Pablo Rodríguez lamenta que el Estado continúe rechazando todas las vías ofrecidas por Canarias para resolver este conflicto

El consejero aclara en sede parlamentaria que la transferencia de competencias a la comunidad autónoma está claramente recogida y fundamentada en la Ley Orgánica 1/2018

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha explicado este martes, durante la sesión plenaria del Parlamento, que los servicios jurídicos del Ejecutivo están ultimando los detalles del recurso que presentará la comunidad autónoma ante el Tribunal Constitucional sobre la gestión del litoral.

Rodríguez ha aclarado que, en primer lugar, es fundamental comprender la diferencia entre la transferencia de competencias y el traspaso de servicios y funciones. “El reconocimiento legal como responsables en exclusiva de esta materia ya está recogido en la Ley Orgánica 1/2018, por lo que no cabe discusión ni disputa ante este hecho”, ha subrayado.

En este sentido, el consejero ha explicado que, por tanto, el Real Decreto 713/2022 se enfoca al traspaso de servicios y funciones en relación con las competencias transferidas a Canarias. “Sin embargo, es con ese traspaso de servicios y funciones con el que no estamos de acuerdo, ya que lo consideramos insuficiente y por ello reclamamos su revisión”.

En la comisión bilateral celebrada el pasado 22 de abril, el Ejecutivo trasladó a los representantes del Ministerio la imperiosa necesidad de acometer su revisión. “Consideramos que esta norma es un engaño, ya que no se ajusta a las competencias exclusivas que, desde 2018, son responsabilidad de nuestra comunidad autónoma, para asegurar que se respeten plenamente las competencias reconocidas en nuestro Estatuto.

Asimismo, el consejero ha reconocido que las posiciones Canarias-Estado en este tema están muy encontradas y, además, son posturas firmes al estar respaldadas cada una por diferentes informes, entre otros, de los órganos consultivos, tanto del Estado como de Canarias. “Ante esta situación de discrepancia irreconciliable desde el plano político, solo el Tribunal Constitucional puede dirimir y resolver el conflicto que actualmente nos enfrenta”.

Para concluir, Rodríguez ha explicado que la intención del Gobierno de Canarias es impulsar la Ley Canaria de Costas para mejorar la gestión del litoral de las islas, disponiendo de medios que den respuesta al reto competencial recogido en el Estatuto de Autonomía de Canarias.

En este sentido, el consejero ha asegurado que “no planteamos, en ningún caso, que vayamos a superar lo que establece la Ley de Costas estatal, lo que queremos es lograr una gestión más eficaz y eficiente de los asuntos que afectan a nuestro litoral”.

El Gobierno autonómico lamenta que el Estado persista en el conflicto pese a que el artículo 157 del Estatuto confiere al archipiélago la gestión exclusiva de su litoral

La reunión de la Comisión Bilateral celebrada en la capital grancanaria se salda con un desacuerdo “frontal” entre el Ejecutivo canario y los representantes del Gobierno español

El Gobierno de Canarias acudirá al Tribunal Constitucional para defender sus competencias plenas en materia de Costas. Así lo anunciado el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, tras lamentar la “falta de voluntad política” del Estado que persiste en este conflicto competencial pese a que el artículo 157 del Estatuto de Autonomía confiere al Ejecutivo canario la gestión exclusiva del litoral del archipiélago.

El representante del Gobierno de Canarias se ha pronunciado de este modo al término de la reunión de la Comisión Bilateral Canarias-Estado celebrada este lunes en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria donde ha constatado el “choque frontal existente sobre este asunto”, lo que obliga a la comunidad autónoma a “acudir al Tribunal Constitucional para que resuelva”.

El encuentro se ha saldado con un desacuerdo entre el Gobierno de Canarias y los representantes del Estado. La representación del Gobierno de Canarias en esta reunión ha estado encabezada por el presidente Fernando Clavijo, acompañado por el vicepresidente Manuel Domínguez, la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, y el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello.

En nombre del Estado han participado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España García, y el secretario Estado de Medio Ambiente. Hugo Morán Fernández.

Según ha explicado el consejero de Obras Públicas, durante la Comisión Bilateral Canarias-Estado los representantes del Gobierno español han mantenido su tesis “jurídica” de que la gestión de algunos expedientes de Costas sigue siendo responsabilidad del Ministerio de Transición Ecológica, cuando “se trataba de una reunión política donde debían demostrar su voluntad política de alcanzar un acuerdo”. El Gobierno de Canarias considera que esa posición “choca frontalmente” con el Estatuto de Autonomía, algo que Canarias defenderá ante el Tribunal Constitucional.

