La Consejería de Bienestar Social incrementa en un 9% las cuantías que perciben los perceptores de esta prestación

La actualización entrará en vigor este mes de enero

El Gobierno de Canarias mantiene la revaloración de la Renta Canaria de Ciudadanía establecida para el 2025. La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias garantiza que las personas perceptoras de esta prestación verán incrementadas en un 9% la cuantía que reciban mensualmente.

Se trata de una medida que contribuye a atender las necesidades de las personas y familias más vulnerables en Canarias y que podrá percibirse ya a partir de la próxima nómina de enero.

La RCC es una prestación económica diseñada para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social en aquellos hogares que carecen de recursos básicos. Con ella, se garantiza un nivel mínimo de renta que permite a las personas beneficiarias cubrir necesidades esenciales y aspirar a una mayor inclusión social y laboral.

A pesar del rechazo al decreto votado ayer en el Congreso, que incluía la revalorización de todas las pensiones, la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración asegura que mantendrá la actualización tal como estaba previsto.

La cantidad exacta de subida cambia en función de cada caso porque, a diferencia de otras prestaciones, la RCC depende del tipo de unidad de convivencia, pero va desde los 604,21 euros que recibía un adulto solo a los 658,81 que recibirá en la nómina de enero (54,6 euros brutos más) hasta la diferencia entre los 1.462,20 euros percibidos en 2024 por las familias monoparentales con cuatro o más menores a cargo y los 1.594,33 que recibirán ahora (132,33 euros brutos más).

Según el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, las Islas aumentaron el gasto en ayudas para la población en situación de vulnerabilidad social en un 126,7%

Canarias fue la comunidad autónoma en la que más aumentó el gasto en rentas mínimas de inserción tras la implantación, por parte del Estado, del Ingreso Mínimo Vital (IMV). En concreto, se registró una subida del 126,7%, según datos del último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, elaborado a partir de los datos del Ministerio de Derechos Sociales sobre la evolución de la inversión en Rentas Mínimas de Inserción (RMI) relativa al periodo 2020-2022.

“Tenemos que seguir trabajando cada día, sin descanso, para atender a las personas en situación de exclusión o vulnerabilidad, que son quienes peor lo están pasando. Y para ello es clave que el Ingreso Mínimo Vital aumente su alcance y llegue a más personas en las Islas. El objetivo es que la Renta Canaria de Ciudadanía sea complementaria a este ingreso estatal, de forma que podamos mejorar la cobertura de estas familias”, explica la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado.

En la actualidad, en Canarias hay alrededor de 13.000 familias perceptoras de Renta Canaria de Ciudadanía, que gestiona la Dirección General de Servicios Sociales, pero, en cambio, el Ingreso Mínimo Vital apenas supera los 2.000 beneficiarios en el Archipiélago. “El objetivo es que la Renta Canaria de Ciudadanía complemente los ingresos de quienes también perciben el Ingreso Mínimo Vital y, al mismo tiempo, llegue a personas que están en exclusión pero que no cumplen con los requisitos que establece el Ingreso Mínimo Vital”, añade.

Una de las opciones que ha planteado recientemente el Gobierno central es la posibilidad de ceder la gestión del Ingreso Mínimo Vital a las comunidades autónomas. “Es una posibilidad, pero siempre y cuando contemos con recursos económicos y personal”, precisa Delgado.

Según el Informe, correspondiente a datos del 2022, el porcentaje del gasto de Canarias en rentas mínimas ascendió en más de un 126%, seguido por las comunidades de Baleares (con un incremento del 87,3%), Cataluña (23,3%) y Comunidad Valenciana (10,81%).

En cuanto a la cuantía, que es el porcentaje que supone el gasto medio por titular en relación con la renta media por hogar en el correspondiente territorio, las comunidades autónomas que otorgaron mayores cuantías fueron Baleares (33,6%); Canarias (18,3%); Asturias (17,2%), Comunidad Valenciana (15,5%) y Extremadura (15,4%).

Por el contrario, las que menos cuantías destinaron fueron Murcia (8,6%), Madrid (8,3%) y Aragón (2,5%).

