El importe del acondicionamiento del local ronda los 1,3 millones de euros

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, ha aprobado hoy el proyecto de ejecución de las obras de acondicionamiento del local que albergará el nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Granadilla de Abona, en Tenerife.

El local tiene una superficie total de 1.112 m2 y el importe total de la ejecución asciende a 1.283.167,87 euros.

El proyecto, que ha sido tramitado por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, contempla una distribución de los espacios, distinguiendo dos zonas. Una de las áreas estará destinada a la atención al público y zona de funcionarios, con acceso por la Avenida Santa Cruz, que cuenta con zona de información, control de acceso, mostrador, aseos diferenciados para ambos  sexos, aseo PMR, aseo para personal, sala de lactancia, archivo compacto y rack, además de la zona de oficina con los puestos de trabajo.

Por otro lado, en la zona trasera, se ubican dos salas de vistas, ocho despachos y un office. Anexa a esta área y comunicada por una rampa adaptada se encuentra la zona de detención, el calabozo y la sala técnica, que tiene acceso desde la Calle Paisaje Lunar.

Para el adecuado funcionamiento de la oficina judicial, se ejecutarán nuevas instalaciones eléctricas de baja tensión, iluminación mediante paneles LED, telecomunicaciones, nuevo sistema de climatización y renovación de aire y medidas de protección contra incendios.

La plantilla del Juzgado de Instrucción número 3 percibirá una cuantía adicional, equiparable a la de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, aprobó en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia un programa concreto de actuación para el personal de la Administración de Justicia que presta servicio en el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, especializado en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, por el que percibirá una cuantía adicional equiparable a la que recibe la plantilla de los juzgados de Violencia sobre la Mujer.

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, María del Carmen de León, expresó que con esta medida el Gobierno de Canarias reconoce la implicación y dedicación de este personal, que soporta una gran carga emocional por el contenido de las denuncias y el contacto directo que mantienen con las víctimas durante las pruebas, además del horario y la carga de trabajo adicional que supone la adopción de medidas inmediatas para la protección integral de los menores.

El abono de la cuantía de este programa de actuación está ligado a la materia de violencia contra menores y adolescentes que desarrolla este órgano judicial y tiene carácter retroactivo con fecha 1 de enero de 2024.

El juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria puso en marcha el 1 de octubre de 2021 un proyecto pionero único en España como Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, que se ha convertido en un referente nacional e internacional en la instrucción y enjuiciamiento de las causas penales por delitos cometidos contra los menores, dando tramitación preferente y especial atención al menor en el proceso, evitando la victimización secundaria.

El presidente de Canarias visitó las instalaciones y mantuvo un encuentro institucional con el presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, visitó este lunes el Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia para conocer de primera mano el trabajo que realiza este juzgado especializado en víctimas menores de edad, que ha desarrollado un modelo propio que está siendo tomado como ejemplo en otros juzgados de España e incluso de Europa.

Clavijo fue recibido en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria por la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto; la Fiscal Superior, María Farnés; el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya; el magistrado juez-decano, Juan Avello, y el secretario de Gobierno del TSJC, Carlos Rubio. Estuvieron también presentes el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez, y la directora general de relaciones con la Administración de Justicia, María del Carmen de León.

Uno de los principales objetivos de este juzgado especializado es que las víctimas narren los hechos una sola vez y a personas especializadas en Infancia. Para ello, se ha elaborado un protocolo que tiene en cuenta las especiales necesidades de los niños y niñas y que se desarrolla, además, en un entorno amable especialmente diseñado para ellos.

Este protocolo incluye, entre otras cosas, la toma de declaraciones y las exploraciones en una Sala Gesell, para, de esta manera, evitar que los menores tengan que narrar más de una vez los detalles de su abuso y reducir la revictimación secundaria. Se utilizan también cuentos y videojuegos que facilitan a las víctimas la comprensión del proceso judicial.

