Julio Mateo Castillo, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gáldar, firmó con el Cabildo de Gran Canaria y su presidente, Antonio Morales, el convenio del Fdcan entre la institución insular y 19 municipios de la isla, con los que el Gobierno insular compromete una inversión total de 509 millones de euros, para la ejecución de 428 actuaciones destinadas a materializar el Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria 2023-2027, con el propósito de transformar la realidad grancanaria en los ámbitos económico, social y medioambiental

Dicho convenio, cuyos fondos proceden en un 50% del Gobierno de Canarias y el otro 50% del municipio, contempla una inversión de 6.559.332,84 euros, divididos en cinco anualidades para una serie de proyectos que fueron aprobados por unanimidad en el Pleno correspondiente al mes de septiembre. La primera de ellas, correspondiente al 2023 que asciende a 2.186.444 euros, contempla obras correspondientes al Plan de Barrios, unos proyectos ya iniciados con fondos municipales. Las cuatro anualidades siguientes ascienden a 1.093.222 euros cada una.

Así, la cuantía correspondiente al año 2024 irá destinada al proyecto de renovación y modernización de la red de abastecimiento municipal. Por último, las tres anualidades del 2025 al 2027 se destinarán a la mejora y adecuación de la actual sede del instituto Saulo Torón, que es propiedad del Ayuntamiento, para albergar en el futuro las oficinas municipales, aunando en un mismo edificio todos los servicios que presta el Consistorio.

El convenio, por tanto, permite al Ayuntamiento con esos 6,5 millones de euros atender necesidades fundamentales en el municipio como la realización de un Plan de Barrios importante, la continuación de la renovación la red de abasto para seguir invirtiendo en la sostenibilidad de la red y minimizando pérdidas, y llevar a cabo una de las principales obras de este mandato, que es convertir en un edificio de usos múltiples el actual Instituto Saulo Torón, de propiedad municipal.

Este último proyecto, que recibe una totalidad de 3.279.666,42 euros divididos en tres anualidades, permitirá, tal y como explica Teodoro Sosa, alcalde de la ciudad, "que el grupo de gobierno haga realidad uno de los ejes principales para este mandato ya que facilitará a toda la ciudadanía la realización de sus trámites administrativos". Todo ello se podrá llevar a cabo "una vez concluyan las obras del nuevo centro, otro de los proyectos más relevantes en el municipio en los últimos años y que dará cumplimiento a una histórica demanda de la comunidad educativa del municipio", concluyó.

El Ayuntamiento de Agaete ha firmado hoy con el Cabildo de Gran Canaria el convenio del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), que supone una inversión para el municipio de 2,4 millones de euros, a razón de 410.768 euros anuales, de los que el Cabildo aporta el 50% y el Ayuntamiento el 50% restante

Esta inversión tiene como tres ejes estratégicos el conocimiento I+D+i, el apoyo a la empleabilidad, y las inversiones en infraestructuras con el objetivo de impulsar la transformación de la realidad municipal en los ámbitos económico, social y medioambiental.

Estos fondos suponen una inyección en la capacidad de maniobra para los ayuntamientos, para así abordar proyectos ya planteados desde la anterior legislatura como nuevas modificaciones o propuestas, para así acometer desde obras en servicios esenciales, mejoras de espacio públicos, en innovación o infraestructuras, para de esta forma trabajar en transformar el municipio y especialmente, mejorar la calidad de vida en para sus vecinos y vecinas.

La firma de este convenio es un acto simbólico sujeto a su aprobación en pleno y tiene como plazo para justificación hasta julio de 2024, tal y como establece en el documento.

La inversión total financiará 428 proyectos que se ejecutarán en los 19 municipios de la Isla que han consensuado la propuesta con el Gobierno insular

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha firmado hoy con los alcaldes de 19 municipios de la Isla los convenios del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), con los que el Gobierno insular compromete una inversión de 509 millones de euros, para la ejecución de 428 actuaciones destinadas a materializar el Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria 2023-2027, con el propósito de transformar la realidad grancanaria en los ámbitos económico, social y medioambiental.

El presidente Morales, que estuvo acompañado por el consejero de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez, y por el alcalde de Agüimes y comisionado de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Óscar Hernández, puso de relieve que esta inversión pondrá en marcha iniciativas que, según todas las estimaciones, supondrán la creación de alrededor de 14.000 puestos de trabajo en toda Gran Canaria.

“Estamos ante un programa importante, que se suma a otros que ejecuta el Cabildo cada año con los municipios, como el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, los planes de inversiones financieramente sostenibles y los planes sectoriales deportivos, sociosanitarios, de carreteras, de turismo y de industria y comercio, entre otros muchos”, manifestó el presidente insular. “Por lo tanto, hoy firmamos un acuerdo marco de inicio de una propuesta que va a generar un desarrollo económico muy relevante en Gran Canaria, en los próximos cuatro años”, sostuvo.