Además, señala el informe que un total de 13 comunidades autónomas han reducido su gasto en rentas mínimas, hasta más de un 80% en el caso de Madrid y Aragón.

Según indica el citado estudio, la reducción de los presupuestos de las RMI en la mayor parte de las Comunidades, supone que en los dos años trascurridos desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital se quiebre la tendencia al alza que se registraba desde 2011 y suponga una pérdida global de 241 millones de euros.

La viceconsejera de Derechos Sociales del Ejecutivo canario participó en un encuentro informativo sobre esta Renta dirigida a los 21 ayuntamientos de Gran Canaria

“En la isla de Gran Canaria, hay en estos momentos más de 5.500 unidades de convivencia que reciben la Prestación Canaria de Inserción, todas ellas pasarán a cobrar la Renta Canaria de Ciudadanía y a partir de finales de marzo, se comenzará a recibir nuevas solicitudes”, afirmó la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, quien participó hoy en un encuentro informativo sobre la Renta Canaria de Ciudadana dirigida a los 21 ayuntamientos grancanarios.

Según explicó la viceconsejera de Derechos Sociales, con la entrada de la Renta de ciudadanía, “la labor de los ayuntamientos se centrará en la realización de un verdadero itinerario sociolaboral con el fin de procurar la inserción laboral de los perceptores de esta renta, a la vez que disminuirá la carga administrativa de las administraciones locales”.

“Además, aclaró, con la incorporación del fondo Europeo+, se incrementarán los fondos para la contratación y dotación de personal a los ayuntamientos lo que repercutirá en la mejora de la atención a la ciudadanía canaria”.

La renta ciudadana es una prestación de carácter personal, complementario de las pensiones y de otras prestaciones económicas que pudieran corresponder a los miembros integrantes de la unidad de convivencia de la persona solicitante, sean del sistema de la Seguridad Social, o de cualquier otro régimen público de protección social.

Para poder acceder a esta prestación, la persona solicitante tendrá que ser integrante de una unidad de convivencia en los términos establecidos en la ley; estar empadronado durante un mínimo de doce meses, de manera continuada o que tenga residencia efectiva de cinco años, de manera continuada o interrumpida; acreditar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital; estar inscrita como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo; no residir de forma permanente en centros o establecimientos de titularidad pública donde se encuentran cubiertas las necesidades básicas de subsistencia; ser mayor de 23 y menor de 65 años y carecer de recursos económicos suficientes.

En la primera fase de implantación de la herramienta se alcanzará a medio millar de unidades familiares en Fuerteventura, anunció la consejera de Derechos Sociales en un encuentro con los ayuntamientos de la isla

“A partir de marzo, las familias comenzarán a cobrar las primeras nóminas de la Renta Canaria de Ciudadanía, alcanzando el medio millar de unidades familiares en la primera fase de implantación de la herramienta”, anunció hoy la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Ejecutivo canario, Noemí Santana, en el transcurso de una jornada informativa sobre la Renta celebrada en Puerto del Rosario con concejalas y técnicas de servicios sociales de los municipios de Fuerteventura.

“La Renta de ciudadanía supone un auténtico avance con respecto a la Prestación Canaria de Inserción”, enfatizó, “no solo porque se llegará a más población al ampliar los perfiles de las personas que se pueden beneficiar de esta renta sino porque, además, la cuantía de la renta es mayor que la PCI y contempla una seria de complementos, como los de vivienda, rentas de trabajo, a las pensiones no contributivas y a los estudios, que ofrece una mayor garantía de protección para las familias en situación de vulnerabilidad”.

En su intervención, Santana recordó que “a partir de ahora los ayuntamientos no tendrán la carga administrativa para la gestión de esta renta que la asume la comunidad autónoma lo que permitirá a los equipos sociales municipales de trabajar en los itinerarios de inclusión de los perceptores de esta renta”.

Además, la responsable regional hizo hincapié en el incremento de la financiación en el año 2023 a los servicios sociales de atención primaria y comunitaria y el programa de prestaciones básicas de servicios sociales, que este año contará con más de 42 millones de euros, más del doble la financiación en 2019, cuando los fondos para este programa era de 18,3 millones de euros. En el caso de Fuerteventura, está isla recibe en los últimos años más de 1,5 millones dentro de este plan.