Pablo Rodríguez ha agradecido a los representantes del Estado el “bueno tono” mostrado en la Comisión Bilateral, pero también ha calificado de “decepcionante” que el Gobierno español haya rechazado las vías ofrecidas por Canarias para resolver este conflicto competencial. “Nos sentaremos todas las veces que haga falta, pero vamos a seguir defendiendo nuestro Estatuto y el derecho de Canarias a gestionar su litoral”, ha subrayado.

Informes a favor de Canarias

El Gobierno de Canarias sustenta la defensa de sus competencias integrales en materia de Costas en informes de sus Servicios Jurídicos, de expertos constitucionalistas, y en el dictamen al respecto elevado por la Audiencia de Cuentas.

El 5 de abril y a petición del Consejo de Gobierno, el Consejo Consultivo emitió un dictamen en el que considera que la resolución del Ministerio dirigido por Teresa Ribera “invade la competencia” de la comunidad autónoma asumida en el art. 157, letra b) del Estatuto de Canarias, y el real decreto mediante el que el Estado transfirió desde el 1 de enero de 2023 las competencias de Costas.

El Consejo Consultivo estima que tanto el Estatuto como el real decreto disponen que “toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal que necesite concesión corresponde al Gobierno de Canarias”. En consecuencia, su dictamen apoya la posición del Gobierno de Canarias de plantear este conflicto competencial ante el Tribunal Constitucional para que “restaure el orden constitucional quebrantado”.

Con ese amparo jurídico, el Ejecutivo autonómico ha dado ya todos los pasos previos preceptivos para poder acudir al Tribunal Constitucional en defensa su gestión exclusiva sobre el litoral en el caso de que no se alcanzara un acuerdo con el Estado. Hace dos semanas, presentó ya ante el Ministerio de Transición Ecológica un requerimiento denunciando la invasión de las competencias de Canarias en materia de Costas en la resolución dictada por este departamento el pasado de 27 de febrero de 2024.

Desencuentro de años

El desencuentro entre Canarias y el Estado sobre la gestión del litoral se mantiene desde la anterior legislatura, cuando el Gobierno autonómico también reclamó competencias plenas en la gestión del litoral de las islas.

Tras la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía en 2018, el Ejecutivo canario presidido por Ángel Víctor Torres inició las negociaciones con Madrid para el cumplimiento del artículo 157 y el traspaso de las competencias de Costas. De hecho, en octubre de 2021, el Gobierno autonómico ya se dirigió al Estado para advertirle que era el competente para resolver los expedientes abiertos en material de gestión del litoral.

Esta discrepancia se volvió a reflejar en agosto de 2022 en la firma del decreto de traspaso de competencia de Costas para su aplicación a partir del 1 de enero de 2023. De hecho, en febrero del año pasado, el Gobierno presidido por el ahora ministro de Política Territorial dirigió un escrito al Estado reclamando la no acción ante los temas controvertidos del traspaso de competencias y, ya en abril, solicitó también la convocatoria de la Comisión Bilateral y en especial la Subcomisión de Costas, para dirimir los conflictos competenciales.

Tras el desacuerdo plasmado este martes en la Comisión Bilateral Canarias-Estado, el Gobierno autonómico esperará ahora a que el Consejo de Ministros rechace su requerimiento sobre este conflicto, algo que se prevé que ocurra dentro de una semana. A partir de ahí, la comunidad autónoma tendrá vía libre para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El Consejo de Gobierno reitera que no existe ninguna reserva legal de competencias a la Administración general del Estado en este ámbito

El Consejo de Gobierno de Canarias, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha acordado, durante la sesión celebrada esta mañana, el inicio de un procedimiento jurídico para reclamar al Estado las competencias exclusivas de la comunidad autónoma de Canarias en materia de Costas.

En este sentido, el Ejecutivo considera que el archipiélago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, ostenta la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público. Este comprende la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo todas las concesiones sobre dicho espacio, sin distinción alguna y sin reserva legal de competencias a la Administración general del Estado en esta materia.

El Gobierno canario no reconoce la competencia legal del Ministerio para la Transición Ecológica para dictar la resolución de 27 de febrero de 2024, por la que se declara la caducidad de la concesión otorgada por Orden Ministerial a la entidad mercantil Geafond Número Uno Lanzarote, S.A.

