La consejera de Bienestar Social del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado, expuso hoy en comparecencia parlamentaria los avances en materia de atención a las personas dependientes en las Islas

En los últimos cinco meses se han llevado a cabo alrededor de 1.000 revisiones de grado y se trabaja para poner al día el registro de solicitudes pendientes; ambas acciones habían sido paralizadas durante la legislatura anterior

“El nuevo enfoque que estamos dando a la Dependencia contempla todas las solicitudes que tienen entrada en el departamento, sin falsear los datos, porque lo importante son las personas, no las cifras”, recalcó la responsable del área

Canarias ha superado por primera vez las 40.000 personas atendidas en el sistema de la dependencia, según datos publicados por el Imserso. Al mismo tiempo, se ha incrementado el número de solicitudes registradas que estaban pendientes, se ha reducido el tiempo de resolución de cada expediente, se han impulsado las revisiones de grado y se ha iniciado un procedimiento de simplificación administrativa. Así lo explicó hoy, en comparecencia parlamentaria, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, quien, no obstante, insistió en que hay que continuar trabajando para poner al día la dependencia en el Archipiélago, cumplir con los plazos que marca la ley y dar una atención digna a todas las personas que lo requieren.

Delgado explicó que el objetivo prioritario de su departamento es mejorar la vida de las personas y no mejorar las cifras, y defendió que los datos ofrecidos serán siempre transparentes y veraces, al tiempo que lamentó el “maquillaje” de las listas de espera llevado a cabo durante la legislatura pasada, cuando se paralizaron los registros de nuevas solicitudes.

“Durante los primeros meses de este año no se grabaron en el sistema las nuevas solicitudes que presentaban los ciudadanos y las ciudadanas para evitar que crecieran las listas de espera de la dependencia. Nosotros no desarrollamos acciones para que los números den bien, gestionamos para que los canarios y canarias puedan acceder lo antes posible a las prestaciones que les corresponden”, dijo.

“Este equipo -señaló- ha reorganizado toda la gestión en esta materia, de forma que, en julio del 2023 se grababan solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia con fecha de registro de entrada del año 2022 y en estos momentos estamos grabando solicitudes del segundo semestre de este mismo año 2023”.

“El nuevo enfoque que estamos dando a la dependencia contempla todas las solicitudes que tienen entrada en el departamento, sin falsear los datos, porque nos importan las personas, no los datos, y ello nos lleva a que actualmente la lista de espera para una valoración de dependencia sea de 6.759 personas, un dato que incluye también las solicitudes de revisiones de grado, que no se contemplaban en las cifras del anterior equipo de gobierno porque estaban paralizadas”, sentenció la responsable regional en Dependencia. Las revisiones de grado suponen una mejora de las prestaciones a las que tiene derecho la persona dependiente, lo que incide directamente en su calidad de vida.

“El número de solicitudes de dependencia que fueron resueltas en todo el año 2022 fue de 4.880. A día de hoy, sin terminar el año, hemos sacado adelante 2.000 más, llegando a 6.844 solicitudes. Este dato es un ejemplo más de cómo esta nueva Consejería se ha implicado en materia de dependencia en Canarias con realismo y responsabilidad”, priorizando la mejora de la gestión, aseguró la Delgado en su intervención.

“En cuatro meses de legislatura hemos reducido las listas de espera, pasando de 817 días que se tardaba en resolver las solicitudes de dependencia hasta el pasado mes de julio a los 687 días actuales”, enfatizó Delgado, quien matizó, asimismo, que se han reactivado las revisiones de grado, paralizadas durante el mandato anterior, y que “ya el número de revisiones de grado que se han realizado en estos últimos meses asciende a 1.000”.

Además, Delgado insistió en que hay que promover desde el Gobierno que existan servicio de asistencia especializada, porque, si no, no se consigue que la persona dependiente acceda a los recursos que le corresponden. “¿De qué ha servido la gestión llevada a cabo con anterioridad a los más de 6.000 canarios que entraron en el sistema de la dependencia, pero no tienen prestación alguna porque no han podido contratar el servicio de asistencia especializada que necesitan?”

En su intervención, la consejera afirmó, asimismo, que, en los últimos meses, el departamento ha pasado de contar con 24 personas técnicas valoradoras que había en julio a un total de 35, es decir, 11 más y que se ha impulsado la formación de 35 agentes del 012, para dar información telefónica especializada a los canarios y canarias en materia de dependencia.

Además, recordó que la firma del convenio con el Estado, a través del Imserso, por lo que la financiación en nivel acordado para las Islas en 2023 asciende a un global de 58.347.748,42 euros, una cifra que, explicó, “se ha visto incrementada porque el buen grado de cumplimiento del Gobierno de Canarias en materia de dependencia permitió aumentar la cuantía inicial con fondos procedentes de otras comunidades autónomas incumplidoras”.