Hizo especial hincapié, asimismo, en el consenso que ha alcanzado la Corporación insular con los gobiernos locales grancanarios, puesto que, como incidió, “esta es la única Isla que eligió esta fórmula de trabajar de manera coordinada con sus ayuntamientos”.

En este punto, se refirió a los dos municipios que, en su momento, decidieron no sumarse a esta propuesta conjunta, “pero los 19 ayuntamientos restantes de Gran Canaria son los que han apostado para que esto sea de esta manera, dejando fuera a esos municipios, que ya recibieron más de la cantidad que les correspondería por los ocho años del Fdcan”, aseveró.

En lo que respecta al destino de las inversiones, el primer mandatario de Gran Canaria expuso que los fondos se distribuirán en acciones de tres ejes estratégicos: el conocimiento I+D+i, al que se asignan 38 millones de euros; el apoyo a la empleabilidad, con otros 72,5 millones, y las inversiones en infraestructuras, a las que se dedican 398,5 millones.

A este respecto, destacó que se mantienen así las mismas líneas de acción estratégicas que sustentaron las actuaciones de la primera fase del Fdcan, sobre la que concluyó que “se ha invertido en un cien por cien y que y se ha justificado en su totalidad”.

Transferidos los fondos de la primera anualidad

Carmelo Ramírez subrayó por su parte que, tras la firma en su día del convenio con el Gobierno de Canarias, el proceso continúa ahora con la concesión de los fondos a cada uno de los gobiernos locales.

“El dinero ya lo tenemos nosotros aquí”, recalcó el consejero de Cooperación Institucional. El Gobierno de Canarias ya ha transferido al Cabildo la anualidad correspondiente al año 2023. Una anualidad que, como explicó, es doble, porque se han incorporado los fondos de 2022, “y en el momento en que esté firmado el convenio con cada municipio, le hacemos la transferencia inmediatamente”, añadió.

Para ello, insistió en la necesidad de contar con todos los acuerdos plenarios y puntualizó que el plazo de que se dispone para justificar las inversiones de 2023 es hasta julio de 2024, tal y como establece en el convenio. Y, en este sentido, especificó que, en la anualidad de 2023, se permite justificar inversiones realizadas y financiadas íntegramente por el ayuntamiento, en los años 2021 y 2022.

Inyección de recursos para mejorar la calidad de vida en los municipios

Óscar Hernández, a su vez, mostró su satisfacción por la materialización de estos, por lo que suponen de “inyección de capacidad de maniobra para los ayuntamientos, para acometer desde obras de cuestiones básicas como el saneamiento, o vinculadas a la gestión del agua y también apuestas como hay en varios municipios tendentes a la producción energética a través de solar fotovoltaica, básicamente”, señaló. “En definitiva, se trata de más recursos que nos permitan transformar los municipios, para mejorar la calidad de vida en ellos”.

El alcalde de Agüimes y comisionado de la Fecam detalló que, en el caso de su municipio, las acciones más importantes están destinadas a hacer que todas las infraestructuras municipales sean autosuficientes, a través de la producción energética con placas solares, y la propuesta en aquellas instalaciones cuyo consumo sea inferior a la producción es llegar a acuerdos con los vecinos que tengan más necesidad, para equilibrar la factura de la luz en esos casos.

El presidente insular recalca que la puesta en marcha y ejecución de los proyectos supondrán la creación de más de 14.000 puestos de trabajo en Gran Canaria

El Presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, junto al vicepresidente segundo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y alcalde Agüimes, Óscar Hernández, rubricaron hoy con el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, el convenio para gestionar los recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) destinados al Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria 2023-2027 gestado por la Corporación insular en consenso con 19 ayuntamientos de la Isla, que compromete una inversión de 509 millones de euros, en 428 actuaciones destinadas a transformar la realidad económica, social y medioambiental de la Isla.

El presidente Morales, en su intervención, recordó cómo los cabildos de Fuenteventura, El Hierro y Gran Canaria presentamos una propuesta al Fdcan para cuatro años inicialmente, a los que se sumarían otros cuatro, con el fin de cubrir los objetivos para los que se puso en marcha el Fdcan para el conjunto de las Islas. "El Cabildo y los ayuntamientos ya hemos ejecutado la primera parte y se han justificado las inversiones, y ahora suscribimos este nuevo acuerdo, que da continuidad a la segunda fase", explicó.

Abundó en que se trata de un acuerdo que engloba el período 2023-2027 y que está suscrito con 19 ayuntamientos de la Isla, que se acogieron a la propuesta de proyecto que se desarrolló en su día, cuando se puso en marcha el Fdcan. "Estamos hablando de un programa de 509 millones de euros, que se financia el 50% por el Gobierno de Canarias y el otro 50% por el Cabildo y los ayuntamientos participantes", especificó.