La comunidad autónoma solicita actuar, de igual modo, en cualquier otro expediente en materia de gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente en el otorgamiento de autorizaciones y concesiones.

Asimismo, reitera su voluntad para debatir y resolver las discrepancias y diferencias que la Administración General del Estado pueda tener sobre las competencias de la comunidad autónoma en materia de ordenación y gestión de litoral en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado, prevista en el artículo 192 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

Pablo Rodríguez y Antonio Acosta han mantenido un encuentro con el viceconsejero y la directora general de Sostenibilidad Ambiental para analizar la gestión que realizan en materia de ordenación y gestión del litoral desde el año 2011

Ambas comunidades coinciden en que el Estado limita la cesión completa de las transferencias y la resolución de los expedientes

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto al director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo canario, Antonio Acosta, ha mantenido un encuentro con responsables de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, para conocer la gestión que realizan en materia de ordenación y gestión del litoral desde que les fueron transferidas las competencias en el año 2011.

Durante el encuentro, al que ha asistido el viceconsejero Sergio Arjona y la directora de Sostenibilidad Ambiental, María López, han abordado la similitud que existe entre ambas comunidades en la gestión del litoral y las limitaciones que ha puesto el Estado, en ambos casos, en el proceso de traspaso competencial.

Rodríguez ha destacado que este encuentro ha servido para “intercambiar experiencias y conocer, en detalle, el trabajo que desarrolla la Junta de Andalucía en esta materia. Además, hemos planteado la posibilidad de realizar encuentros técnicos con otras comunidades autónomas que también tienen cedida la gestión, para establecer sinergias, un frente común, y seguir una misma hoja de ruta en la resolución de los trámites”.

“El trabajo conjunto entre comunidades autónomas es trascendental para tratar de mejorar y ser más eficientes en la gestión de nuestro litoral. Una labor que tiene que ser de conservación, de mantenimiento, pero que también tiene que permitir actividades acordes a lo que significa nuestra costa para todos los canarios y canarias”, ha apuntado Rodríguez.

Por su parte, Antonio Acosta ha apuntado que la Junta de Andalucía también les ha trasladado que encontraron las mismas dificultades en el proceso de cesión de competencias, “por lo que trabajaremos, de aquí en adelante, en la búsqueda de puntos en común, tanto para la gestión como para el desarrollo de esas competencias, para que el Estado entienda que el litoral debe ser gestionado por las comunidades autónomas, que son quienes mejor conocen las singularidades de su tierra”.

En este punto, Acosta ha recordado que la Dirección General de Costas ha abierto, solo en el año 2023, 2.046 expedientes, entre concesiones y autorizaciones.

La Dirección general celebra su segundo encuentro con administraciones locales e insulares para dar a conocer la estrategia del departamento en esta legislatura

Antonio Acosta analiza junto a los representantes palmeros las necesidades específicas de cada territorio, así como asuntos generales relacionados con la gestión diaria de los propios consistorios para agilizar las tramitaciones

El director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, ha mantenido este jueves una reunión de trabajo con el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, y representantes de los 13 ayuntamientos costeros de la Isla para acercar la labor de la gestión del litoral a los municipios y conocer las necesidades y problemáticas que se presentan en cada uno de ellos y analizar, de forma conjunta, cómo abordarlas, especialmente tras la situación generada por la erupción volcánica.

El director general de Costas ha destacado que el objetivo de estos encuentros con administraciones insulares y locales es el de agilizar procesos y conocer las demandas de los propios ayuntamientos con respecto a la gestión de la propia dirección general, de nueva creación. “Tras el primer encuentro celebrado en Lanzarote, en La Palma hemos tratado tanto asuntos particulares de cada uno de los lugares de los municipios de la isla, como asuntos de materia general para gestión diaria de los propios ayuntamientos”, ha apuntado.

En este sentido, ha indicado que, de forma específica, se ha iniciado un proceso de acción con los afectados por la Ley de Costas; “convocando, por un lado, la Comisión Mixta y, a partir de ahí, a través de dos vías: una que intentará buscar un procedimiento legal para salvar todos los núcleos que sea posible, con diferentes vías legales que ya hemos establecido con los servicios de la Dirección general y, al mismo tiempo, con un asesoramiento jurídico externo. Otra vía será la de desarrollar un censo para conocer el estado de cada uno de los núcleos, ya que existen diferentes casuísticas. Todos esos procedimientos habrá que analizarlos uno a uno para ver qué podemos salvar”.