Fernando Clavijo agradeció la implicación y compromiso personal del magistrado titular del juzgado, Tomás Martín, en este proyecto piloto “que el Gobierno de Canarias va a seguir apoyando porque es un modelo de éxito a la hora de afrontar un asunto tan complicado y traumático de manera que sea lo menos duro posible para los menores víctimas de violencia”.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, señaló que este juzgado funciona como experiencia piloto en la capital grancanaria desde hace más de dos años y confirmó que ambos gestores públicos habían abordado “la conveniencia de extender este modelo a todos los partidos judiciales de Canarias”, pues la experiencia, dijo, ha sido “exitosa” y se ha mostrado “eficaz para combatir una lacra como esta”.

Encuentro institucional

Previamente a la visita, Fernando Clavijo y Juan Luis Lorenzo Bragado mantuvieron un encuentro institucional en el que ambos responsables hablaron de las necesidades y retos de la Administración de Justicia en Canarias.

En este sentido, Lorenzo Bragado indicó que, en el encuentro, ambos responsables habían realizado un “repaso intenso” de todas las materias relevantes que son competencia de la administración prestacional, la que provee los medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia, siempre con el objetivo de “garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de los canarios y la independencia de los jueces en este territorio”, y apuntó que habían abordado asuntos referentes a las carencias en la “planta judicial, la demarcación, los medios personales, los medios materiales y las nuevas tecnologías”.

Fernando Clavijo señaló que el Gobierno de Canarias cuenta ya con una hoja de ruta trazada con la Consejería de Presidencia, que dirige Nieves Lady Barreto, para afrontar la necesidad de nuevasinfraestructuras en islas como La Palma o Fuerteventura y el proyecto de la Ciudad de la Justicia para Santa Cruz de Tenerife. “Nos preocupa, por otro lado, el alto índice de litigiosidad de Canarias, el más elevado del país, que acaba saturando el sistema por sobrecarga”, apuntó, recordando que el Gobierno ha incrementado este año el presupuesto para potenciar la mediación.

La consejera acompañó a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante la visita al Juzgado de Instrucción nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria, pionero en ofrecer un trato diferenciado en la protección del menor

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, manifestó hoy a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la voluntad del Gobierno de Canarias de promover la creación de nuevos juzgados especializados en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en otras islas y la necesidad de que el Estado se implique en extender este modelo al resto del país. Barreto hizo estas declaraciones durante la visita al Juzgado de Instrucción nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria, pionero en la especialización de la protección del menor y único en España, “que se ha convertido en un ejemplo a seguir”.

Durante el recorrido por las instalaciones, la ministra alabó el trabajo que realiza este juzgado, que «pone en el centro los derechos de la infancia y la protección de los menores frente a la violencia» y compartió la importancia de replicar esta experiencia en el resto del país. En este sentido, Rego destacó que el trabajo multidisciplinar que realiza este equipo evita la revictimización, “ya que es la administración la que se adapta a los niños y niñas, preservando sus derechos en un entorno más amable, lo que supone un cambio de paradigma”.

Nieves Lady Barreto explicó que ya el Gobierno trabaja por ampliar este modelo en otros partidos judiciales de Canarias, en islas como Lanzarote o Tenerife, pero resaltó que se precisa de un impulso legal del Estado para crear estos órganos judiciales especializados en Infancia y Adolescencia de manera obligatoria, como se hizo en su momento con los Juzgados de Violencia contra la Mujer. “Esto fue un antes y un después y ahora tiene que ser igual”, dijo Barreto.

Por su parte el juez titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Las Palmas de Gran Canaria, especializado en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, Tomás Martín, agradeció la visita porque pone en valor el trabajo de varios años de un equipo especializado, una estructura y un método y pidió que la creación de estos espacios se extienda por toda Canarias para que no existan diferencias por razón de residencia del menor.

“Tendrían que haber entrado en funcionamiento el 31 de septiembre, pero hemos encontrado que aún no se ha resuelto el arrendamiento de los locales”, explica el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha solicitado al Ministerio de Justicia la prórroga del plazo para la puesta en marcha de los nuevos juzgados de San Bartolomé de Tirajana y de Granadilla, que estaba prevista para este próximo 31 de septiembre. “Nos hemos encontrado que aún no está resuelto el arrendamiento de los locales”, explica el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez.

