte del Estado en relación al nivel acordado, pasando de los 11,8 millones de euros recibidos en 2022 a los 21 que recibirá este año. Esta propuesta quedará rubricada las próximas semanas en el Consejo de Ministros.

Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, señala que “este crecimiento en la financiación es un indicador irrebatible de la mejora que está viviendo la Dependencia en Canarias. La Consejería ha hecho una apuesta importante para corregir el rumbo y dar una mayor calidad y atención a las personas dependientes de Canarias. Hemos apostado por más recursos y por más personal para acercarnos a la atención cercana y moderna que merece nuestra ciudadanía y esto queda plenamente corroborado a través del reconocimiento que supone el aumento de la financiación del nivel acordado”.

Esta financiación se enmarca en el acuerdo para el reparto de créditos del Estado para la financiación del nivel acordado, contemplado en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que se distribuyen siguiendo los criterios directamente ligados a la reducción de la lista de espera, mejora de la calidad de centros y servicios y mejoras que redunden en las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores del sistema.

Esto supone que en el año 2022 correspondió a Canarias la cantidad de 11,8 millones de euros de nivel acordado, asignación que se ha incrementado en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales celebrado hoy 15 de marzo, en respuesta a las mejoras producidas en el Sistema de la Dependencia en Canarias en el año 2022.

De esta forma, en 2023 en el nivel acordado asciende a 11,8 millones de euros de 2022 a 21 millones. A esta financiación habrá que añadir la parte que corresponderá a Canarias de los 200 millones que el Ministerio de Derechos Sociales aportará a las comunidades que hayan firmado el acuerdo de Acreditación y Calidad de Centros firmado el pasado mes de junio. A Canarias, en una primera aproximación, le corresponderían otros 19 millones de euros.

Como reflejan los datos del IMSERSO, diciembre es el mes con mayor número de personas con el derecho a la dependencia reconocido desde la implantación de la Ley en el año 2007 en las islas

Canarias consigue reconocer el Programa Individual de Atención (PIA) a 8.000 personas en el año 2022 con casi 10.000 prestaciones concedidas. Diciembre se ha convertido por tanto en el mes con mayor número de personas con el derecho a la dependencia reconocido en Canarias (1.233 personas) desde la implantación de la Ley en el año 2007, tal y como recogen los datos oficiales del IMSERSO.

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, señala la “excelente gestión” que se ha realizado en este último año y explica que, en la actualidad, Canarias atiende a 34.698 personas dependientes, con un total de 38.666 prestaciones, tanto económicas como de servicios.

“Las prestaciones económicas han supuesto un avance muy importante en la atención a las personas dependientes en 2022 -destaca- llegándose a abonar 12 millones de euros en atrasos a personas que llevaban mas de 10 años esperando por el reconocimiento de su derecho, además, se ha triplicado el número de prestaciones de servicios, tales como ayuda a domicilio, promoción de la autonomía personal y teleasistencias, han llegado a triplicarse en este año”.

Canarias tiene un doble procedimiento, el reconocimiento del grado y del PÍA. Así en la primera fase del procedimiento, el relativo al grado, en 2022 se reconoció a 5.200 personas frente a las cifras negativas del año 2018 en donde Canarias decreció en 31 personas. En cuanto a los PÍA, Canarias ha pasado de las 2.283 personas atendidas en 2018 a 7.911 en 2022 y de las 2.390 prestaciones en 2018 a 9.919 en 2022, cuatro veces más que en 2018.

La consejera asegura que el propósito para 2023 es “mantener el ritmo de personas atendidas, que se reconozca el derecho que tan injustamente se les ha arrebatado a las personas dependientes durante tantos años”.

“Nos queda mucho camino aún -asevera- pero estamos consiguiendo, gracias al enorme esfuerzo del personal de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, unos resultados muy satisfactorios”.

El porcentaje de financiación por parte del Ejecutivo canario a los convenios de prestación de servicios para personas dependientes y con discapacidad alcanza el 72,6% del total y pasa de 158,09 millones de euros de 2018 a 264,19 millones en 2023

Canarias contará en este nuevo año con un incremento de la financiación de los servicios para prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general, a personas menores de seis años, mayores o con discapacidad, de 106 millones de euros con respecto a 2018, pasando de 158,09 millones de euros de 2018 a 264,19 millones en 2023. Según explica la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en 2023, con la aprobación de las cuartas adendas de los convenios rubricados entre el Ejecutivo canario y cada uno de los Cabildos insulares, la aportación del Gobierno canario a estos convenios pasará de 109,63 millones en 2018 a 191,72 millones en 2023, es decir, 82 millones de euros más. Esto supone un incremento, en cuanto a la aportación a estos acuerdos por parte del Ejecutivo regional, de 3,2 puntos porcentuales, pasando de financiar en 2018 el 69,4 % del total a financiar el 72,6 % del total en 2023.

Por su parte, la aportación global de los Cabildos pasa de 48,45 millones (el 30,6% en 2018) a 72,47 millones en 2023 (el 27,4% del total de la financiación).

Por islas, destaca el crecimiento de La Gomera en relación con el número de plazas sociosanitarias que pone en funcionamiento el próximo año 2023, pasando de 125 plazas en 2018 a 244 en 2023. Asimismo, crece en servicios como la teleasistencia y el servicio de ayuda a domicilio, con 5.040 horas conveniadas.

De hecho, la financiación de La Gomera crece de manera muy importante, pasando de 2,1 millones de euros en 2018 a un total de 5,7 millones en 2023, de los que 4 millones de euros son aportación de Derechos Sociales y 1,7 millones del Cabildo gomero. Estoy implica que se dobla la aportación a la financiación de los servicios de atención a la dependencia en la isla entre 2018 y 2023, y ello se debe a la importante apuesta en el crecimiento de número de plazas, en la promoción de la autonomía personal y en el servicio de ayuda a domicilio. Hay que recordar que el Cabildo de La Gomera no tiene lista de espera en materia de dependencia.