Atención a las islas no capitalinas

En su intervención, Delgado hizo mención especial al esfuerzo realizado para mejorar la atención a las personas dependientes residentes en las islas no capitalinas, logrando ya que en algunas de ellas no haya lista de espera.

A este respecto, indicó que “nos hemos volcado de manera especial en las islas no capitalinas, así, en La Gomera, La Palma, El Hierro y Fuerteventura hoy podemos afirmar que estamos al día en cuanto a dar respuesta a las solicitudes de valoración de reconocimiento inicial de la situación de dependencia presentadas en estas islas”.

Además, indicó que, en estos momentos, se está trabajando con más de 150 solicitudes de revisión del grado de dependencia de las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro, “cuyos solicitantes serán citados en breve para recibir la visita del técnico que valorará su grado de dependencia”.

La consejera del área, Candelaria Delgado, explicó en sede parlamentaria de las medidas desarrolladas por su departamento dirigidas a mejorar y agilizar la atención a las personas en situación de dependencia en las Islas

Desde que empezó la legislatura se han realizado casi 1.000 revisiones de grado, atendiendo así a personas cuya situación había empeorado

A lo largo de este año, el Sistema de Dependencia en las islas ha grabado 5.830 nuevas solicitudes de reconocimiento de la dependencia, mientras que en la totalidad del 2022 fueron 4.915 las solicitudes tramitadas. Al finalizar el 2023, la previsión es que sean 7.500 las nuevas solicitudes que entren en el sistema. Estos datos fueron dados a conocer por la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en una intervención parlamentaria en la que explicó las medidas impulsadas durante los primeros tres meses al frente del departamento de Bienestar Social.

El primer objetivo ha sido disminuir de las listas de espera de Dependencia en Canarias, explicó Delgado. “Para ello hemos puesto en marcha una batería de medidas dirigidas a agilizar la grabación de las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia tras reforzar el personal e impulsado los reconocimientos de grado de dependencia y del programa de Atención Individual (PIA)”, aclaró.

En su intervención, Delgado afirmó el aumento de personal del equipo de valoración permitirá incrementar en 400 expedientes mensuales con respecto a los periodos anteriores.

Además, aseguró que se departamento ya ha reactivado las revisiones de grado de las personas en situación de dependencia. A este respecto, explicó que se han realizado 949 revisiones de grados, “atendiendo así a personas que ya habían sido valoradas hace años y cuya situación había empeorado notablemente, sin que recibieran más ayudas o prestaciones para atender la nueva realidad”.

Estas son algunas de las medidas impulsadas por la consejería de Bienestar Social entre las que se encuentran también la publicación del reglamento para la aprobación del decreto, ya en consulta pública, que regulará el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia lo que que permitirá “reducir notablemente las listas de espera hasta llegar al plazo de seis meses que marca la ley para el reconocimiento de los derechos a las personas dependientes”.

En esta materia, indicó que se establecerá una configuración en una fase del procedimiento para el reconocimiento del grado de dependencia y para la aprobación del Plan Individualizado de Atención (PIA), “una unificación que contribuirá a reducir la burocracia de forma considerable y, en definitiva, que los derechos se hagan efectivos en un breve período de tiempo.”

La consejera Candelaria Delgado señaló en el Parlamento que se aumentarán las cuantías para el transporte y el número de plazas

El Gobierno de Canarias destinará más de 194,9 millones de euros a estos acuerdos con las corporaciones insulares

Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, aseguró hoy en el Parlamento de Canarias que su departamento está ultimando los trámites necesarios para renovar los convenios con los Cabildos Insulares para atender la dependencia y la discapacidad, de forma que espera que puedan firmarse en “algo más de un mes”.

Asimismo, señaló que el nuevo documento contemplará subidas en las cuantías referidas al transporte y al precio/plaza, para adaptarlo en la medida de lo posible al incremento de los precios que se sufren actualmente. La representante del Ejecutivo autonómico respondió hoy en este sentido a una pregunta del Grupo Socialista Canario.

Tras explicar que estos convenios de cooperación se firmaron por primera vez en 2018, la consejera recordó que esta fórmula está destinada a la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general, a personas menores de seis años, mayores o con discapacidad, y para la realización de actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones.

En concreto, el objeto de estos convenios es la prestación por los Cabildos, con fondos cofinanciados con el Gobierno de Canarias, de los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal, servicio de teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, servicio de centros de día y de noche y servicio de atención residencial.