“En estos momentos, la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias está tramitando los expedientes para el alquiler y, una vez que se formalice esta parte, hay que redactar los proyectos de adecuación de los citados locales, sacar a licitación las obras y ejecutarlas”, así lo ha detallado el viceconsejero en una carta dirigida esta semana al Ministerio, concretamente a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, en la que Rodríguez da cuenta de la imposibilidad material de cumplir con el plazo establecido en el Real Decreto 954/2022, de 15 de noviembre, para la creación en todo el país de 70 unidades judiciales, entre las que se encuentran el Juzgado de Primera Instancia nº6 y el Juzgado de Instrucción nº4 de San Bartolomé de Tirajana y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5 de Granadilla de Abona.

“Teniendo en cuenta todos los trámites que aún quedan pendientes a día de hoy, cuando solo faltan 3 semanas para que se cumpla la fecha límite establecida para la apertura de estos juzgados, hemos solicitado al Ministerio una prórroga hasta el 1 de septiembre de 2024”, señala.

Por su parte, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, también ha dado cuenta de esta solicitud de prórroga en su comparecencia hoy ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia en el Parlamento de Canarias con el compromiso, si fuera posible, de acortar el plazo y adelantar la fecha de apertura una vez que se resuelva el alquiler de los locales.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad suscribe un convenio con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Universidad de La Laguna

El objetivo es que los estudiantes universitarios adquieran una formación integral como profesionales para que en un futuro puedan colaborar o dar servicio a la Administración de Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de esta

Una vez terminadas las prácticas, recibirán un certificado expedido por el juzgado o tribunal, donde constarán las horas realizadas, la naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel alcanzado a juicio de la persona o personas encargadas de la tutoría

Este curso hay 163 alumnos matriculados en la asignatura Prácticas Externas del grado de Derecho

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha suscrito un convenio –http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/052/005.html– con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través de su presidente por sustitución Rafael Mozo; la ministra de Justicia, Pilar Llop; y la rectora de la Universidad de La Laguna (ULL), Rosa Aguilar, para que alumnos de este centro de educación superior puedan realizar prácticas externas en juzgados y tribunales, y, de este modo, completar los conocimientos adquiridos en las aulas.

Esta iniciativa pretende, según el contenido del convenio, que los estudiantes universitarios adquieran una formación que combine la teoría y la práctica, impulsando así su empleabilidad como futuros profesionales, fomentando su capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación y dando respuesta al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del conocimiento.

El deseo de las instituciones firmantes del convenio es la organización de prácticas externas en juzgados y tribunales, por considerar que esta actividad puede resultar de gran interés para la formación integral de profesionales que en un futuro pudieran colaborar o dar servicio a la Administración de Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de esta.

En concreto, las prácticas externas –curriculares y extracurriculares–, en los juzgados y tribunales de la Comunidad Autónoma de Canarias, están dirigidas al alumnado matriculado en la asignatura de Prácticas Externas de estudios oficiales de grado o máster que imparte la ULL y siempre de titulaciones relacionadas con profesiones de la Administración de Justicia. En el caso concreto del grado de Derecho este curso hay 163 alumnos matriculados en dicha asignatura.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se compromete, dentro de sus competencias, a facilitar la realización de estas prácticas, así como el acceso del alumnado a las sedes de los juzgados y tribunales. Por su parte, corresponderá a la ULL, a través de la persona que ejerza la dirección de la asignatura de Prácticas Externas, proponer a los estudiantes que vayan a desarrollarlas.

Confidencialidad

Estos deberán mantener el secreto y confidencialidad en materia de medios, procesos o de aquellas actuaciones judiciales o administrativas de las que pudieran tener conocimiento durante las prácticas, incluso una vez finalizadas estas.

Una vez terminado el periodo establecido de prácticas, recibirán un certificado expedido por el juzgado o tribunal, donde constarán las horas realizadas, la naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel alcanzado a juicio de la persona o personas encargadas de la tutoría.