El presidente de la Administración insular ha destacado la necesidad de abordar con el Ejecutivo canario el estado de numerosos núcleos costeros afectados por la Ley, y ha apelado al trabajo y la coordinación conjunta con la dirección general para resolver cualquier conflicto y agilizar los trámites y procesos relacionados con el ordenamiento del litoral insular.

Por último, sobre el conflicto competencial que aún se mantiene con el Estado, Antonio Acosta ha asegurado que continúan a la espera de recibir comunicación del Ministerio para reabrir la Comisión bilateral, ya que “esta permitiría iniciar un proceso de negociación sobre el traspaso, que debemos analizar con el departamento de Política Territorial, ahora mismo dirigido por un canario que esperamos tenga la sensibilidad debida para buscar las soluciones definitivas a la gestión del litoral canario, tal y como recoge nuestro Estatuto”.

La Consejería inicia una ronda de reuniones con cabildos y ayuntamientos para establecer líneas de trabajo conjuntas sobre la gestión del litoral

El director general de Costas, Antonio Acosta, mantendrá encuentros con representantes de las administraciones en todas las Islas para consensuar protocolos de actuación que permitan reducir los trámites administrativos.

La primera mesa de trabajo tendrá lugar esta semana en Lanzarote

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo canario, que dirige Antonio Acosta, iniciará esta semana una serie de encuentros con cabildos y ayuntamientos costeros de todo el Archipiélago para explicarles la estrategia del departamento y trazar una hoja de ruta conjunta y coordinada entre administraciones.

Se trata del primer encuentro entre organismos para establecer un diálogo entre todas las partes implicadas en esta materia, que facilite el entendimiento y siente unas bases de cooperación, con el fin de realizar una adecuada gestión del litoral, mejorando y optimizando las distintas actividades que se desarrollan en el espacio marítimo-terrestre, a la vez que se reducen los trámites administrativos.

“Con un total de 77 municipios costeros y dadas las singularidades del litoral, que constituyen parte esencial de nuestra identidad, estas jornadas representan la oportunidad perfecta para escuchar a todas las administraciones y conocer sus puntos de vista. Es fundamental sentar las bases de colaboración y trazar líneas de trabajo en esta materia que requiere de la máxima coordinación para consensuar protocolos de actuación y gestión que nos permitan afrontar, de forma efectiva, los retos de futuro”, ha asegurado Acosta.

En este sentido, el director general de Costas ha trasladado el compromiso de la Consejería a la hora de comunicar, de forma transparente, todos los pasos a seguir a partir de ahora, manteniéndose en constante comunicación con cabildos y ayuntamientos. El primer encuentro tendrá lugar esta semana en la isla de Lanzarote.

Asimismo, Antonio Acosta ha recordado que “el pasado viernes, ya anunciamos la creación de un censo de los núcleos afectados por la Ley de Costas, por lo que, esta cita nos permitirá analizar isla por isla la situación actual de los colectivos afectados para buscar soluciones factibles respetando las singularidades del Archipiélago”.

Este primer acuerdo forma parte de la hoja de ruta marcada en el seno de la Comisión Mixta para buscar soluciones factibles para los colectivos afectados, contemplando y respetando las singularidades del Archipiélago

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el director general de Costas y Gestión del Espacio marítimo canario, Antonio Acosta, han refrendado su compromiso de trabajo con los vecinos y vecinas de la Comisión Mixta de afectados por la Ley de Costas durante la primera reunión mantenida en el seno de este órgano.

Como primera medida de acción, el responsable del área, Pablo Rodríguez, ha anunciado la creación de un censo de los núcleos afectados del litoral canario, un trabajo “vital” para realizar una radiografía actualizada de la situación. “Es necesario cuantificar el número de personas y de viviendas que se ven afectadas actualmente por la Ley de Costas, para empezar a trabajar de forma conjunta, haciendo un frente común, y buscar soluciones”, ha señalado el consejero.

Esta primera reunión simboliza el compromiso adquirido por la Consejería de escuchar y analizar todas las reclamaciones con el objetivo de establecer las fórmulas correspondientes. “Este es solo el primer paso, a partir de aquí sentamos las bases de una hoja de ruta que seguiremos conjuntamente con la finalidad de ordenar el litoral canario sin obviar las peculiaridades que nos caracterizan”, añadió Rodríguez.