Indicó, asimismo, que la distribución de estos fondos se ha realizado de acuerdo con los criterios establecidos en el Régimen Económico Fiscal (REF), que señala que los cabildos reciben el 60%, 307 millones de euros, en este caso, y los 202 restantes, el 40%, se destinan a los ayuntamientos. Y concretó, además, que 247 iniciativas de las 428 que se acometerán corresponden a áreas de la Corporación insular y las otras 181 a los gobiernos municipales, "y calculamos que la ejecución de todas ellas supondrá la creación de alrededor de 14.000 puestos de trabajo en la Isla", vaticinó.

Dejó claro, igualmente, que todas las intervenciones del Programa Insular se sustentan en tres ejes de acción estratégicos: el conocimiento I+D+i, al que se asignan 38 millones de euros; el apoyo a la empleabilidad, con otros 72,5 millones, y las inversiones en infraestructuras, para las que se dedican 398,5 millones más.

Finalmente, enumeró algunas de las obras que se llevarán a cabo con base en este convenio, entre las que citó una obra de referencia de cada municipio, "para dar cuenta de la importancia que tiene este Plan para el conjunto de los municipios de Gran Canaria, para la generación de empleo y para ofrecer infraestructuras y equipamientos a la ciudadanía grancanaria". Entre ellas, mencionó el proyecto 'Gran Canaria Isla Inteligente', las comunidades energéticas de Gran Canaria, la ampliación de Infecar y la transformación del recinto ferial; la mejora de las infraestructuras del Puerto de Taliarte; la finalización del Museo de Bellas Artes (Mubea), la continuidad de la metroguagua o del Frente Marítimo, en Las Palmas de Gran Canaria.

También se refirió a las obras de mejora de las infraestructuras, en Telde; al plan de accesibilidad de Santa Lucía; a la biblioteca universitaria y el centro de actividades en Arinaga; a la centralización de las oficinas municipales, en Arucas; al Plan de Barrios, en Gáldar; a la segunda fase de la área natural de recreo, ocio y esparcimiento y zona multifuncional de La Charca, en Agaete; a la plaza del mercadillo y el aparcamiento soterrado, en Artenara; al acondicionamiento de pistas y senderos peatonales y ciclistas, y la conexión del centro urbano con la playa, en La Aldea; a la creación de un corredor turístico del casco de Moya y Los Tilos; a la transformación de la GC-500 en San Bartolomé de Tirajana; al nuevo mercado agrícola municipal, en Santa Brígida; a la segunda fase del Centro Cívico-deportivo de La Atalaya, en Guía; a la reforma y acondicionamiento del parque municipal de Tejeda; al anillo hidráulico de Teror; al aparcamiento del mercado al aire libre frente al auditorio, en Valleseco, y el centro ferial Expo-Valsequillo.

La propuesta grancanaria de Ecoísla, garantía de buen uso de los recursos

El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, por su parte, dirigió unas palabras a las y los asistentes para poner de relieve que "los ayuntamientos, el Cabildo y el Gobierno de Canarias vamos de la mano y somos los responsables del presente y del futuro de esta tierra", aseveró. "Y esa complicidad es fundamental, para acometer la tarea de hacer una sociedad más próspera, más igualitaria, más justa, más sostenible y con más futuro. Ya lo demostramos con la pandemia y lo demostramos con este programa".

Román Rodríguez incidió en que al Ejecutivo autonómico le "tocaba cumplir un compromiso ineludible: que los cabildos que firmaron por cuatro años no tuvieran ni una sola desventaja con relación a los que firmaron por 10 años, y lo hemos hecho posible", destacó. "Y sé que esos fondos están en buenas manos, porque en Gran Canaria se sabe hacia dónde va a ir el dinero. Pero no de manera improvisada, sino con un proyecto de Isla, que tiene una estrategia sobre el sector primario, las infraestructuras, la sostenibilidad en el sentido amplio, la justicia social y el papel del empleo como instrumento de integración", concretó. "Esta propuesta consolidada de ecoísla es una garantía de que los recursos van a servir para ser bien gastados y para generar las transformaciones que se persiguen".

El vicepresidente concluyó haciendo hincapié en que, en estos años tan difíciles, se han hecho más de 30 modificaciones en el Fdcan, siempre a instancia de los cabildos, para ampliar los plazos de ejecución o de justificación, y afirmó que la voluntad del Gobierno canario es mantener esa flexibilidad.

Por su parte, Óscar Hernández, calificó esta fecha como "un gran día, por lo que esta firma supone para los ayuntamientos de Gran Canaria, como estímulo para el desarrollo de proyectos, que generarán empleo y mejorarán la vida de los ciudadanos y ciudadanas".

Finalmente, el vicepresidente segundo de la Fecam y alcalde de Agüimes afirmó que este convenio "resuelve una injusticia cometida en 2026, cuando los ayuntamientos y el Cabildo decidieron ir a este programa y el Gobierno canario de aquella época repartió recursos del propio Cabildo y de los ayuntamientos a dos municipios que ahora no participan en este programa. Por lo tanto, hoy se reconduce una injusticia terrible", sentenció.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, firma con el presidente insular, Antonio Morales, el nuevo convenio del Fondo

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria invertirán cerca de 510 millones de euros -a razón de 254,5 millones cada uno- hasta el año 2027 en proyectos relacionados con la sostenibilidad, fundamentalmente, según los términos del nuevo convenio del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), firmado hoy por ambas administraciones. La Corporación insular prevé que la ejecución de este programa genere 14.000 empleos.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, y el presidente de la corporación insular, Antonio Morales, suscribieron hoy el documento, junto al alcalde de Agüimes y comisionado insular de Gran Canaria en la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Óscar Hernández. Al acto también asistieron representantes de 13 de los 18 ayuntamientos beneficiarios del programa.