La realización de las prácticas no se considerará mérito alguno para el acceso a la función pública, ni podrá computarse a efectos de antigüedad o de reconocimiento de servicios prestados en el conjunto de las administraciones públicas.

Este convenio no conlleva obligaciones financieras ni contraprestación económica para ninguna de las partes. Para su adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación se ha creado una comisión integrada por dos miembros de cada una de las instituciones firmantes que se reunirá al menos una vez al año.

Asimismo, la ULL se compromete, en función de su disponibilidad, a prestar su colaboración al Ministerio de Justicia y al CGPJ mediante la cesión de aulas, con ocasión de la celebración de pruebas correspondientes a los procesos selectivos para el ingreso o acceso de personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia y de acceso a las carreras judicial y fiscal.

Una delegación del Ejecutivo valenciano visita las instalaciones ubicadas en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria

Su directora general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia confiesa haber sacado “buenas aportaciones y grandes conclusiones” para reproducir este proyecto piloto

La viceconsejera de Justicia del Gobierno canario y el magistrado encargado del proyecto exponen el programa de atención integral implantado en las islas, que permite dar una respuesta sanitaria, jurídica, psicológica y asistencial adaptada a las víctimas menores de edad

La Generalitat Valenciana ha mostrado su disposición a replicar el proyecto piloto del Juzgado de Violencia contra la Infancia, inaugurado el pasado mes de octubre en la Ciudad de la Justicia de Canarias, tras la visita realizada esta semana a las islas por una delegación del Ejecutivo valenciano con objeto de conocer estas instalaciones.

La directora general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, Àngels Bixquert, mostró el agradecimiento por las atenciones recibidas del Gobierno de Canarias y destacó que, gracias a esta visita, han sacado “buenas aportaciones y grandes conclusiones” para replicar el proyecto en la Comunidad Valencia, donde en estos momentos hay consignada una partida presupuestaria para poner en marcha una unidad de valoración especializada en víctimas de violencia en menores y adolescentes.

Àngels Bixquert estuvo acompañada por el subdirector general de Infraestructuras Judiciales, José Ignacio Casar; el subdirector general de Modernización de la Administración de Justicia, Pedro Moga; la médico forense y jefa de sección de las Unidades de Valoración Forense Integral, María del Mar Pastor, así como la magistrada María Luisa Carrascosa y la fiscal María Alicia Serra.

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, así como Tomás Martín, magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital grancanaria y encargado del proyecto; la directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, María José Meilán, y la letrada de la Administración de Justicia Ana Sola expusieron de primera mano a los representantes del Gobierno valenciano el programa de atención integral implantado en Canarias que permite dar una respuesta sanitaria, jurídica, psicológica y asistencial adaptada a las víctimas menores de edad.

Tanto Carla Vallejo como Tomás Martín explicaron el protocolo de recepción y acompañamiento a las víctimas menores de edad, que comienza los días previos a la visita al juzgado a través del libro Hoy vamos al juzgado, una publicación que se le entrega a los y las menores antes de acudir a las instalaciones judiciales. El libro, editado por la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, explica a los niños y niñas, con un lenguaje sencillo, cuáles son sus derechos y quiénes son los jueces y juezas que los atienden, además de los sitios y personas que conocerán en el caso de tener que visitar un juzgado.

Así mismo, se mostró cómo las instalaciones están basadas en el concepto de la arquitectura de la víctima, que permite configurar estos espacios con el fin de que prime el bienestar de los y las menores para reducir la ansiedad y tensión que puede generar la visita a los juzgados. Por ello, se señaló la importancia de la atmósfera generada gracias a la decoración, con colores en tono pastel y mobiliario destinado al esparcimiento de las víctimas con juegos, libros, cuentos y revistas adaptados a las distintas edades.

El Juzgado de Violencia contra la Infancia de Canarias cuenta también con una sala de exploración –que está interconectada con una sala de observación– en la que también se garantiza el bienestar de la víctima gracias a la luz natural, las plantas y los tonos pastel del mobiliario. Con esta sala se elimina la frialdad del cristal de las salas Gesell –dependencias divididas en dos habitaciones separadas por un cristal de grandes dimensiones que permite la visión de lo que ocurre en una de ellas desde la otra, pero no al revés– y, además, se permite que el magistrado esté en contacto con la representación letrada y de la Fiscalía.