“La intención es aprobar ahora la quinta adenda en la que se contempla el incremento de precios acordado en las últimas comisiones de seguimiento, las modificaciones de plazas propuestas por los Cabildos y la prórroga de los convenios hasta diciembre de 2024”, dijo la consejera, quien recordó que las últimas reuniones de las comisiones de seguimiento con los cabildos fueron en octubre del año pasado.

Por último, señaló que “para asumir la subida acordada más las últimas modificaciones propuestas por las corporaciones insulares, que ya están cuantificadas, necesitaríamos un incremento total de 8,5 millones de euros, por lo que la aportación del Gobierno de Canarias a estos convenios con los Cabildos superará los 194,9 millones de euros en total”.

La Consejería inicia el procedimiento de simplificación administrativa para el reconocimiento de la dependencia, habilita un punto de información al ciudadano sin cita previa, forma a cuidadoras no profesionales, activa un servicio de información y asesoramiento telefónico y empieza a enviar sms recordatorios de las citas, entre otras iniciativas

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias pone en marcha siete medidas fundamentales para mejorar la atención a las personas en situación de dependencia y reducir las listas de espera. El departamento que dirige Candelaria Delgado está introduciendo una batería de herramientas que permitirán agilizar el acceso al sistema de dependencia en el Archipiélago y avanzar en la asistencia a aquellas personas que ya han entrado en él.

“Desde que llegué a la Consejería planteé la necesidad de mejorar aspectos básicos del sistema de dependencia que permitieran rebajar las listas de espera, pero que también supusieran una modificación en el trato que reciben las personas mientras se encuentran a la espera de que se cumplan sus derechos. Debemos poner a la ciudadanía en el centro y eso significa prestar atención a todas sus necesidades durante todo el proceso”, explica Delgado.

Las medidas impulsadas son las siguientes:

Decreto de simplificación administrativa

En estos momentos se encuentra en fase de consulta pública el reglamento para la aprobación del decreto que regulará el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones que contempla el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El tiempo estimado para que entre en vigor esta norma es de seis meses. “Así, una vez que esté en vigor, podremos empezar a reducir notablemente las listas de espera y a acercarnos al plazo de seis meses que marca la ley para el reconocimiento de los derechos a las personas dependientes”, señala Candelaria Delgado.

El objetivo que se persigue con la aprobación del decreto es lograr la simplificación administrativa y reducción de plazos de tramitación al establecer una configuración monofásica del procedimiento para el reconocimiento del grado de dependencia y para la aprobación del Plan Individualizado de Atención (PIA).

De esta forma, con la aprobación del nuevo decreto se pasará de las dos fases actuales un procedimiento unificado que concluya con una resolución única en la que se reconozca el grado y el derecho efectivo de las prestaciones que le correspondan a la persona reconocida como dependiente, a partir de la aprobación del PIA. Esta unificación de dos procedimientos en uno solo contribuirá a reducir la burocracia de forma considerable y, en definitiva, a que los derechos se hagan efectivos en un breve período de tiempo.

Servicio de información telefónica de atención a la dependencia

La Dirección General de Dependencia ha formado a una treintena de trabajadores del 012 para que puedan responder a las consultas especializadas que hacen los ciudadanos a través de este teléfono de información. De esta forma, los ciudadanos que quieran resolver dudas sobre los trámites que deben realizar en materia de dependencia o que deseen conocer el estado de su expediente obtendrán información sin necesidad de desplazarse físicamente a las dependencias administrativas.

Este servicio está operativo desde esta semana y responde a una demanda de la población que hasta ahora no había sido atendida.

Punto de información al ciudadano y registro de entrada para trámites sin cita previa.

En la misma línea de acercar la administración a la ciudadanía, la Dirección General de Dependencia ha habilitado un punto de información al ciudadano, que incluye registro de entrada para documentación, que no requiere cita previa. Este punto de información está ubicado en el edificio Andrea, en Santa Cruz de Tenerife, y en El Pino, en Las Palmas de Gran Canaria.

Envío de sms recordatorio de citas

Con el fin de agilizar el procedimiento por parte del personal técnico que resuelve los expedientes e informes en materia de dependencia, la Consejería de Bienestar Social contará con un sistema de citas programadas que tiene como objetivo recordar a la persona la visita del trabajador social del departamento encargado de elaborar el expediente y recabar los datos para establecer la valoración y el nivel de dependencia.

Para ello, desde la Dirección General de Dependencia se emitirá un total de 50.000 sms, con el objetivo de recordar a las personas solicitantes la fecha y hora en la que se acudirá a su domicilio o lugar de residencia para efectuar la aplicación del baremo de valoración de los grados y niveles de dependencia o de la escala de valoración específica.

