El Gobierno de Canarias hizo entrega de la Medalla al Mérito de la Justicia con distintivo de oro al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes muebles, al Decanato Territorial de Registradores de la Propiedad, Mercantil y Bienes muebles de Santa Cruz de Tenerife y a Francisco de Asís Palacios Criado, Registrador de la Propiedad y Mercantil de Santa Cruz de La Palma, en un acto celebrado este jueves en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria

La propuesta de medalla fue elevada a la Presidencia del Gobierno de Canarias por la Comisión de Valoración en sesión celebrada el 23 de noviembre de 2023 y recogida en el Decreto 55/2002, de 6 de mayo, por el que se crean las Condecoraciones de Justicia en Canarias.

De la Comisión de Valoración forman parte el presidente del TSJC, la Fiscal Superior de Canarias, un representante del Consejo General del Poder Judicial y miembros de la ULL, entre otros.

Antes de finalizar el año se convocará de nuevo a sus integrantes para determinar la propuesta de condecoraciones con la Medalla al Mérito de Justicia correspondiente a 2024.

Nieves Lady Barreto resalta el trabajo de la colaboración entre comunidades autónomas para unir esfuerzos en humanizar la justicia

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia de Navarra, Amparo López Antelo, han firmado hoy la Declaración de las Islas Canarias por una Cultura Restaurativa, que sitúa en el centro de la respuesta penal la reparación del daño causado a la víctima, la reinserción de las personas infractoras y la participación de la comunidad.

Nieves Lady Barreto manifestó que hoy Canarias suscribe un compromiso con los principios y valores que sustentan la justicia restaurativa, y empieza a dar los primeros pasos para que se implante de manera efectiva, partiendo de la experiencia de Navarra en este ámbito.

En el marco de unas jornadas de trabajo y de intercambio de experiencias celebradas en Santa Cruz de Tenerife, la consejera apuntó que “una justicia moderna y eficaz requiere contar con medios que permitan el diálogo entre quienes han causado un daño y quienes lo han sufrido y Canarias trabajará con Navarra para seguir humanizando la justicia y favorecer una política pública de justicia restaurativa, que permita una reparación integral y moral”, dijo.

Por su parte, Amparo López, señaló que el Gobierno de Navarra lleva años trabajando en la justicia restaurativa y se mostró satisfecha por visibilizar la colaboración entre comunidades autónomas con la firma de este protocolo, “porque tenemos los mismos problemas, trabajamos en el mismo marco normativo y tenemos que aprender unas de otras, colaborar y avanzar juntas”.

Entre los principios de la justicia restaurativa está la participación voluntaria, la solidaridad, la reparación, la responsabilización y pacificación, siempre respetando los derechos humanos y procesales de las víctimas y de las personas investigadas o condenadas, utilizando técnicas como la mediación penal.

Por ello, ambos gobiernos se comprometen a continuar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en estas cuestiones para fomentar un aprendizaje mutuo que redunde en una mejora de las políticas públicas de justicia, seguridad y convivencia. También acuerdan promover la formación y sensibilización de los operadores jurídicos y de la sociedad en su conjunto para que conozcan los beneficios de la justicia restaurativa y, en concreto, su capacidad para lograr la reparación de las víctimas y la reinserción de las personas infractoras.

Por otra parte, Canarias y Navarra potenciarán servicios de justicia restaurativa estables, con formación y calidad, apoyados por las administraciones públicas, con financiación suficiente, supervisión y evaluación continua de resultados, además de impulsar el fomento de la prevención de la judicialización de los conflictos a través de las prácticas restaurativas comunitarias, definidas como herramientas de prevención y resolución de conflictos no judicializados, así como por la promoción de la cohesión social, buscando generar condiciones colectivas de confianza, responsabilidad, respeto y cuidado, y potenciando una convivencia pacífica de nuestras comunidades.

Con esta declaración se clausuran unas jornadas de trabajo entre ambos gobiernos, con la asistencia de relevantes figuras de la judicatura, la fiscalía y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y Canarias, que fueron inauguradas por el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, y que ha contado con la ponencia del profesor de Derecho Penal y director de la cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Democráticos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Daniel Montesdeoca. Por parte del Gobierno de Navarra, han participado la directora general de Justicia, Maite Arenaza y el director del servicio de Reinserción, Mediación y Justicia Restaurativa, Jorge Ollero, entre otros expertos.

El Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife recibe los contenedores de residuos citotóxicos para la provincia

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari Carmen de León, ha informado hoy del inicio de las obras de acondicionamiento y plomado de la sala del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas que acogerá el ortopantomógrafo y también un nuevo equipo de radiografía de carpo de la mano izquierda para determinación de la edad de menores migrantes. El coste de las obras ronda los 30.000 y estarán finalizadas en quince días.

El ortopantomógrafo, que realiza una radiografía panorámica de los dientes y huesos maxilares, salió a licitación para el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Las Palmas, el 24 de febrero por 16.500 euros. Está previsto que se adjudique esta semana y el plazo de entrega será de un mes desde la firma del contrato.

Ambas actuaciones han sido gestionadas por el actual equipo de la Consejería que dirige Nieves Lady Barreto y permitirán seguir manteniendo la labor de coordinación en materia de identificación de las pruebas de edad de los menores migrantes.

IML de S/C de Tenerife

Por otra parte, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Santa Cruz de Tenerife ya ha recibido los contenedores para residuos de clase VI o citotóxicos para el depósito de los restos de este tipo de medicamentos y material que ha estado en contacto.

Según informa la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, estos contenedores se ubicarán tanto en la sede de Tenerife como en las islas no capitalinas. La recepción de esta mercancía se ha efectuado junto al material fungible habitual que se repone constantemente.

Los días de juicio, de lunes a jueves, habrá un mediador de guardia en horario de 9 a 13:30 horas para derivaciones inmediatas

Se establece también un cuadrante con dos días por Juzgado de Familia para citas programadas

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, ha acordado ampliar el servicio de mediación familiar en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canarias con un sistema de guardias para derivaciones inmediatas cuatro días a la semana, con el objetivo de contribuir a rebajar la litigiosidad en las islas, con una de las tasas más alta de España, al ofrecer una solución alternativa para la resolución de conflictos.

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari Carmen de León, trasladó esta propuesta del Gobierno al juez decano de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Avello, en una reunión celebrada ayer a la que también asistió la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Las Palmas, Elsa Díaz, en representación de los juzgados de Familia.

Este refuerzo del servicio de mediación, como sistema para llegar a acuerdos entre las partes sin tener que ir a juicio, es una de las apuestas de la Consejería en el área de Justicia para contribuir a descongestionar los Juzgados de Familia. En este sentido, como primera medida, la Dirección General acordó en el mes de febrero la reactivación de este servicio en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, que llevaba un año inoperativo, un día a la semana, con la intención de evaluar su funcionamiento con los órganos judiciales.

Ante el volumen de demanda, la Consejería ha acordado reforzar el servicio con un mediador de guardia de lunes a jueves en horario de mañana (de 9 a 13:30) y, de forma complementaria, establecer un cuadrante con dos días a la semana para cada uno de los tres juzgados de Familia para aquellas citas iniciales de información que puedan ser programadas.

El acuerdo de colaboración permitirá que el alumnado tenga acceso a tecnologías de vanguardia en el ámbito de la eficiencia judicial

El viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez, ha mantenido una reunión con la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rosa Rodríguez Bahamonde, con el objeto de facilitar a los alumnos de esta universidad el conocimiento del Sistema de Gestión Procesal Atlante, lo que supondrá una innovación en el aprendizaje de la materia procesal en mundo académico.

Cesáreo Rodríguez destacó que esta colaboración no solo enriquecerá la comprensión teórica del alumnado, sino que también les proporcionará experiencia práctica en el ámbito judicial y beneficiará a aquellos alumnos que quieran desarrollar su trabajo en el foro judicial.

Esta iniciativa, que cuenta con la orientación y participación de expertos profesores y de la consultora Accenture, ofrece una comprensión más profunda de la justicia y el papel de la innovación en su mejora continua, teniendo acceso a tecnologías de vanguardia en el ámbito de la eficiencia judicial.

La consejera Nieves Lady Barreto señala que se estudiará y se abordará en función de la disponibilidad presupuestaria

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias revisará al alza los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía.

Así lo ha acordado la consejera Nieves Lady Barreto con los representantes del Consejo Canario de Abogados y los colegios de abogados de Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y Tenerife en una reunión celebrada el pasado viernes en Arrecife, en la que también estuvo presente el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez.

Tal y como se especificó en el encuentro, esta quedará sujeta a la realización de un estudio, que se realizará el próximo año, de los conceptos y porcentajes sobre los que puedan adecuarse esos baremos conforme al marco y disponibilidad presupuestaria del Gobierno de Canarias.