El convenio con Gran Canaria es el primero de los cinco que se formalizarán con aquellas instituciones que no firmaron en 2016 acuerdos por la totalidad de vigencia del Fondo, programado para diez años.

Gran Canaria, Fuerteventura, El Hierro y las dos universidades públicas no tenían hasta ahora convenio en vigor. Precisamente, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el pasado 27 de abril un gasto de 416,7 millones de euros para estos cabildos y para los dos centros académicos, cantidad a la que hay que añadir el porcentaje de cofinanciación de las corporaciones insulares, que varía para cada caso, y que colocan la inversión final en los 683 millones de euros.

El convenio con Gran Canaria permitirá, en concreto, la financiación del programa insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria FDCAN 2023-2027 con una nueva orientación hacia un enfoque más social, ambiental e inclusivo. A este respecto, se señala que el citado programa se concibe como una “propuesta transformadora de la realidad económica, social y medioambiental de la isla procurando la equidad y la igualdad de los grancanarios y grancanarias, independientemente del territorio de la isla en la que residan. El objetivo -sigue el convenio- es continuar con la tarea que empezó el anterior programa que tuvo como finalidad establecer un nuevo modelo económico más sostenible, consolidar el desarrollo turístico de la isla, así como un progresivo avance en la soberanía energética y alimentaria, redundando en la diversificación de los sectores productivos; todo ello para conseguir que Gran Canaria sea concebida como una Eco-isla, en beneficio de su ciudadanía y de sus visitantes”.

El Consejo de Gobierno Insular da luz verde a la firma del acuerdo con el Ejecutivo canario, por el que cada institución financiará el 50% del Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria 2023-2027

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria, reunido hoy en sesión extraordinaria, ha dado el visto bueno al convenio que firmará la Corporación con la Comunidad Autónoma de Canarias, para gestionar los recursos asignados en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) al Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria 2023-2027, que ha sido elaborado en coordinación con 18 ayuntamientos y que compromete una inversión de 509 millones de euros en 428 acciones destinadas a transformar de la realidad económica, social y medioambiental de la Isla.

Y es que el Cabildo de Gran Canaria es el único del Archipiélago que ha diseñado su Programa insular en consenso con los gobiernos municipales, como una propuesta transformadora de la realidad económica, social y medioambiental de la Isla, con el objetivo de seguir la senda que inició su antecesor, en aras de establecer un nuevo modelo económico más sostenible, consolidar el desarrollo turístico y conseguir un progresivo avance en la soberanía energética y alimentaria, para lo que redunda en la diversificación de los sectores productivos. Y todo ello con el propósito de lograr que Gran Canaria sea concebida como una Ecoísla, en beneficio de su ciudadanía y de sus visitantes.

Para ello, mediante este convenio, que se ha refrendado a instancia de la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional que lidera Carmelo Ramírez, ambas administraciones coordinan su participación y colaboración, establecen los requisitos y condiciones a los que está sujeta la financiación de este Programa, y se instrumenta la distribución de las aportaciones dinerarias que recibirá el Cabildo para sufragarlo con recursos procedentes del Fdcan.

En detalle, el Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria 2023-2027 contempla la financiación global de varios sectores de actividad conforme a las líneas estratégicas del Fdcan, para las que se asigna un total de 508.933.212 euros, de los que cada institución aporta el 50%, es decir, 254.466.606 euros.

A este respecto, cabe recordar que el Cabildo de Gran Canaria presentó un programa al Fdcan para los años 2016/2020 y, debido a las dificultades derivadas del Covid-19, su desarrollo se suspendió durante 2020/21, por lo que la Corporación actualizó las propuestas, de tal manera que la anualidad de 2023 de este segundo convenio contendrá los fondos de 2022. Por tanto, la cuantía global acordada para invertir en este 2023 asciende 169.644.403 euros, mientras que a cada uno de los cuatro años restantes se asignan 84.822.201.

Así, de acuerdo con el convenio, la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, aportará al Cabildo los importes correspondientes al 50% del coste de las anualidades del Programa Insular: 84.822.202 euros para 2023 y 42.411.101 euros para los ejercicios 2024, 2025, 2026 y 2027.