En la actualidad, el olvido de la cita por parte de la persona solicitante ralentiza la valoración de la prestación o el servicio vinculado al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, lo que retrasa, a su vez, la comprobación de su grado y nivel y, por tanto, el acceso de la persona al derecho reconocido por la normativa en materia de dependencia en Canarias.

Reactivación de las revisiones de grado

La Consejería de Bienestar Social también ha dado instrucciones de acometer las revisiones de grado solicitadas por las personas en situación de dependencia. El departamento que dirige Candelaria Delgado ha realizado alrededor de 500 procedimientos de revisión de grado en los últimos meses, atendiendo así a personas que ya habían sido valoradas hace años y cuya situación había empeorado notablemente, sin que recibieran más ayudas o prestaciones para atender la nueva realidad.

“Las modificaciones del grado no aparecen en las estadísticas macro que se manejan en materia de Dependencia, pero hay que pensar en las personas, no solo en los datos. Tenemos que trabajar para que la progresión de la situación de dependencia sea lo más lenta posible, pero todas las personas empeoran y necesitan ampliar los servicios que reciben. Desde que llegué y los propios trabajadores me informaron de la paralización de estos expedientes, di la orden de que se pusieran en marcha las revisiones de grado, porque estamos aquí para mejorar la vida de los canarios y las canarias y para que se cumpla toda la ley, no solo la parte que nos deja mejor”, explica Candelaria Delgado.

Mejora de la cuantía de las ayudas

Por otro lado, además de las revisiones de grado solicitadas por las propias personas interesadas, un cambio legislativo a nivel nacional implica que se lleven a cabo también otro tipo de revisiones de oficio. Con motivo de la entrada en vigor del Real Decreto 675/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, que regula las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se han fijado unas cantidades mínimas que los ciudadanos tendrán derecho a percibir con independencia de cual sea su capacidad económica. “Ello obliga a revisar los expedientes a los cuales se les atribuía una cuota cero (aquellos a los que, en atención a la capacidad económica del ciudadano, no se les reconocía cantidad alguna por superar los límites establecidos). Y durante el último mes se ha estado trabajando para adaptar la aplicación informática a esta modificación normativa”, añade Delgado.

Formación a cuidadoras no profesionales

La Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), organismo adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha puesto en marcha un programa de formación de personas cuidadoras no profesionales en colaboración con la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias.

Se trata de una acción formativa semipresencial y gratuita que se inició el 20 de septiembre, cuyo objetivo es la capacitación de este colectivo para la realización de cuidados de calidad a las personas dependientes, siendo su actividad complementaria a las de las entidades profesionales de cuidados.

El curso, de 300 horas lectivas, está dirigido a personas residentes en Canarias y en situación de desempleo. Para facilitar la matriculación al alumnado interesado, contará con un total de cuatro ediciones, dos en Gran Canaria y otras dos en Tenerife. El curso incluye módulos que pueden ser convalidados.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, destaca la amplia experiencia en el área de servicios sociales de la nueva directora general de Dependencia

«Hemos puesto al frente de la dirección general de Dependencia a una profesional con amplia experiencia en el área de servicios sociales del Gobierno regional y experta en políticas sociales e inmigración quien, a partir de su constatada experiencia, estoy segura que logrará aportar una visión diferente y, sobre todo, mucho trabajo, a un área de grandes retos en Canarias como es la de la atención a las personas en situación de dependencia”, dijo la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en el acto de posesión de la nueva directora general de Dependencia, Concepción Ramírez Cuélliga, celebrado el 14 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife.

Concepción Ramírez Cuélliga es licenciada en Sociología por la Universidad de La Laguna y diplomada en Trabajo Social por la ULL y graduada en Trabajo Social por la Universidad Internacional de la Rioja. Cuenta con un Máster en Mediación Civil y Mercantil y con la titulación de Experta en Mediación Familiar y posgrado de Directores de Centros de Servicios Sociales.

Con dos décadas de trayectoria en el área del trabajo social, ha trabajado 16 años en la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración para gestión y trámite de subvenciones a administraciones locales y entidades del tercer sector, así como ayudas de emergencia social.

Ha ejercido como técnico responsable del Gobierno de Canarias en la evaluación territorial del programa Ayudas Canarias y cuenta con una amplia experiencia como tutora externa de alumnos en prácticas de grado en Trabajo Social, así como profesora asociada de Trabajo Social de la ULL. Ha impartido cursos de formación sobre políticas sociales y emigración.