Por su parte, el director general de Costas del Ejecutivo ha avanzando que, dentro de esta estrategia de trabajo, la Consejería ha planteado algunas de las acciones a llevar a cabo en cuanto recuperación del dominio público, que abarca desde el análisis jurídico a acciones en materia específica de ordenación del litoral, como es la creación del citado censo costero, teniendo en cuenta las singularidades de las Islas.

“Además, también hemos trasladado a los colectivos nuestro objetivo de elaborar un reglamento que rija esta Comisión, que contemple a todos los colectivos afectados, y sea el marco que dirija las próximas convocatorias”, ha aclarado.

La Comisión Mixta volverá a ser convocada próximamente para valorar los avances realizados, así como para establecer nuevos objetivos de trabajo.

En la Comisión han participado representantes de la Fecam; Plataforma canaria de afectados por la Ley de Costas; plataforma ciudadana ‘El Yodo’; ‘Asociación vecinal Playgarza’; Asociación de vecinos de la Playa de Tufia, y la Asociación de vecinos y amigos de Cristo de Ojos de Garza.

La Consejería convoca la Comisión Mixta de Afectados por la Ley de Costas para afrontar la situación de los núcleos costeros

Esta iniciativa tiene como objetivo buscar soluciones a los vecinos y vecinas del poblado de Giniginamar y de otras zonas del litoral del Archipiélago

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha convocado la Comisión Mixta de Afectados por la Ley de Costas, que se celebrará el próximo 3 de noviembre, con el objetivo de abordar la situación de los núcleos costeros afectados por la recuperación del dominio estatal del litoral.

Durante una comisión parlamentaria en la que se ha tratado la situación del poblado de Giniginamar, en el municipio majorero de Tuineje, el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, ha destacado que desde la Dirección General de Costas, que depende del departamento que dirige, se está realizando un seguimiento especial a las zonas pobladas de nuestro litoral que se están viendo afectadas por la Ley de Costas.

«Vamos a buscar soluciones a la problemática concreta del poblado de Giniginamar, pero también a todos los conflictos generados por la Dirección General de la Costa y el Mar del Gobierno estatal vinculados con la recuperación del dominio público.», ha señalado Pablo Rodríguez. Para ello, la Comisión Mixta se convocará en virtud del protocolo de colaboración establecido en 2016 entre la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y la Asociación Plataforma Canaria en Defensa de la Ley De Costas, entre otros.

«La realidad del poblado de Giniginamar no es única y debemos analizar todas las situaciones que se dan en diversos puntos de la Islas, siempre desde la rigurosidad de la planificación del litoral, de las especificidades de cada lugar y, por tanto del conocimiento de cada uno de los núcleos”, ha detallado el consejero.

Pablo Rodríguez ha recordado que a principios de este mes de octubre, representantes de la Consejería mantuvieron un encuentro con la directora general de la Costa y el Mar del Ministerio para Transición Ecológica, así como con la subdirectora general de Dominio Público Marítimo Terrestre. Durante el encuentro, se les trasladó a ambas representantes la posición firme del Gobierno de Canarias para que se produzca un traspaso completo y sin interpretaciones de las funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma en materia de ordenación y gestión del litoral.

«Las costas de Canarias tienen importancia, tanto desde el punto de vista económico y social como cultural, por lo que las decisiones sobre la protección, el uso y el disfrute del dominio público deben ser defendidas desde el propio Archipiélago, teniendo en cuenta nuestras singularidades», ha concluido Rodríguez.

El Ejecutivo ha anunciado que solicitará la convocatoria de la Comisión Bilateral para defender la aplicación del Estatuto de Autonomía en esta materia

El Ministerio para la Transición Ecológica atribuye al departamento de Política Territorial la potestad para dirimir este asunto con la Comunidad Autónoma

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo canario, que dirige Antonio Acosta, ha solicitado, en una reunión mantenida con la directora general de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica, Ana María Oñoro, y la subdirectora general de Dominio Público Marítimo Terrestre, Ainhoa Pérez, el “traspaso completo y sin interpretaciones” de las funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma en materia de ordenación y gestión del litoral.

“Las costas de Canarias son fundamentales para el desarrollo económico y social de las Islas, por lo que las decisiones sobre la protección, el uso y el disfrute del dominio público deben ser defendidas desde el propio Archipiélago, teniendo en cuenta nuestras singularidades”, ha destacado Acosta.