En este sentido, el pacto determina que, a la firma de este convenio, el Gobierno de Canarias abonará al Cabildo, con carácter anticipado, el 50% del importe de la aportación prevista para la anualidad Fdcan 2023 en el Acuerdo de Gobierno de 27 de abril de 2023, de aprobación de los programas y proyectos, de determinación del porcentaje de financiación y asignación de recursos con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias. Y, asimismo, indica que se podrá librar, también con carácter anticipado, la totalidad o parte de los recursos de cada anualidad, siempre que se hubieran justificado los abonos anticipados cuyo plazo de justificación hubiera vencido.

Conocimiento I+D+i, empleabilidad e infraestructuras

El Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria 2023-2027 impulsará 428 actuaciones, pactadas con los 18 ayuntamientos que secundaron la idea de realizar un trabajo conjunto y que requerirán esa inversión de 509 millones de euros. Una cuantía cuya distribución se ha realizado de acuerdo con los criterios establecidos en el Régimen Económico Fiscal (REF), que señalan que los cabildos reciben el 60%, 307 millones de euros en este caso, y los 202 restantes, el 40%, se destinan a los ayuntamientos.

De esas 428 iniciativas, 247 corresponden a áreas de la Corporación insular y las otras 181 a los gobiernos municipales, y todas ellas giran en torno a tres ejes de acción estratégicos: el conocimiento I+D+i, al que se consignan 38 millones de euros; el apoyo a la empleabilidad, con otros 72,5 millones, y las inversiones en infraestructuras, con 398,5 millones más. Un conjunto de proyectos cuyo desarrollo y ejecución supondrán la creación de más de 14.000 puestos de trabajo en la Isla.

Tras la firma de este convenio con el Gobierno canario, el Cabildo rubricará los correspondientes acuerdos con cada uno de los ayuntamientos que se han acogido al Programa, que les facultarán para iniciar los procesos de licitación, contratación y ejecución de los proyectos.

El juez considera que prima la defensa del interés general, "no siendo ni sensato ni responsable" paralizar una dotación total de 476 millones para tres cabildos y las universidades públicas

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria, ha desestimado la petición del Ayuntamiento de Mogán de que se suspenda de forma cautelar el Programa Insular de desarrollo socioeconómico de Gran Canaria, para su presentación al Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) para el período 2023/2027 o, de manera subsidiaria, que se le incluya en dicha programación.

Más en detalle, el Ayuntamiento de Mogán presentó un recurso contencioso-administrativo en el que solicitaba una medida cautelar consistente en "suspender la tramitación del procedimiento iniciado por la Orden de 17 de enero de 2023, de convocatoria de programas y proyectos para la asignación de recursos en el marco el Fondo de desarrollo de Canarias (FDCAN) para el período 2023/27", así como "con carácter subsidiario, y solo para el caso de que fuera desestimada la anterior medida cautelar solicitada, acuerde adoptar la medida cautelar positiva consistente en incluir en el 'Programa Insular de desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria para su presentación bajo la modalidad de programa, al FDCAN para el período 2023/2027', al Ayuntamiento de Mogán en la relación de Ayuntamientos que son beneficiarios finales de la subvención”.

Ante esta solicitud, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Teba García, asegura en su fallo que, partiendo de la naturaleza jurídica de las órdenes como actos administrativos, no se observa la relación de instrumentalidad entre el acto impugnado y la Orden de 17 de enero de 2023, que se limita a convocar, para el período 2023-2027, el procedimiento de presentación de programas y proyectos para la asignación de recursos en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), "sin que dicho acto incida en modo alguno en el contenido del dictado a su vez por el Cabildo de Gran Canaria, en cuya virtud el Ayuntamiento de Mogán queda excluido como beneficiario final de los fondos y sin que lo impugnado constituya ejecución del acto administrativo que se pretende suspender, en lo que al particular caso de la corporación municipal se refiere".

Destaca, asimismo, que la suspensión se pretende respecto de una Orden de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, un acto administrativo para el que, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), su juzgado carecería de competencia para enjuiciar su legalidad. "Partiendo de que la justicia cautelar es accesoria respecto del enjuiciamiento de fondo, quien suscribe expresa sus dudas de si tiene competencia para suspender un acto respecto del cual carece de competencia para su enjuiciamiento", indica el juez.

No obstante, y aun sin tener en cuenta lo anterior, sostiene que la ponderación de intereses se decanta hacia el interés general, representado por el acceso de los fondos contemplados en la Orden de 17 de enero de 2023 por parte de los cabildos de Gran Canaria, El Hierro y Fuerteventura y las Universidades Públicas de Canarias, "no siendo ni sensato ni responsable paralizar una dotación que alcanza un total de 476.786.534 euros, lo que implicaría que se detuvieran durante largo tiempo la ejecución de numerosos proyectos que redundan en favor de la población canaria", recalca. Y máxime cuando, como añade, no se observa la existencia de un peligro por la mora procesal que deba ser evitado mediante la estimación de la solicitud de medida cautelar por parte del Ayuntamiento de Mogán.