Con la aprobación de este futuro decreto se busca simplificar y reducir el tiempo de tramitación para el reconocimiento del grado de dependencia y para acceder a las prestaciones que contempla la ley

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha sacado a consulta pública el reglamento para la aprobación del nuevo decreto que regulará el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones. Esta normativa reducirá los trámites administrativos actuales y agilizará notablemente el acceso de la ciudadanía a los derechos que contempla la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

Como se detalla en el documento expuesto a consulta pública, el objetivo de la aprobación del decreto es lograr la simplificación administrativa y reducir los plazos de tramitación al establecer una configuración monofásica del procedimiento para el reconocimiento del grado de dependencia y para la aprobación del Plan Individualizado de Atención (PIA).

De esta forma, con la aprobación del nuevo decreto, se pasará de las dos fases en vigor actualmente a un procedimiento unificado que concluya con una resolución única donde se reconozca el grado y el derecho efectivo de las prestaciones que le correspondan a la persona reconocida como dependiente, a partir de la aprobación del PIA. Esta unificación de dos procedimientos en uno solo contribuirá de forma notable a reducir la burocracia y, en definitiva, a que los derechos se hagan efectivos en un breve período de tiempo.

En la actualidad, el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones que de tal situación se deriven, tal y como fue concebido inicialmente en el año 2008, es un procedimiento complejo que se desarrolla en dos fases -reconocimiento de la dependencia y aprobación del Programa Individual de Atención (PIA)-, en el que intervienen múltiples profesionales (técnicos y administrativos), y cuya culminación resulta difícilmente posible en los tiempos legalmente establecidos.

“Esta medida de simplificación administrativa, una de las primeras que anunciamos al llegar a la Consejería, será fundamental para cambiar los ritmos en materia de dependencia, algo esencial para garantizar el acceso a este derecho por parte de la ciudadanía en tiempo y forma”, señala la consejera del área, Candelaria Delgado. “Se trata, en definitiva, que Canarias se acoja al modelo ya usado en otras comunidades autónomas y cuyos resultados demuestran importantes ventajas de cara a la agilización del procedimiento”.

Además de esta medida, la Consejería seguirá trabajando para solucionar la demora en la tramitación de este procedimiento con otras medidas no regulatorias, como son la actualización de las herramientas informáticas o de la relación de puestos de trabajo.

Las personas y entidades podrán hacer sus aportaciones en el siguiente enlace de PARTICIPACIÓN CIUDADANA del Gobierno de Canarias.

En una visita a la SAT Izaña, en Güímar, el presidente canario, Fernando Clavijo, destacó que el sector primario es “una actividad absolutamente estratégica que proporciona alimentos de calidad con todas las garantías sanitarias, por lo que administraciones y consumidores deben apoyar y proteger el producto de kilómetro 0”

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, señaló que el Ejecutivo canario “no quiere que se derogue la Ley del 87, que protege al Archipiélago de la entrada de plagas en cultivos, porque esto supondría un problema sanitario y también económico”

Esta OPFH es la principal productora de fresa de las Islas, con una producción anual de 600 toneladas y cuenta con unas modernas instalaciones de hidroponía que permiten ofrecer un producto de calidad durante todo el año a partir de variedades adaptadas a la climatología canaria y métodos de cultivo respetuosos con el medioambiente

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, destacó hoy jueves, 31 de agosto, en una visita a la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Izaña, en el municipio tinerfeño de Güímar, que el Gobierno regional apuesta por apoyar e incrementar la producción local como medida para reducir la dependencia exterior del Archipiélago. Explicó que en esta legislatura, el Ejecutivo tiene el objetivo de poner el foco en el sector primario, “una actividad absolutamente estratégica” y reconoció que es un momento complicado para agricultores y ganaderos, por lo que se trabajará en medidas concretas y en proporcionar ayudas a los productores canarios.

“En Canarias hay mucha tecnología, talento, inversión económica y esfuerzo, y producimos alimentos de calidad, que contaminan menos que los procedentes de fuera y cumplen todas las condiciones de calidad y las garantías sanitarias; por lo que administraciones y consumidores debemos apoyar y proteger el producto local”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG), Rafael Hernández, defendió que “la producción local en Canarias es más necesaria que nunca para alcanzar un nivel de soberanía alimentaria razonable”. Para ello, insistió en la importancia de “seguir incrementando la producción de kilómetro 0 para poder cubrir nuestras necesidades alimentarias sin depender tanto del comercio exterior, lo que repercute en los consumidores y en los productores”.

Hernández aseguró estar convencido de que “en esta legislatura se van a dar pasos para avanzar hacia una soberanía alimentaria y mejorar la agricultura, la ganadería y la pesca, gracias a la visión agrarista del Ejecutivo canario actual”.