El Ministerio de Justicia comunica al Gobierno canario que ya está tramitando el proyecto de orden por la que dispone este ascenso de categoría solicitado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

La decisión está fundamentada en el número de habitantes de hecho, la sobrecarga de trabajo, la importante actividad turística, el elevado porcentaje de inmigración y la insularidad

Julio Pérez, que reiteró la petición en la conferencia sectorial celebrada el 25 de marzo, destaca la importancia de esta medida para una isla no capitalina de cara a retener a los jueces que llegan, porque cuando ascienden se tienen que ir

Los siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial de Puerto del Rosario tendrán en breve la categoría de magistrado o magistrada, según anuncia el oficio que ha enviado la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, María dels Àngels García, a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, en el que comunica que el Ministerio de Justicia ya está tramitando el proyecto de orden por la que dispone el citado ascenso de categoría solicitado en varias ocasiones por el departamento que dirige Julio Pérez.

La última, el pasado 25 de marzo, con motivo de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia, celebrada en Avilés, donde el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad reiteró la petición.

Julio Pérez también se refirió a ella en la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia que tuvo lugar el lunes en el Parlamento de Canarias, donde subrayó la importancia de este ascenso de categoría, sobre todo para una isla no capitalina como Fuerteventura, pues, entre otras cuestiones, ayuda a retener y que no se vayan los jueces que llegan, porque ahora mismo al ser ascendidos a magistrados se tienen que ir.

El oficio apunta que el partido judicial de Puerto del Rosario reúne una serie de características especiales que justifican la elevación a categoría de magistrado o magistrada de sus siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 21.2 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre.

En concreto, señala la población de hecho, 150.000 habitantes; la planta judicial, siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción en funcionamiento, y la sobrecarga de trabajo, al superar en más de un 30% el módulo establecido por el Consejo General del Poder Judicial. Además, indica la insularidad, la importante actividad turística y un elevado porcentaje de inmigración, sobre todo irregular, cuya llegada a Fuerteventura se viene produciendo desde hace más de 20 años.

Para el Ministerio de Justicia, en la capital majorera existe una gran densidad de población de hecho y de segunda residencia, así como personal laboral foráneo, lo que, unido al elevado porcentaje de migrantes, sobre todo irregulares, genera un incremento significativo de la carga de trabajo en los siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción, tanto cuantitativo como cualitativo, por la complejidad de los asuntos que deben abordar.

Conviene recordar que la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, dispone, en el apartado 2 del artículo 21, que la titular del Ministerio de Justicia “podrá establecer que los juzgados de Primera Instancia y de Instrucción, o de Primera Instancia e Instrucción, serán servidos por magistrados siempre que estén radicados en un partido judicial superior a 150.000 habitantes de derecho o experimenten aumentos de población de hecho que superen dicha cifra, y el volumen de cargas competenciales así lo exija”.

El Juzgado desestima la denuncia de Turcón contra Miguel Hidalgo y el Consejo Insular de Aguas por el proyecto del parque acuático de El Veril

El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha dispuesto sobreseer las actuaciones contra el Consejo Insular de Aguas y su presidente, el consejero del Cabildo de Gran Canaria del Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Aguas, Miguel Hidalgo Sánchez, planteadas por el colectivo ecologista Turcón, por un presunto delito de prevaricación, al “no existir indicios de que los hechos imputados sean constitutivos de infracción penal”.