Y es que hace hincapié en que, de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, "una medida cautelar podrá denegarse cuando de esta pudiera seguirse perturbación grave para los intereses generales o de tercero, que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada". Porque, según refiere, "como reitera hasta la saciedad la jurisprudencia, cuando las exigencias de ejecución que el interés público presenta son tenues, bastarán perjuicios de escasa entidad para provocar la suspensión; por el contrario, cuando aquella exigencia es de gran intensidad, solo perjuicios de elevada consideración podrán determinar la suspensión de la ejecución del acto (ATS 3 de junio de 1997, entre otros muchos)".

El magistrado también se refiere a los argumentos que desarrollan tanto el Consistorio de Mogán como el Cabildo de Gran Canaria, relativos al fondo del asunto, que pretenden que se proyecten a la hora de resolver sobre la solicitud de justicia cautelar bajo la fórmula de una evidente apariencia de buen derecho.

A este respecto, menciona el ATS de 21 de enero de 2016, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, Ponente Pablo María Lucas Murillo de la Cueva: “Sobre la apariencia de buen derecho es constante la jurisprudencia que limita su aplicación como criterio para conceder medidas cautelares a aquellos supuestos en que sea manifiesta su procedencia por referirse a actos de ejecución de leyes declaradas inconstitucionales, de disposiciones generales declaradas nulas o reiteración de actuaciones consideradas contrarias a Derecho. O en aquellos casos en que a simple vista se advierta la ilegalidad del proceder de la Administración”.

Así, con esa base, remarca que "basta un somero recorrido por los extensos escritos rectores de la parte recurrente y de la Administración demandada, para alcanzar la conclusión de que no nos encontramos ante uno de los supuestos en que el criterio del 'fumus boni iuris' puede ser empleado como rector para la adopción de la medida cautelar que de manera subsidiaria se interesa por el Ayuntamiento de Mogán".

Finalmente, argumenta que no es posible compartir con el Consistorio sureño que, si no se acuerda su inclusión como beneficiario final de la subvención, en el Programa del Cabildo de Gran Canaria que es objeto de impugnación, se vaya a producir un perjuicio que haga perder su finalidad legítima al recurso contencioso-administrativo. Y es que, en este sentido, comparte la reflexión que efectúa la Universidad de La Laguna cuando, en el Folio 1º de su escrito rector, manifiesta su desconcierto sobre la cuestión pues dirimiéndose, en el fondo, "si el Ayuntamiento de Mogán debe acceder a determinados fondos como beneficiario final del programa de subvenciones, no existe obstáculo alguno para el caso de que el recurso contencioso-administrativo prosperase y resultase del Fallo de la Sentencia que deben reconocerse determinados fondos en su favor, que se habilitaran los créditos necesarios con objeto de cumplir con lo fallado".

Y apostilla que la parte recurrente no cuantifica la cantidad de la que resultaría beneficiaria, en el caso de ser incluida en el Programa, ni detalla qué tipo de actuaciones tendría previsto acometer con dicha suma y su carácter perentorio, "de modo y manera que la espera al dictado del Fallo generase un verdadero peligro por la mora procesal. En este estado de cosas, la medida cautelar positiva pretendida no es más que una simple petición de anticipación del Fallo, finalidad no contemplada para las medidas cautelares", concluye.

Por último, cabe indicar que contra este fallo cabe interponer recurso de apelación, en el plazo de quince días, para su resolución por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Las Palmas.

El consejero de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, respondió a las críticas vertidas por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el alcalde de San Mateo, Antonio Ortega, al respecto de su no inclusión en el segundo programa del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), presentado días atrás y que supone una inversión total de 509 millones en 428 actuaciones, que se desarrollará entre 2023 y 2027, con la participación del Cabildo y 19 ayuntamientos, lo que permitirá crear 14.000 puestos de trabajo

Ramírez aclaró que: “Cuando se aprueba el Fdcan 16/17 ambos municipios van directamente con el Gobierno de Canarias acordando sus proyectos y el resto de ayuntamientos de la isla acuerdan un programa con el Cabildo”. Los proyectos de Mogán y San Mateo también incluían diferencias respecto al resto de municipios de la isla, ya que tuvieron un trato diferente a nivel económico. “Ellos recibieron en 2 años lo que a los otros municipios les ha correspondido en 10 años y, además, lo recibieron al 100% de financiación por parte del Gobierno de Canarias, como concesión electoralista de Fernando Clavijo, ya que los demás municipios han tenido que financiar parte del programa”.

El consejero de Cooperación atajó con dureza las críticas sobre una supuesta exclusión, expresando que: “Esa valoración de que han quedado marginados es absolutamente falsa, no responde a ninguna realidad y es la consecuencia de la insolidaridad de estos dos Ayuntamientos con el resto de las instituciones de la isla de Gran Canaria”.