Durante la visita, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, explicó, en relación a la importación de papas procedentes de Inglaterra, que “los países europeos han cerrado las fronteras para evitar la entrada de la plaga que afecta a este tubérculo”. “Un escarabajo pone en jaque el consumo de un alimento tan esencial para Canarias como este, lo que debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de apostar por la producción local”, comentó.

El consejero explicó que se está negociando con la Delegación del Gobierno y El Ministerio, competentes en esta materia, que se posibilite la importación de papas de otros territorios de Reino Unido en los que según la EPPO no está presente el escarabajo de la papa, como Irlanda del norte o Gales, una acción importante para la entrada en el Archipiélago canario de la papa de consumo pero especialmente para la de semilla, que llega a Canarias en estas fechas y que procede en su mayoría de estas zonas”. “No queremos que se derogue la Ley del 87, que protege a Canarias de la entrada de plagas en cultivos, porque esto supondría un problema sanitario y también económico”, agregó.

El presidente de la SAT Izaña, Roberto Rodríguez, reconoció en declaraciones a los medios que el sector “lo está pasando mal tanto por la competencia de las importaciones como por la detección de nuevas plagas”. “No vamos a permitir que se derogue la Ley del 87 porque si no habrá que cerrar todas las explotaciones agrícolas de Canarias”, indicó. También aseguró que “las plagas entran a través de los contenedores importados, por lo que se requiere controles fitosanitarios exhaustivos” por parte del Estado.

La visita se desarrolló por las plantaciones de calabacín, calabaza, fresas y lechugas, además del empaquetado de esta organización de productores, referente en la producción y comercialización de frutas y hortalizas, que cuenta con más de 40 años de antigüedad. Además, es la principal empresa productora de fresa del archipiélago con una producción de unas 600 toneladas anuales.

Sus modernas instalaciones de cultivo hidropónico de fresa permiten ofrecer este producto durante todo el año a partir de variedades adaptadas a la climatología de las islas, fruto de las más recientes investigaciones en obtención de material vegetal, y métodos de cultivo respetuosos con el medioambiente. Además, mediante un sistema de cultivo suspendido reutilizan el agua de drenaje para el riego de otros hortícolas.

Sus 14 socios cultivan un total de 112,81 hectáreas de cultivos como la coliflor, brócoli, espinaca, acelga, calabaza, puerro, lechuga, papa negra, calabacín, tomate, habichuela y col, entre otros, apostando por la mejora continua de los procesos y utilizando las nuevas tecnologías para una mayor eficiencia productiva.

Además están certificados por Global Gap (organización que se dedica a la certificación de prácticas agrícolas seguras y sostenibles en todo el mundo) y han implementado en todas sus explotaciones un sistema de producción integrado que consiste en utilizar todas las herramientas disponibles para producir alimentos de calidad y saludables, dándole prioridad a aquellas que son menos invasivas y más sostenibles. De este modo, en todas las fincas se recurre a un sistema de lucha contra los organismos nocivos y posibles enfermedades de las plantas a través de invernaderos y trampas cromáticas, al uso de productos ecológicos, la suelta de enemigos naturales (como insectos que ayudan al control de algunas plagas), y de productos agroquímicos solo como último recurso.

El departamento técnico de Izaña presta especial importancia a la seguridad alimentaria de los productos que comercializa mediante, entre otros recursos, un sistema de codificación que permite conocer en todo momento el origen producto, lote, fecha de caducidad, cantidades de producto, etc. En su apuesta por la innovación han elaborado un software propio que permite, entre otras cosas, la geolocalización de todos los terrenos de sus agricultores, consultar el histórico de tratamientos en las distintas parcelas o consultar la producción obtenida.

La empresa ha establecido también entre sus protocolos una lucha activa contra el desperdicio de alimentos contribuyendo de esta forma a lograr los ODS. Así, incorporan los restos de frutas y hortalizas en las parcelas de cultivo para que vuelvan a nutrir la tierra y los alimentos que no cumplen con los mínimos para su comercialización pero cuentan con los requisitos mínimos para poder ser consumidos, son donados a diferentes ONGs de la zona y al Banco de Alimentos de Santa Cruz de Tenerife.

Referente en el sector

Durante el encuentro, el presidente de Canarias reconoció el trabajo del fundador y presidente de esta organización de productores, Roberto Rodríguez, “hombre innovador con una vida dedicada a la actividad agrícola y al aprovechamiento del agua, que constituye un ejemplo para muchos jóvenes emprendedores del sector y cuyo legado pasará próximamente a su hijo y sus nietos”.