Se trataría de llevar a cabo una actualización de los conceptos y cuantías de las bases económicas y módulos de compensación de los profesionales que intervienen en el turno de oficio y asistencia jurídica gratuita, que en la actualidad son los aprobados por el Gobierno de Fernando Clavijo en 2019 y que permitieron recuperar los baremos que habían sido reducidos como consecuencia de la crisis económica y actualizar el régimen de guardias.

“Entendemos la legítima petición de revisar unas compensaciones que han quedado desfasadas y nos hemos comprometido a estudiarlo”, señala la consejera Nieves Lady Barreto.

Cabe destacar que la Viceconsejería de Justicia ha resuelto en apenas tres meses de legislatura otras peticiones como la mejora de las dietas de los abogados del turno de extranjería que atienden a los migrantes que llegan a El Hierro para cubrir el alojamiento y el transporte, así como la autorización para ampliar el número de personas migrantes que puede atender cada abogado de este turno de extranjería, una medida excepcional y por tiempo limitado que fue solicitada por el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife para poder hacer frente a las circunstancias que se están viviendo con la llegada migrantes. Esta medida lleva aparejada la implementación por parte del Colegio de Abogados de un sistema de control de calidad para garantizar en todo momento que la adecuada asistencia letrada a los migrantes, especialmente para los que soliciten protección internacional.

Esta medida pretende seguir profundizando en un mejor trato a la infancia, lo que redunda tanto en la calidad del testimonio que debe prestar en sede judicial como en la minimización del estrés y ansiedad que pueden ir asociados a la intervención en un proceso judicial

Forma parte del desarrollo de un proyecto denominado “Programa de perros de apoyo a menores en procesos judiciales y terapias con animales” en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

El Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas ofrece como proyecto piloto, a través de la Asociación Terapican, el acompañamiento de los perros de apoyo a menores dentro de los juzgados y la participación posterior del menor en terapias con animales con el fin de minorar los efectos negativos de su participación en un proceso penal

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha incorporado, a través de la Viceconsejería de Justicia, tres perros de apoyo a menores al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. El propósito de esta iniciativa es aminorar los efectos negativos que se producen en el menor, tanto durante el procedimiento penal como una vez finalizada su participación en el proceso, mediante la figura de estos animales en sede judicial y la puesta a su disposición de terapias con animales en el ámbito de la justicia restaurativa.

Para ello, la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, ha adjudicado al Colegio de Veterinarios de Las Palmas el servicio de asistencia técnica para el desarrollo del proyecto denominado “Programa de perros de apoyo a menores en procesos judiciales y terapias con animales”, en el marco de los proyectos del Pacto de Estado contra la violencia de Género, por un importe de 12.305 euros.

Este servicio consiste, por un lado, en facilitar la participación y el testimonio de los y las menores en el proceso a través de la presencia de un perro de apoyo, que los acompañe durante el mismo y, por otro, cubrir sus necesidades dentro de las exigencias de los procesos judiciales en los que se ven envueltos.

A juicio de sus promotores, los y las menores que participan en una causa judicial pueden ofrecer una fuente inestimable de información. Si testifican desde un estado emocional apropiado –más relajado, favoreciendo el vínculo con los profesionales judiciales que se establece de manera natural y fluida–, gracias a la presencia del perro de apoyo, la labor de los peritos es más efectiva.

La presencia de los perros de apoyo mejora el bienestar percibido por los y las menores y sus familias en todas sus áreas, siendo una presencia tranquilizadora que ejerce como colchón emocional durante todo el proceso, ayudando a que los juzgados sean percibidos, tanto por los y las menores como por su entorno, como un ambiente más amable.

El proyecto piloto ejecutado por la Asociación Terapican, bajo las directrices del Colegio de Veterinarios, no sólo ofrece la posibilidad de acompañamiento a través de perros de apoyo de los menores dentro de los juzgados, sino también posteriormente, tras la finalización del proceso, la participación del menor en terapias con animales con el fin de minorar los efectos negativos de su participación en un procedimiento penal.

Según la viceconsejera de Justicia, se trata de un proyecto piloto de la Consejería, realizado en colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas y el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. Su objetivo, en primer lugar, es realizar un diagnóstico y elaborar una guía de recursos de terapia con animales que puedan ser adecuados para intervenir con los menores y que cuenten con el aval del Colegio de Veterinarios.