Igualmente, se produce un importante crecimiento de la isla de Lanzarote en plazas de teleasistencia (194 plazas); en promoción de la autonomía personal, con 203.520 horas de prestación y en el servicio de ayuda a domicilio, con 232.200 horas, lo que supone un incremento de la financiación por parte del Gobierno regional en 5 millones de euros respecto a la adenda anterior. De esta forma, la isla de Lanzarote contará con una inversión en materia de dependencia en 2023 que asciende a 21 millones de euros, de los cuales 17 millones de euros son aportación de Derechos Sociales y 4 millones del Cabildo insular. Con el crecimiento que experimenta en 2023 se pretende atender a 800 personas dependientes y conseguir terminar con la lista de espera en la isla en 2023.

En cuanto a La Palma, se incrementa de forma importante la promoción de la autonomía personal con 35.350 horas y el servicio de ayuda a domicilio con 441.000 horas, pasando de una financiación de 9 millones de euros en 2018 a 26 millones en 2023 (19,7 millones de euros del Gobierno canario y 6,4 millones del Cabildo).

Por su parte, la isla de El Hierro también verá incrementada su financiación de forma importante respecto al 2018, pasando de 1,5 millones de euros a 2,8 millones (2,1 del Gobierno y 700 mil el Cabildo) creciendo en los últimos años la ayuda a domicilio y la promoción de la autonomía personal con 20.400 y 14.400 horas respectivamente.

La isla de Fuerteventura mantiene sus servicios, con una financiación de 4 millones de euros, de los cuales 3,1 son aportados por el Gobierno de Canarias y 900 mil por el Cabildo Insular. Manteniendo así las 215 plazas con las que cuenta y las 2400 horas de promoción de la autonomía personal.

La isla de Tenerife pasará de 67 millones de euros en 2018 a 111 millones en 2023 (78 millones aportación del Ejecutivo canario y 33 millones de euros del Cabildo), con un crecimiento en teleasistencias que pasa de 848 a 1188 plazas y en promoción de la autonomía personal con 358.200 horas, además del mantenimiento de las más de 4.900 plazas entre residenciales y centros de día.

Por último, la isla de Gran Canaria también aumenta la financiación a los servicios de atención a la dependencia, pasando de 65,9 millones en 2018 a 92,7 millones de euros en 2023 (66,8 del Gobierno de Canarias y 25 millones del Cabildo insular), a lo que hay que sumar el mantenimiento de las casi 4.500 plazas existentes en la isla, así como las 2.252 teleasistencias y la importante promoción de la autonomía personal y ayuda a domicilio que ascienden a 213.690 y 133.354 horas respectivamente.

La Consejería de Derechos Sociales consigue crecer un 23% en el mes de octubre, por encima de la media nacional, que se cifra en el 14,7%.

La Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias alcanzó en el mes de octubre las 6.775 altas en el sistema de Dependencia, la cifra más alta desde la aplicación de la Ley de Dependencia en el archipiélago.

Además, el ritmo de trabajo marcado por la Dirección General de Dependencia y Discapacidad encabeza la incorporación de personas al sistema en el Estado, al crecer un 23% en octubre, mientras que la media nacional está en el 14,7%.

Noemí Santana, responsable del área, valoró este dato en la comisión parlamentaria celebrada este martes. «La primera medida que ha tomado este Gobierno para cumplir la Ley de Dependencia es cumplir la Ley de Dependencia. Es decir, poner los medios necesarios para que las prestaciones lleguen cada vez más, y en el menor tiempo posible, a las personas dependientes», comentó.

Santana explicó cómo se ha producido este incremento en los datos de Dependencia y cómo se traducen en la mejora de las condiciones de las personas dependientes y sus familias en Canarias. «Hemos dado 6.755 resoluciones, pero se han concedido 8.853 prestaciones. Hay más prestaciones que usuarios porque combinamos las prestaciones. Una persona con una prestación económica para el entorno familiar recibe siempre otra prestación de servicio», indicó.

La responsable del área de Derechos Sociales subrayó que «las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar están en la Ley de Dependencia, igual que lo están las vinculadas al servicio. La Ley, efectivamente, prioriza la prestación de servicios sobre las prestaciones económicas, pero admite las económicas en situaciones excepcionales que así lo requieran», manifestó.

La consejera subrayó que, de mantenerse este ritmo de altas, a finales de 2023 o los primeros meses de 2024 la comunidad autónoma podría dejar a cero la lista de espera en Dependencia. Para eso, entre otras medidas aplicadas, se ha apostado en la negociación de presupuestos para un aumento de la inversión en Dependencia.Los fondos para prestaciones económicas, tanto las vinculadas al servicio como las destinadas al cuidado del entorno familias, se duplican. De 34.788.000 euros que teníamos en 2022 se pasa a 64.788.000 euros el próximo año, lo que supone un incremento del 86,2%.

En cuanto a las prestaciones para el sistema de Dependencia que se convenian con los cabildos, el presupuesto pasa de 64.600.000 euros a 69.679.000 euros, lo que significa casi un 8% más que en 2022. En relación a los fondos que provienen del Estado, la buena gestión de 2022 ha favorecido un aumento de los fondos del nivel mínimo para Dependencia. Así, de 17,5 millones, se pasa a los 23,5 millones, un 31,4% más que en 2022.

A este respecto, Noemí Santana concluyó que «no se trata solo de tener fondos, se trata de saber gestionarlos. En estos momentos, el nivel de ejecución de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad es del 84,85%».