“El propietario de la finca es un ejemplo de tesón y esfuerzo, a sus 80 años sigue trabajando y levantándose para mantener alrededor de 300 puestos de trabajo y de surtir producción de kilómetro 0 al mercado canario”, señaló.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha reunido en Puerto del Rosario (Fuerteventura) con representantes de la plataforma Acción Social Majorera, que aglutina asociaciones del tercer sector que trabajan en la isla

En el encuentro, en el que estuvieron presentes la presidenta del Cabildo, Lola García; el consejero de Acción Social, Víctor Alonso; y a través de videoconferencia la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado; el presidente Clavijo se ha comprometido a “hacer todo el esfuerzo que sea necesario” para responder a unas necesidades que, subrayó la presidenta majorera, son importantes.

“Fuerteventura es la isla con índice de plazas sociosanitarias más bajo de toda Canarias”, afirmó, “y es importante que el Gobierno de Canarias conozca las necesidades de los colectivos y trabajar de forma conjunta para tener una hoja de ruta consensuada y dar respuesta a necesidades como ampliar plazas sociosanitarias y, también, que el Gobierno aporte el personal necesario en materia de dependencia”.

El Consejo Territorial de Servicios Sociales celebrado hoy aprobó la distribución de fondos del nivel acordado para Canarias que pasan de 11,8 millones en 2022 casi 25 millones de euros en 2023

Además, se incrementan los fondos de subvenciones a entidades del Tercer Sector vinculadas al IRPF de 11,2 a 15 millones de euros, 4,3 millones de euros más

Canarias contará este año con un total de 24.875.299,07 euros para la financiación del nivel acordado según se acordó hoy viernes, 12 de mayo, en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales en el que se abordó el reparto de créditos para la financiación en 2023 del nivel acordado, contemplado en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Esto supone un incremento de más del doble con respecto a 2022 cuando Canarias recibió por este concepto la cantidad de 11,8 millones de euros, un aumento que ha sido posible gracias al esfuerzo y a la notable mejoría de los criterios en la atención a las personas en situación de dependencia llevada a cabo por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Ejecutivo canario.

Hay que subrayar, que del global de 24,8 millones de euros, un total de 3.931.838 euros irán destinados al Fondo de Impulso del Acuerdo de Acreditación de Centros y Servicios del Sistema para la autonomía y atención a la Dependencia.

La partida global del nivel acordado de este año asciende a un total de 783 millones de euros aportados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a distribuir entre todas las comunidades autónomas, lo que supone la continuación del trabajo realizado en la apuesta por la mejora de la atención a las personas en situación de dependencia.

Los fondos del nivel acordado se distribuyen siguiendo los criterios directamente ligados a la reducción de la lista de espera, mejora de la calidad de centros y servicios y mejoras que redundan en las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores del sistema.

Incremento de las ayudas vinculadas al IRPF en 4,5 millones de euros

Por otra parte, se acordó en el seno del Consejo Territorial el incremento de las partidas destinadas a las subvenciones otorgadas a las entidades del tercer sector con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En este sentido, se fijó que a Canarias le corresponde este año en total de 15.557.106,97 euros, lo que supone un incremento con respecto a 2022 del 40,46%, cuando la partida para estas ayudas se estableció en 11.192.449,03 euros.

Estas subvenciones están dirigidas a cubrir la atención integral a las necesidades sociales básicas de personas en situación de pobreza o exclusión, cualquiera que sea su causa, así como en situaciones de especial vulnerabilidad derivadas de discriminaciones por razón de sexo, etnia, edad, discapacidad, identidad y orientación sexual.

Estos fueron algunos de los asuntos abordados en el Consejo Territorial sobre también se trataron la distribución de fondos para los programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil, el Plan de Desarrollo Gitano y recomendaciones sobre la protección de las personas mayores y vulnerables ante olas de calor.

El Colegio de Economistas presenta un informe en el que se constata que el valor de las importaciones totales han crecido un 35,7% entre 2002 y 2021, mientras que las gravadas por el AIEM lo han hecho en un 85,7%

Cuanto menor producción interior, más presión fiscal a través del AIEM en productos cuyas cuotas de mercado muestran un alto nivel de consolidación

La dependencia de Canarias con el exterior para su abastecimiento local de productos industriales ha ido en aumento tras 20 años, a pesar de las ayudas recibidas por el sector a través del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM). En el periodo comprendido entre los años 2008 y 2021, esta dependencia exterior ha aumentado del 76,7% al 91,6%, según se constata en un informe hecho público hoy por el Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas.

Bajo el título ‘20 años del Arbitrio sobre las Importaciones y Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM) 2002-2022. Una reflexión’, el estudio refleja que la capacidad de producción local para abastecer el mercado interior se sitúa, en 2021, en un 8,4%, en comparación con el 23,3% de 2008. Canarias sigue importando la mayoría de los productos de consumo para las islas, mientras que se han registrado incrementos significativos en los precios, superando en ocasiones la media nacional.