Está previsto que durante el año 2023 se elaboren guías, protocolos y material formativo, dirigido a los órganos jurisdiccionales y fiscales con el fin de que las víctimas y sus hijos e hijas, que por cualquier causa deban intervenir en el proceso judicial, cuenten con información adecuada a los sistemas de atención y recursos.

También se pondrá en práctica el proyecto piloto de perros de terapia que intervendrán en el propio juzgado, siempre acompañados por técnicos especializados y cuando lo estime conveniente el órgano judicial.

Estos días los perros han acudido por primera vez al juzgado al llamado “día de olor” para conocer las instalaciones. Se llaman Lucas (el chihuahua), Leo (el labrador) y Lúa (la podenca). Se trata de animales especialmente entrenados para programas de terapias con menores o personas en situación de vulnerabilidad a través del servicio que presta la asociación Terapican.

Para Carla Vallejo, lo que se pretende con esta medida es seguir profundizando en un mejor trato a la infancia, que redunda a la vez tanto en la calidad del testimonio que deben prestar en sede judicial, como en la minimización del estrés y ansiedad que puede ir asociado a la intervención en un proceso judicial.

El III Consejo Territorial de Memoria Democrática aprueba por unanimidad la distribución de fondos correspondiente a 2023 y concede a las islas 51.592,63 euros, que se suman a los 149.500 de financiación propia

Estos fondos permiten, entre otras cuestiones, la financiación de proyectos para investigar la localización y viabilidad de prospección de fosas, la actualización del mapa de estas y el registro de víctimas y personas desaparecidas

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias cuenta este año con más de 200.000 euros para actuaciones en Memoria Democrática, gracias a la financiación propia, que asciende a 149.500 euros, y a los 51.592,63 euros distribuidos en el III Consejo Territorial de Memoria Democrática celebrado, en formato online, bajo la presidencia del ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y que contó con la participación del titular de este departamento, Julio Pérez, y de la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo.

Este dinero permitirá a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad seguir desarrollando a lo largo de 2023 el conjunto de iniciativas que desde el inicio de la legislatura viene llevando a cabo en cumplimiento de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Entre otras, la financiación de proyectos para investigar la localización y viabilidad de prospección de fosas, la actualización del mapa de estas y el registro de víctimas y personas desaparecidas.

El montante distribuido en el III Consejo Territorial de Memoria Democrática, tres millones de euros, tiene como destino tres líneas de actuación. La primera, que dispone de dos millones, incluye trabajos de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura.

La segunda y la tercera, de un millón, agrupan actividades de divulgación de trabajos efectuados y resultados obtenidos y de dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de los lugares de memoria asociados a los mismos. Además, a partir de ahora, y tras aprobarlo por unanimidad Gobierno estatal y comunidades autónomas, también se podrán utilizar estos fondos en la elaboración de censos de víctimas y proyectos de tratamiento de series documentales relacionadas.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha resaltado que por tercer año consecutivo las islas reciben fondos a través de esta vía, así como el consenso general alcanzado por el Gobierno estatal y las comunidades autónomas, durante la reunión, para ampliar el número de actuaciones a realizar sobre esta materia y poder continuar trabajando conjuntamente en la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil, la II Guerra Mundial y la Dictadura.

El juez considera que prima la defensa del interés general, "no siendo ni sensato ni responsable" paralizar una dotación total de 476 millones para tres cabildos y las universidades públicas

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria, ha desestimado la petición del Ayuntamiento de Mogán de que se suspenda de forma cautelar el Programa Insular de desarrollo socioeconómico de Gran Canaria, para su presentación al Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) para el período 2023/2027 o, de manera subsidiaria, que se le incluya en dicha programación.

Más en detalle, el Ayuntamiento de Mogán presentó un recurso contencioso-administrativo en el que solicitaba una medida cautelar consistente en "suspender la tramitación del procedimiento iniciado por la Orden de 17 de enero de 2023, de convocatoria de programas y proyectos para la asignación de recursos en el marco el Fondo de desarrollo de Canarias (FDCAN) para el período 2023/27", así como "con carácter subsidiario, y solo para el caso de que fuera desestimada la anterior medida cautelar solicitada, acuerde adoptar la medida cautelar positiva consistente en incluir en el 'Programa Insular de desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria para su presentación bajo la modalidad de programa, al FDCAN para el período 2023/2027', al Ayuntamiento de Mogán en la relación de Ayuntamientos que son beneficiarios finales de la subvención”.