En este sentido, el Ejecutivo regional ha anunciado que solicitará la convocatoria de la Comisión Bilateral para manifestar la necesidad de alcanzar un entendimiento entre ambas administraciones que profundice en el decreto de transferencias y garantice el cumplimiento de lo recogido en el Estatuto de Autonomía. “Desde Transición Ecológica nos han trasladado que si nuestra intención es profundizar en el decreto de transferencia, debemos dirigirnos al Ministerio de Política Territorial para abordar la aplicación del Estatuto”.

Asimismo, el director general ha trasladado que, tal y como se establece en el actual decreto de transferencias, se deben buscar vías de colaboración y cooperación Canarias-Estado para analizar los expedientes que generan diferencias en materia de interpretación jurídica. “Es necesario poner sobre la mesa la necesidad de hacer convivir la conservación y protección del dominio público con el disfrute y uso del mismo”, ha concluido Antonio Acosta.

Por último, ambas administraciones han abordado otros asuntos relacionados con procedimientos administrativos necesarios para la agilización de expedientes, valorando la urgente transferencia de aquellos que aún no han sido cedidos.

Pablo Rodríguez explica que el Ministerio mantiene un traspaso parcial, que está ocasionando retrasos en los tiempos de resolución y diferencias en materia de interpretación jurídica

“Seguiremos solicitando al Estado que las transferencias que nos corresponden se traspasen sin rebajas, ni interpretaciones ni demoras” , asegura Rodríguez

El objetivo de la nueva Dirección General es el de contar con un equipo y recursos propios suficientes que permitan velar por la protección del litoral canario

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha insistido hoy en el Parlamento de Canarias que el Ejecutivo regional exigirá de forma firme al Gobierno del Estado el traspaso total de las competencias en materia de Costas, para que se respete el autogobierno de las Islas en esta materia, tal y como se recoge en el Estatuto de Autonomía.

El consejero ha destacado durante su comparecencia que dichas competencias fueron transferidas “tarde y mal” a principios de año, y que “el Estado ha decidido realizar un traspaso parcial, atendiendo a lo que ellos, unilateralmente, deciden que debemos gestionar”, con medios materiales y humanos insuficientes y sin ficha económica, lo que está ocasionando retrasos en los tiempos de resolución y diferencias en materia de interpretación jurídica.

“Seis meses después de la entrada en vigor del decreto, nos hemos encontrado con una situación caótica, ya que el Ejecutivo anterior no previó en su estructura organizativa un órgano para acoger las funciones y servicios que iban a ser traspasados por el Estado, a pesar de que era una situación que ya conocían”, ha detallado.

Configuración de un servicio plenamente canario

El Gobierno de Canarias ha establecido para esta legislatura la creación de una Dirección general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo canario en el organigrama de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, con el objetivo de destacar la importancia que merece la ordenación y gestión del espacio marítimo, y la necesidad de darle un tratamiento especial a una competencia que refuerza el autogobierno de las Islas.

Durante el último mes, el equipo de la nueva Dirección general ha estado trabajando en la configuración de un servicio plenamente canario, con recursos humanos, materiales y económicos suficientes; dotando a la nueva dirección de estructura económica de cara a los presupuestos de 2024, y dimensionando cuáles son las nuevas competencias y los retos para las Islas.

“Queremos que las administraciones conozcan todos los procesos y su importancia, tanto en materia de ordenación como de gestión, siempre con el objetivo de construir Canarias; generando relaciones de cercanía con las administraciones locales e insulares, agilizando y simplificando procesos de gestión en sus costas, y poniendo la Dirección General al servicio de la ordenación del litoral”, ha enfatizado Rodríguez.

En este sentido, el consejero ha señalado que “Canarias cuenta con un Estatuto de Autonomía que le permite jugar en la primera liga y que favorece que el Archipiélago pueda escribir con su puño y letra el futuro de todos los canarios y canarias, y demostrar que, a través de la buena gestión y planificación, es posible autogobernarnos con todas las garantías”.

Para concluir, Pablo Rodríguez ha señalado que el Ejecutivo regional seguirá exigiendo que las transferencias que corresponden a las Islas se traspasen “sin rebajas, ni interpretaciones ni demoras”, y ha insistido en la importancia de que las decisiones sobre el litoral se tomen desde Canarias y no por un gobierno que se encuentra a miles de kilómetros de esta tierra. "A finales de este mes nos reuniremos con el Ministerio para abordar esta cuestión y resolver cuanto antes esta situación que nos está generando muchas dificultades de gestión".