En la presentación del informe, el decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, Alcibíades Trancho, indicó que el Colegio de Economistas, a través de sus profesionales, quiere contribuir a una sociedad más próspera, con sectores económicos pujantes, con rentas ciudadanas dignas y cercanas a la media del país y en el contexto europeo.

“A través de estos informes, pretendemos llevar a una profunda reflexión que implique a todos los agentes económicos y sociales, así como a las administraciones públicas, a través de sus representantes políticos, a trabajar juntos para definir qué Canarias queremos y, qué decisiones y estrategias han de adoptarse para tal fin”, manifestó.

Por su parte, la coordinadora del informe y doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, Rosa Rodríguez Díaz, afirmó que “a pesar de que la mayoría de los productos sujetos al AIEM pertenecen a la industria manufacturera, no se ha observado una disminución en la entrada de productos importados, sino más bien lo contrario”.

En este sentido, señaló que “Canarias, que, históricamente ha dependido en gran medida del exterior para su abastecimiento local, ha experimentado un incremento en esta dependencia en dicho periodo, por lo que no se puede afirmar con certeza que la aplicación del AIEM haya beneficiado directamente a esta industria, ni que haya mitigado una caída más pronunciada. Por el contrario, el aumento de la dependencia exterior para el abastecimiento local ha generado efectos negativos, como el incremento de precios en la cesta de la compra”.

La modificación del AIEM en 2020 revela un alto grado de protección hacia las producciones altamente consolidadas en el mercado local, ya que a medida que la cuota de mercado es más elevada se gravan más partidas nuevas. Es decir, cuando el productor canario ya vende su producción al 51% o más del total de consumidores canarios, a estos productos se les aplican nuevos gravámenes del AIEM a la importación que antes no estaban. Esto se materializa en 29 nuevas partidas de este tipo de productos, que representan el 70,7% del total de las 42 nuevas incorporadas por el Decreto Ley de 2020. En definitiva, cuanta más cuota de mercado acapara la producción local, más gravamen soportan los bienes importados.

El informe de los economistas también subraya que durante los últimos 20 años, el AIEM ha gravado un mayor número de partidas y ha establecido tipos impositivos incrementales, lo que evidencia una mayor presión fiscal, especialmente en los sectores que generan bienes de consumo básico, como Alimentación y Bebidas, Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca.

A pesar de que el valor de las importaciones totales ha crecido un 35,7% entre 2002 y 2021, las importaciones gravadas por el AIEM lo han hecho en un 85,7%. Por otro lado, las importaciones totales en peso (toneladas) han disminuido un 28,5%, mientras que las gravadas por el AIEM han crecido un 30%.

Impacto en el aumento de precios en la cesta de la compra

El informe evidencia, por otra parte, la alta dependencia de las importaciones en sectores como Alimentación, Bebidas y Tabaco, junto con una producción local que no puede cubrir ni un tercio de la demanda, con un 27,8% en 2021 (31,8% en 2008). Es innegable que la aplicación de un impuesto como el AIEM al 72,2% de lo que necesita Canarias para abastecerse, en 2021 (68,2% en 2008), ha de tener un impacto directo vía aumento de precios en la cesta de la compra.

Históricamente, el Índice General de Precios en Canarias ha sido uno de los más altos del país en comparación con la media nacional y otras comunidades autónomas. Esta situación se agrava al considerar que el PIB per cápita de Canarias ha experimentado un crecimiento inferior al promedio nacional y europeo, ubicándose en los últimos puestos junto con Andalucía en 2021.

En los últimos 20 años (2002-2021), el PIB per cápita ha aumentado un 8,6%, mientras que los precios, tanto el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como los precios industriales, han experimentado un incremento considerable del 30,4% y el 62,4%, respectivamente.

Además, el coste medio de las importaciones ha crecido un 89,7%, mientras que la recaudación de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) ha aumentado un 122,9%, siendo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) un 134,17% y el AIEM un 94%. Estos datos reflejan una pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos canarios y una disminución en su nivel de vida, especialmente considerando el distanciamiento gradual de Canarias con respecto a los niveles medios del país en general.

El estudio concluye que la evolución de la Industria Manufacturera de Canarias está estrechamente ligada a variables coyunturales, afectándole de forma clara los periodos de crisis económica y con una elevada dependencia del turismo, el principal sector económico de las islas. Según el mismo, no cabe concluir que la aplicación del AIEM la haya beneficiado de forma directa, así como tampoco se puede afirmar con certeza que la aplicación de este impuesto haya atenuado una caída de mayor calibre.