Ante esta solicitud, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Teba García, asegura en su fallo que, partiendo de la naturaleza jurídica de las órdenes como actos administrativos, no se observa la relación de instrumentalidad entre el acto impugnado y la Orden de 17 de enero de 2023, que se limita a convocar, para el período 2023-2027, el procedimiento de presentación de programas y proyectos para la asignación de recursos en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), "sin que dicho acto incida en modo alguno en el contenido del dictado a su vez por el Cabildo de Gran Canaria, en cuya virtud el Ayuntamiento de Mogán queda excluido como beneficiario final de los fondos y sin que lo impugnado constituya ejecución del acto administrativo que se pretende suspender, en lo que al particular caso de la corporación municipal se refiere".

Destaca, asimismo, que la suspensión se pretende respecto de una Orden de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, un acto administrativo para el que, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), su juzgado carecería de competencia para enjuiciar su legalidad. "Partiendo de que la justicia cautelar es accesoria respecto del enjuiciamiento de fondo, quien suscribe expresa sus dudas de si tiene competencia para suspender un acto respecto del cual carece de competencia para su enjuiciamiento", indica el juez.

No obstante, y aun sin tener en cuenta lo anterior, sostiene que la ponderación de intereses se decanta hacia el interés general, representado por el acceso de los fondos contemplados en la Orden de 17 de enero de 2023 por parte de los cabildos de Gran Canaria, El Hierro y Fuerteventura y las Universidades Públicas de Canarias, "no siendo ni sensato ni responsable paralizar una dotación que alcanza un total de 476.786.534 euros, lo que implicaría que se detuvieran durante largo tiempo la ejecución de numerosos proyectos que redundan en favor de la población canaria", recalca. Y máxime cuando, como añade, no se observa la existencia de un peligro por la mora procesal que deba ser evitado mediante la estimación de la solicitud de medida cautelar por parte del Ayuntamiento de Mogán.

Y es que hace hincapié en que, de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, "una medida cautelar podrá denegarse cuando de esta pudiera seguirse perturbación grave para los intereses generales o de tercero, que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada". Porque, según refiere, "como reitera hasta la saciedad la jurisprudencia, cuando las exigencias de ejecución que el interés público presenta son tenues, bastarán perjuicios de escasa entidad para provocar la suspensión; por el contrario, cuando aquella exigencia es de gran intensidad, solo perjuicios de elevada consideración podrán determinar la suspensión de la ejecución del acto (ATS 3 de junio de 1997, entre otros muchos)".

El magistrado también se refiere a los argumentos que desarrollan tanto el Consistorio de Mogán como el Cabildo de Gran Canaria, relativos al fondo del asunto, que pretenden que se proyecten a la hora de resolver sobre la solicitud de justicia cautelar bajo la fórmula de una evidente apariencia de buen derecho.

A este respecto, menciona el ATS de 21 de enero de 2016, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, Ponente Pablo María Lucas Murillo de la Cueva: “Sobre la apariencia de buen derecho es constante la jurisprudencia que limita su aplicación como criterio para conceder medidas cautelares a aquellos supuestos en que sea manifiesta su procedencia por referirse a actos de ejecución de leyes declaradas inconstitucionales, de disposiciones generales declaradas nulas o reiteración de actuaciones consideradas contrarias a Derecho. O en aquellos casos en que a simple vista se advierta la ilegalidad del proceder de la Administración”.

Así, con esa base, remarca que "basta un somero recorrido por los extensos escritos rectores de la parte recurrente y de la Administración demandada, para alcanzar la conclusión de que no nos encontramos ante uno de los supuestos en que el criterio del 'fumus boni iuris' puede ser empleado como rector para la adopción de la medida cautelar que de manera subsidiaria se interesa por el Ayuntamiento de Mogán".

Finalmente, argumenta que no es posible compartir con el Consistorio sureño que, si no se acuerda su inclusión como beneficiario final de la subvención, en el Programa del Cabildo de Gran Canaria que es objeto de impugnación, se vaya a producir un perjuicio que haga perder su finalidad legítima al recurso contencioso-administrativo. Y es que, en este sentido, comparte la reflexión que efectúa la Universidad de La Laguna cuando, en el Folio 1º de su escrito rector, manifiesta su desconcierto sobre la cuestión pues dirimiéndose, en el fondo, "si el Ayuntamiento de Mogán debe acceder a determinados fondos como beneficiario final del programa de subvenciones, no existe obstáculo alguno para el caso de que el recurso contencioso-administrativo prosperase y resultase del Fallo de la Sentencia que deben reconocerse determinados fondos en su favor, que se habilitaran los créditos necesarios con objeto de cumplir con lo fallado".