Hay que recordar que a través de estos fondos se da cobertura financiera a los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son, entre otros, la PCI, los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

El Parlamento de Canarias aprueba por unanimidad la Ley de Renta de Ciudadanía, lo que supone “un avance firme y decidido hacia una sociedad más igualitaria”, en palabras de la consejera de Derechos Sociales

La nueva Ley sitúa a Canarias entre las comunidades autónomas que garantizan una protección social para la población más vulnerable

“Hoy es un día histórico para Canarias. Hoy el derecho a una vida digna empieza a ser una realidad. Hoy nuestra tierra es un lugar más justo”. Con esta contundencia se manifestó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, tras la aprobación hoy en sede parlamentaria del proyecto de Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias.

La nueva ley, que consolida a Canarias como una de las pocas comunidades autónomas españolas que garantizan una renta mínima a la población más vulnerable socialmente, “supone un antes y un después en nuestra tierra en materia de derechos sociales”, aseguró la consejera quien recordó que “cuando asumimos la responsabilidad al frente del área de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, unas 5.500 personas eran beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción en Canarias; en la actualidad, son 11.924, una cifra que, sumada a las más de 20.000 personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital, implica que el paraguas de protección de la Renta ciudadana podría llegar a más de 50.000 unidades de convivencia.

La entrada en vigor de la Renta de Ciudadanía supone un cambio de modelo con respecto a la Prestación Canaria de Inserción (PCI), lo que equipara al Archipiélago al resto de comunidades autónomas en tener una renta garantizada, además de mejorar las cuantías que reciben las personas beneficiarias con respecto a la PCI, estableciendo la misma cuantía de base que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), más generosa que la actual PCI.

De esta forma, la Ley de Renta de Ciudadanía impulsada por el Ejecutivo canario regula el derecho a la renta de ciudadanía como prestación económica otorgada a la unidad de convivencia, nominativa e intransferible, lo que asegura la cobertura de las necesidades básicas a la unidad de convivencia que carezca de recursos económicos suficientes para atender dichas necesidades. Además, establece el derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral, con el fin de prevenir y atender a las personas en situación de exclusión o vulnerabilidad social.

Además, la renta de ciudadanía complementa al IMV, en caso de que este no ofrezca la cuantía completa, y en función de las otras fuentes de ingresos de las familias. De esta forma, se aumentan las cuantías lo que permitirá mejorar la acción protectora sobre la población que más lo necesita además de ampliar la cobertura incrementando la protección a las familias que pueden acogerse a ella.

Hay que recordar que la renta de ciudadanía se concibe como un derecho subjetivo que se instrumenta a través de una prestación económica que se percibirá de forma ininterrumpida mientras persistan las circunstancias que motiven su concesión, y en su caso, a través de un proceso de inclusión social, destinado a corregir situaciones de necesidad relacionadas con la falta de medios de subsistencia, para combatir la exclusión y la vulnerabilidad social.

Igualmente, la nueva Ley permitirá la simplificación de los trámites administrativos, eliminando procedimientos como las renovaciones, que serán sustituidas por revisiones periódicas, y por la comunicación de cambios de circunstancias por parte de las familias en los servicios sociales municipales, para evitar periodos sin cobrar de las familias.

Tres modalidades de renta

Según establece la futura Ley, serán titulares de este derecho todas las personas con residencia efectiva en Canarias que se encuentren en situación de exclusión social o vulnerabilidad social definidas en el artículo siguiente y que cumplan los requisitos recogidos en el proyecto de Ley.

Las personas beneficiarias de la renta de ciudadanía serán tanto la persona titular como aquellas personas que compongan la unidad de convivencia.

Además el anteproyecto de ley contempla tres modalidades diferenciadas en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia que se irán implantando de forma progresiva: la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, que será la primera en implantarse; la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo.

También se reconocen a tres complementos (vivienda, educación y pensiones no contributivas) que se desarrollarán a través de un reglamento específico.