La denuncia formulada por la representante legal de Turcón, la abogada madrileña Pilar Gómez Pavón, acusaba de “obviar el requerimiento del Estado impulsando la ilegal postura del Consejo Insular, incumpliendo lo obligado a hacer”, según indicaba el grupo ecologista, ya que desde la Dirección General de Patrimonio (el 14 de enero de 2019) se requirió al Consejo Insular a “proceder a depurar la situación registral de los terrenos del Barranco del Veril, a fin de poner término a la doble inmatriculación que afecta a los terrenos entre el Estado y Loro Parque; iniciar los trámites dirigidos a la desafección y posterior entrega a la Administración General del Estado de los aprovechamientos urbanísticos generados por los terrenos de dominio público hidráulico, en el ámbito del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de El Veril, así como de aquellos terrenos que como consecuencia de las obras de canalización y encauzamiento van a perder la naturaleza de dominio público hidráulico; y que hasta en tanto se haga efectiva la desafección se persone en las administraciones urbanísticas competentes para la defensa de los intereses urbanísticos derivado de lo anterior”.

Dicho oficio se reiteró el 25 de abril y el 16 de octubre, remitiéndose también al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, para “dar a conocer que la Administración General del Estado pretende llevar a cabo las actuaciones en la defensa patrimonial de los intereses de la zona, que se la tenga como propietaria de parte de los terrenos”.

Tras diversas consideraciones jurídicas y detallar la doctrina y jurisprudencia existente sobre el delito de prevaricación, la Magistrada del Juzgado número 5, responde que “observamos que no es que haya existido ningún tipo de omisión por parte del Consejo Insular de Aguas, de lo solicitado por la Dirección General de Patrimonio, en relación a los terrenos objeto de conflicto. Hay una argumentación jurídica por cada una de las cuestiones planteadas por la DG de Patrimonio, que son objeto de desglose, razonado jurídicamente en dicho informe, dando las debidas conclusiones en relación a lo interesado por la DG de Patrimonio”, contestación que en términos parecidos realiza el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

“Del estudio de esos informes no podemos decir”, señala la juez, “que la actuación de la parte querellada, no puede ser calificada de injusta, evidente, patente, flagrante y clamo rosa, arbitraria ni grosera, y que carecen de razonamiento alguno. Se podrá estar de acuerdo con esa actuación, pero la misma está debidamente argumentada, puede ser o no equivocada la interpretación en la que se basa para dar respuesta a lo interesado por la DG de Patrimonio, pero no puede predicarse que la misma sea arbitraria, en el sentido que requiere el tipo penal imputado, es más tiene una sólida argumentación que, de ser equivocada, para ello está la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, pero lo que no puede predicarse es que el comportamiento mantenido por el Consejo Insular de Aguas, a través de su representación, sea constitutiva como la parte querellante pretende de prevaricadora”.

El vicepresidente del Consejo Insular de Aguas, Miguel Hidalgo, valora muy positivamente la sentencia, y señala que llama la atención el que los denunciantes no tuvieran en cuenta que el Consejo Insular respondió a los requerimientos de la DG de Patrimonio, así como la utilización de un procedimiento que no es acorde a la actividad denunciada. Para Hidalgo es de destacar que el grupo ecologista fuera representado por la letrada Pilar Gómez Pavón “quien tiene su despacho en el Paseo de la Castellana de Madrid, y que es conocida por ser la abogada del que fuera presidente de la Comunidad Balear, Jaume Matas, de un sobrino de Ruiz Mateos investigado en relación a cuentas en Suiza de su tío o de un imputado en los atentados del 11M. Este colectivo debería informarnos a todos sobre el coste real de los honorarios de esta letrada y cómo los ha abonado. Más que nada por la transparencia y porque sorprende que decidan contratar los servicios de abogados madrileños”.

Asimismo, Hidalgo Sánchez, destaca que el colectivo Turcón se ha significado por sus constantes denuncias contra el Cabildo, particularmente con la tramitación del proyecto Salto de Chira, con numerosas peticiones de documentación ante el Consejo Insular y varias denuncias que han terminado archivadas: ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia; escritos sobre el supuesto uso de dinero público del Cabildo en prensa, con denuncia ante el Tribunal de Cuentas; contra una supuesta privatización del agua de las presas del Cabildo; una denuncia ante la ministra de Transición Ecológica, etc. “Y así con un constante goteo de acciones por parte de este colectivo, con las que pretenden frenar el proyecto, poniendo en duda toda la gestión del mismo ante la opinión pública”, concluye Miguel Hidalgo.