Carmelo Ramírez insiste en la falsedad de los ataques “políticos” contra el acuerdo de reparto del Fdcan 2023/2027 y dijo que: “Esas críticas son falsas, no reflejan la realidad de los hechos, lo que hicieron tanto la alcaldesa de Mogán como el alcalde de San Mateo fue aprovechar lo que les ofreció el señor Clavijo en contra del criterio de los otros 19 municipios y el Cabildo, que acordó por unanimidad el programa”. El consejero consideró que esa actuación forma parte de una “clarísima campaña electoral” por parte del ex presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

El consejero insular lamentó que se esgrimen “opiniones desleales” y añadió que “hay que enmarcarlas en la costumbre que tienen algunos de estar mintiendo, de no decir la verdad de los hechos y de tratar de confundir a la opinión pública”. Finalizó su intervención aludiendo al resto de miembros que sí acordaron en su momento ser parte del Fdcan, destacando que “esto quedó muy claro en una reciente asamblea de ayuntamientos, donde todos los municipios ratificaron el programa con el Cabildo, excluyendo a estos dos porque nunca estuvieron en el programa por decisión propia”.

El Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria 2023-2027, gestado por el Cabildo de Gran Canaria en consenso con 19 ayuntamientos de la Isla, que se propondrá al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) del Gobierno autonómico, impulsará 428 actuaciones, que requerirán una inversión total de 509 millones de euros, de los que el 50% saldrán las arcas de la Corporación insular y de los Gobiernos municipales, y el otro 50% lo aportará el Ejecutivo canario

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, hizo hincapié en que Gran Canaria es la única Isla que ha elaborado un plan de acción consensuado con los 19 ayuntamientos de la Isla que secundan la voluntad de realizar un trabajo conjunto, durante la presentación de este Programa, en la que le secundó el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez.

Así, en su intervención, el presidente Morales indicó que la distribución de estos fondos se ha realizado de acuerdo con los criterios establecidos en el Régimen Económico Fiscal (REF), que señala que los cabildos reciben el 60%, 307 millones de euros en este caso, y los 202 restantes, el 40%, se destinan a los ayuntamientos.

Explicó, asimismo, que de esas 428 actuaciones que se prevé acometer 247 corresponden a áreas de la Corporación insular y las otras 181 a las gestionadas por los gobiernos municipales, además de subrayar que el desarrollo y ejecución de todas supondrán la creación de más de 14.000 puestos de trabajo en la Isla.

Incidió en que todas las intervenciones incorporadas al Programa pivotan sobre tres ejes de acción estratégicos: el conocimiento I+D+i, que, como detalló el presidente Morales, recibe 38 millones de euros; el apoyo a la empleabilidad, con otros 72,5 millones, y las inversiones en infraestructuras, a las que se dedican 398,5 millones más.

Con respecto a esta última partida global, expuso que su reparto deja 95,8 millones a proyectos en infraestructuras de transporte; 106,6 a la creación, mejora y rehabilitación de espacios públicos con potencialidades turísticas; 31,9 millones más a infraestructuras hidráulicas; 2,4 a la puesta en marcha de viveros de empresas; 16,8 a las zonas comerciales abiertas; 14 a iniciativas de energías renovables; 13,2 a crear, mejorar y/o modernizar infraestructuras y equipamientos; alrededor de un millón más a la construcción de viviendas y la rehabilitación del parque público de viviendas, y un total de 117 millones a otras infraestructuras que mejoren la competitividad de la economía de la Isla.

Antonio Morales recordó que los cabildos de Gran Canaria, El Hierro y Fuerteventura, presentaron un programa al Fdcan para los años 2016 a 2020 y cómo, debido a las dificultades derivadas del Covid-19, su desarrollo se suspendió durante 2020 y 2021, "por lo que los tres cabildos actualizamos esa propuesta y, hoy, el Consejo de Gobierno Insular de Gran Canaria ha aprobado la que abarca el período 2023 a 2027, con la salvedad de que la anualidad de 2023 contendrá también los fondos correspondientes a 2022", aseveró. De este modo, la cantidad prevista para este 2023 es de 169.644.403 euros, mientras que las de los cuatro años restantes, se elevan a 84.822.201 cada ejercicio.

Finalmente, manifestó que las actuaciones proyectadas para el Fdcan del período anterior "están prácticamente realizadas, justificadas y, por lo tanto, pagadas tanto al Cabildo como a los ayuntamientos. Ya hemos liquidado totalmente esa primera fase", sostuvo, "y, de la misma manera, nos proponemos ir ejecutando y cumpliendo con los objetivos que nos trazamos para cada anualidad" de este nuevo período.

Y es que, como señala el documento aprobado por el Consejo de Gobierno Insular, este Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria 2023-2027 "sigue la senda comenzada por su antecesor de atender a servicios públicos fundamentales, dinamizar el empleo y acometer un plan de inversiones estratégicas que contribuyen al desarrollo del conocimiento, a la sostenibilidad y autosuficiencia, al equilibrio territorial y a la mejora económica y social de Gran Canaria, impulsando con ello el desarrollo de la Comunidad Autónoma en general".

