La viceconsejera de Derechos Sociales del Ejecutivo canario participó en un encuentro informativo sobre esta Renta dirigida a los 21 ayuntamientos de Gran Canaria

“En la isla de Gran Canaria, hay en estos momentos más de 5.500 unidades de convivencia que reciben la Prestación Canaria de Inserción, todas ellas pasarán a cobrar la Renta Canaria de Ciudadanía y a partir de finales de marzo, se comenzará a recibir nuevas solicitudes”, afirmó la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, quien participó hoy en un encuentro informativo sobre la Renta Canaria de Ciudadana dirigida a los 21 ayuntamientos grancanarios.

Según explicó la viceconsejera de Derechos Sociales, con la entrada de la Renta de ciudadanía, “la labor de los ayuntamientos se centrará en la realización de un verdadero itinerario sociolaboral con el fin de procurar la inserción laboral de los perceptores de esta renta, a la vez que disminuirá la carga administrativa de las administraciones locales”.

“Además, aclaró, con la incorporación del fondo Europeo+, se incrementarán los fondos para la contratación y dotación de personal a los ayuntamientos lo que repercutirá en la mejora de la atención a la ciudadanía canaria”.

La renta ciudadana es una prestación de carácter personal, complementario de las pensiones y de otras prestaciones económicas que pudieran corresponder a los miembros integrantes de la unidad de convivencia de la persona solicitante, sean del sistema de la Seguridad Social, o de cualquier otro régimen público de protección social.

Para poder acceder a esta prestación, la persona solicitante tendrá que ser integrante de una unidad de convivencia en los términos establecidos en la ley; estar empadronado durante un mínimo de doce meses, de manera continuada o que tenga residencia efectiva de cinco años, de manera continuada o interrumpida; acreditar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital; estar inscrita como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo; no residir de forma permanente en centros o establecimientos de titularidad pública donde se encuentran cubiertas las necesidades básicas de subsistencia; ser mayor de 23 y menor de 65 años y carecer de recursos económicos suficientes.