Y apostilla que la parte recurrente no cuantifica la cantidad de la que resultaría beneficiaria, en el caso de ser incluida en el Programa, ni detalla qué tipo de actuaciones tendría previsto acometer con dicha suma y su carácter perentorio, "de modo y manera que la espera al dictado del Fallo generase un verdadero peligro por la mora procesal. En este estado de cosas, la medida cautelar positiva pretendida no es más que una simple petición de anticipación del Fallo, finalidad no contemplada para las medidas cautelares", concluye.

Por último, cabe indicar que contra este fallo cabe interponer recurso de apelación, en el plazo de quince días, para su resolución por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Las Palmas.

La implantación ha tenido lugar en las 210 salas de vistas y polivalentes, objeto del despliegue, de la Comunidad Autónoma de Canarias

Este sistema incluye nuevas funcionalidades, orientadas a facilitar el trabajo de los usuarios, con importantes avances, respecto al sistema anterior, y numerosas mejoras en materia de seguridad, aplicando la última tecnología disponible

Los profesionales pueden acceder, a través de la sede judicial electrónica, al servicio de descarga de vistas judiciales para obtener copia de las grabaciones de los juicios o vistas en los que hayan participado

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia destaca el esfuerzo para adaptarse al cambio y la colaboración de los funcionarios, especialmente el cuerpo auxiliar judicial

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha finalizado la instalación de todos los equipos de grabación del sistema Arconte-Áurea, en las 210 salas de vistas y polivalentes, objeto del despliegue, de los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La implantación de este sistema de grabación integrado y de última tecnología, en toda Canarias, por importe de 7.084.111,55 euros, procedentes de fondos europeos, resuelve los problemas derivados de la coexistencia de dos sistemas diferenciados, como ocurría hasta ahora, y permite disponer de un modelo unificado en todos los partidos judiciales, sencillo y operativo, para la grabación, almacenamiento y gestión de toda la información generada en los actos judiciales, mejorando, al mismo tiempo, la calidad y seguridad de las grabaciones, al impedir que se produzcan fallos que puedan dar lugar a anulaciones de pruebas o repetición de juicios o vistas.

Por ejemplo, entre sus funcionalidades, Arconte-Áurea permite que el sistema compruebe automáticamente el funcionamiento del equipo. El propio dispositivo avisa si durante la grabación deja de entrar el sonido, para que no se produzca ningún error, y así evitar posibles anulaciones de pruebas.

Además, con Arconte-Áurea, los profesionales pueden descargar todas las grabaciones que se realizan de un procedimiento en el que hayan intervenido, accediendo al área privada de la sede judicial electrónica de Canarias, https://sede.justiciaencanarias.es/sede/.

En un futuro próximo, con la plena implantación del expediente judicial electrónico y con el marco normativo preciso, los particulares no profesionales también podrán acceder y descargarse las grabaciones.

Dichas grabaciones cuentan con un marcado o índice de las intervenciones que tienen lugar durante el acto judicial, lo que facilita y agiliza su posterior búsqueda a los abogados, magistrados y demás personas si necesitaran acceder a esa documentación. El sistema también permite convertir a texto el contenido para permitir la búsqueda indexada por palabras, posicionamiento, subtitulado y otras funciones avanzadas.

La instalación de los equipos se ha desarrollado en dos fases. En la primera, se llevó a cabo la sustitución del Arconte 1 por el Arconte-Áurea en todas las salas de vistas y polivalentes de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. En la segunda, en el resto de órganos judiciales del archipiélago.

Según la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, este despliegue ha sido complejo técnicamente, no solo por su coincidencia con la pandemia, que incrementó las necesidades de dotación de sistemas de grabación y de videoconferencias, sino por el cumplimiento de la normativa Covid-19. Por todo ello, la sustitución de un sistema por otro ha sido un proceso arduo, en el que se ha intentado ocasionar la menor perturbación al funcionamiento de la Administración de Justicia.

La sustitución ha llevado aparejada la formación de los funcionarios de esta Administración, que han hecho un esfuerzo para adaptarse al cambio, especialmente el cuerpo de auxilio judicial, lo que ha querido remarcar Ceballos, quien ha destacado que gracias a su colaboración se han producido pocas incidencias.