En lo que respecta a la tramitación de esta propuesta, Carmelo Ramírez puntualizó que tras la aprobación de hoy, entre hoy y el miércoles, se trasladará al Ejecutivo canario, que la evaluará y la elevará a un Consejo de Gobierno y, una vez que sea refrendada, el Cabildo y el Gobierno de Canarias firmarán el convenio que contemple todas las actuaciones. Posteriormente, la Corporación insular rubricará los correspondientes convenios con cada uno de los ayuntamientos que se acogen al Programa. Estos pasos facultarán a las instituciones para iniciar los procesos de licitación, contratación y ejecución de cada proyecto.

De 'Gran Canaria, Isla Inteligente' al reasfaltado de la red de carreteras

De la extensa lista de proyectos que figuran la propuesta presentada al Fdcan, Antonio Morales y Carmelo Ramírez destacaron por su especial relevancia varios de los asignados al Cabildo y de los promovidos por los ayuntamientos. En concreto, de entre las intervenciones de la Corporación insular, resaltan las acciones en materia de empleo, a las que dedican 61,2 millones de euros; el reasfaltado de la red de carreteras, con 18; la modernización de aplicaciones, servicios e infraestructuras de las TIC del Cabildo de Gran Canaria, con otros 12; y el proyecto 'Gran Canaria, Isla Inteligente', con 9,7 millones.

También sobresalen la reforma, ampliación y dotación de Infecar, dotada con 7, 5 millones; los 5,8 para la mejora de las infraestructuras del Puerto de Taliarte, la misma cantidad que reciben las acciones en materia de residuos; junto con los 5 millones destinados al equipamiento, reforma y dotación del Museo de Bellas Artes de Gran Canaria; los 4,9 que recibe el instrumento de formación e inserción laboral adaptado a la demanda empresarial, y los 4 que se consignan a cada uno de los proyectos de acondicionamiento y mejora del Patrimonio Histórico de Gran Canaria y al del Servicio de Atención a los Usuarios de la Corporación insular.

Finalmente, despuntan las acciones en las zonas comerciales abiertas de Telde, con 2,5 millones más; la red de fibra óptica y conectividad digital de alta velocidad en los municipios, con otros 2; las plantas fotovoltaicas de las comunidades energéticas de la Isla, para las que van otros 1,9 millones; la obra de la nueva estación de guaguas de Parque Tropical, con una inversión de 1,5 millones de euros; un millón más para la rehabilitación del Centro de Fátima y otro para la instalación de un sistema de defensa contra incendios forestales (Sideinfo), en infraestructuras de uso público del Parque Natural de Tamadaba; además de los 835.000 euros de la reforma y renovación de la estación de bombeo terciario Barranco Seco-Fondillo; los 533.000 de la cubierta del Mercado Agrícola de San Bartolomé de Tirajana; los 453.000 de la regeneración paisajística del Polígono Industrial de San Isidro, en Gáldar, y los 380.000 que se invertirán en la mejora de la accesibilidad de las vías de evacuación de los bloques y viviendas unifamiliares y de las instalaciones en las zonas comunes de la urbanización El Lasso, en Las Palmas de Gran Canaria.

Municipio a municipio

Carmelo Ramírez fue el encargado de informar acerca de las intervenciones de mayor trascendencia promovidas por los distintos ayuntamientos. En concreto, en Las Palmas de Gran Canaria, aludió al desarrollo del Frente marítimo, en el tramo Playa de Las Alcaravaneras-Base Naval, dotado con 15,4 millones

El Ejecutivo aprueba una modificación presupuestaria de 416,7 millones de euros para permitir la convocatoria de los convenios de las corporaciones que no firmaron por diez años, como el resto

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, una autorización de gasto plurianual por 416,7 millones de euros para el periodo 2023-2025 que permitirá publicar la orden de convocatoria de los convenios del Fondo de Desarrollo de Canarias con los tres cabildos que no firmaron inicialmente por diez años -como sí hizo el resto- y que, en consecuencia, no tienen acuerdo en vigor, y con las universidades públicas.

La decisión del Gobierno es un paso más en el proceso administrativo abierto para la ampliación de los acuerdos con los cabildos de Fuerteventura, Gran Canaria y El Hierro y, también, de las dos universidades canarias.

Los nuevos convenios permitirán que estas corporaciones dispongan de idéntica financiación que si hubieran firmado por los diez años.

Se da la circunstancia de que el Gobierno de Canarias ya aprobó el pasado mes de septiembre un decreto por el que se modificaba el FDCAN, al objeto de mejorar su gestión y clarificar los gastos susceptibles de ser financiados con cargo a este programa, que arrancó en 2016 con un horizonte temporal de diez años.

El Gobierno adoptó el acuerdo, a la vista de los seis años de aplicación del Fondo y los resultados de los informes de auditoría realizados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, así como de los Informes de Evaluación elaborados.

En ese decreto, ya se limitaba los beneficiarios de las próximas convocatorias a los cabildos de Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro, y a las universidades. También se eliminó la posibilidad de que los ayuntamientos pudieran presentarse directamente a las convocatorias, aunque participarían como beneficiarios finales en los programas que presenten las corporaciones insulares.